Salvador Zavala Montenegro
Expediente 73/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Zavala Montenegro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En razón de que el Licenciado JUVENTINO ROSAS ACEVES en cuanto Defensor Público del quejoso SALVADOR ZAVALA MONTENEGRO no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el cuatro de julio del año en curso, ni tampoco agotó el procedimiento para comparecer al Juzgado o ponerse en contacto con el Actuario para que le realizara la notificación, por tanto; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintinueve de junio del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 3861/2022 signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada el nueve de junio del presente año, dentro del recurso de revisión 107/2022 interpuesto por Salvador Zavala Montenegro, por propio derecho y por conducto de su Defensor Público Federal; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: "...PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida.- - - SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 73/2020, del índice del registro del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales correspondientes. Respecto del cuaderno de copias relativas al presente expediente, por ser una reproducción de éste destrúyanse. En tales condiciones, en acatamiento a lo resuelto por la superioridad en ejecutoria dictada el nueve de junio del presente año, del recurso de revisión 107/2022, se deja sin efectos el auto de treinta de octubre de dos mil veintiuno, y se provee lo siguiente acatando la ejecutoria de mérito: Agréguense a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio suscrito por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, mediante cual informa que el tres de enero de dos mil veinte mediante oficio 1724, el órgano jurisdiccional resolvió calificar de legal el traslado del quejoso Salvador Zavala Montenegro, del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas a dicha Unidad Administrativa, por lo que el quejoso en cuestión no agoto el principio de definitividad, toda vez que antes de recurrir al juicio de amparo, debió interponer el recurso de apelación previsto en al arábigo 52, párrafo penúltimo de la multicitada Ley Nacional de Ejecución Penal, para acreditar lo anterior remite copia certificada de los oficios OADPRS/21740/2019 PRS/CGCF/CFRS17/DG/11079/2019 y de la resolución pronunciada el tres de enero de dos mil veinte, emitido por el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución para Penas en la ciudad de México (calificativa de traslado). Ahora bien, de las constancias que acompaña la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se advierte que el traslado reclamado fue calificado de legal por el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución para Penas en la Ciudad de México, por auto de tres de enero de dos mil veinte; con ello, se advierte que el acto reclamado consistente en la orden de traslado del impetrante de garantías del Centro de Ejecución y Sanaciones de Reynosa, Tamaulipas al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, quedó sustituido procesalmente por la determinación emitida por el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución para Penas en la Ciudad de México, el tres de enero de dos mil veinte, a través de la cual, calificó de legal el traslado de referencia. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado en sus efectos los actos reclamados, preceptos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Esa causal de improcedencia, se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Lo anterior, aconteció en el presente caso, pues si bien mediante oficio OADPRS/21740/2019 de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, autorizó el traslado -entre otros- del aquí quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente Puente Grande Jalisco al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; sin embargo, con dicha determinación administrativa dio vista a la autoridad jurisdiccional, mediante oficio PRS/CGCF/CFRS17/DG/11079/2019, quien mediante determinación de tres de enero de dos mil veinte, resolvió calificándola de legal, lo que se acredita con las copias certificadas que la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, adjuntó al escrito de cuenta, las que contienen el auto de tres de enero de dos mil veinte, que el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución para Penas en la Ciudad de México, emitió dentro del SIPE 605/2013, iniciado al aquí quejoso, donde calificó de legal la determinación administrativa de realizar el traslado del quejoso, del lugar en que se encontraba recluido - Centro de Ejecución y Sanaciones de Reynosa, Tamaulipas al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán-; documentales a las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser expedida por autoridad legalmente competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y que merece valor pleno para demostrar la causal de procedencia que se estudia. Por lo cual, es inconcuso que esta última determinación sustituyó procesalmente a la determinación adoptada por la autoridad administrativa, de lo anteriormente expuesto, es que se estima, se actualiza la improcedencia del juicio por cesación de efectos, o bien la destrucción del mismo por sustitución procesal, debido a que la determinación administrativa en la que se ordenó el traslado definitivo del quejoso, quedó sustituida en sus efectos jurídicos, por la diversa en el juez de ejecución calificó de legal esa determinación. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando sea imposible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto combatido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, LO PROCEDENTE ES DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, por virtud de haber cesado los efectos de los actos reclamados. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica:... En tal virtud, como ya se adelantó, en nada beneficiaría al quejoso el que se le otorgara la vista a efecto de que manifestara si es su deseo o no ampliar su demanda respecto de la calificación del traslado que en un principio reclamó en este juicio, pues para el caso debe agotar ya sea el recurso de apelación o bien, de ser el caso, la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado o la calificación de éste a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. Luego, si con motivo de la interposición del recurso de apelación o la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, puede analizarse la legalidad del traslado en cuestión y su calificación por la autoridad judicial de primera instancia, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes. Sin que se el caso fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, dado que como se advierte de párrafos precedentes, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 2138/2022 suscrito por el Actuario del Tribunal Colegido en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el auto de siete de abril del presente año, dictado por la superioridad, del que se desprende que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por Salvador Zavala Montenegro; medio de impugnación que quedó registrado como amparo en revisión 107/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, acúsese recibo al correo electrónico institucional 1tc11ctop@correo.cjf.gob.mx, del oficio 2138/2022, mismo que fue recibido en la oficina de correspondencia de este órgano jurisdiccional a las diez horas con treinta y nueve minutos del once de abril del presente año; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que aún no obran los acuses de recibo de los siguientes oficios: 13820 y 835, dirigidos al Director General del Centro de Ejecución de Sanciones en Reynosa, Tamaulipas. Por los que se le pretendía notificar los autos de treinta de octubre de dos mil veinte y diecinueve de enero del presente año, con los cuales, con el primero el presente juicio de amparo sobreseyó fuera de audiencia y el segundo se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de dicho auto. Por tanto, a fin de estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponde, solicítese a la autoridad responsable en mención, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que sean notificada del contenido del presente proveído, comunique a este Tribunal Federal vía correo electrónico institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin necesidad de remitirlo por más de una vía, la fecha exacta en que recibió los oficios de que se trata, o bien, informe el impedimento legal o material que tenga para ello. Apercibido que en caso de no cumplir con el requerimiento aquí formulado en el lapso concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 258 de la Ley de Amparo y se procederá en término del citado artículo. Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio suscrito por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de veintiuno de mayo del presente año, dictado dentro del juicio de amparo 82/2021 de su índice, del cual entre otras cosas, se advierte que solicita se le autorice la consulta vinculación del presente juicio de amparo por el lapso de cinco días a fin de realizar una consulta detallada y para los efectos a que haya lugar. En tales condiciones, con la finalidad de no retrasar el trámite del asunto del Juzgado oficiante, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y vinculación del expediente electrónico por el plazo de cinco días, contado a partir de que se notifique el presente acuerdo, ello para los efectos legales a que haya lugar en los autos del juicio de amparo 82/2021, del índice de su adscripción. Asimismo, es necesario precisar que el oficio, de cuenta fue remitido por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por la Secretaria de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio del suscrito, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales; además, su base legal se encuentra en la aplicación por interpretación extensiva, del concepto "medios magnéticos", que se estima incluye a los electrónicos, a través del cual la autoridad responsable, puede rendir su informe, al tenor del párrafo inicial del artículo 117 de la Ley de Amparo; precepto que se aplica por interpretación analógica al presente caso. En mérito de lo anterior, instrúyase al analista jurídico sise adscrita a este juzgado, a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa, y una vez concluido dicho plazo deberá deshabilitarlo sin ulterior acuerdo. Notifíquese.
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