Salvador Viveros Trejo

Expediente 851/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
851/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Salvador Viveros Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO...ARCHIVESE COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    *CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23/10/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de garantías promovida por Salvador Viveros Trejo, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Querétaro y otra autoridad, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 851/2020, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes...En la especie los actos reclamados el quejoso los hace consistir esencialmente en: a) El auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 1509/2017 del índice de la Junta Especial número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Querétaro, mediante el cual, con comparecencia de la parte actora (Salvador Viveros Trejo) y demandada (Profuturo Afore S.A. de C.V. por conducto de su representante legal), se tuvo a esta última dando cumplimiento al laudo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante la exhibición del cheque número 0052215 de la cuenta 00453316785 por la cantidad de $360,441.73 (trescientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 73/100 m.n.), de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en favor de la parte actora, así como la constancia de retención de impuestos por la cantidad de $82,346.00 (ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.); y en consecuencia se ordenó el archivo del citado juicio laboral como asunto total y definitivamente concluido. b) La retención del impuesto sobre la renta por la cantidad de $82,346.00 (ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.. Demanda de amparo Extemporánea.Los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, los actos reclamados por la parte quejosa en esta instancia constitucional, no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues se trata del auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 1509/2017 del índice de la Junta Especial número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Querétaro, mediante el cual, con comparecencia de la parte actora (Salvador Viveros Trejo) y demandada (Profuturo Afore S.A. de C.V. por conducto de su representante legal), se tuvo a esta última dando cumplimiento al laudo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante la exhibición del cheque número 0052215 de la cuenta 00453316785 por la cantidad de $360,441.73 (trescientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 73/100 m.n.), de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en favor de la parte actora, así como la constancia de retención de impuestos por la cantidad de $82,346.00 (ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.); y en consecuencia se ordenó el archivo del citado juicio laboral como asunto total y definitivamente concluido, así como la retención del impuesto sobre la renta por la cantidad de $82,346.00 (ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.; por ende, debe de atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del consabido artículo. Bajo esa guisa, resulta inconcuso que la solicitante de amparo, contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia. Se arriba a dicha determinación, pues resulta inconcuso que los actos de autoridad que se refutan de inconstitucionales, como ya se dijo, no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que, no se está impugnando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, tampoco se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En las relatadas circunstancias, el solicitante de amparo contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el cual previene tres hipótesis a partir de las cuales inicia a transcurrir el lapso de tiempo para la presentación de la demanda de amparo, esto es, aquélla debe presentarse dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente en que: a) surta efectos la notificación que se haga al quejoso del acto reclamado; b) en que tenga conocimiento de éste o de su ejecución; c) en que se haga sabedor del mismo. Así, se estima que se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b) del párrafo precedente, pues como se advierte de la documental acompañada por el quejoso al escrito inicial de demanda, consistente en la diligencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte desahogada en los autos del expediente laboral 1509/2017 del índice de la junta responsable, en la cual el propio quejoso estuvo presente, en la diligencia a través de la cual se dictó el auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, con comparecencia de la parte actora (Salvador Viveros Trejo) y demandada (Profuturo Afore S.A. de C.V. por conducto de su representante legal), siendo que en dicho auto se tuvo a la demandada dando cumplimiento al laudo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante la exhibición del cheque número 0052215 de la cuenta 00453316785 por la cantidad de $360,441.73 (trescientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 73/100 m.n.), de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en favor de la parte actora, así como la constancia de retención de impuestos por la cantidad de $82,346.00 (ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.); asimismo se tuvo al actor (quejoso) por conforme con el pago y la retención de impuestos por la suma antes citada, y en consecuencia se ordenó el archivo del citado juicio laboral como asunto total y definitivamente concluido. De ahí que, es inconcuso que desde la data anunciada, esto es la emisión y desahogo de la diligencia reseñada de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en la cual se tuvo a la parte demandada en dicho controvertido laboral exhibiendo en lo que interesa, la constancia de retención de impuestos por la cantidad de $82,346.00 (ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.), y a la parte actora por conforme con el pago del monto del laudo así como con la retención de impuestos, con lo cual se acredita que el actor (quejoso), tuvo pleno conocimiento del contenido de dicha diligencia en la que, se tuvo por cumplido el laudo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve y en consecuencia se ordenó el archivo de dicho juicio laboral como total y definitivamente concluido, así como de la retención del impuesto sobre la renta reclamado en esta vía de amparo de manera destacada, ante la exhibición de la constancia de retención del impuesto correspondiente. Sin que escape a la vista del suscrito Juzgador, que no se aprecie con claridad en las actuaciones narradas y acreditadas, la fecha en la cual la suma retenida por pago del impuesto derivado de la condena del laudo haya ingresado a las arcas de la diversa autoridad señalada como responsable Secretaria de Hacienda y Crédito Público; dado que ello no es obstáculo para arribar a la presente determinación, pues como ha quedado acreditado, en la diligencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en lo que interesa y estando presente la parte actora aquí quejosa, se tuvo a la reo exhibiendo tanto el cheque por concepto de la condena decretada en el laudo, así como la constancia de retención de impuestos por la cantidad de $82,346.00 (ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.), por lo cual, desde esa fecha el quejoso se enteró de la retención del impuesto reclamado y estuvo en oportunidad de controvertirlo como ahora lo hace. Siendo patente que, desde el momento reseñado de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el quejoso estuvo en oportunidad de acudir al juicio de amparo como ahora lo hace, y no esperar hasta una actuación procesal secundaria. Ahora bien, si como se señaló en párrafos que anteceden, por regla general el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del: a) día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; b) o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; c) o en su caso, al día siguiente en que el impetrante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Luego, si en la especie la parte quejosa conoció del acto reclamado desde el diecinueve de febrero pasado, es evidente que le aplica la regla señalada con el inciso b) que antecede, pues desde que conoció de los actos que reclama (diecinueve de febrero de dos mil veinte), estuvo en aptitud de presentar su demanda de amparo. En tales condiciones, se expone tal aserto, pues según quedó asentado el juicio de amparo debe interponerse dentro del término de quince días contados a partir del día siguiente al en que se tenga conocimiento del acto reclamado, como lo precisa el artículo 18 de la ley de la materia. En consecuencia, si la parte quejosa conoció de los actos que reclama desde el diecinueve de febrero de dos mil veinte, es dable estimar que el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías transcurrió del veinte de febrero al doce de marzo ambos de dos mil veinte, sin contar los días inhábiles en dicho periodo, nueve de marzo (declarado inhábil pero laborable de conformidad con la Circular número 03/2020 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal), así como los sábados y domingos, veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, así como uno, siete y ocho de marzo todos del presente año, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así las cosas, al haberse presentado la demanda de amparo, hasta el veintidós de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial como se desprende del sello que obra impreso en la primera página de la demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en la demanda de amparo que nos ocupa, pues la misma se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el ordinal 18 del ordenamiento legal en cita, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió del veinte de febrero al doce de marzo ambos de dos mil veinte, por los motivos expuestos en los párrafos precedentes. Es aplicable al caso, en lo conducente el criterio contenido en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página setenta y uno, Primera Parte, Volumen 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En la inteligencia de que el criterio antes transcrito resulta aplicable al caso concreto, dado que el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, contempla la misma regla en relación al cómputo del plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, que el diverso artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Salvador Viveros Trejo, por propio derecho..

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 9,611 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano