Samaria Chávez Romero
Expediente 1424/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1424/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Samaria Chávez Romero
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Recurso de revisión. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, y toda vez que no hay partes a quien correrles traslado con copia del escrito de cuenta, dado que se trata de un auto de desechamiento, remítanse los agravios y su copia, así como el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno; poniéndose a su disposición el expediente electrónico. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación 1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Samaria Chávez Romero, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1424/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente La resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en el juicio sumario civil 718/2017, que sobre terminación de copropiedad y otras prestaciones promueve la aquí quejosa frente a Sania Chávez Romero, recurso interpuesto en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés en el que la responsable ordenó la entrega de la parte proporcional de dinero que le corresponde a la demandada por la venta del inmueble objeto del juicio. Y, como consecuencia de ello, la nulidad de las actuaciones practicadas a partir del auto impugnado de once de septiembre de la presente anualidad. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano; dispositivo que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.)" La fracción IV del artículo 107 establece la procedencia del juicio de amparo contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, como regla general. Sin embargo, en sus párrafos segundo y tercero establece algunas condicionantes para dicha regla, consistentes en: "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnar los actos exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece la procedencia del amparo indirecto hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el quejoso podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que lo hayan dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Ello es así, pues la quejosa en cuanto actora en el juicio sumario civil 718/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, reclama en esta instancia constitucional de manera destacada la resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en el juicio sumario civil 718/2017, que sobre terminación de copropiedad y otras prestaciones promueve la aquí quejosa frente a Sania Chávez Romero, recurso interpuesto en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés en el que la responsable ordenó la entrega de la parte proporcional de dinero que le corresponde a la demandada por la venta del inmueble objeto del juicio; lo anterior, en virtud de que la aquí quejosa solicitó previamente que se retuviera a la demandada dicha cantidad, hasta en tanto diera cumplimiento a la sentencia definitiva que la condenaba al pago de los gastos y costas judiciales generados por la tramitación del juicio. Conforme a lo anterior, se obtiene que la resolución de la que se duele la parte quejosa, tiene lugar en la etapa de ejecución de la sentencia emitida dentro del juicio sumario civil 718/2017. Por lo que, el acto que se combate en esta vía constitucional, no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados, pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia. Así, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que, si bien es cierto, los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento, sino que únicamente lo preparan; también lo es, que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia, se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado y, por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir la resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en el juicio sumario civil 718/2017, que sobre terminación de copropiedad y otras prestaciones promueve la aquí quejosa frente a Sania Chávez Romero, recurso interpuesto en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés en el que la responsable ordenó la entrega de la parte proporcional de dinero que le corresponde a la demandada por la venta del inmueble objeto del juicio, ésta no resulta ajena a la cosa juzgada; ello, ya que con dicho acto no se le está privando de ningún derecho fundamental, pues la quejosa tiene a su alcance las acciones legales correspondientes a fin de lograr el pago de los gastos y costas judiciales generados por la tramitación del juicio natural en su favor, lo cual fue materia de condena en la sentencia definitiva. Así, la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, pues aún cabe la posibilidad de que la parte demandada dé cumplimiento a la condena por concepto de gastos y costas judiciales generados por la tramitación del juicio de origen de manera voluntaria o, en su defecto, que la impetrante de amparo inste el procedimiento conducente para la ejecución forzosa de la misma; por lo que, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo; por lo que, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en los restringidos términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para que se impongan de autos, consulten el expediente y se les permita obtener copias y recibir documentos, por así haberlo solicitado expresamente. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación 1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Samaria Chávez Romero, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1424/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente La resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en el juicio sumario civil 718/2017, que sobre terminación de copropiedad y otras prestaciones promueve la aquí quejosa frente a Sania Chávez Romero, recurso interpuesto en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés en el que la responsable ordenó la entrega de la parte proporcional de dinero que le corresponde a la demandada por la venta del inmueble objeto del juicio. Y, como consecuencia de ello, la nulidad de las actuaciones practicadas a partir del auto impugnado de once de septiembre de la presente anualidad. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano; dispositivo que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.)" La fracción IV del artículo 107 establece la procedencia del juicio de amparo contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, como regla general. Sin embargo, en sus párrafos segundo y tercero establece algunas condicionantes para dicha regla, consistentes en: "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnar los actos exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece la procedencia del amparo indirecto hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el quejoso podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que lo hayan dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Ello es así, pues la quejosa en cuanto actora en el juicio sumario civil 718/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, reclama en esta instancia constitucional de manera destacada la resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en el juicio sumario civil 718/2017, que sobre terminación de copropiedad y otras prestaciones promueve la aquí quejosa frente a Sania Chávez Romero, recurso interpuesto en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés en el que la responsable ordenó la entrega de la parte proporcional de dinero que le corresponde a la demandada por la venta del inmueble objeto del juicio; lo anterior, en virtud de que la aquí quejosa solicitó previamente que se retuviera a la demandada dicha cantidad, hasta en tanto diera cumplimiento a la sentencia definitiva que la condenaba al pago de los gastos y costas judiciales generados por la tramitación del juicio. Conforme a lo anterior, se obtiene que la resolución de la que se duele la parte quejosa, tiene lugar en la etapa de ejecución de la sentencia emitida dentro del juicio sumario civil 718/2017. Por lo que, el acto que se combate en esta vía constitucional, no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados, pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia. Así, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que, si bien es cierto, los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento, sino que únicamente lo preparan; también lo es, que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia, se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado y, por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir la resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en el juicio sumario civil 718/2017, que sobre terminación de copropiedad y otras prestaciones promueve la aquí quejosa frente a Sania Chávez Romero, recurso interpuesto en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés en el que la responsable ordenó la entrega de la parte proporcional de dinero que le corresponde a la demandada por la venta del inmueble objeto del juicio, ésta no resulta ajena a la cosa juzgada; ello, ya que con dicho acto no se le está privando de ningún derecho fundamental, pues la quejosa tiene a su alcance las acciones legales correspondientes a fin de lograr el pago de los gastos y costas judiciales generados por la tramitación del juicio natural en su favor, lo cual fue materia de condena en la sentencia definitiva. Así, la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, pues aún cabe la posibilidad de que la parte demandada dé cumplimiento a la condena por concepto de gastos y costas judiciales generados por la tramitación del juicio de origen de manera voluntaria o, en su defecto, que la impetrante de amparo inste el procedimiento conducente para la ejecución forzosa de la misma; por lo que, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo; por lo que, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en los restringidos términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para que se impongan de autos, consulten el expediente y se les permita obtener copias y recibir documentos, por así haberlo solicitado expresamente. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
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