Samantha Vorreth Hernández
Expediente 637/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Samantha Vorreth Hernández
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Atento a su contenido, téngasele informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por Samantha Vorrath Hernández; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se declaró la legal incompetencia del asunto, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el diecinueve de agosto de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto la certificación de cuenta y el estado de autos del presente asunto, se advierte que feneció el término de cinco días otorgado a la parte quejosa en auto de quince de julio del año en curso, ya que éste fue notificado mediante lista de acuerdos publicada el dieciocho del presente mes y año, surtiendo efectos el diecinueve siguiente, por lo que dicho término transcurrió del veinte al veintiséis de los cursantes, descontándose los días veintitrés y veinticuatro pasados por ser sábado y domingo, sin que en ese término la promovente desahogar la prevención que le fue formulada, por lo que, al no cumplir con tal prevención se provee lo conducente con los elementos que obran en autos. INCOMPETENCIA Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo a que se refiere este expediente, por razón de territorio, conforme con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 37 de la legislación de la materia, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal invocado establece tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda En ese sentido, si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En el asunto que nos ocupa, dadas las características y naturaleza del acto reclamado, así como su ejecución, la hipótesis de competencia que aquí opera es la precisada en el inciso a), relativa a que si el acto reclamado tiene ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Es así, ya que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Samanta Vorrath Hernández, señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: " AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2. Director General de la Policía Ministerial en el Estado de Veracruz, con residencia en las Trancas, Emiliano Zapata.. (.) . ACTOS RECLAMADOS De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo la posible orden de detención girada en mi contra; y de las autoridades señaladas como ejecutoras reclamado el posible cumplimiento de dicha orden de detención fuera de procedimiento." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente de la acción constitucional indicó tener su domicilio en calle Quintana Roo, número veintiuno, de la colonia López Portillo, del municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz; sin embargo, el hecho de que el quejoso tenga su domicilio dentro de la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, no determina la competencia a favor de este Juzgado de Distrito para conocer del presente asunto. Se afirma lo anterior, dado que el quejoso no señaló autoridades responsables con residencia en el territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, a pesar de haber sido prevenido para tal efecto, por tanto debe estarse a la regla de competencia que atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, pues de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 383, registro digital 2004166, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclama do, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". En ese tenor, se estima que el Juez competente para resolver el presente asunto es el Juez de Distrito en el estado de Veracruz con residencia en Xalapa, en turno, por ejercer jurisdicción en el territorio donde reside la autoridad señalada como ejecutora, con base en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número .2º.P. J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, Libro 56, Agosto de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 218721, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo.". En consecuencia, de conformidad con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el original del presente asunto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, para que a su vez, lo turne al Juzgado de Distrito que por cuestión de turno le corresponda conocer del presente juicio de amparo, solicitándose atentamente al juez que conozca de la demanda de que se trata, haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada y se sirva remitir el acuse de recibo respectivo. Notifíquese...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Samantha Vorrath Hernández, por propio derecho; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 637/2022-I, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN Ahora, previo a acordar lo conducente a la admisión de la demanda de derechos fundamentales, es de indicarse que el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional mandará a requerir a la promovente, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese tenor, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado la orden de detención girada en su contra, así como la ejecución de ésta Sin embargo, de la demanda de amparo no se advierte que la promovente haya señalado como autoridad responsable ejecutora a alguna que se localice dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III, 110, 114 y 217 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Samantha Vorrath Hernández, para que dentro del término de cinco días, 08/03/24 13:38:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, con copia para las autoridades responsables, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para el incidente de suspensión: 1. Manifieste si es su deseo señalar autoridad o autoridades ejecutoras con residencia en la ciudad donde tendrá ejecución el acto reclamado. Prevención que resulta indispensable, pues en actos privativos de libertad, por regla general también es necesario que el promovente señale autoridades ejecutoras que tengan domicilio en la jurisdicción en la que ejerce su competencia el Juez de Distrito ante la que se presenta la demanda de amparo, habida cuenta que el domicilio de la parte quejosa resulta insuficiente para que se justifique ésta. Se precisa que de no cumplir con lo solicitado se proveerá lo conducente con los elementos que obren en autos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 383, registro digital 2004166, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de 08/03/24 13:38:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS Juicio de amparo 637/2022 3 ??A???????????? los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". Así como, la diversa P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y 08/03/24 13:38:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS su Gaceta, Tomo: XIII, de Abril de dos mil uno, Novena Época, página 79, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Se destaca a la parte quejosa que el objetivo de la prevención que ahora se formula es fijar correctamente la litis constitucional respecto de las autoridades que efectivamente hayan tenido participación en los actos reclamados y los antecedentes de éstos, requisitos que a la postre representan un beneficio para la solicitante de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye a que el adecuado trámite del juicio de amparo no se afecte con el llamamiento innecesario de autoridades no vinculadas con los actos reclamados. Lo anterior, en el contexto de lo estipulado por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, cuyo párrafo segundo, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De ese precepto fundamental se constata el derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado. Signifíquese a la parte promovente que, ante la 08/03/24 13:38:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS Juicio de amparo 637/2022 5 ??A???????????? evidencia de que un juicio de protección de derechos fundamentales se promueva en contravención a alguno de los principios previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, esto es, de advertirse la realización de alguna de las conductas ahí constitutivas de delito, este juzgador debe llevar a cabo la aplicación de una multa y ordenar dar vista al Ministerio Público Federal. El texto del artículo 261 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". Ahora, el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, consagra diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de 08/03/24 13:38:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de dos mil diecisiete, de rubro "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase a la promovente solicitando que las notificaciones se practiquen por lista de acuerdos. Asimismo, se tiene como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Rojas Molina, toda vez que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales de toda la República. Asimismo, téngasele a la promovente señalando el correo electrónico y número de teléfono que indica; en la inteligencia de que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, dichos 08/03/24 13:38:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS Juicio de amparo 637/2022 7 ??A???????????? medios se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables; por lo que se le tiene como medio de contacto los correos electrónicos y números de teléfono proporcionados. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las demás partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para 08/03/24 13:38:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese.
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