Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Expediente 541/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 50 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintiséis de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que, se determinó sobreseer en el juicio de amparo. Resolución que fue recurrida por la parte quejosa, por lo que previa integración del mismo y ordenada su remisión a la superioridad, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, en la que se determinó modificar la sentencia recurrida, esto es conceder el amparo y protección, para el efecto ahí precisado . Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por la autoridad responsable, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE "(.) que la autoridad responsable Fiscal Especial de Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la Republica inscriba al quejoso Rafael Salgado Contreras, en el Registro Nacional del Delito de Tortura RENADET". Mediante oficio FGR-FEMDH-FEIDT-104-2023, firmado electrónicamente por el Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, con sede en la Ciudad de México, remitió la constancia de inscripción del Registro Nacional de Tortura con sello digital, con número de folio RENADET/00022-01/2022. Asimismo, a través del diverso comunicado FGR-FEMDH-FEIDT-706-2023, remitido por la mencionada autoridad, expuso de manera detallada el procedimiento para inscribir en el RENADET; asimismo, que dicho sistema se alimenta a través de la herramienta "justici@net", la cual se actualiza al momento de que se radica una carpeta de investigación, por lo que, en el instante en que la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-MOR/0001084/2019, se apertura, misma que se encuentra relacionada con el peticionario de amparo, éste quedó debidamente inscrito en la mencionada plataforma. Del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que con la inscripción del quejoso en el sistema al que se hace referencia, se restituyó a la parte agraviada del derecho fundamental que le fue vulnerado. Es así, pues la responsable realizó el pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos que quedaron estipulados en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. MANIFESTACIONES. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que a través del escrito registrado bajo el consecutivo 1791 la parte quejosa realizó diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento; en esencia, que genera duda en cuanto a la existencia de dicha inscripción, argumentando que la fecha en que se solicitó la inscripción en el sistema Renadet, se le hizo de su conocimiento por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que el mencionado sistema aún no se encontraba en operación, por lo que, una vez funcionando éste, se haría el traslado correspondiente. Asimismo, en el registro 3696, mediante oficio FGR-FEMDH-FEIDT-706-2023 el Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, con sede en la Ciudad de México, hizo del conocimiento de éste órgano jurisdiccional, que una vez puesto en operación la herramienta designada para la alimentación del sistema Registro Nacional del Delito de Tortura "RENADET", lo es la denominada plataforma "justici@net", argumentando también, la que funciona con base en la fecha de apertura de las carpetas de investigación que generan este tipo de inscripciones. Es decir, que el último de los mencionados arroja la fecha en que se apertura la carpeta, como fecha de inscripción, lo que se traduce en que la data arrojada es en la que la autoridad correspondiente tuvo conocimiento de los hechos de posible tortura, todo esto de conformidad con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así mismo, de conformidad con los lineamientos para la operación de la plataforma que ahora nos ocupa, los cuales son consultables en la liga https://renadet.fgr.org.mx. En ese sentido, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para tomar en consideración sus manifestaciones para estimar no cumplido el fallo; lo anterior, en virtud de que el actuar de la autoridad responsable, fue de acuerdo a las directrices de los efectos del amparo, pues así lo plasmo en el referido oficio, además con la constancia de registro de victima la cual contiene un sello digital de autenticidad, constancias con las que acredita el cumplimiento al fallo protector, posteriormente y como se expuso en párrafos precedentes, se desprende explícitamente el procedimiento para llevar acabo la inscripción en el mencionado sistema, lo que se estima que no lleva a la existencia de duda del mencionado registro. De la misma forma, el quejoso a través del escrito registrado 4345, argumenta en síntesis que no existe un funcionamiento efectivo de la plataforma materia del acto reclamado, dado que no puede verificar de propia mano si éste es actualizado con las temporalidades adecuadas, además de que, no se proporciona la opción de visualizar la información ahí vertida; por lo que solicita, se realice una inspección judicial, con la finalidad de acreditar el fehaciente funcionamiento del sistema. En ese sentido, se hace de su conocimiento que éste órgano jurisdiccional, considera que por el momento no es dable acordar de conformidad a sus peticiones, tomando en consideración que las directrices materia del presente juicio, son diversas a las solicitudes planteadas por dicha parte procesal. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional pero se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 21, inciso c) de la normativa invocada y en apoyo al artículo 7.1.1 fracción II, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procede su DESTRUCCIÓN; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS indicado, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos SEIS MESES a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. DESAHOGA VISTA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ********************encargado del despacho de la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Inhumanos y degradantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública, través del cual, realiza diversas manifestaciones en atención a la vista otorgada el siete de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, previo a proveer lo que en derecho corresponda, dese vista con el oficio de cuenta a las autoridades responsables para dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de marzo de dos mil veintitrés. AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio número FGR-FEMDH-FEIDT-706-2023, firmado en forma electrónica por el Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, a través del cual, remite las constancias de las que se advierte la existencia y funcionamiento del Registro Nacional del Delito de Tortura, así como que, dentro de dicho sistema se asentaron los datos a que se refiere el artículo 84 de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, con lo que se corrobora la inscripción del aquí quejoso en dicho registro. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, dése vista de nueva cuenta a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." ACCESO A LAS PARTES. Luego, a efecto de salvaguardar la confidencialidad de las constancias remitidas, atendiendo a las manifestaciones vertidas por el Fiscal Especial de Investigación del Delito de Tortura, tomando las medidas de seguridad correspondientes para evitar un uso inadecuado o incorrecto, permítase el acceso a las partes de lo que en su caso consideren pertinente para su adecuada defensa; sin que en el caso, dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier otro medio. Ello a fin de que se impongan de su contenido y se encuentren en posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria que se cumplimenta. Lo anterior encuentra sustento, por analogía jurídica, en la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), con número de registro digital: 2009916, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , página 28; de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. SE ORDENA GUARDAR EN SIGILO DOCUMENTALES. Sin perjuicio de lo anterior, efecto de salvaguardar la confidencialidad de las constancias remitidas, guárdense en sigilo en la caja de valores de documentos no importantes de este Juzgado de Distrito; asimismo, realícese lo conducente en el expediente electrónico respectivo. NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, ********************, en cuanto encargado del despacho de la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Cueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la Ciudad de México, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que por instrucciones de la Titular del mencionado instituto, se le designó como encargado del despacho en términos y obligaciones previstas para las y los titulares de Secretarias Técnicas, además revocó el acceso al expediente electrónico, designó y señaló nuevos usuarios para oír y recibir notificaciones personales vía electrónica. De igual forma, en proveído de la misma fecha, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con copia del acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, así como de los oficios con registro 1217 y 1288, se dio vista al promovente ********************, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; lo anterior sin que se haya ordenado la notificación personal del quejoso directo ********************. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que notifique el contenido del presente proveído y le haga entrega de la copia del acuerdo de fecha veintiséis de enero del año en curso, así como de los oficios con registro 1217 y 1288. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE AGREGA ESCRITO. Agréguese a sus autos el escrito signado electrónicamente por ********************, Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en el sentido de que se pone en duda la existencia de la inscripción materia de la ejecutoria de amparo. VISTA. Por ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, con copia del escrito de cuenta, dese vista al Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la Republica, con sede en la Ciudad de México, para que se pronuncie en torno a la manifestación señalada con antelación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO DIRECTO ********************.
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