Salvador Pérez Pérez
Expediente 1438/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1438/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Salvador Pérez Pérez
Actuaciones
- Principal
MESA III B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por SALVADOR PÉREZ PÉREZ; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III B Vista la demanda de amparo signada por SALVADOR PÉREZ PÉREZ, contra actos del Secretario General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1438/2015. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso SALVADOR PÉREZ PÉREZ, reclama de las autoridades responsables: 1) Del Secretario General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la orden dada por escrito en el expediente 1401/2014 de Procedimientos Paraprocesales, al Actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que se constituyera en su domicilio para notificarle en forma personal el aviso de rescisión de la relación de trabajo. 2) Del Actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado, llevador del expediente 1401/2014 de Procedimientos Paraprocesales, el cumplimiento de la referida orden. 2.1 Sin que se haya entendido personalmente la diligencia con el ahora quejoso o vecino o persona de su confianza. 2.2 La falta de notificación en forma personal en el domicilio del quejoso del aviso de rescisión de la relación de trabajo. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado se aprecia lo siguiente: 1.- El suscrito labore hasta antes de ser despedido injustificadamente con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, para la empresa Transportes Carrera Hernández, S. A. de C. V., con domicilio en la calle Prolongación Francisco I. Madero 1811, Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistiendo mis labores en conducir y trasladar mensajería, mudanzas, carga en general, envíos, envíos en papaquetería México-Oaxaca y Transportes desde Oaxaca a México. 2.- Al ser despedido de manera injustificada, me vi en la necesidad de demandar a dicha empresa las prestaciones que por ley me corresponden, radicándose mi expediente con el 4/2015 (1), del índice de la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 3.- De esta forma se continuo el trámite del juicio laboral citado, sin embargo con fecha cuatro de septiembre de dos de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente con el número 4/2015 (1), del índice de la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en donde comparecieron mis apoderados legales, quienes me informaron que tuvieron conocimiento que el apoderado legal de la empresa demandada ofreció como prueba la de INSPECCIÓN OCULAR, en el Procedimiento Paraprocesal 1401/2014, mismo que se encuentra en la Sección de la Secretaría General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde se promovió procedimiento paraprocesal por parte de la persona moral "Transportes Carrera Hernández, S. A. de C. V., en contra del suscrito, solicitando se me notifique el aviso de terminación de relación laboral, y que dicho aviso supuestamente ya me fue notificado, ignorando dicha situación, pues nunca he recibido ningún aviso de rescisión de la relación de trabajo en su domicilio [acto reclamado]. Ahora bien, contra el acto antes precisado, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, en relación con la fracción VIII, del primer ordenamiento citado: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Del contenido de los dos últimos artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación y que tienen la característica de actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, el acto reclamado consiste en: El Procedimiento Paraprocesal 1401/2014, mismo que se encuentra en la Sección de la Secretaría General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, promovido por parte de la persona moral "Transportes Carrera Hernández, S. A. de C. V., en contra del quejoso, solicitando se le notifique el aviso de terminación de relación laboral, y que dicho aviso supuestamente ya le fue notificado, ignorando dicha situación, pues nunca ha recibido ningún aviso de rescisión de la relación de trabajo en su domicilio, el cual fue ofrecido como prueba de inspección ocular, en el expediente número 4/2015 (1), del índice de la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, este juzgador estima que en la especie, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la determinación de la Junta responsable; en modo alguno puede ser considerada como acto de imposible reparación susceptible de reclamación destacada en un juicio de amparo indirecto, puesto que con el procedimiento paraprocesal reclamado no se afecta materialmente un derecho sustantivo de la parte quejosa conforme a los lineamientos antes expuestos. En efecto, el acto reclamado constituye un acto procesal, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicho procedimiento reclamado no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo la ley de la materia, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto que al ser ofrecido como prueba de inspección ocular, en el expediente número 4/2015 (1), del índice de la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga resolución favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Es el caso referir que el artículo 107 constitucional establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno, en virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que la resolución que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la parte quejosa, ésta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad además, con los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, en relación con la VIII, del primer ordenamiento citado, toda vez que el acto aquí reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa; motivo por el que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
II A Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio 238/SM/2015 suscrito por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que mediante oficio 235/SM/2015 de uno de octubre actual, solicitó al Presidente Municipal del citado Municipio girara las instrucciones necesarias a la Tesorería Municipal a fin de que se expida un cheque por la cantidad restante que se le adeuda a la aquí quejosa (con motivo del convenio celebrado para dar por concluido el juicio laboral 189/2008 del registro de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca), y para justificar lo anterior remite las constancias que así lo acreditan. En consecuencia y atendiendo además a los lineamientos indicados por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la inconformidad 8/2015 (planteada contra el auto que declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, acredite el pago a la aquí quejosa Claudia Yazmín Parada Torres, de la primera cantidad que se comprometió a pagar con motivo del convenio citado, celebrado con ella el quince de julio de dos mil catorce, en el juicio laboral 189/2008 de origen; asimismo, informe el pago de la segunda cantidad a la citada quejosa, y remita dentro del mismo lapso copia certificada legible y completa de las determinaciones que así lo acrediten. Apercíbase a la citada autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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