Salvador Rodríguez Rodarte

Expediente 88/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
88/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
01/04/2016

Partes del expediente

  • Salvador Rodríguez Rodarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de tres de marzo del año en curso (fojas 65 a 70), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo señalada, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Finalmente, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes, con residencia en esta ciudad; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado ante la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado de Distrito, el trece de febrero de dos mil dieciséis (fojas 1 a 6), Luis Enrique Rodríguez Treviño, en representación de Salvador Rodríguez Rodarte, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: 1. Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento Esquina de las calles Ramos Arizpe y Vicente Guerrero, Sector Centro, en el Edificio del Republicano Ayuntamiento de Allende, Coahuila de Zaragoza 2. Agente Investigador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Calle Ramos Arizpe sin número poniente Edificio de Seguridad Pública. Allende Coahuila 3. Agente Investigador del Ministerio Público en asuntos de menores de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Ciudad 4. Director de Seguridad Pública. Calle Ramos Arizpe sin número poniente Edificio de Seguridad Pública. Allende Coahuila 5. Comandante de la Policía Municipal dependiente de la Dirección de Seguridad Pública Calle Ramos Arizpe sin número poniente Edificio de Seguridad Pública. Allende Coahuila 6. Juez Calificador de la Dirección de Seguridad Pública. Calle Ramos Arizpe sin número poniente Edificio de Seguridad Pública. Allende Coahuila 7. Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila Calle Humberto Castilla Salas número 600, Centro Metropolitano, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. C.P.25050. ".IV.- ACTO RECLAMADO: DE todas y cada una de las autoridades que señalo como responsables ya sea que obren por sí o por conducto de sus subordinados reclamo la inconstitucionalidad: UNICO.- Del ARRESTO ilegal fuera de todo procedimiento judicial que sufre mi menor hijo SALVADOR RODRÍGUEZ RODARTE, quien al fue detenido el día de hoy viernes doce de febrero de 2016 siendo aproximadamente las cuatro de la tarde y en esta ciudad de Allende, Coahuila por sujetos vestidos de civiles y armados con armas de fuegos." En la citada fecha, se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso la ratificación del escrito de demanda por parte del quejoso directo y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las responsables (fojas 9 a 11). En esa tesitura, de la razón actuarial de trece de febrero del año en curso (foja 15), efectuada por el funcionario adscrito se advierte que el quejoso directo Salvador Rodríguez Rodarte, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de quince de febrero del año en curso (fojas 38 a 40), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes, con residencia en esta ciudad (foja 29), se desprende que el aquí quejoso, mediante oficio número 136/2016, de doce de febrero de dos mil dieciséis, fue puesto a disposición de la citada autoridad, por el delito de posesión simple de narcóticos, y el trece de febrero del presente año, fue puesto en libertad, tal como se advierte del acuerdo de inicio y libertad por detención injustificada, que remitió como anexo a su informe sobre la suspensión de plano (fojas 30 a 32). Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo en vigor, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de la copia certificada que adjuntó el Agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes, con residencia en esta ciudad, se advierte que el trece de febrero de dos mil dieciséis, ordenó la libertad del aquí quejoso. En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la ilegal detención, por parte de las autoridades responsables. Sin embargo, la suscrita Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios a los quejosos, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye a los quejosos en la esfera jurídica de sus garantías, como si se les hubiera concedido el amparo. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, artículo 61, de dicha ley, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, de las constancias que obran en autos, destaca la siguiente (foja 31): PRIMERO.- NO DECRETAR LA RETENCIÓN PROVISIONAL del adolescente SALVADOR RODRÍGUEZ RODARTE, ordenándose en este mismo acto la INMEDIATA LIBERTAD del adolescente sin perjuicio de continuar con la investigación e integración de la conducta así como acreditar su plena responsabilidad para que confirmando lo anterior se turne el expediente con el Juez de Primera Instancia en Materia de Adolescentes Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el quejoso reclamó la ilegal detención y puesta en peligro de su vida, por parte de las autoridades responsables. Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que el quejoso obtuvo su libertad desde el trece de febrero de dos mil dieciséis. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, es decir, el Agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes, con residencia en esta ciudad, restituyó al promovente en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cincuenta minutos del diez de marzo de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública Municipal de Allende, Coahuila de Zaragoza, y anexo; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad de mérito, la documental que acompaña en su informe de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Por otra parte, glósese a los autos para los efectos legales conducentes el sobre dirigido a la autoridad responsable mencionada en la cuenta que antecede, devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con la anotación que se especifica: Juez Calificador de la Dirección de Seguridad Pública. Allende, Coahuila de Zaragoza. No existe esta autoridad. Que contienen inserto el proveído de trece de febrero del año en curso, donde se le solicitó el informe sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del momento al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale lo que su interés convenga, en relación con la autoridad de mérito; con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna en el plazo que se le otorga se tendrá como formalmente inexistente la aludida autoridad, sin ulterior acuerdo.

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos, solo para que obre como corresponda, el mensaje telegráfico que remite Telecomunicaciones de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que el telegrama oficial dirigido a la siguiente autoridad: Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila. Calle Humberto Castilla Salas número 600, Centro Metropolitano, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. C.P.25050. No fue entregado en razón de que la citada autoridad no existe, por tanto se encuentran en lista de rezagos de la oficina telegráfica de destino. Respecto de lo anterior, provéase lo conducente una vez que se tenga conocimiento del oficio 3006/PF, remitido a la autoridad de mérito mediante correo certificado con acuse de recibo. Por otra parte, glósese a los autos para que obre como correspondan, el escrito signado por Luis Enrique Rodríguez Treviño, representante legal del quejoso. Atento a su contenido, se le tiene revocando como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Gustavo Héctor Bello Tamalatzi, de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes. Finalmente, téngase al ocursante solicitando lo siguiente: SEGUNDO.- Ahora bien atendiendo a la dificultad de poder aportar elementos probatorios, por el temor fundado de testigos, de comparecer ante esta autoridad; es que por el peligro de no poder contar con medios de prueba que ofrecer es que a solicitar: A través de esta autoridad se solicite a la Tercero Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila con residencia en esta ciudad con domicilio en calle Xicoténcatl número 201 norte del sector centro en esta ciudad, respecto de la queja número CDHE/3/2016/024/Q que interpusimos en mi favor de mi menor hijo SALVADOR RODRIGUEZ RODARTE, por hechos que hoy reclamo en la presente demanda de amparo. Debiendo de solicitarse copia certificada de todo lo actuado en la queja que presente en favor de mi menor hijo por hechos que reclamo en el presente proceso. Atento a su contenido, es pertinente destacar lo que el artículo 121 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes. En lo que interesa del anterior artículo se desprende que para que este Juzgado esté en posibilidad legal de requerir a los funcionarios o autoridades la expedición de copias o documentos, impone como requisito previo que éstas hayan sido solicitadas ante la autoridad que tiene las documentales y que se le haya negado la expedición de las copias por parte de las autoridades o funcionarios, o bien que haya transcurrido un lapso prudente, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, con la cual, este órgano jurisdiccional considere que la autoridad obligada, incurrió en omisión de expedir los documentos o información correspondiente. Por ello, no ha lugar a requerir a la citada autoridad las documentales por informe que señala; por tanto, dígase al oferente de la prueba que tiene expedito su derecho a proceder en términos del precepto legal en cita.

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