Samaria Chávez Romero
Expediente 1310/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1310/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Samaria Chávez Romero
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En la fecha, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de los presentes autos, dentro del juicio de amparo 1310/2022. Conste.Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 2.2. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa; por tanto, no le depara perjuicio alguno a ésta. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintitrés. 1. Autoridad remite constancias. Visto lo de cuenta, téngase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, remitiendo copias certificadas de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa, del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio de origen, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de diciembre de esa misma anualidad. Asimismo, la autoridad oficiante informa que mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós se ordenó la devolución del numerario que corresponde a la quejosa, con motivo de la venta del inmueble que dio origen al juicio 718/2017, de su índice, misma que fue recibida el cinco de enero pasado, como se obtiene de las constancias que en copia certificada anexa. 1.1. Pruebas. Por tanto, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofertando como prueba las documentales de referencia, con las cuales se ordena dar vista a las partes. 1.2 Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, tomando en consideración el acto que en esta instancia constitucional se reclama, así como las constancias que obran en autos, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Porción normativa que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." De acuerdo con el precepto en cita, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, que tiene como objeto reparar las violaciones a derechos fundamentales cometidas mediante un determinado acto de autoridad generadas sobre la esfera jurídica del particular que acuda al mismo, para solicitar se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. Respecto a lo anterior, se tiene que el legislador ha establecido y la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, cuya condicionante de tal procedencia consiste en que el fallo protector, en su caso emitido, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo derivadas del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió (en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional), jurídicamente se tornaría imposible restituir a la solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental estimado como violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Para establecer lo anterior, es necesario tomar en consideración los antecedentes del juicio sumario civil 718/2017, de los que se desprende, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Mediante escrito de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, Samaria Chávez Romero-parte quejosa en este juicio- solicitó la entrega proporcional del cincuenta por ciento de la cantidad de tres millones trescientos mil pesos, relativa a la venta del inmueble objeto de dicho expediente; Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el juez responsable le dijo que de momento no era posible hacerle la entrega de la parte proporcional que le correspondía por concepto de la venta del inmueble materia de ese juicio, ello, porque dicha entrega de dinero se encontraba sub yudice a la resolución emitida dentro del diverso juicio civil 374/2021; Asimismo, por escrito de treinta y uno de octubre del año pasado, Samaria Chávez Romero, toralmente insistió en que se le autorizara la entrega de la parte proporcional que le correspondía de la venta realizada del inmueble que originó ese expediente; Consecuentemente, por acuerdo de cuatro de noviembre del año en curso el juez responsable le indicó que se estuviera a lo acordado en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, donde se le dijo que no ha lugar a hacerle la entrega de la parte proporcional que le corresponde de la consignación realizada en autos; Inconforme con dicha determinación, mediante escrito de ocho de noviembre pasado la parte quejosa interpuso recurso de revocación en contra del auto de cuatro de ese me y año; En virtud de lo anterior, por acuerdo de diez de noviembre pasado la autoridad responsable indicó que no ha lugar a tener por interpuesto dicho recurso de revocación, lo anterior por ser extemporáneo. Siendo esta última determinación el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que remitió el juez responsable a su oficio de cuenta, se desprende que el quince de diciembre de dos mil veintidós, ordenó extender a favor de la peticionaria de amparo la orden de pago correspondiente al cincuenta por ciento del valor asignado al inmueble que fue materia de ese asunto, por lo que extendió una orden de pago por la cantidad de un millón quinientos mil pesos-tomando en consideración que anteriormente le habían sido entregados doscientos mil pesos- correspondiente al cincuenta por ciento del valor del inmueble que originó ese expediente; orden de pago que fue entregada a la parte peticionaria de amparo el cinco de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior, conduce a sostener que en la especie se actualiza la causal de improcedencia precisada, porque, si bien, subsiste el acto reclamado a la autoridad responsable, lo cierto es que ya no surte efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esto, aun y cuando se determinara que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlo en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues el resultado sería el mismo, pues el recurso de revocación que interpuso en el juicio de origen fue precisamente motivado en la negativa de la autoridad responsable para entregar a la quejosa la parte proporcional que le correspondía en virtud a la venta realizada del inmueble que originó ese juicio. En ese contexto, los actos reclamados no pueden ser materia de pronunciamiento en este juicio de amparo, al dejar de existir el objeto o materia de la misma, pues ya no impacta en la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que no sería posible restituirla en el goce del derecho vulnerado. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, se decreta el sobreseimiento del juicio en que se actúa. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las nueve horas con quince minutos del doce de enero de dos ml veintitrés, pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS QUE EN SINTESIS DICE: Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintitrés. 1. Autoridad remite constancias. Visto lo de cuenta, téngase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, remitiendo copias certificadas de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa, del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio de origen, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de diciembre de esa misma anualidad. Asimismo, la autoridad oficiante informa que mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós se ordenó la devolución del numerario que corresponde a la quejosa, con motivo de la venta del inmueble que dio origen al juicio 718/2017, de su índice, misma que fue recibida el cinco de enero pasado, como se obtiene de las constancias que en copia certificada anexa. 1.1. Pruebas. Por tanto, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofertando como prueba las documentales de referencia, con las cuales se ordena dar vista a las partes. 1.2 Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, tomando en consideración el acto que en esta instancia constitucional se reclama, así como las constancias que obran en autos, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Porción normativa que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." De acuerdo con el precepto en cita, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, que tiene como objeto reparar las violaciones a derechos fundamentales cometidas mediante un determinado acto de autoridad generadas sobre la esfera jurídica del particular que acuda al mismo, para solicitar se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. Respecto a lo anterior, se tiene que el legislador ha establecido y la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, cuya condicionante de tal procedencia consiste en que el fallo protector, en su caso emitido, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo derivadas del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió (en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional), jurídicamente se tornaría imposible restituir a la solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental estimado como violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Para establecer lo anterior, es necesario tomar en consideración los antecedentes del juicio sumario civil 718/2017, de los que se desprende, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Mediante escrito de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, Samaria Chávez Romero-parte quejosa en este juicio- solicitó la entrega proporcional del cincuenta por ciento de la cantidad de tres millones trescientos mil pesos, relativa a la venta del inmueble objeto de dicho expediente; Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el juez responsable le dijo que de momento no era posible hacerle la entrega de la parte proporcional que le correspondía por concepto de la venta del inmueble materia de ese juicio, ello, porque dicha entrega de dinero se encontraba sub yudice a la resolución emitida dentro del diverso juicio civil 374/2021; Asimismo, por escrito de treinta y uno de octubre del año pasado, Samaria Chávez Romero, toralmente insistió en que se le autorizara la entrega de la parte proporcional que le correspondía de la venta realizada del inmueble que originó ese expediente; Consecuentemente, por acuerdo de cuatro de noviembre del año en curso el juez responsable le indicó que se estuviera a lo acordado en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, donde se le dijo que no ha lugar a hacerle la entrega de la parte proporcional que le corresponde de la consignación realizada en autos; Inconforme con dicha determinación, mediante escrito de ocho de noviembre pasado la parte quejosa interpuso recurso de revocación en contra del auto de cuatro de ese me y año; En virtud de lo anterior, por acuerdo de diez de noviembre pasado la autoridad responsable indicó que no ha lugar a tener por interpuesto dicho recurso de revocación, lo anterior por ser extemporáneo. Siendo esta última determinación el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que remitió el juez responsable a su oficio de cuenta, se desprende que el quince de diciembre de dos mil veintidós, ordenó extender a favor de la peticionaria de amparo la orden de pago correspondiente al cincuenta por ciento del valor asignado al inmueble que fue materia de ese asunto, por lo que extendió una orden de pago por la cantidad de un millón quinientos mil pesos-tomando en consideración que anteriormente le habían sido entregados doscientos mil pesos- correspondiente al cincuenta por ciento del valor del inmueble que originó ese expediente; orden de pago que fue entregada a la parte peticionaria de amparo el cinco de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior, conduce a sostener que en la especie se actualiza la causal de improcedencia precisada, porque, si bien, subsiste el acto reclamado a la autoridad responsable, lo cierto es que ya no surte efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esto, aun y cuando se determinara que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlo en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues el resultado sería el mismo, pues el recurso de revocación que interpuso en el juicio de origen fue precisamente motivado en la negativa de la autoridad responsable para entregar a la quejosa la parte proporcional que le correspondía en virtud a la venta realizada del inmueble que originó ese juicio. En ese contexto, los actos reclamados no pueden ser materia de pronunciamiento en este juicio de amparo, al dejar de existir el objeto o materia de la misma, pues ya no impacta en la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que no sería posible restituirla en el goce del derecho vulnerado. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, se decreta el sobreseimiento del juicio en que se actúa. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las nueve horas con quince minutos del doce de enero de dos ml veintitrés, pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. 1.1 Se da cuenta con estado de autos. Visto el estado de autos, específicamente de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de diez de noviembre del año en curso, emitido dentro del juicio sumario civil 718/2017, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, en el que se negó a la parte quejosa la admisión del recurso de revocación que hizo valer contra el diverso de cuatro de noviembre pasado. Al momento de rendir su informe justificado, el juez responsable manifestó que es cierto el acto reclamado, ello, debido a que efectivamente había dictado el proveído de diez de noviembre del año en curso; asimismo, manifestó que la inadmisión del recurso de revocación hecho valer por la parte peticionaria de amparo se debía a que éste lo había promovido fuera del término que refiere el artículo 677 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo anterior, debido a que el auto impugnado-de cuatro de noviembre del año en curso- había sido notificado a las partes por lista el día en que fue emitido. Asimismo, remitió las constancias que estimó necesarias y las cuales están relacionadas con el acto que en esta instancia constitucional se reclama; sin embargo, al realizar una revisión de las mismas no se advierte que exista constancia que valide que la parte quejosa fue notificada del auto de cuatro de noviembre del año en curso, dictado dentro del juicio natural. 1.2 Requerimiento. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita la constancia de la que se advierta que efectivamente la parte peticionaria del amparo fue notificada del auto de cuatro de noviembre pasado. Apercibida que, de no hacerlo dentro del plazo que se le concede para tal efecto, se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 1.3. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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