Salvador Rico Escamilla

Expediente 81/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
81/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Salvador Rico Escamilla

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  2. Principal

    ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...

  3. Principal

    *AVISO FIJADO ERN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 25/01/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ..Vista la demanda de garantías promovida por. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: " El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Actos intraprocesales (no imposible reparación) Después de analizar la presente demanda de garantías, este Juzgado advierte que, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en virtud de que la parte quejosa señala como acto reclamado: ? El auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 190/2018, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual, en lo que interesa, El juez responsable acordó: a) Que el plazo concedido al reo quejoso (Salvador Rico Escamilla) a fin de dar contestación a la demanda instaurada en su contra transcurrió del veintiséis de noviembre al ocho de diciembre de dos mil veintiuno; declarándose el emplazamiento realizado a dicha parte demandada como legal y valido; y acusando la rebeldía de este, al no contestar e tiempo y forma la demanda formulada, teniéndose en consecuencia por perdidos los derechos no ejercitados en forma y por presuntamente confeso de los hechos de la demanda; b) Se aperturo el citado juicio a la fase probatoria correspondiente, y por cuanto a las pruebas ofertadas, se tuvo a dicha parte (reo) por no aportando elemento probatorio alguno, admitiéndose las pruebas ofrecidas por la parte actora consistentes en: las documentales consistentes en originales de los documentos base de la acción, contrato privado de compraventa de once de enero de dos mil trece, Instrumento notarial número 29,600, doce estados de cuenta con número de cliente 8876399, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y finalmente la instrumental de actuaciones; desechándose la Confesional, la de reconocimiento de documento, a cargo de dicho reo, y pericial; c) finalmente se admitió en efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto por el reo frente al auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que a su vez, se determinó que el plazo de nueve días concedidos a dicha parte demandada para contestar la demanda entablada en su contra, lo seria a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho auto de veinticuatro de noviembre. Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada Jurisprudencia 37/2015 es el rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."" Luego, en la especie el suscrito considera que se actualiza la invocada causal de improcedencia por los siguientes motivos: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y el auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 190/2018, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual, el juez responsable acordó: a) Que el plazo concedido al reo quejoso (Salvador Rico Escamilla) a fin de dar contestación a la demanda instaurada en su contra transcurrió del veintiséis de noviembre al ocho de diciembre de dos mil veintiuno; declarándose el emplazamiento realizado a dicha parte demandada como legal y valido; y acusando la rebeldía de este, al no contestar e tiempo y forma la demanda formulada, teniéndose en consecuencia por perdidos los derechos no ejercitados en forma y por presuntamente confeso de los hechos de la demanda; b) aperturar el citado juicio a la fase probatoria correspondiente, y por cuanto a las pruebas ofertadas, se tuvo a dicha parte (reo) por no aportando elemento probatorio alguno, admitiéndose las pruebas ofrecidas por la parte actora consistentes en: las documentales consistentes en originales de los documentos base de la acción, contrato privado de compraventa de once de enero de dos mil trece, Instrumento notarial número 29,600, doce estados de cuenta con número de cliente 8876399, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y finalmente la instrumental de actuaciones; desechándose la Confesional, la de reconocimiento de documento, a cargo de dicho reo, y pericial; c) y admitir en efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto por el reo frente al auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que a su vez, se determinó que el plazo de nueve días concedidos a dicha parte demandada para contestar la demanda entablada en su contra, lo seria a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho auto de veinticuatro de noviembre. No se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en caso de existir alguna violación, ésta sería de carácter procesal, en contra de la cual por regla general resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que no se actualiza esa hipótesis, pues de existir alguna violación, sería reparable en caso de obtener sentencia favorable, en el juicio génesis de los actos reclamados 190/2018, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, o en su defecto, podría combatirse en la vía directa, junto al fallo definitivo como violación procesal, conforme a la fracción III, IV y VI del artículo 172 de la Ley de Amparo en vigor, previo agotamiento del medio ordinario de defensa que proceda. En la inteligencia de que de dictarse sentencia definitiva dentro del juicio de origen no le causaría un perjuicio de imposible reparación, pues por un lado, en caso de que, dicho fallo que se emita sea favorable a sus intereses se subsanarían las posibles violaciones cometidas durante el procedimiento y, por el otro lado, en el supuesto de que tal resolución le sea desfavorable, puede reclamar como violación procesal la determinación que ahora impugna, en el juicio de amparo directo que promueva en contra frente a la sentencia definitiva que se llegue a dictar en dicho juicio natural, previa substanciación del medio ordinario de defensa que al caso concreto proceda en atención al principio de definitividad. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en el auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 190/2018, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual´, se proveyó: a) Que el plazo concedido al reo quejoso (Salvador Rico Escamilla) a fin de dar contestación a la demanda instaurada en su contra transcurrió del veintiséis de noviembre al ocho de diciembre de dos mil veintiuno; declarándose el emplazamiento realizado a dicha parte demandada como legal y valido; y acusando la rebeldía de este, al no contestar e tiempo y forma la demanda formulada, teniéndose en consecuencia por perdidos los derechos no ejercitados en forma y por presuntamente confeso de los hechos de la demanda; b) aperturar el citado juicio a la fase probatoria correspondiente, y por cuanto a las pruebas ofertadas, se tuvo a dicha parte (reo) por no aportando elemento probatorio alguno, admitiéndose las pruebas ofrecidas por la parte actora consistentes en: las documentales consistentes en originales de los documentos base de la acción, contrato privado de compraventa de once de enero de dos mil trece, Instrumento notarial número 29,600, doce estados de cuenta con número de cliente 8876399, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y finalmente la instrumental de actuaciones; desechándose la Confesional, la de reconocimiento de documento, a cargo de dicho reo, y pericial; c) y admitir en efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto por el reo frente al auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que a su vez, se determinó que el plazo de nueve días concedidos a dicha parte demandada para contestar la demanda entablada en su contra, lo seria a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho auto de veinticuatro de noviembre. No reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata de la determinación que solo produce efectos en el interior del procedimiento, sin afectar algún derecho sustantivo en forma material, pues el que se tenga por perdidos los derechos no ejercitados en tiempo y forma y por presuntamente confeso de los hechos de la demanda, continuándose con la secuela procesal correspondiente, y por cuanto a las pruebas ofertadas, se tuvo a dicha parte (reo) por no aportando elemento probatorio alguno, admitiéndose las pruebas ofrecidas por la parte actora a excepción de la denominada como Confesional, la de reconocimiento de documento, a cargo de dicho reo, así como la pericial, y admitiendo en efecto devolutivo, el diverso recurso de apelación interpuesto por el quejoso Salvador Rico Escamilla, frente al auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, solo trascienden en la continuación del juicio natural en todos y cada uno de sus cauces legales, así como en la posición de cada una de las partes; ello dentro del trámite del juicio natural y como consecuencia de una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la sentencia definitiva que se llegue a dictar en dicho juicio 190/2018, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable al caso, por las razones que contiene la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 20/92, consultable en la página 11, julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo" Así como, la tesis de la Tercera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, Quinta Época, página 1810, materia común, que establece: REBELDIA, RESOLUCION QUE TIENE POR ACUSADA LA. Si se reclama en amparo la resolución que tiene por acusada una rebeldía y manda continuar un juicio, la demanda es notoriamente improcedente, puesto que se reclama una violación a las leyes del procedimiento, que si el interesado la estima sustancial, de manera que su infracción pudiera privarlo de defensa, no puede reclamar sino hasta que se dicte la sentencia definitiva en el juicio correspondiente, de acuerdo con los términos de la fracción II, del artículo 107, constitucional." Asimismo se corrobora lo anterior con la tesis aislada de la Tercera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, página 122, materia común, que dice: VIOLACION PROCESAL CONSISTENTE EN LA DECLARACION DE REBELDIA DEL DEMANDADO. ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La violación consistente en la declaración de rebeldía del demandado, que se pretende ilegal, constituye una violación procesal cometida durante la secuela del procedimiento y que afecta a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, pues da lugar a que se siga el juicio, precluyendo el derecho para contestar la demanda. Por lo tanto, se trata de una violación de procedimiento impugnable en amparo directo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 158 y 159, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues resulta ser análoga a los casos especificados en las fracciones I a X del último numeral citado; en particular, al caso contemplado en la fracción IV que se refiere a cuando [se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado." Y, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, consultable en la página 280 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, cuyo tenor literal es el siguiente: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu y 172, fracción III, IV y VI de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Salvador Rico Escamilla, por notoriamente improcedente."

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