Samantha Infante Herrera

Expediente 961/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
961/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Samantha Infante Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa que se aceptó la competencia declinada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y se avoca al conocimiento del recurso de queja interpuesto por el licenciado ***********, autorizado de la parte quejosa *******************, en contra del proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo.****************************************1.1 Registro. En la inteligencia que dicho medio de impugnación quedó radicado bajo el número ******************** de su índice; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos a que haya lugar.****************************************1.2 Disponibilidad de expediente electrónico. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad ponga disponible electrónicamente este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por *****************, autorizado de la parte quejosa *************, contra el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, el cual queda registrado bajo el número de expediente 585/2023. 1.1 Acuerdo. Se tiene al tribunal colegiado informando lo asentado en el punto que antecede; de lo que este Juzgado de Distrito queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito presentada por ********************, autorizado de la parte quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de seis de septiembre del año que transcurre. 2. Recurso de queja. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por lo que, en términos de lo dispuesto por los diversos numerales 98, 99, 100 y 101 de la propia ley, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el expediente electrónico de este juicio de amparo, para la substanciación del recurso correspondiente. 2.1 Informe. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena rendir el informe relativo a la queja interpuesta contra el auto de seis de septiembre del año que transcurre; en el entendido de que es cierto tal acto, en virtud de que este órgano jurisdiccional dictó el mencionado proveído, en el que se desechó la demanda de amparo. 2.2 Remisión de expediente electrónico. Remítase de inmediato este juicio de forma electrónica al tribunal de revisión. 2.3 Disponibilidad de expediente electrónico. Se instruye al Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad ponga disponible electrónicamente este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    1. Recepción. Téngase por recibido el escrito presentado por ***********, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del Director del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social con Medicina Familiar número 24 "Doctor Félix Oyervides Pinales", con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza y otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 961/2023, en el libro de y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto reclamado. En el caso a estudio, del análisis del escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa Samantha Infante Herrera, a las autoridades responsables Director del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social con Medicina Familiar número 24 ******* y Coordinador Clínico de Educación e Investigación en Salud del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social con Medicina Familiar número 24 "*************", ambos con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, consiste en: i) La baja del ciclo académico correspondiente a la modalidad C, como Médico Interno de Pregrado adscrita al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social con Medicina Familiar número 24 "Doctor Félix Oyervides Pinales", con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. 3.2 Causa de improcedencia manifiesta e indudable. Sobre el particular, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. De los anteriores numerales se advierte que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados no provienen de un acto de autoridad. El artículo 1, fracción I, de la citada legislación, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: i. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ii. Esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; iii. Emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, iv. Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, conforme a la tesis 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese orden de ideas y considerando además el actual marco legal, es autoridad responsable la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es importante destacar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa; es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. De ahí que sea oportuno distinguir entre las relaciones de: i) coordinación; ii) supra - subordinación y; iii) de supraordinción. i. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus controversias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. ii. Las relaciones de supra - subordinación: son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizaba por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual suponía la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, vencieran cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Aunque con el nuevo marco legal serían aquellas que con su actuación crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien por la omisión del acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. iii. Finalmente, las relaciones de supraordinación: son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esa línea de pensamiento, se considera que el acto reclamado tiene su origen en una relación de coordinación, en virtud de que la promovente tenía un puesto de trabajo dentro de la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, se trata de un hecho derivado de la relación laboral que existía entre las partes. Sobre el tema tiene aplicación la tesis 2ª./J.2/2017(10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia invocada indica que la actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos Especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad de la Ley Federal del Trabajo" En ese sentido, el Máximo Tribunal del país acotó en el criterio en cita, que del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral. Entonces, el acto que se intente controvertir de esa relación no es susceptible de ser revisado a través del juicio de amparo indirecto, como se pretende, porque como lo acotó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de aquellos que provienen de una relación de naturaleza laboral, con ciertas características especiales y, aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, debido a que la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico, en el que el Estado actúa como patrón. De modo que, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades, no así cuando los órganos del Estado asumen una personalidad que corresponde a las personas morales oficiales de derecho privado, en tanto que son los depositarios de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, carácter con el cual conforman relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. En consecuencia, la baja de un médico residente de una especialidad ordenada por los funcionarios de la Unidad Médica a la que está adscrito, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, lo que torna improcedente la demanda de amparo en estudio. 3.2 Criterio aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Samantha Infante Herrera, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en un lugar visible en este órgano jurisdiccional. De igual forma, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ******, por encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico y únicamente para oír y recibir notificaciones a ***** y *****, por así haberlo solicitado la parte quejosa. 6. Consulta vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario "********************". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente el usuario respectivo; lo anterior, en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 6.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 10. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

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