Salvador Ochoa Cervantes
Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Ochoa Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de junio de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio enviado el Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve el comunicado 289/2022, del índice de este Juzgado, por las razones que ahí expone. Consecuentemente, tomando en consideración que en el presente juicio, el pasado catorce de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, resulta incensario el reenvío de dicha comunicación oficial. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Salvador Ochoa Rodríguez, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y consideraciones expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintidós. DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese el oficio suscrito por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, por medio del cual, se le tiene devolviendo diligenciado, en los términos requeridos, el despacho 352/2022, número de orden 728/2022, girado para que en auxilio de la Justicia Federal emplazara a juicio a los terceros interesados Tania Contreras Ceja y Cenobio Barajas Lombera, por conducto de las Asesoras Jurídicas Victimales Luz María Herrera Valdés y Angélica María Aguilar García, asimismo, fuesen prevenidas para la designación de domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones personales. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el libro de gobierno la referida comunicación oficial. EMPLAZAMIENTO. En atención a las constancias remitidas por el juzgado requerido, téngase por legalmente emplazada a juicio a la referida parte procesal, al tenor de la diligencia de ocho de los actuales, realizada por la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes. Hágase saber a la parte tercera interesa en cuestión, que a partir de que tuvo conocimiento de la instauración del presente juicio, quedaron expeditos sus derechos a efecto de que, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, formule alegaciones. SE PROVEE OFICIO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA. En vinculación con lo anterior, agréguese el oficio signado por el Titular de la Unidad Regional de Uruapan de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por medio del cual y en atención al propio emplazamiento a juicio de la parte tercero afectada, designa también como Asesores Jurídicos Victimales, para los efectos precisados, sin revocación de sus homólogos designados dentro de procedimiento penal de donde emanan los actos reclamados, a los licenciados en derecho Fermín Jiménez Hernández y Karieli Palacios Medián, respecto de los cuales proporciona como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en Avenida Chiapas número 93, interior 208, colonia Ramón Farías, de esta ciudad. MEDOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN. Asimismo, se tiene a indicado funcionario proporcionando como medios alternos de comunicación de los Asesores Jurídicos en mención, los teléfonos 4521315750 y 4433898125, así como los correos electrónicos personales ceeavrupn@gmail.com y ceaav17@hotmal.com. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. SE PROVEE OFICIO. Glósese el oficio suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, por medio del cual y en atención al requerimiento realizado en proveído de diecisiete del presente mes y año, informa que dentro de la causa penal 100/2015, instruida en contra del quejoso Salvador Ochoa rodríguez, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de secuestro agravado, en agravio de Tania Contreras Ceja y Cenobio Barajas Lombera, que guarda vinculación con el acto reclamado, se tuvo al Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Unidad Regional Lázaro Cárdenas, designando como Asesoras Jurídicas Victimales a las licenciadas Luz María Herrera Valdés y Angélica María Aguilar García, quienes cuentan con domicilio para oír y recibir notificaciones en esa ciudad portuaria, el ubicado en calle Nicolás Bravo número siete, colonia Centro, código postal 60950, y como medios alternos de contacto el número telefónico 753 532 17 41 y correo electrónico ur.lzc.ceeav@gmail.com. CONSIDERACÓN. Ahora, con la finalidad fundamentar y robustecer la presente determinación, se hace necesario puntualizar que las víctimas u ofendidos del delito, como entes privilegiados en todo procedimiento penal, gozan de prerrogativas para proteger sus derechos fundamentales establecidos por la Ley Suprema del país y demás leyes correspondientes. En efecto, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí interesa dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; [.] Por su parte, los artículos 4°, 6° y 110 de la Ley General de Víctimas, establecen: Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva y sus equivalentes en las entidades federativas; [.] Artículo 110. Designación de Asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. [.] La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor. Asimismo, los artículos 109 y 110 del Código Nacional Procedimientos Penales, estatuyen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: I. [.] III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico; [.] V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal; [.] VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable; [.] XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código; [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.] 110. Designación de Asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor.". Bajo ese tenor, se destaca que, en los asuntos del orden penal, las víctimas u ofendidos del delito deben contar, por disposición expresa de la ley, con un Asesor Jurídico debidamente acreditado que represente sus intereses legales durante todo el procedimiento, quien deberá velar que no exista vulneración a sus derechos fundamentales protegidos por el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes correspondientes. Lo que implica, como en el caso acontece, que si el quejoso Salvador Ochoa Rodríguez, promovió el presente juicio de amparo contra la resolución dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, dentro del toca de apelación 19/2021-I, que confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra dentro de la referida causa penal 100/2015, de la estadística del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, las víctimas del delito legalmente pueden ser llamadas a juicio a través de las Asesoras Jurídicas Victimales designadas en ese procedimiento penal, pues como quedó especificado en párrafos precedentes, por disposición expresa de la ley, deben velar y representar sus intereses legales durante todo el procedimiento. Al caso es aplicable, por analogía jurídica y a contrario sensu interpretado, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 12/2021 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3351, Undécima Época, Materias Constitucional y Común, registro digital 2023217, que reza: "ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A QUIEN REPRESENTA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron un criterio divergente en torno a si el asesor jurídico victimal está facultado para promover el juicio de amparo en nombre de la víctima a quien representa en el procedimiento penal. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el asesor victimal está facultado para promover la demanda de amparo en nombre de la víctima que representa, conforme a los artículos 6o, segundo párrafo, 10 y 11 de la Ley de Amparo. Así, respetando el equilibrio procesal que debe generarse entre la víctima u ofendido y el imputado o sentenciado, debe entenderse que, cuando la citada ley se refiere a que el quejoso podrá promover el amparo por conducto de su defensor cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, no puede limitarse únicamente al defensor del imputado sino que debe incluir al asesor jurídico de la víctima que actúa en su representación, a fin de que ésta no quede en estado de vulnerabilidad frente al poder punitivo estatal y las determinaciones que el Ministerio Público o los Jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Justificación: Lo anterior, pues la víctima u ofendido tiene derecho a estar representado por un asesor jurídico, abogado titulado con cédula profesional, en cualquier etapa del procedimiento penal, así como en cualquier instancia, procedimiento o juicio en el que sea parte. Sin la debida representación, la víctima podría enfrentar un desequilibrio procesal que indudablemente redundaría en el ejercicio de sus derechos, de manera preponderante el de acceso a la justicia, conforme a los artículos 20, apartado C, de la Constitución General; 108, 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como 10, 12, 42, 43, 125, 168 y 169 de la Ley General de Víctimas. Además, el que la representación del asesor jurídico se extienda al juicio constitucional es acorde con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el juicio de amparo se erige como un mecanismo que debe permitir combatir la arbitrariedad estatal y los actos de autoridad que afecten derechos humanos, por lo cual debe constituirse como un mecanismo idóneo, efectivo y sencillo." Asimismo, cobra aplicación la tesis VI.20P.41 P (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, registro digital 2015513, del epígrafe: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO Y NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO-. EN CASO DE FALLECIMIENTO DE ÉSTE, DICHAS DILIGENCIAS PUEDEN ENTENDERSE FORMALMENTE CON LA VÍCTIMA DIRECTA, INDIRECTA O POTENCIAL, A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, Y NO NECESARIAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN. Si bien el artículo 16 de la Ley de Amparo establece que en caso de fallecimiento del tercero interesado, siempre que lo planteado en el amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, será su sucesión la que intervendrá en el juicio, y conforme al Código Civil, ésta es representada por el albacea, lo cierto es que dicho precepto, al pertenecer a un cuerpo de leyes, debe ser entendido a partir de la naturaleza de la controversia que implica el juicio de amparo, así como de una interpretación armónica con el resto de sus disposiciones. En estas condiciones, debe relacionarse con el diverso 5o., fracción III, de la propia ley, en el que se fija quién puede tener el carácter de tercero interesado dentro del juicio de amparo, entre los que prevé a la víctima u ofendido del delito, o quien tenga derecho a la reparación del daño, o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte directamente esa reparación o responsabilidad. En tanto que de los artículos 4 y 6, fracción XIX, de la Ley General de Víctimas, se advierte que hay tres tipos de víctimas: las directas, las indirectas y las potenciales; las primeras son las personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos; en tanto que las segundas, son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tienen una relación inmediata con ella; y, las terceras, aquellas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En este contexto, atento a que el Estado ha reconocido a la víctima del delito como un verdadero sujeto procesal y, en consecuencia, le ha reconocido una serie de derechos constitucionales a su favor, por lo que, incluso, ha establecido que por aquélla no debe comprenderse únicamente a quien directamente sufre un daño, por la comisión de un delito, sino que debe ampliarse su concepto a sus familiares, quienes resienten indirectamente esa lesión e, incluso, a aquellos individuos que le prestan su asistencia para impedir o detener la comisión del ilícito, debe estimarse que para efectos del juicio de amparo, la parte tercero interesada, en el caso, la víctima u ofendido del delito, incluye, por disposición de una ley de observación obligatoria en todo el territorio nacional, a las víctimas directas, indirectas y potenciales. Por ende, el emplazamiento al juicio de amparo y la notificación del auto admisorio pueden entenderse formalmente con alguna de esas víctimas, y no necesariamente con el representante de la sucesión.". EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO INTERESADA. En ese sentido y toda vez que en el presente juicio, como quedó establecido en proveído de dos de diciembre del año anterior, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados, en cuanto víctimas directas, a Tania Contreras Cejas y Cenobio Barajas Lombera. Por lo tanto, se ordena su emplazamiento por conducto de las indicadas Asesoras Jurídicas Victimales Luz María Herrera Valdés y Angélica María Aguilar García, quienes representan legalmente sus intereses personales dentro de tal procedimiento penal. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, residente en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya a quien corresponda emplace al presente juicio a la referida parte procesal en el domicilio precisado; diligencia en la que se deberá realizar lo siguiente: Con copia de la demanda y anexos, auto admisorio y del presente proveído, por su conducto de las Asesoras Jurídicas en cuestión, emplace a juicio a las víctimas del delito, en términos de lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Las requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir de que sean notificadas de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones personales, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes se les harán por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. Les haga de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con doce minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós. Les informe que a partir de que queden debidamente notificadas podrán ofrecer pruebas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, formular alegatos, de conformidad con el diverso 124 de la legislación invocada y todos aquellos derechos procesales inherentes a la adecuada defensa de los intereses de las víctimas directas. Les de vista con los informes justificados de las autoridades responsables, (los cuales pueden ser consultables en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, que contiene una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales), para que en el caso de estimarlo conveniente manifiesten lo que a su interés legal convenga; esto con la finalidad de evitar una violación a las leyes del procedimiento que amerite su reposición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número IX.1°.26 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, visible en la página 580, del Tomo VIII de Noviembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO". HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se delegan facultades al Juez requerido a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada; de igual forma, hágasele del conocimiento que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía postal, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad despachada, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Cabe precisar que, si en su caso, la comunicación oficial la recepciona la autoridad requerida con posterioridad a la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, tal circunstancia no impide que se efectúe la diligencia encomendada, pues en tal supuesto, este juzgado proveerá sobre su diferimiento. NOTIFÍQUESE Y EMPLÁCESE A JUICIO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MEDIANTE DESPACHO, POR CONDUCTO DE LAS ASESORAS JURÍDICAS VICTIMALES.
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