Salvador Romero Vázquez
Expediente 74/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/12/2018
Partes del expediente
- Salvador Romero Vázquez
- Tribunal de Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, la constancia Secretarial que antecede, de la cual se advierte que el quejoso ***************, en cumplimiento al proveído de dieciséis del presente mes y año, compareció ante este Juzgado de Distrito, a manifestar que reconoce como suya la firma estampada en su escrito presentado en este Juzgado el quince de noviembre del año en curso y a ratificar el contenido del mismo. Luego, visto el estado que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se reservó acordar lo conducente respecto al oficio y anexos remitidos por los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, autoridad responsable en el presente juicio, se procede a acordar lo conducente. Desechamiento de demanda. Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como las constancias remitidas por los Magistrados Integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, este órgano jurisdiccional federal, advierte de oficio que el juicio de amparo es improcedente. Del artículo 113 de la Ley de Amparo , se desprende la facultad del juez de Distrito de desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con el criterio siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señaló esencialmente como actos reclamados los siguientes: La omisión de acordar el escrito inicial de demanda de seis de junio del año en curso, así como de pronunciarse sobre la admisión de la misma, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, en el expediente laboral D-112/2018, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Al respecto, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de acordar el escrito inicial de demanda de seis de junio del año en curso, así como de pronunciarse sobre la admisión de la misma, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, en el expediente laboral D-112/2018, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -ocho de noviembre de dos mil dieciocho-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto del escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de partes de dicho tribunal, por el que el quejoso *********** promovió demanda laboral, siendo que mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se proveyó sobre la misma; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en el auto de quince de noviembre del año en curso, se proveyó respecto del mencionado escrito de seis de junio de dos mil dieciocho, donde el Tribunal responsable, determinó requerir al quejoso (actor en el expediente laboral) para que aclare su escrito inicial de demanda y señale la fecha exacta en que ingresó a laborar para la parte demandada, en razón de la naturaleza del juicio laboral burocrático. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por el quejoso; asimismo, se realizó un requerimiento a efecto de que aclare su escrito inicial de demanda y señale la fecha en que ingresó a laborar para la parte demandada; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, en el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, con motivo de la formulación de su demanda laboral. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de paternidad de origen, que consiste en la omisión de la autoridad señalada como responsable de acordar el escrito inicial de demanda de seis de junio del año en curso, así como de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, en el expediente laboral D-112/2018, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley- y la situación jurídica que se originó en auto de quince de noviembre del año en curso, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de que señale la fecha exacta en que ingresó a laborar para la parte demandada. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada sobre el escrito de seis de junio de dos mil dieciocho por el que el quejoso promovió demanda laboral, bajo el solo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le realizó un requerimiento a efecto de que señale la fecha exacta en que ingresó a laborar para la parte demandada, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. En esa tesitura, resulta inconcusa la configuración de una nueva situación jurídica, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, lo que procede es desechar la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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