Salvador Sepúlveda Ávalos y Otros.
Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Sepúlveda Ávalos y Otros.
Actuaciones
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, DICHO AUTO, ESTO ES, DE DATA DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE QUEJOSA, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda presentada por Salvador Sepúlveda Ávalos y Agustín Sepúlveda Méndez, por propio derecho, contra actos que atribuye al Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero de Civil de Zamora, Michoacán; se manda formar expediente, y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 303/2022. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: La orden de embargo decretada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1263/2021 que se encuentra dentro del Juzgado Primero de lo Civil de Zamora Michoacán.". Al respecto, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Desechamiento de la demanda de amparo. Es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En efecto, conforme al artículo en mención para el desechamiento de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Asentado lo anterior, del análisis integro de la totalidad de constancias que integran la demanda de amparo, se debe precisar que, como la demanda se presentó por medios electrónicos, esto es, por línea en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cual no cuenta con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación "FIREL" o con la "e.firma" (antes FIEL), de los quejosos directos, toda vez que la presente con la demanda de amparo corresponde a Salvador Sepúlveda Ávalos y Agustín Sepúlveda Méndez; por ende, tomando en consideración que los actos reclamados son en esencia: la orden de embargo decretada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1263/2021 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Zamora, Michoacán, se procede a analizar si estos actos se encuentran en el supuesto de excepción, a que refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo y cumplen con la normativa señalada por los acuerdos generales 12/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto del año en curso, toda vez que son los que actualmente rigen y establecen la normativa para acceder a los servicios en línea mediante la Firma Electrónica Certificada por el Poder Judicial de la Federación "FIREL", en términos de lo dispuesto por los artículos 10, 14, 16 y 45 del referido Acuerdo General 12/2020 y artículos 28 y 29 del diverso 21/2020, que disponen en lo que interesa: "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente" (sic). Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Por su parte, los artículos 3 y 109 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica." De los anteriores numerales se desprende, que en específico la demanda de amparo presentada en forma electrónica -juicio en línea-, deberá cumplir con el requisito de tener la firma electrónica (FIREL), la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, salvo en el caso de excepción a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de Amparo y el diverso 10 párrafo segundo del mencionado Acuerdo General 12/2020, esto es, contra actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Materia, supuesto en el cual no se requerirá de firma electrónica. De lo anterior, cabe señalar que mediante el Acuerdo General 12/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la normativa para acceder a los servicios en línea mediante la Firma Electrónica Certificada por el Poder Judicial de la Federación "FIREL", en términos de lo dispuesto por los artículos 10, 14, 16 y 45; y, en los artículos 28 y 29 del diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, estableció como eje rector la tramitación de los juicios en línea y los requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea, que el Consejo de la Judicatura federal puso a disposición de los usuarios a partir del tres de agosto de dos mil veinte. En esa tesitura, en el presente caso la demanda de amparo se presentó en forma electrónica (juicio en línea); sin embargo, la misma carece de Firmas Electrónicas Certificadas del Poder Judicial de la Federación "FIREL" o con la "e.firma" (antes FIEL), de los quejoso directos, requisito necesario que establece el artículo 3 de la Ley de Amparo, 16 del citado Acuerdo General 12/2020 y 29 del diverso Acuerdo General 21 /2020, toda vez que de las constancias acompañadas a la demanda de garantías se advierte que la firma electrónica "Firel" que pretende validar la presentación de la misma, no corresponde a los impetrantes de garantías, sino a Lácteos Finos de Cieneguitas S.P.R DE R.L., de quien no se tiene concomimiento si es parte en el juicio natural, ni tampoco los quejosos comparecen en representación de dicha persona moral , ya que lo hacen por propio derecho. En consecuencia, resulta improcedente la demanda de amparo de que se trata; sin que, en la especie se encuentre en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de la Materia y el diverso 10 párrafo segundo del mencionado Acuerdo General 12/2020, ya que en el presente caso, la parte quejosa reclama actos relacionados con su situación patrimonial; de ahí que no se trata de aquellos actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de amparo, ni tampoco se equiparan a los que se refiere el citado Acuerdo General 12/2020, en su artículo 10 segundo párrafo. Ahora bien, la parte quejosa no acreditó encontrarse autorizada para hacer uso de los recursos que el Portal de Servicios en Línea, del Consejo de la Judicatura ofrece, es decir no se encontró el anexo correspondiente a la criptoevidencia que se genera con cada solicitud formulada por los medios electrónicos, y que acreditan que la parte solicitante está facultada para usar las herramientas de dicho portal, pues el que adjuntó a su demanda corresponde a una tercera persona y no a los quejosos directos. Por tanto, con fundamento en los artículos 3, 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica, pues el hecho de que carezca de la firma electrónica FIREL, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Lo anterior es así, toda vez que el ocurso de cuenta no se encuentra firmado por los quejosos, por tanto no tiene ningún valor, puesto que no se expresa su voluntad de promover lo plasmado en la demanda. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, tal circunstancia faculta a este Órgano Jurisdiccional para ordenar que las notificaciones, aún las de carácter personal, se practiquen por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y autorizando únicamente para imponerse de los autos a Andrea Celeste Trejo Policki, toda vez que como de la certificación de cuenta se advierte que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto a la manifestación que hacen los quejosos, relativa a que se le tenga señalando el correo electrónico Lictrejopol1706@gmail.com, para recibir todo tipo de notificaciones, dígasele que no ha lugar, pues no existe normativa legal que permita notificar a las partes por ese medio; toda vez que, dicho correo electrónico señalado únicamente es para el efecto de la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, ello, a fin de establecer contacto para las videoconferencias. Por tanto, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico Lictrejopol1706@gmail.com, para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; en entendido que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable hacer alguna notificación personal o que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS (por lista).
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