Salvador Torres Morfín
Expediente 249/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Torres Morfín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Entres de julio de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al Juez con un escrito registrado bajo el número 12787, dentro del juicio de amparo 249/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, tres de julio de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de Antonio Morales Bautista, apoderado legal de quejoso SALVADOR TORRES MORFÍN, mediante el cual solicita la devolución de diversos documentos. En atención a su contenido, como lo solicita, previa certificación de desglose que al efecto se genere, devuélvanse los documentos que refiere. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
- Principal
La suscrita Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, CERTIFICA: que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 24 a 29), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del once al quince de junio del año en curso, pues el mismo se le notificó el pasado siete de junio (fojas 30 a 32), descontando los días inhábiles, sin que lo haya hecho. Asimismo, se hace constar que el presente expediente: Se encuentra debidamente foliado, sellado y rubricado. No obran documentos originales pendientes por devolver. Tampoco existe recurso de queja interpuesto por la parte quejosa pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Uruapan, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez con el estado de autos y la certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 249/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 24 a 29), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del once al quince de junio del año en curso, pues el mismo se le notificó el pasado siete de junio (fojas 30 a 32), descontando los días inhábiles, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
- Principal
... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez con un escrito registrado bajo el número 10449, así como con la certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 249/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de Antonio Morales Bautista, apoderado jurídico del quejoso SALVADOR TORRES MORFÍN, carácter que se le reconoce en términos del poder general que al efecto acompaña. En su atención, se le tiene desahogando la prevención formulada en auto de inicio. ACTOS RECLAMADOS Del contenido de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil sobre acción ... 527/2013, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Uruapan, Michoacán, mediante el cual, concede al quejoso SALVADOR TORRES MORFÍN, en cuanto demandado, el plazo de tres días para cumplir voluntariamente con la sentencia dictada en dicho juicio y en consecuencia, entregar el inmueble ubicado en el número 56, de la Calle General Sánchez Tapia, antes número 38, Manzana Segunda, Cuartel Primero, en Aguililla, Michoacán, al actor Jaime Esquivel Torres. El proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictado en dicho expediente en el que al no haber cumplido voluntariamente con la ejecutoria dictada, remite exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en Apatzingán, Michoacán, en turno, a efecto de que en auxilio del Juzgado responsable, acuda al domicilio señalado para que el demandado haga entrega real y material del inmueble motivo de condena y en caso de ser necesario, autoriza el uso de los medios de apremio (fuerza pública y un cerrajero). El acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el exhorto 37/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán, en el que en atención a lo solicitado por la autoridad exhortante, ordena su diligenciación. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone:...En esas condiciones, por lo que ve únicamente a los referidos actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede DESECHAR la demanda de amparo. Por otra parte, por lo que ve al acto reclamado marcado con el número 3, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de los Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución del procedimiento, siendo ésta la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución, a la última resolución, entendida como aquélla que la tiene cumplida en su totalidad o que declara la imposibilidad de dicho cumplimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al sentido de la resolución. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de esta etapa del procedimiento. Ahora, del acuerdo reclamado se advierte que no tiene el carácter de definitivo en el procedimiento de ejecución, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, lo anterior, ya dentro de la etapa de ejecución del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 527/2013, únicamente se ordenó la entrega del inmueble, sin embargo, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, no ha declarado cumplida la sentencia emitida en dicho juicio ni, en su caso, la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la condena. Aunado a que la determinación combatida no fue emitida por la autoridad llevadora del expediente de origen en donde la parte quejosa resultó vencida y en consecuencia se le condenó a la entrega del inmueble, pues el Juez Segundo Civil de Apatzingán, Michoacán, únicamente actúa como autoridad auxiliar a efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Entonces, se concluye que el acuerdo reclamado al juez responsable constituye solamente una determinación intermedia dictada en dicha etapa del procedimiento. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia:...las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 fracción XXIII, este último en relación con los numerales 17, 18 y 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario) de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe. KeniaB.
- Principal
Agréguese el escrito de Antonio Morales Bautista, apoderado jurídico del quejoso SALVADOR TORRES MORFÍN, carácter que se le reconoce en términos del poder general que al efecto acompaña. En su atención, se le tiene desahogando la prevención formulada en auto de inicio. ACTOS RECLAMADOS Del contenido de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. El auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 527/2013, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Uruapan, Michoacán, mediante el cual, concede al quejoso SALVADOR TORRES MORFÍN, en cuanto demandado, el plazo de tres días para cumplir voluntariamente con la sentencia dictada en dicho juicio y en consecuencia, entregar el inmueble ubicado en el número 56, de la Calle General Sánchez Tapia, antes número 38, Manzana Segunda, Cuartel Primero, en Aguililla, Michoacán, al actor Jaime Esquivel Torres. 2. El proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictado en dicho expediente en el que al no haber cumplido voluntariamente con la ejecutoria dictada, remite exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en Apatzingán, Michoacán, en turno, a efecto de que en auxilio del Juzgado responsable, acuda al domicilio señalado para que el demandado haga entrega real y material del inmueble motivo de condena y en caso de ser necesario, autoriza el uso de los medios de apremio (fuerza pública y un cerrajero). 3. El acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el exhorto 37/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán, en el que en atención a lo solicitado por la autoridad exhortante, ordena su diligenciación. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, por lo que ve a los actos reclamados con los números 1 y 2, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó en forma extemporánea. En efecto, de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo debe instarse en el plazo de quince días y se computará a partir del día siguiente al en que: Hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al quejoso el acto reclamado. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable distinto a la notificación del acto reclamado, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que el quejoso se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de este, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Como característica adicional, debe decirse que las notificaciones practicadas se consideran legales, y por tanto, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no alegue su nulidad o ilegalidad. En ese contexto, se concluye que en el caso se actualiza el segundo de los supuestos indicados, el cual, como se indicó, para computar el plazo de quince días para la promoción del juicio, se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "tuvo conocimiento" del acto reclamado. Se afirma lo anterior, ya que del escrito de cuenta, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Del auto emitido el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento el diez de enero de dos mil dieciocho. Por lo que ve al diverso proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. De ahí que, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, según sello de recepción, es evidente que su presentación resulta extemporánea. Es así, ya que el término de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, por lo que ve al primer auto, inició el doce de enero de dos mil dieciocho y concluyó el uno de febrero de dos mil dieciocho, descontando sábados y domingos por ser inhábiles. Y por lo que ve al segundo acto reclamado, el periodo se computó a partir del dos al veinte de abril de dos mil dieciocho, descontando veintiuno de marzo y el periodo comprendido del veintiséis al treinta de marzo de dos mil dieciocho, así como sábados y domingos por ser inhábiles. Máxime, que los actos reclamados en el presente juicio no encuadran en ninguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 22 de la Constitución Federal ; por tanto, la parte quejosa debió presentar su demanda dentro del plazo genérico de quince días... En esas condiciones, por lo que ve únicamente a los referidos actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede DESECHAR la demanda de amparo. Por otra parte, por lo que ve al acto reclamado marcado con el número 3, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción ..., en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de los Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución del procedimiento, siendo ésta la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución, a la última resolución, entendida como aquélla que la tiene cumplida en su totalidad o que declara la imposibilidad de dicho cumplimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al sentido de la resolución. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de esta etapa del procedimiento. Ahora, del acuerdo reclamado se advierte que no tiene el carácter de definitivo en el procedimiento de ejecución, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, lo anterior, ya dentro de la etapa de ejecución del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 527/2013, únicamente se ordenó la entrega del inmueble, sin embargo, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, no ha declarado cumplida la sentencia emitida en dicho juicio ni, en su caso, la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la condena. Aunado a que la determinación combatida no fue emitida por la autoridad llevadora del expediente de origen en donde la parte quejosa resultó vencida y en consecuencia se le condenó a la entrega del inmueble, pues el Juez Segundo Civil de Apatzingán, Michoacán, únicamente actúa como autoridad auxiliar a efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Entonces, se concluye que el acuerdo reclamado al juez responsable constituye solamente una determinación intermedia dictada en dicha etapa del procedimiento. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: ... En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 fracción XXIII, este último en relación con los numerales 17, 18 y 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario) de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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