Salvador Mejía Mora

Expediente 197/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
197/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Salvador Mejía Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuenta. En veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en autos, transcurrió del once al veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificado por lista el nueve de mayo del año en curso; con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado procesal, dentro del juicio de amparo indirecto 197/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Ejecutoria. Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con treinta y siete minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Abel Jonapá García, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 197/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acordes al Acuerdo General 37/2020.Posteriormente, da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al Juez con que ninguna de las partes oferto medio de convicción alguno. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido su derecho a ofrecer y desahogar medios de convicción. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el secretario hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional formuló pedimento ministerial; mientras que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la representante social emitiendo pedimento ministerial; y al resto de las partes precluido su derecho de expresar alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 197/2022, promovido por Salvador Mejía Mora, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo (fojas 3 a 7), con residencia en Uruapan, Salvador Mejía Mora, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como tales: En su carácter de autoridades RESPONSABLES ORDENADORAS. Alguno de los Jueces de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Alguno de los Jueces de Control de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Alguno de los Jueces de Control de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Y, en su carácter de Autoridades RESPONSABLES EJECUTORAS: I.- Delegado Regional de Uruapan, de la Fiscalía General de la República, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo. II.- Delegado Regional que integra la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan. III.- Suboficial de la Policía Federal Ministerial adscrito a la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan. IV.- Delegado Estatal, de la Fiscalía General de la República, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. V.- Delegado Regional de Apatzingán, de la Fiscalía General de la República. VI.- Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. ACTO RECLAMADO.- LA ORDEN DE APREHENSIÓN, dictada en mi contra por alguna de las autoridades señaladas como ordenadoras y su ejecución por parte de las demás autoridades señaladas como ejecutoras." El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El cinco de abril de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa data (fojas 8 a 13), se registró con número de expediente 197/2022; se admitió a trámite; se solicitaron los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que compete al Fiscal de la adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. TERCERO.- INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Por acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós (foja 31), vista la razón actuarial de esa misma data, de la que se desprendía la imposibilidad de entregar los oficios 6122/2022 y 6126/2022, dirigidos a las autoridades responsables: Delegado Regional de Uruapan, de la Fiscalía General de la República y Delegado Regional de Apatzingán, de la Fiscalía General de la República. Lo anterior, en virtud de que el actuario adscrito a este órgano de control constitucional, asentó que, al comunicarse a los números de teléfono 452 523 31 34 y 453 534 17 56, correspondientes a las agencias orientadoras de Uruapan y Apatzingán, Michoacán de Ocampo, así como al diverso número 443 322 59 01, perteneciente a la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, le manifestaron que no podían recibir los citados oficios, en virtud de que en la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República, no contempla dichas figuras en Uruapan y Apatzingán, por lo que no existen. En esas condiciones, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de las referidas autoridades. En proveído de diecinueve de abril dos mil veintidós (foja 63), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de abril del año en curso y se tuvo a las autoridades responsables: Delegado Regional de Uruapan, de la Fiscalía General de la República y Delegado Regional de Apatzingán, de la Fiscalía General de la República, como inexistentes y se ordenó suspender toda comunicación con ellas, toda vez que la parte quejosa no manifestó nada, respecto a la inexistencia de las mismas. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, ya que su inexistencia fue determinada en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ellas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Finalmente, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción II, y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución, donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: De las autoridades responsables: Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Subdelegado de Procedimientos Penales "C", de la Fiscalía General de la República, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. Juez de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Encargado de la Policía Federal Ministerial de la Subsede de Uruapan, Michoacán de Ocampo. La Orden de Aprehensión, dictada en contra del aquí quejoso por alguna de las autoridades señaladas como ordenadoras y su ejecución por parte de las demás autoridades señaladas como ejecutoras. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. El quejoso reclama de las citadas autoridades responsables, orden de aprehensión y su ejecución, dictada en su contra. Al respecto, las autoridades responsables: Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Subdelegado de Procedimientos Penales "C", de la Fiscalía General de la República, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. Juez de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Encargado de la Policía Federal Ministerial de la Subsede de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Al rendir su informe justificado (fojas 34 a 37, 38, 39, 40, 41 a 42, 52, 53, 57, y 58, respectivamente), negaron los actos que de ellas reclama el quejoso. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales la citada autoridad al rendir su informe justificado negó su existencia, correspondía al quejoso acreditarlos, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa. Dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción alguno del que se desprenda que efectivamente se haya girado alguna orden de aprehensión, ya que no ofreció ni desahogo medio de convicción alguno. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, argumentando que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de la autoridad no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." ALEGATOS No pasan inadvertidos los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Es ilustrativa, la jurisprudencia, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Salvador Mejía Mora, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el correlativo tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Cuenta. En veinte de abril de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con dos oficios, mismos que se registraron con los folios 4975 y 5029, dentro del juicio de amparo indirecto 197/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el oficio de la Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado; en su atención, téngasele formulando alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Solo como constancia. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, con el cual sobrecarta los diversos oficios del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo; sin embargo, los mismos se tienen únicamente para que obren como corresponde, toda vez que la información a la que hacen referencia fue recibida y acordada en auto de dieciocho de abril del año en curso, en el juicio principal, así como en el incidente de suspensión que deriva del asunto en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.

  4. Principal

    Cuenta. En dieciocho de abril de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con tres oficios mismos que se registraron con los folios 4792, 4796 y 4810, dentro del juicio de amparo indirecto 197/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las siguientes autoridades rindiendo INFORME JUSTIFICADO. Juez de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Encargado de la Policía Federal Ministerial de la Subsede de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Con lo que se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes. Correo electrónico. Se tiene al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, proporcionando el correo electrónico que indica; por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.

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