Salvador Rodríguez Pérez
Expediente 96/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Secretario de Marina, en Ciudad de México
- Salvador Rodríguez Pérez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes, téngase a la actuaria judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Ciudad de México, informando que la superioridad resolvió que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en esa misma ciudad, es el competente para conocer de la demanda de amparo formulada por Salvador Rodríguez Pérez, la que inicialmente quedó radicada con el número 241/2022 del índice de aquél juzgado; de lo que el suscrito toma nota. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Al no existir trámites pendientes por acordar dentro del cuadernillo en que se actúa, archívese como asunto concluido, y en cumplimiento al artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución sin decir en lo principal y se dio por concluido, por lo que carece de relevancia documental, se establece como fecha probable el doce de abril de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese por lista.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes, atento a su contenido, téngase al actuario judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, comunicando la admisión del conflicto competencial planteado por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, radicándose en consecuencia el expediente de conflicto competencial 9/2022, de lo que el suscrito toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio remitido por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Atento a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 504-IX de ocho de febrero del año en curso, a través del cual se le informó que este órgano jurisdiccional no aceptaba la competencia planteada, ordenándose devolver el juicio de amparo 241/2021 de su índice, promovido por Salvador Rodríguez Pérez; asimismo, comunica que determinó platear conflicto competencial, ordenando remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primero Circuito, en turno; de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio 7287/2022, signado por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite el juicio de amparo 241/2021, promovido por Salvador Rodríguez Pérez, toda vez que por resolución de treinta y uno de enero del año en curso declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en turno, por los motivos ahí expuestos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número 96/2022 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NO SE ACEPTA COMPETENCIA Con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz no acepta la competencia declinada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior, en virtud de que este juzgado de Distrito no comparte los motivos que expuso el órgano jurisdiccional declinante, en el sentido de que el acto reclamado debe tener ejecución precisamente en el territorio en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Para arribar a la anterior determinación, es necesario tener en consideración que las cuestiones de competencia son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Mayo de 1992, Materia Común, visible en la página 94, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." En el caso, de la lectura íntegra del ocurso de demanda que se provee, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo de los artículos 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, y 132, fracción III, del Reglamento de la Ley de Ascensos la Armada de México, así como el oficio S1-TP-/C-7467/2020, de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada mismo que fue notificado a la parte quejosa el once de enero del año en curso, a través del cual se le hizo saber que estaba excluido del proceso de promoción (PFAM-2019), es decir que no podía participar para obtener un nivel jerárquico superior al que ahora tiene; precisando el solicitante del amparo que dicho oficio constituye el primer acto de aplicación de las normas reclamadas. A efecto de proveer lo conducente, se estima factible precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber, de la manera siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo sometidos a su consideración; reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: 1). La primera regla que se encuentra contenida en el señalado numeral, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2). La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, será el juez competente para conocer del asunto ante el que se haya presentado la demanda de amparo. 3). La tercera regla contenida en el tercer párrafo del precepto en comento, consiste en que cuando el acto reclamado en el juicio de garantías no requiera ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda. Estos criterios de competencia se establecen en función de la ejecución del acto reclamado y, en esa medida, en las dos primeras reglas de competencia, se atiende al caso en que éste requiere de ejecución, lo que las distingue de la tercera, donde la resolución controvertida no conlleva una ejecución material. Luego, conforme a los referidos preceptos, las normas de competencia tienen como parámetro la ejecución del acto o resolución reclamada, de donde se distinguen dos principios generales para su determinación: atendiendo a los actos que no tengan ejecución material, de los que sí requieran una ejecución, y, respecto a este criterio, habrá de diferenciarse los supuestos de ejecución que tienen lugar en un solo distrito, de aquellos que se han realizado en distritos distintos. Tales reglas tienen como propósito determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a motivos de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. En el particular, el peticionario de amparo señaló como acto reclamado, la discusión, aprobación, promulgación, publicación refrendo de los 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, y 132, fracción III, del Reglamento de la Ley de Ascensos la Armada de México, así como el oficio S1-TP-/C-7467/2020, de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, mismo que le fue notificado el once de enero del año en curso, a través del cual se le hizo saber que estaba excluido del proceso de promoción (PFAM-2019), es decir que no podía participar para obtener un nivel jerárquico superior al que ahora tiene. Respecto de dicho acto, el juez federal declinante estimó que no se trata de un acto meramente declarativo, sino que tiene ejecución material porque en su concepto modifica la situación de un elemento activo de las fuerzas armadas, ya que al participar en el referido proceso con número de control 4683, pasó a ubicarse en una situación que limita sus posibilidades de ascenso, lo que tiene efectos sobre su esfera de derechos, los cuales desde su punto de vista, se materializan en el lugar en que se encuentra adscrito, en el caso a la Primera Región Naval, en Veracruz, Veracruz, e incluso, que la condición física que originó su exclusión del proceso de ascenso se le diagnosticó en el Hospital de Especialidades de esta entidad federativa, pues así se advierte del oficio que exhibió la parte quejosa anexó a su demanda, por lo que concluye que la exclusión del quejoso del proceso de ascenso se materializó en el estado de Veracruz, que es el lugar donde el quejoso desempeña sus funciones dentro de la institución armada, y en consecuencia, que en la especie se reclama un acto que surte efectos en el lugar de adscripción del quejoso, pues es en ese sitio en que se le excluye del proceso de promoción (PFM-2019). Por tal motivo, a su juicio los actos reclamados tienen ejecución material y, en consecuencia, es juez competente aquel que tiene jurisdicción en el lugar en que se encuentra adscrito el quejoso como elemento activo de las fuerzas armadas, por ser el lugar en que se afectan sus derechos, por lo que declinó la competencia para conocer de la demanda en cuestión a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Boca del Río, motivo por el que fue remitida a este órgano jurisdiccional para su conocimiento, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en esta Entidad. Ahora, de manera respetuosa, no se comparte el criterio emitido por el homólogo federal declinante, pues en el caso, el que esto suscribe considera que se surte el supuesto precisado en la regla marcada en el inciso 3), consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de garantías no requiera ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda, porque como ya se dijo, en su demanda de amparo, la parte quejosa de una manera específica reclama el oficio S1-TP-/C-7467/2020, de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, a través del cual se le hizo saber que estaba excluido del proceso de promoción (PFAM-2019), es decir, que no podía participar para obtener un nivel jerárquico superior al que actualmente tiene, acto que constituye un acto meramente declarativo, el cual carece de ejecución material; de ahí que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, carezca de competencia legal para conocer del presente asunto. Robustece lo anterior la tesis número I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Para arribar a tal conclusión, conviene advertir las consecuencias del indicado acto a fin de corroborar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por ende, ejecutables. Es importante esta diferencia porque de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en el primer párrafo o en el segundo, según corresponda, del indicado numeral. En el caso, no se comparte el criterio del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, porque el acto reclamado es de carácter negativo que no prescribe o manda una conducta determinada, ni implica la realización de una obligación de hacer o de dar; asimismo, se destaca que la juridicidad de la exclusión del quejoso para acceder a un grado superior es una cuestión que corresponde al fondo del asunto y, consecuentemente, la existencia o no de un perjuicio al quejoso (lo que no es materia de análisis en el presente caso). Es decir, la circunstancia de que la autoridad responsable haya excluido al quejoso del proceso de promoción (PFAM-2019), al no permitirle participar para obtener un nivel jerárquico superior al que ahora tiene, por los motivos que adujo, no significa necesariamente que tal acto lleve inmersa una ejecución, sino que simplemente se trata de una exclusión de participar en un concurso de selección para un ascenso en la que no se puede prejuzgar que se tiene derecho a participar en ellos (al ser una cuestión que atañe al fondo del asunto). En efecto, es necesario destacar que no se comparte el criterio emitido por el juez declinante, en el sentido de que la exclusión del quejoso al mencionado concurso de selección afecta su derecho a una posibilidad de ascenso, pues la negativa a aceptarlo en el referido proceso es un acto declarativo que carece de ejecución, porque constituye una petición de principio, dado que no puede sostenerse, a priori, que este tiene un derecho "a ser aceptado" a participar en ese concurso, de ahí que no se modifique cambio alguno en la situación del quejoso como elemento activo de las fuerzas armadas los motivos expuestos. Apoya este criterio en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J. 68/2012 (10ª.), consultable en la página 604 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material.". En ese orden de ideas, atendiendo a los argumentos jurídicos expuestos con antelación, se actualiza la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que define la competencia del juicio a favor del juez que previno, es decir, ante quien se presentó la demanda, lo que en el caso ocurrió ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 17/2014 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 500 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." De igual forma, se cita la tesis I.19o.A.2 A (10a.), emitida por el Decimonoveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 2281, tomo III, libro 59, con número de registro electrónico 2018133, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESPUESTA NEGATIVA DE UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL A LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE UN INMUEBLE. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Si en el juicio de amparo se reclama la respuesta negativa de una dependencia del Gobierno Federal a la petición de donación de un inmueble, para resolver la cuestión de competencia debe ponderarse el contenido del acto reclamado, el cual es declarativo, al constituir un pronunciamiento negativo que no prescribe o manda una conducta determinada, ni implica la realización de una obligación de hacer o dar; sin que pueda afirmarse que conlleva un principio de ejecución material, atento a los efectos de una posible concesión del amparo, ni al hecho de que pueda resultar o no procedente la donación en favor del quejoso, porque ello prejuzgaría sobre una hipótesis futura e incierta, la cual, además, involucra una cuestión de fondo. Por tanto, la competencia para conocer del juicio no corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ubica el inmueble relacionado con la donación, sino ante el que se presentó la demanda de amparo, conforme al último párrafo del artículo 37 de la ley de la materia". No se opone a lo anterior, el hecho de que los estudios clínicos realizados al promovente de amparo hayan sido realizados en el Hospital Naval de Especialidades de Veracruz, además de que se encuentre adscrito a la Primera Región Naval en Veracruz, Veracruz, y que por tal motivo este juzgado deba conocer de la demanda de garantías, pues acorde con lo anteriormente expuesto, tal circunstancia en ningún caso sirve de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en tanto que ello no constituye el acto reclamado. En función de lo anterior, este resolutor federal considera respetuosamente, que es juez competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Salvador Rodríguez Pérez, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pues se estima que el acto reclamado en el juicio de amparo se trata de un acto meramente declarativo que no requiere ejecución material, y fue ante dicho juzgador en donde se presentó tal demanda. En consecuencia, se considera que la competencia corresponde al juez declinante, por tanto, devuélvase la demanda de amparo de referencia a efecto de que, en términos del párrafo segundo del artículo 48, de la Ley de Amparo, manifieste si insiste o no en declinar la competencia del citado juicio de amparo, aun con las razones apuntadas. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo; y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese...
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