Salvador Rosales Conde

Expediente 413/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
413/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Salvador Rosales Conde

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el trece de noviembre del año en curso, se declaró firme, el proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 9), donde se tuvo por no presentada la demanda de garantías, omitiendo hacer pronunciamiento en relación al archivo del presente expediente. En consecuencia, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 9), mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Vistos los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, se aprecia que Salvador Rosales Conde, no cumplió con el requerimiento que se le formuló en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 5 y 6), consistente en precisar de manera correcta la denominación de las autoridades que señaló como responsables; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando la parte quejosa no manifestó durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Salvador Rosales Conde, contra actos del Juzgado de Garantías de Tehuantepec, Oaxaca y otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora bien, como se advierten omisiones en la demanda de amparo de que se trata, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracción II, en relación con el 108, fracciones III y IV, 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes para cada una de las partes, aclare su demanda en los siguientes términos: 1.- Precise de manera correcta la denominación de las autoridades que señala como responsables. Esto es, en virtud que de la demanda de amparo en cuestión, se aprecia que en el capitulo relativo a las autoridades responsables, el quejoso señala, a las siguientes: "(...)III.-SEÑALO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA A EL JUZGADO DE GARANTIAS UBICADO EN LA CIUDAD DE TEHUANTEPEC, OAXACA (...) IV.- SEÑALO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A LA AGENCIA ESTATAL INVESTIGADORA Y A LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ(...)" Lo cual resulta ambiguo, pues se debe señalar al órgano de autoridad a través del cual actúa la dependencia gubernamental en ejercicio de su facultad de imperio y así estén en posiblidades de rendir sus informes respectivos; lo anterior, debido a que una dependencia gubernamental, por regla general, está conformada por una serie de órganos de autoridad, integrados en una orgánización con distintos niveles de jerarquía y con ámbitos de competencia establecidos en reglamentos interiores o manuales de organización, con la circunstancia de que por sus funciones, no todos ellos reúnen los requisitos para ser considerados como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. En apoyo a lo expuesto se cita la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 1993, visible a foja 186, correspondiente a la Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, intitulada: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACION DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo." Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. En apoyo a lo expuesto se cita la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo CV, visible a foja 2044, correspondiente a la Quinta Época, sustentada por la Primera Sala, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACION DE LA. El artículo 146 de la Ley de Amparo prevé vados casos, en los cuales los Jueces de Distrito pueden mandar aclarar las demandas de garantías, a saber; a) Irregularidad de ésta; b) Omisión de los requisitos contenidos en el artículo 116 de esa ley; c) Falta de precisión en el acto reclamado; y d) Exhibición incompleta de copias de la demanda. La propia disposición ordena imperativamente, a los aludidos funcionarios judiciales, que, en su auto relativo, expresen las, irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas dentro del término de tres días. Consecuentemente, si el inferior estimó el caso del quejoso, comprendido dentro del extremo puntualizado bajo la letra a) y en tal virtud, en la determinación que se revisa, le hizo notar las irregularidades o deficiencias que debería llenar, dentro del lapso que le fijó, y esa resolución le fue notificada con toda oportunidad y legalmente, es indudable que estuvo en -la posibilidad legal de acatar ese mandamiento o interponer contra él el recurso que procediere; pero si dejó transcurrir el plazo sin haber satisfecho las prevenciones relativas, a pesar del apercibimiento que le fue hecho, el Juez a quo estuvo en la obligación legal de hacer efectivo ese apercibimiento y tener por no interpuesta la demanda, puesto que no le .era dable revocar su -determinación anterior." De igual forma, es aplicable la tesis P./J. 35/2001, publicada en la página setenta y nueve, Novena Época, Instancia Pleno, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XIII, de Abril de dos mil uno, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI. ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA". Criterios jurisprudenciales aplicables al caso; conforme a lo estipulado el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y el artículo 29 de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdo, toda vez que en esos términos lo solicita. Como lo solicita el quejoso se le tiene autorizanda únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Silvia Villalobos Peto, por solicitarlo en eso términos. Finalmente, respecto al teléfono y correo electrónico, que proporciona, para que se le notifique por esos medios, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez, que tales medios no están previstos, en la Ley de Amparo, para realizar notificaciones a las partes dentro del juicio.

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