Salvador Mendoza Cruz
Expediente 449/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 107 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 107
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Salvador Mendoza Cruz
- Juez Mixto de Primera instancia de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 107.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 449/2017, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 5-8), se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, y en resolución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 73-76), por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Asimismo, se destaca que en este expediente no existen documentos ofrecidos por las partes considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo General, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservarán el auto y la resolución de quince de noviembre y veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, que concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, y toda vez que el quejoso Salvador Mendoza Cruz, no interpuso recurso de revisión en contra el proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 1278¬1281) dictado dentro de este expediente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que este asunto fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es destruible. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, y la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Salvador Mendoza Cruz, no cumplió con el requerimiento que se le hizo por proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 1177-1178), esto es, no acreditó haber realizado la publicación de los edictos expedidos por este órgano jurisdiccional a fin de emplazar a juicio al tercero interesado Luis Alberto Hernández Tovar, dentro del plazo de veinte días, siguientes a su legal notificación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido su derecho para hacerlo y se declara la falta de interés de la parte quejosa en la prosecución de este juicio de amparo. Ahora, es necesario señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número 11.1°. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ... En ese sentido, se estima que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), párrafo último, y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: ... En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resultare inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y, si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, imponer a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En esta hipótesis, se advierte que mediante proveído de ocho de junio de dos mil dieciocho (foja 253), se realizó la investigación del domicilio del tercero interesado Luis Alberto Hernández Tovar, a las siguientes instituciones: Subdirector de Servicios Legales del Instituto Nacional Electoral; Director General de Teléfonos de México; Encargada de Servicios de Atención al Cliente de la Comisión Federal de Electricidad; Instituto Mexicano del Seguro Social, e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, para que informaran si en sus bases de datos o archivos tenían registro alguno del mencionado tercero interesado, obteniendo resultados negativos respecto de las citadas autoridades con excepción del Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, quien proporcionó como domicilio del tercero interesado el ubicado en calle Vicente Guerrero número exterior cinco, número interior uno, barrio La Asunción, Delegación Tláhuac, Ciudad de México; sin embargo, resultó ser el mismo en el que se ordenó emplazar al tercero interesado en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 168-169 tomo I). Tomando en cuenta lo anterior, mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 1177-1178 tomo III), con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento del tercero interesado Luis Alberto Hernández Tovar, por medio de edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que lo hubiera hecho. De lo anterior, es evidente que el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la parte quejosa acudiera a este Juzgado a recoger los edictos, a fin de que, conforme al precepto 27 de la ley de la materia, dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición, acreditara su publicación; sin embargo, no obstante el requerimiento efectuado, y del cual quedó debidamente notificado (foja 1179 tomo III), no acudió a recoger los citados edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que en el caso en específico podría acudir a deducir sus derechos, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal, cuyo incumplimiento es atribuible a la parte quejosa por no comparecer a recoger los edictos y por consiguiente, al de acreditar su publicación, o bien, su imposibilidad para acatar esa determinación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es importante precisar que no pasa inadvertido el criterio sostenido en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: ... Se dice lo anterior, pues el quejoso no realizó manifestación alguna respecto a su imposibilidad de cubrir los gastos del medio de comunicación oficial, ni .de los elementos de prueba que se encuentran en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un gasto semejante. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que procede sobreseer en este juicio de amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en este asunto, que se fijó por proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve, para las diez horas con cuarenta minutos del diez de octubre de dos mil diecinueve (foja 1220 tomo II). Para los efectos de la publicidad de esta resolución, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena al secretario de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 6717/2019-II, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, recibido por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual devuelve diligenciado del exhorto 473/2019, con número de orden 997/2019, que se envió para requerir a la tercera interesada Betsy Yanet López Manzanero, para que señale domicilio en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, para recibir notificaciones personales; dese de baja la citada comunicación oficial en el Libro de Gobierno; sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente toda vez que el referido oficio y su anexo fueron enviados a través de la Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por lo que el acuse de recibo respectivo se generó al momento del envío. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que la tercera interesada Betsy Yanet López Manzanero, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve (foja 1144-1145 tomo II), en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por consiguiente, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y como consecuencia, las notificaciones que surjan en este expediente, aún las de carácter personal, practíquensele por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 29 del citado ordenamiento legal. Con el contenido de las constancias que integran el presente juicio, entre ellas, los informes justificados y documental remitida por la Juez de Control de Legalidad en Materia Penal del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, dése vista a la tercera interesada de referencia, para que manifieste lo que a sus intereses convenga.
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