Samara Leticia Hernández Gutiérrez
Expediente 330/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Samara Leticia Hernández Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Samara Leticia Hernández Gutiérrez, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Samara Leticia Hernández Gutiérrez, en contra del acto emitido por la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, y otras autoridades, residentes en esta ciudad. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y fórmese el juicio de amparo con el número 330/2017-IV Luego, de la lectura de la demanda de amparo, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual esta juzgadora considera procedente desechar la demanda de amparo presentada con base a las consideraciones siguientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Así pues, esta juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.= Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. = Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De lo que se colige, que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso, antes de promoverlo, no agota el recurso, juicio o medio de defensa legal que contemple la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Se justifica lo anterior, en la medida de que la peticionaria del amparo se duele del auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 505/2015-3 del índice del Juzgado responsable, a través del cual refiere la autoridad responsable ordenó girar oficio a la fuente laboral del demandado Alán Constantino Basurto, para que tenga a bien ordenar a quien corresponda, deje sin efectos el descuento solicitado por dicha responsable mediante oficio 3723 de catorce de agosto de dos mil quince. Dicha determinación a consideración de la que suscribe puede ser combatida a través del recurso de reconsideración que prevén los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del estado de Guerrero, que dicen: Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. Como se aprecia los autos que no fueran apelables y los decretos que se emitan durante la substanciación de un juicio de naturaleza civil, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. De eso modo, si dentro del Código Procesal Civil del Estado, no se establece la procedencia del recurso de apelación, en contra de los autos reclamados, es evidente que el auto que se combate es impugnable a través del recurso de reconsideración, de acuerdo a lo previsto en los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado, lo que conlleva a la actualización de la hipótesis de improcedencia en estudio, puesto que, previamente a la promoción del juicio de amparo debió impugnar dicha resolución a través del referido medio de defensa, habida cuenta que a través de él puede obtener la revocación o modificación de la sentencia que considera ilegal, a más de que tiene determinado un procedimiento para su resolución, por lo que constituye una actuación necesaria antes de acudir al amparo. Es aplicable al caso concreto la Tesis XXI.2o.C.T.7 C (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Página 1499, de texto y rubro siguiente: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. DEBE AGOTARSE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DICTADOS EN CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN O ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y de acuerdo con la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y que, además, sean eficaces para repararlo en un plazo razonable. Luego, si los artículos 381 y 382 en relación con los diversos 140 y 143, fracción II, todos del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, establecen que el recurso de reconsideración procede contra los decretos y los autos que no fueren apelables, y mediante el mismo el Juez común puede analizar si en la resolución impugnada se violó algún derecho y, en su caso, modificarla, revocarla o anularla dentro del plazo de tres días, es inconcuso que tratándose de actos de imposible reparación dictados en controversias que afecten al estado civil, al orden o estabilidad de la familia o a menores o incapaces, debe agotarse dicho medio ordinario de defensa, previo a la promoción del juicio de garantías, pues los únicos casos de excepción son los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, la referida Primera Sala ha establecido que es inaplicable al amparo indirecto la excepción al principio de definitividad que opera en materia de amparo directo en las controversias citadas." Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Jurisprudencia 986, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, página 678, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-1995). Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello la accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación del acto que se reclama en la demanda de garantías. Es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia VI.3º.C.J/62, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pag. 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta)" Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el acto reclamado sea de imposible reparación, es así, ya que por si misma, no constituye una excepción al principio de definitividad. Es demostrativa la siguiente jurisprudencia: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. (Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) En esa virtud, deviene incuestionable la notoria e indudable improcedencia del juicio que con la presente demanda se pretende instaurar, al actualizarse las causales en comento, en mérito de lo cual, con apoyo además, en el artículo 113 de dicha ley, lo que precede es desechar de plano la demanda en análisis, promovida por Samara Leticia Hernández Gutiérrez; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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