Salvador Romero Vázquez

Expediente 1136/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1136/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Salvador Romero Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Primera adscripción de Jueza de Distrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en lugar del ahora magistrado Israel Flores Rodríguez, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1073/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 2. Modificación de los efectos de la primera adscripción. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, acordó modificar los efectos de mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a fin de que sea a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1192/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 3. Jurisprudencia de la SCJN para asuntos en cumplimiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las recusaciones por impedimentos pueden hacerse valer en cualquier estado del proceso de amparo porque la función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada la sentencia, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de imparcialidad durante todo el procedimiento, incluyendo los que están en ejecución. 4. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi primera adscripción como Jueza de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determino sobreseer el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    (....) VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1136/2021-I, promovido por Salvador Romero Vázquez, en contra de los actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el treinta de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y respecto de los actos que se precisan en el considerando relativo de esta sentencia. Por auto de seis de agosto dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la audiencia constitucional. (....) DECISIÓN En primer lugar, se sobresee por inexistencia de los actos reclamados consistentes en las omisiones de girar los oficios ordenados en proveídos de veinticuatro de enero de dos mil veinte y cinco de abril de dos mil veintiuno en el juicio laboral *****, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En segundo lugar, se sobresee por cesación de efectos respecto de las omisiones de acordar los escritos de siete y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno dentro del juicio laboral *****, así como de decretar las medidas de apremio al Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1136/2021-I promovido por Salvador Romero Vázquez, respecto de los actos y autoridad precisados en el punto III, conforme a las consideraciones del punto IV y V. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, acusa recibo del oficio ********************; en atención a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngase a la autoridad en cita acusando de recibo. Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre en integridad el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido en acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno. En tal sentido, con fundamento en el artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Por lo que en su lugar se fijan las DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

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