Salvador Tejeda Vargas

Expediente 1315/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1315/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Salvador Tejeda Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual en vía de notificación informa que dicho Tribunal se avoca al conocimiento del juicio de amparo 1315/2022, del índice de este Juzgado Federal, mismo que le fue remitido mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, y toda vez que no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos, se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso j), del Acuerdo General antes referido procédase a su destrucción. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene recibida la demanda de amparo, promovida por Salvador Tejeda Vargas, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1315/2022-I, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020 Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario dilucidar cuál es el acto que la parte quejosa reclama y estar así en aptitud de decidir si resulta procedente el amparo indirecto y en consecuencia si este Juzgado resulta competente para conocer de la presente demanda de amparo. Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgador federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: La resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca civil 196/2022, en el cual confirmó la sentencia interlocutoria de caducidad de la instancia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el expediente 150/2016-II, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad. Para una mayor precisión del acto combatido, se consideran los antecedentes narrados, que son como sigue: "1.- Mediante escrito de 02 de mayo de 2016, comparecí a Juicio demandando la División de la Cosa Común del bien inmueble de mi propiedad a CESAR y ADRIÁN de apellidos VENTURA RENDÓN, para lo cual se conformó el expediente de origen 150/2016-11, y que por razón de turno le correspondió conocer al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo. 2,- Dentro del proceso del Primer Grado, el Juzgador consideró llamar a juicio a la tercera interesada ADRIANA CAROLINA ALARCÓN SÁNCHEZ, en virtud que considero, que de conformidad en el punto petitorio esta parte precisamente en el primero, expuso que se tenía por tenerse llamando a juicio a la ADRIANA CAROLINA ALARCÓN SÁNCHEZ, y a pesar de que se hizo a la aclaración pertinente en el momento oportuno, que dicha persona física no le irrogaba perjuicio ni beneficio la resolución que se pudiera emitir en el juicio ordinario, toda vez que no fungía como parte, si no que por un error involuntario se había precisado desde esa fecha, es decir, de 2016 su llamamiento a juicio, sin embargo de autos se desprendía que en tratándose de la División de la Cosa Común dicha controversia debería de constreñirse entre las partes naturales y que la C. ADRIANA CAROLINA ALARCÓN SÁNCHEZ, había sido vencida en proceso diverso; no obstante ello el Juez Natural considero su emplazamiento y toda vez que no fue posible emplazarla en un domicilio preciso en esta Ciudad, el Juez ordenó notificarle por edictos el 29 de enero de 2019, haciendo hincapié que el 24 de octubre de 2019, esta parte promovió que se cambiara el periódico Vértice, por el costo elevado de sus servicios y se cambiara al Diario de Guerrero, lo cual aconteció según acuerdo de 25 de Octubre de 2019, fecha en la que según el Juzgador Primario y que confirma la Sala debió implementarse para que operara la caducidad de Ia instancia. 3,- El 09 de marzo de 2022, los demandados naturales comparecieron a promover Incidente de Caducidad de la Instancia, no obstante que dichos codemandados aparecen actuando dentro del juicio natural, encontrándose' pendiente de desahogar pruebas en el juicio principal. Mediante proveído de ,14 de marzo del año que transcurre se le dio entrada al Incidente de Caducidad de la Instancia; ordenándose notificar a las partes sin que obre constancia que se le haya notificado de dicho incidente, precisamente a la llamada a juicio por el Juez Primario la C. ADRIANA CAROLINA ALARCÓN SÁNCHEZ. 4.- Una vez que comparecí a contestar la demanda incidental, el Juzgador de origen el 28 de Abril del año que trascurre emitió sentencia interlocutoria, y dentro de sus puntos resolutivos estableció declarar procedente el Incidente de Caducidad de la Instancia promovido por Cesar Augusto Ventura Alarcón, como apoderado legal de CESAR y ADRIÁN de apellidos VENTURA RENDÓN. Indicándose dentro del punto tercero resolutivo que se notificara a las partes, sin que haya constancia también que dicha resolución se le haya notificado a la señora ADRIANA CAROLINA ALARCÓN SÁNCHEZ. 5.- Inconforme con dicha resolución interpuse Recurso de Apelación y fue así que se conformó el toca civil 196/2022 y que tuvo como resultado que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, dictara resolución el 12 de agosto del año en curso y que es motivo del presente amparo." Ahora bien, los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, ordenan lo que sigue: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. En ese orden de ideas, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, estima que en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, la resolución que pretende combatir el impetrante de amparo debe ser impugnada mediante el juicio de amparo uniinstancial ante el Tribunal Colegiado correspondiente, puesto que, el artículo señalado en primer término da competencia al órgano colegiado antes referido para conocer de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, y el segundo, establece que opera la competencia respecto a las sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales ya sea que la violación se cometa en ella o en el procedimiento y que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Establece además, que por sentencia definitiva debe entenderse como aquellas que deciden el juicio en lo principal, así como, las resoluciones que ponen fin al juicio y las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Por su parte, el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: C) En materia civil o mercantil, de sentencia o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que la rigen, o de sentencias o resoluciones en apelación en juicios del orden común o federal, y;" Conforme a las disposiciones, constitucionales y legales mencionadas y transcritas, que regulan el juicio de amparo en la vía directa, se advierte que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se promueve contra resoluciones definitivas, sean éstas sentencias o laudos, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En el caso, se observa que el acto reclamado como se expuso con anterioridad, consiste en la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca civil 196/2022, en el cual confirmó la sentencia interlocutoria de caducidad de la instancia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el expediente 150/2016-II, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad. De lo anterior se advierte que la resolución objeto de agravio en la presente vía constitucional, se trata de una resolución que pone fin al juicio, procediendo en su contra el amparo directo ante el Tribunal correspondiente. Al igual, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Materia Administrativa, Tesis 2a./J. 103/2008, Página 472, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN Y SOBRESEE EN EL JUICIO DE NULIDAD. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN AMPARO DIRECTO, POR TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, AUN CUANDO ÉSTA CORRESPONDA A UN RECURSO INTERMEDIO. De conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificados o revocados. En ese tenor, como el sobreseimiento en el juicio de nulidad decretado por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, dictado en el recurso de revisión interpuesto en contra de un proveído de la Sala Ordinaria del citado Tribunal constituye una resolución que pone fin al juicio, en razón de que en su contra no procede recurso alguno por el cual pueda ser revocada o modificada, la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito en la vía directa, aunque el acto impugnado en el juicio de nulidad hubiera consistido en una resolución intermedia dictada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues la naturaleza del acto sometido a la potestad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo referido no determina la competencia del órgano para conocer del juicio de amparo sino que la resolución combatida dé por concluido el juicio sin posibilidad de combatirla a través de recurso alguno." Resulta ilustrativa la jurisprudencia VI. 2o. J/281 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Volumen 77, Mayo de 1994, página 77 (registro Ius 212467), del siguiente rubro y texto: "SENTENCIA DEFINITIVA. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que defina una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que hayan motivado la litis contestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada." Así también las tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 168339 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 97/2008 Página: 50 DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra." Con base hasta lo aquí expuesto, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para resolver el juicio constitucional que nos ocupa, pues el acto reclamado se trata de una resolución que pone fin al juicio como ya se manifestó y que la ley ordinaria no establece recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificada o revocada, ya que precisamente la resolución reclamada confirmó la decisión de primera instancia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el original del escrito de demanda, con todas sus copias, al Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y de Trabajo en Turno, con sede en esta ciudad, a fin de que tenga a bien determinar si confirma o revoca esta resolución. Se solicita el acuse de recibo correspondiente, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Cobra aplicación, atendiendo al método de interpretación de la norma a contrario sentido, la Jurisprudencia P./J. 16/2003, sustentada por el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diez, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de siguiente literalidad: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías". Al igual, cobra aplicación al caso, la tesis por identidad sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de la literalidad siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 2a. CCXI/2001, visible a página 41, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época. dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el que señala en el escrito de cuenta, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elías Fierro Rivera, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Lizeth Delgado Pineda, Eduardo Fierro Rivas y Christian Geovany Fierro Reyes, por no contar con el anterior requisito. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; así como que para el caso de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente.

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