Salvador Santos Sierra
Expediente 1291/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Salvador Santos Sierra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
MESA I B De autos se advierte que se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio constitucional, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Sin que obste para arribar a lo anterior la falta de constancia que acredite que las autoridades responsables Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Director General de Atención a autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residentes en México, Distrito Federal, hayan quedado notificadas de la resolución dictada en este juicio de garantías, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, las responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión cuando afecten directamente el acto que de ellas se hubiera reclamado, y en el caso, esto no ocurre, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la Administración Local de Recaudación de Oaxaca, Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, la copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente a nombre del aquí quejoso SALVADOR SANTOS SIERRA, relativo al crédito fiscal H 550816 de su índice, que remitió como justificación de su informe (tomo I); asimismo, devuélvase al quejoso SALVADOR SANTOS SIERRA, copia simple de la sentencia de siete de enero de dos mil quince, dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente 1490/2014, que remitió con su escrito de veinte de enero de dos mil quince (tomo II) y al Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, la copia certificada de la sentencia de siete de enero de dos mil quince, dictada en el expediente 1490/2013-15-01-6 (tomo III).
- Principal
MESA I B Agréguese a los autos el oficio 11752 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en esta ciudad, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, tres tomos correspondientes a los cuadernos de prueba del mismo, y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 214/2015; al respecto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren a partir de la interposición del citado recurso. Ahora, de la ejecutoria de mérito se advierte que el Tribunal de Alzada al resolver el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veinticuatro de febrero de dos mil quince, determinó procedente revocar la sentencia sujeta a revisión y ordenar la reposición del procedimiento del juicio de amparo para el efecto siguiente: ".que el Juez Primero de Distrito en el Estado deje sin efecto el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil quince en el que admitió como prueba superveniente la copia certificada de la sentencia dictada el siete de enero de dos mil quince, por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente número 1490/2013-15-01-6; y hecho que esto sea, con plenitud de jurisdicción, dicte la sentencia que legalmente proceda." En tal virtud, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada en la ejecutoria citada, se deja sin efecto el acuerdo dictado el diecinueve de febrero de dos mil quince (en el que admitió como prueba superveniente la copia certificada de la sentencia dictada el siete de enero de dos mil quince, por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente número 1490/2013-15-01-6 -foja 126-) y, con plenitud de jurisdicción, se procede a dictar la sentencia correspondiente; sin que se estime necesario señalar nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, en virtud de que la misma se desahogó a las nueve horas del diecinueve de noviembre de dos mil catorce (fojas 116 y 117), esto es, con anterioridad al acuerdo que el Tribunal Colegiado ordena dejar sin efecto. VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1291/2014, promovido por Salvador Santos Sierra, contra actos del Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, y Resultando PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito, Salvador Santos Sierra, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades siguientes: ".Del ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN DE OAXACA, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, se reclama la emisión de la orden verbal o escrito del ilegal bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo y/o aseguramiento realizado sobre las cuentas bancarias: I.- Número de Cuenta: 4056898513, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con CLABE 021628040568985130, Contrato que se anexa en su carácter de Original. II.- Número de Cuenta: 4056898380, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con CLABE 021628040568983802, Contrato que se anexa en su carácter de Original. En su carácter de ejecutora de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, del DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y del DIRECTOR DE ATENCIÓN ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES ADSCRITA LA (sic) COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se reclama la ejecución de la orden verbal o escrita del ilegal bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo y/o aseguramiento realizado sobre las cuentas bancarias: I.- Número de Cuenta: 4056898513, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con CLABE 021628040568985130, Contrato que se anexa en su carácter de Original. II.- Número de Cuenta: 4056898380, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con CLABE 021628040568983802, Contrato que se anexa en su carácter de Original." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil catorce (fojas 49 a 51), se admitió a trámite la demanda, se registró con el número de expediente 1291/2014, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se dio vista al Representante Social de la adscripción, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, misma que previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; al reclamarse actos imputados a autoridades administrativas, cuya ejecución se realizó en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Así, del análisis integral de la demanda y constancias de autos, se deduce que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Del Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad: a) La orden verbal o escrita de bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo o aseguramiento de las cuentas bancarias: Número de Cuenta: 4056898513, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, CLABE 021628040568985130, y Número de Cuenta: 4056898380, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, CABLE 021628040568983802. 2. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Director de Atención Adjunta de Atención a Autoridades adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residentes en México, Distrito Federal: a) La ejecución de la orden verbal o escrita de bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo o aseguramiento realizado sobre las citadas cuentas bancarias. TERCERO. Inexistencia de autoridad responsable. Como se hizo notar en la audiencia que antecede, no se hará pronunciamiento alguno respecto al acto atribuido al Director de Atención Adjunta de Atención a Autoridades adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en México, Distrito Federal, en virtud de su inexistencia (fojas 116 y 117) . CUARTO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto; y en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de garantías sea procedente. En este contexto, debe decirse que la Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al rendir su informe justificado por sí y en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ambas con sede en México, Distrito Federal (fojas 55 a 58), negó la existencia del acto que se les atribuye, sin que el quejoso hubiere ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por consiguiente, ante la negativa no desvirtuada del acto reclamado a las autoridades citadas, en términos de lo que previene el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de tales autoridades y por el acto en mención. Por otra parte, al rendir informe justificado la Administración Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de la Administradora Local Jurídica (fojas 61 a 75), aceptó el acto que se le atribuye y agregó que ello es así toda vez que mediante oficio 400-63-00-03-04-2014-07065 de veintiséis de agosto de dos mil catorce, se solicitó a la institución bancaria HSBC MÉXICO, la inmovilización de depósitos existentes en las cuentas a nombre del quejoso, solicitud que deriva del procedimiento previsto en el artículo 156 bis del Código Fiscal de la Federación; certeza que se corrobora con la copia certificada de las diversas constancias que obran en el expediente a nombre del aquí quejoso Salvador Santos Sierra, relativo al crédito fiscal H-550816 de su índice, que fue remitida por la citada autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, con la cual por auto de dieciséis de octubre de dos mil catorce se ordenó formar el cuaderno de pruebas correspondiente (fojas 76 y 77), documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia de la demanda. Previo el estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra el acto cuya existencia ha quedado determinada se actualiza alguna causal de improcedencia, ya sea que la hayan invocado las partes, o bien, oficiosamente sea advertida por el suscrito juzgador, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, a consecuencia de lo decidido en el amparo en revisión 214/2015, lo cual genera no poder considerar constancia alguna distinta a las que obran en el expediente hasta el cierre del periodo probatorio de la audiencia constitucional, el suscrito juzgador de oficio estima que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Ahora, a fin de corroborar la actualización de la causal de improcedencia invocada conviene destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado: I. El dieciséis de abril de dos mil trece, la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoria Superior de la Federación, al emitir resolución en el procedimiento número DGRRFEM/C/03/2012/07/064, estableció lo siguiente (fojas 1 a 82 del cuaderno de pruebas): "(.) SEGUNDO.- Los CC. SALVADOR SANTOS SIERRA, SERGIO GARZA GARCÍA, DIONICIO PARRA VALIS y JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, acreditaron parcialmente sus defensas, por un importe de $10,741,491.96 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) de la cantidad de $16,289,978.77 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.) que fue considerada en un principio como irregular, ya que del análisis de las constancias que obran en el expediente que se resuelve se acreditó el debido ejercicio de los recursos del "Fondo para la infraestructura Social Municipal", por el Ejercicio Fiscal de 2007.- - - TERCERO.- Los CC. SALVADOR SANTOS SIERRA, SERGIO GARZA GARCÍA, DIONICIO PARRA VALIS y JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, no lograron desvirtuar la totalidad de la irregularidad que les fue imputada, durante el desempeño de sus cargos públicos como Presidente Municipal, Síndico Primero, Síndico Segundo, Tesorero, y Director Obras Públicas y Urbanización, todos del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, en el Estado de Oaxaca, por lo que resultan responsables solidarios del daño causado al Estado en su Hacienda Pública Federal, por el importe de la responsabilidad resarcitoria y del pliego definitivo de responsabilidades por la cantidad de $5,548,486.70 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.), que deberán cubrir de manera solidaria de la siguiente forma: los CC. SALVADOR SANTOS SIERRA, NICOLÁS ESTRADA MERINO, SERGIO GARZA GARCÍA y DIONICIO PARRA VALIS, la cantidad de $3'587,100.10 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS 10/100 M.N.), y asimismo, los CC. SALVADOR SANTOS SIERRA, NICOLÁS ESTRADA MERINO, SERGIO GARZA GARCÍA, DIONICIO PARRA VALIS y JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, la cantidad de $1,961,386.60 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), ya que durante el periodo en el desempeño de sus cargos públicos no ejercieron debidamente el monto citado, ya que pagaron 9 obras con recursos del "Fondo para la Infraestructura Social Municipal", del Ejercicio Fiscal 2007, que no beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, de las cuales 2 fueron ejecutadas por el C. JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, en términos de lo expresado en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO, de esta resolución." II. La determinación anterior le fue notificada al ahora quejoso el treinta de abril de dos mil trece (fojas 84 a 87 ibídem). III. Por mandamiento de ejecución de veintiocho de junio de dos mil trece, la Administración Local de Recaudación de Oaxaca, con sede en esta ciudad, refirió que con relación al impago al crédito fiscal H-550816, determinado al ahora quejoso Salvador Santos Sierra el dieciséis de abril de dos mil trece, mediante documento determinante PDR056/13, por la Auditoria Superior de la Federación, notificado el treinta de abril de dos mil trece; se procedería a realizar el cobro coactivo del citado crédito, apercibiéndolo para el caso de continuar con el incumplimiento aludido, se le embargarían bienes suficientes en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación (fojas 88 y 89 ibídem). IV. El diecisiete de julio de dos mil trece, el notificador ejecutor realizó la aludida diligencia en el domicilio del ahora quejoso (fojas 92 y 93 ibídem), y en virtud de que no se obtuvo el pago del crédito fiscal en comento, y que en el domicilio donde practicó la diligencia no existían bienes que garantizaran el crédito fiscal suspendió la diligencia en cuestión. V. Posteriormente, el veintitrés de abril de dos mil catorce, el notificador ejecutor realizó embargo en un bien inmueble señalado por el propio quejoso (fojas 100 a 103 ibídem). VI. Mediante oficio 400-63-00-03-04-2014-07065 de veintiséis de agosto de dos mil catorce, girado al Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Oaxaca, al establecer que el crédito fiscal fincado al quejoso no se encontraba debidamente garantizado al ubicarse en el supuesto: "d).-Cuando se hubiere realizado el embargo de bienes cuyo valor sea insuficiente para satisfacer el interés fiscal o se desconozca el valor de éstos", procedió a ejercer el procedimiento de inmovilización previsto en el artículo 156 Bis del Código Fiscal de la Federación, por lo que solicitó la inmovilización hasta por la cantidad de cinco millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos dieciocho pesos, de todos los depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que hubiere en cualquier tipo de cuenta, a nombre del quejoso Salvador Santos Sierra (fojas 104 a 107 ibídem). Determinación que en esta instancia constituye el acto reclamado. De lo anterior se advierte que la inmovilización de las cuentas bancarias números 4056898513, CLABE 021628040568985130 y 4056898380 CABLE 021628040568983802, aperturadas en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a nombre del quejoso Salvador Santos Sierra, se realizó con motivo del procedimiento de inmovilización previsto en el artículo 156 Bis del Código Fiscal de la Federación, para garantizar el crédito fiscal H-550816 fincado contra el quejoso, por la multa que se le impuso en la resolución de dieciséis de abril de dos mil trece, en el procedimiento número DGRRFEM/C/03/2012/07/064, por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoria Superior de la Federación; por tanto, corresponde a una modalidad del procedimiento administrativo de ejecución, y carece de definitividad para los efectos del amparo, toda vez que en su contra procede recurso de revocación, o bien, juicio contencioso administrativo. En efecto, el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación, y el artículo 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa, pues dispone lo siguiente: "Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: "I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley, o determinen en valor de los bienes embargados. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código. d) (DEROGADO D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 213." El precepto legal transcrito prevé la regla general de procedencia del recurso de revocación, estableciendo supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que en el segundo se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley, o determinen el valor de los bienes embargados. Por otro lado, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación, en los siguientes términos: "N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996) Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. (ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. Del precepto legal transcrito se desprende que el recurso de revocación debe presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala; asimismo, que el escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Como se advierte del contenido de los numerales invocados, los actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que estos no se han ajustado a la ley, incluida la inmovilización de cuentas bancarias, son actos susceptibles de ser impugnados a través del recurso de revocación, en los términos y plazos que ya han quedado precisados. En tales términos, contra los actos emitidos en el procedimiento administrativo de ejecución y la determinación de la autoridad administrativa de inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual, puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en virtud de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. El tenor de dicho numeral es el siguiente: "Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente." De lo anterior se sigue que el medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El tenor del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la reforma de 10 de diciembre de 2010, es el siguiente: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado instructor. c) El Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Del numeral transcrito, se advierte que la parte quejosa también tiene la posibilidad de obtener la suspensión de los actos impugnados, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, esto es, que la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte, así también el actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda o en cualquier momento mientras se encuentra en trámite el procedimiento administrativo y antes de dictar sentencia definitiva, la que se concederá a más tardar dentro del siguiente día hábil a su presentación, haciéndose saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento; asimismo, la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. En mérito de lo expuesto se advierte que el afectado con los actos emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, incluida la inmovilización de cuentas bancarias, puede encontrar reparabilidad de los mismos, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. En ese contexto, se demuestra que la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de defensa legal por el cual los actos reclamados pueden ser revocados, modificados o nulificados, e incluso obtener la suspensión de los mismos y al no haberlo hecho así, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que resulta improcedente el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguientes: INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. Así como, la jurisprudencia 2a./J. 109/2005 emitida por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD. Conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, la interposición del recurso de revocación en contra de los actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución es optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, de la interpretación armónica del citado precepto con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b), 127 del Código Fiscal de la Federación y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que los actos a que se refiere el aludido procedimiento pueden impugnarse válidamente a través del recurso de revocación o, en su caso, mediante el juicio de nulidad ante dicho Tribunal, dado que no se encuentran regidos por el principio de definitividad, sino por el contrario, la fracción II, inciso b) antes citada, expresamente otorga al contribuyente tal beneficio; de ahí que los actos que vayan suscitándose durante la tramitación del procedimiento de referencia podrán impugnarse a través del juicio de nulidad ante el Tribunal mencionado cuando se considere que no están ajustados a la ley. En tales condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, por el precisado acto reclamado al Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, de conformidad con lo establecido por el diverso numeral 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. En tal virtud resulta innecesario analizar si en la especie se surte o no la diversa causal de improcedencia que hace valer la citada autoridad responsable, pues de cualquier forma el sentido de la sentencia sería el mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y contenidos son: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, por las razones expuestas, no es procedente analizar los conceptos de violación expuestos por el peticionario del amparo, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dispone: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Salvador Santos Sierra, contra los actos reclamados al Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ambas residentes en México, Distrito Federal, en los términos expuestos en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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NOTIFICACION POR LISTA MESA I B Agréguese a los autos el oficio 11752 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en esta ciudad, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, tres tomos correspondientes a los cuadernos de prueba del mismo, y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 214/2015; al respecto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren a partir de la interposición del citado recurso. Ahora, de la ejecutoria de mérito se advierte que el Tribunal de Alzada al resolver el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veinticuatro de febrero de dos mil quince, determinó procedente revocar la sentencia sujeta a revisión y ordenar la reposición del procedimiento del juicio de amparo para el efecto siguiente: ".que el Juez Primero de Distrito en el Estado deje sin efecto el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil quince en el que admitió como prueba superveniente la copia certificada de la sentencia dictada el siete de enero de dos mil quince, por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente número 1490/2013-15-01-6; y hecho que esto sea, con plenitud de jurisdicción, dicte la sentencia que legalmente proceda." En tal virtud, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada en la ejecutoria citada, se deja sin efecto el acuerdo dictado el diecinueve de febrero de dos mil quince (en el que admitió como prueba superveniente la copia certificada de la sentencia dictada el siete de enero de dos mil quince, por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente número 1490/2013-15-01-6 -foja 126-) y, con plenitud de jurisdicción, se procede a dictar la sentencia correspondiente; sin que se estime necesario señalar nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, en virtud de que la misma se desahogó a las nueve horas del diecinueve de noviembre de dos mil catorce (fojas 116 y 117), esto es, con anterioridad al acuerdo que el Tribunal Colegiado ordena dejar sin efecto. VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1291/2014, promovido por Salvador Santos Sierra, contra actos del Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, y Resultando PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito, Salvador Santos Sierra, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades siguientes: ".Del ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN DE OAXACA, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, se reclama la emisión de la orden verbal o escrito del ilegal bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo y/o aseguramiento realizado sobre las cuentas bancarias: I.- Número de Cuenta: 4056898513, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con CLABE 021628040568985130, Contrato que se anexa en su carácter de Original. II.- Número de Cuenta: 4056898380, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con CLABE 021628040568983802, Contrato que se anexa en su carácter de Original. En su carácter de ejecutora de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, del DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y del DIRECTOR DE ATENCIÓN ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES ADSCRITA LA (sic) COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se reclama la ejecución de la orden verbal o escrita del ilegal bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo y/o aseguramiento realizado sobre las cuentas bancarias: I.- Número de Cuenta: 4056898513, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con CLABE 021628040568985130, Contrato que se anexa en su carácter de Original. II.- Número de Cuenta: 4056898380, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con CLABE 021628040568983802, Contrato que se anexa en su carácter de Original." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil catorce (fojas 49 a 51), se admitió a trámite la demanda, se registró con el número de expediente 1291/2014, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se dio vista al Representante Social de la adscripción, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, misma que previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; al reclamarse actos imputados a autoridades administrativas, cuya ejecución se realizó en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Así, del análisis integral de la demanda y constancias de autos, se deduce que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Del Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad: a) La orden verbal o escrita de bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo o aseguramiento de las cuentas bancarias: Número de Cuenta: 4056898513, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, CLABE 021628040568985130, y Número de Cuenta: 4056898380, aperturada en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, CABLE 021628040568983802. 2. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Director de Atención Adjunta de Atención a Autoridades adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residentes en México, Distrito Federal: a) La ejecución de la orden verbal o escrita de bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo o aseguramiento realizado sobre las citadas cuentas bancarias. TERCERO. Inexistencia de autoridad responsable. Como se hizo notar en la audiencia que antecede, no se hará pronunciamiento alguno respecto al acto atribuido al Director de Atención Adjunta de Atención a Autoridades adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en México, Distrito Federal, en virtud de su inexistencia (fojas 116 y 117) . CUARTO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto; y en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de garantías sea procedente. En este contexto, debe decirse que la Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al rendir su informe justificado por sí y en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ambas con sede en México, Distrito Federal (fojas 55 a 58), negó la existencia del acto que se les atribuye, sin que el quejoso hubiere ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por consiguiente, ante la negativa no desvirtuada del acto reclamado a las autoridades citadas, en términos de lo que previene el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de tales autoridades y por el acto en mención. Por otra parte, al rendir informe justificado la Administración Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de la Administradora Local Jurídica (fojas 61 a 75), aceptó el acto que se le atribuye y agregó que ello es así toda vez que mediante oficio 400-63-00-03-04-2014-07065 de veintiséis de agosto de dos mil catorce, se solicitó a la institución bancaria HSBC MÉXICO, la inmovilización de depósitos existentes en las cuentas a nombre del quejoso, solicitud que deriva del procedimiento previsto en el artículo 156 bis del Código Fiscal de la Federación; certeza que se corrobora con la copia certificada de las diversas constancias que obran en el expediente a nombre del aquí quejoso Salvador Santos Sierra, relativo al crédito fiscal H-550816 de su índice, que fue remitida por la citada autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, con la cual por auto de dieciséis de octubre de dos mil catorce se ordenó formar el cuaderno de pruebas correspondiente (fojas 76 y 77), documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia de la demanda. Previo el estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra el acto cuya existencia ha quedado determinada se actualiza alguna causal de improcedencia, ya sea que la hayan invocado las partes, o bien, oficiosamente sea advertida por el suscrito juzgador, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, a consecuencia de lo decidido en el amparo en revisión 214/2015, lo cual genera no poder considerar constancia alguna distinta a las que obran en el expediente hasta el cierre del periodo probatorio de la audiencia constitucional, el suscrito juzgador de oficio estima que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Ahora, a fin de corroborar la actualización de la causal de improcedencia invocada conviene destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado: I. El dieciséis de abril de dos mil trece, la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoria Superior de la Federación, al emitir resolución en el procedimiento número DGRRFEM/C/03/2012/07/064, estableció lo siguiente (fojas 1 a 82 del cuaderno de pruebas): "(.) SEGUNDO.- Los CC. SALVADOR SANTOS SIERRA, SERGIO GARZA GARCÍA, DIONICIO PARRA VALIS y JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, acreditaron parcialmente sus defensas, por un importe de $10,741,491.96 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) de la cantidad de $16,289,978.77 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.) que fue considerada en un principio como irregular, ya que del análisis de las constancias que obran en el expediente que se resuelve se acreditó el debido ejercicio de los recursos del "Fondo para la infraestructura Social Municipal", por el Ejercicio Fiscal de 2007.- - - TERCERO.- Los CC. SALVADOR SANTOS SIERRA, SERGIO GARZA GARCÍA, DIONICIO PARRA VALIS y JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, no lograron desvirtuar la totalidad de la irregularidad que les fue imputada, durante el desempeño de sus cargos públicos como Presidente Municipal, Síndico Primero, Síndico Segundo, Tesorero, y Director Obras Públicas y Urbanización, todos del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, en el Estado de Oaxaca, por lo que resultan responsables solidarios del daño causado al Estado en su Hacienda Pública Federal, por el importe de la responsabilidad resarcitoria y del pliego definitivo de responsabilidades por la cantidad de $5,548,486.70 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.), que deberán cubrir de manera solidaria de la siguiente forma: los CC. SALVADOR SANTOS SIERRA, NICOLÁS ESTRADA MERINO, SERGIO GARZA GARCÍA y DIONICIO PARRA VALIS, la cantidad de $3'587,100.10 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS 10/100 M.N.), y asimismo, los CC. SALVADOR SANTOS SIERRA, NICOLÁS ESTRADA MERINO, SERGIO GARZA GARCÍA, DIONICIO PARRA VALIS y JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, la cantidad de $1,961,386.60 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), ya que durante el periodo en el desempeño de sus cargos públicos no ejercieron debidamente el monto citado, ya que pagaron 9 obras con recursos del "Fondo para la Infraestructura Social Municipal", del Ejercicio Fiscal 2007, que no beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, de las cuales 2 fueron ejecutadas por el C. JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, en términos de lo expresado en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO, de esta resolución." II. La determinación anterior le fue notificada al ahora quejoso el treinta de abril de dos mil trece (fojas 84 a 87 ibídem). III. Por mandamiento de ejecución de veintiocho de junio de dos mil trece, la Administración Local de Recaudación de Oaxaca, con sede en esta ciudad, refirió que con relación al impago al crédito fiscal H-550816, determinado al ahora quejoso Salvador Santos Sierra el dieciséis de abril de dos mil trece, mediante documento determinante PDR056/13, por la Auditoria Superior de la Federación, notificado el treinta de abril de dos mil trece; se procedería a realizar el cobro coactivo del citado crédito, apercibiéndolo para el caso de continuar con el incumplimiento aludido, se le embargarían bienes suficientes en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación (fojas 88 y 89 ibídem). IV. El diecisiete de julio de dos mil trece, el notificador ejecutor realizó la aludida diligencia en el domicilio del ahora quejoso (fojas 92 y 93 ibídem), y en virtud de que no se obtuvo el pago del crédito fiscal en comento, y que en el domicilio donde practicó la diligencia no existían bienes que garantizaran el crédito fiscal suspendió la diligencia en cuestión. V. Posteriormente, el veintitrés de abril de dos mil catorce, el notificador ejecutor realizó embargo en un bien inmueble señalado por el propio quejoso (fojas 100 a 103 ibídem). VI. Mediante oficio 400-63-00-03-04-2014-07065 de veintiséis de agosto de dos mil catorce, girado al Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Oaxaca, al establecer que el crédito fiscal fincado al quejoso no se encontraba debidamente garantizado al ubicarse en el supuesto: "d).-Cuando se hubiere realizado el embargo de bienes cuyo valor sea insuficiente para satisfacer el interés fiscal o se desconozca el valor de éstos", procedió a ejercer el procedimiento de inmovilización previsto en el artículo 156 Bis del Código Fiscal de la Federación, por lo que solicitó la inmovilización hasta por la cantidad de cinco millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos dieciocho pesos, de todos los depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que hubiere en cualquier tipo de cuenta, a nombre del quejoso Salvador Santos Sierra (fojas 104 a 107 ibídem). Determinación que en esta instancia constituye el acto reclamado. De lo anterior se advierte que la inmovilización de las cuentas bancarias números 4056898513, CLABE 021628040568985130 y 4056898380 CABLE 021628040568983802, aperturadas en la Sucursal 0833 de la Institución Bancaria HSBC en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a nombre del quejoso Salvador Santos Sierra, se realizó con motivo del procedimiento de inmovilización previsto en el artículo 156 Bis del Código Fiscal de la Federación, para garantizar el crédito fiscal H-550816 fincado contra el quejoso, por la multa que se le impuso en la resolución de dieciséis de abril de dos mil trece, en el procedimiento número DGRRFEM/C/03/2012/07/064, por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoria Superior de la Federación; por tanto, corresponde a una modalidad del procedimiento administrativo de ejecución, y carece de definitividad para los efectos del amparo, toda vez que en su contra procede recurso de revocación, o bien, juicio contencioso administrativo. En efecto, el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación, y el artículo 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa, pues dispone lo siguiente: "Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: "I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley, o determinen en valor de los bienes embargados. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código. d) (DEROGADO D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 213." El precepto legal transcrito prevé la regla general de procedencia del recurso de revocación, estableciendo supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que en el segundo se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley, o determinen el valor de los bienes embargados. Por otro lado, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación, en los siguientes términos: "N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996) Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. (ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. Del precepto legal transcrito se desprende que el recurso de revocación debe presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala; asimismo, que el escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Como se advierte del contenido de los numerales invocados, los actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que estos no se han ajustado a la ley, incluida la inmovilización de cuentas bancarias, son actos susceptibles de ser impugnados a través del recurso de revocación, en los términos y plazos que ya han quedado precisados. En tales términos, contra los actos emitidos en el procedimiento administrativo de ejecución y la determinación de la autoridad administrativa de inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual, puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en virtud de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. El tenor de dicho numeral es el siguiente: "Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente." De lo anterior se sigue que el medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El tenor del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la reforma de 10 de diciembre de 2010, es el siguiente: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado instructor. c) El Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Del numeral transcrito, se advierte que la parte quejosa también tiene la posibilidad de obtener la suspensión de los actos impugnados, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, esto es, que la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte, así también el actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda o en cualquier momento mientras se encuentra en trámite el procedimiento administrativo y antes de dictar sentencia definitiva, la que se concederá a más tardar dentro del siguiente día hábil a su presentación, haciéndose saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento; asimismo, la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. En mérito de lo expuesto se advierte que el afectado con los actos emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, incluida la inmovilización de cuentas bancarias, puede encontrar reparabilidad de los mismos, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. En ese contexto, se demuestra que la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de defensa legal por el cual los actos reclamados pueden ser revocados, modificados o nulificados, e incluso obtener la suspensión de los mismos y al no haberlo hecho así, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que resulta improcedente el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguientes: INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. Así como, la jurisprudencia 2a./J. 109/2005 emitida por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD. Conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, la interposición del recurso de revocación en contra de los actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución es optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, de la interpretación armónica del citado precepto con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b), 127 del Código Fiscal de la Federación y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que los actos a que se refiere el aludido procedimiento pueden impugnarse válidamente a través del recurso de revocación o, en su caso, mediante el juicio de nulidad ante dicho Tribunal, dado que no se encuentran regidos por el principio de definitividad, sino por el contrario, la fracción II, inciso b) antes citada, expresamente otorga al contribuyente tal beneficio; de ahí que los actos que vayan suscitándose durante la tramitación del procedimiento de referencia podrán impugnarse a través del juicio de nulidad ante el Tribunal mencionado cuando se considere que no están ajustados a la ley. En tales condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, por el precisado acto reclamado al Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, de conformidad con lo establecido por el diverso numeral 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. En tal virtud resulta innecesario analizar si en la especie se surte o no la diversa causal de improcedencia que hace valer la citada autoridad responsable, pues de cualquier forma el sentido de la sentencia sería el mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y contenidos son: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, por las razones expuestas, no es procedente analizar los conceptos de violación expuestos por el peticionario del amparo, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dispone: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Salvador Santos Sierra, contra los actos reclamados al Administrador Local de Recaudación de Oaxaca del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ambas residentes en México, Distrito Federal, en los términos expuestos en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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