Salvador Moreno Reyes

Expediente 253/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
253/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Salvador Moreno Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; y en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. VI. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, el once de marzo de dos mil veintitrés, detuvieron al hoy quejoso ********************, trasladándolo a las instalaciones de los separos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ubicados en la sede del Palacio Municipal de ese mismo Municipio. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El once de marzo de dos mil veintitrés, José Mateo Antonio Chagoya, presentó demanda ante este órgano jurisdiccional por conducto del secretario de guardia, a favor de ********************, con la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la ilegal detención y la incomunicación atribuidas al Director General de la Policía Vial y/o Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como ordenadora y a la Juez Calificadora en Turno de la Policía Vial y/o Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como ejecutora. En proveído de esa misma fecha (once de marzo de dos mil veintitrés), la demanda quedó registrada con el número 253/2023 decretándose la suspensión de oficio y de plano para que cesara de inmediato la detención y la incomunicación y cualquier acto prohibido por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En diverso auto dictado el trece de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida a favor de ********************, previa ratificación de la misma, contra los actos atribuidos al Director General de la Policía Vial y/o Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como ordenadora y a la Juez Calificadora en Turno de la Policía Vial y/o Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y como actos reclamados, la detención y la incomunicación; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: La ilegal detención y la incomunicación. La ejecución material de las mismas. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado, la Juez Calificadora Municipal en Turno, manifestó que el once de marzo de dos mil veintitrés, giró una boleta de libertad a favor de ********************, por haber incurrido en la falta administrativa consistente en "conducir en estado de ebriedad" pero en virtud de que le fue concedida la suspensión de plano por parte de este Juzgador, fue puesto en libertad. Además, la certeza de esa actuación se patentiza con la constancia que en copia certificada remitió la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, a la que se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2º. VI. PROCEDENCIA A consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, respecto de los actos reclamados al Director General de la Policía Vial y/o Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como ordenadora y a la Juez Calificadora en Turno de la Policía Vial y/o Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como ejecutora. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclama del Director General de la Policía Vial y/o Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como ordenadora y a la Juez Calificadora en Turno de la Policía Vial y/o Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como ejecutora, la detención y la incomunicación. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que la responsable el once de marzo de dos mil veintitrés dejó en absoluta libertad al aquí quejoso, como se corrobora con lo informado por la autoridad responsable ordenadora al momento de rendir su informe justificado. Por su parte, el Director de Seguridad Pública y Vialidad, con sede en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, no rindió su informe justificado a pesar de haber quedado legalmente notificado de la petición del mismo, pero toda vez que el Juez Calificador Municipal en Turno, expuso y acreditó que el aquí quejoso quedó en absoluta libertad, se tiene por cierto el acto a ella atribuido. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la detención, y la incomunicación, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al haberlos liberado, se destruyeron los efectos de lo reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la privación de libertad no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por la parte afectada al promover el juicio de amparo, era que se le dejará en absoluta libertad, lo cual aconteció en el caso concreto, pues en esa misma fecha (once de marzo de dos mil veintitrés) la responsable lo puso en absoluta libertad. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" VII. DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables, en términos de los considerandos V y VI de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la diligencia que antecede asentada por el actuario de este Juzgado, se advierte que al acudir a los separos del Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, en cumplimiento a lo ordenado en auto de once de marzo de dos mil veintitrés, una vez que tuve presente ante ella a la persona que dijo responder al nombre de ***, quien manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor por ***, asimismo, certificó que no presentara ninguna lesión física visible. Con motivo de lo anterior, al efecto se provee: Admisión. Con fundamento en lo estatuido por los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo ratificada por ***, contra los actos reclamados al Director de Seguridad Pública y Policía Vial, y al Juez Calificador en turno, ambas autoridades con residencia en Santa Lucía del Camino, Oaxaca (denominación correcta de las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo). Tramítese este expediente sin incidente de suspensión, dado que el acto reclamado fue materia de la concesión de la suspensión de plano dictada inicialmente. Informe justificado. Pídase a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados que deberán rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto se sirvan remitir copia autorizada ordenada, legible y completa de las constancias y las actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo. Apercibidas que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA). En la inteligencia de que el envío de las constancias puede ser digitalizado por la autoridad responsable, siempre y cuando cuente con la certificación correspondiente. Hágase saber a las partes que deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto o alguno diverso relacionado con el aquí combatido. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe o dirigir su oficio, a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que exista alguna causa de sobreseimiento en este juicio lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa. Notificación a las autoridades responsables. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se publica en este Juzgado. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5o, fracción IV, 26, fracción I, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del mismo. Emplazamiento del representante social de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto en forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda y entréguesele reproducción íntegra de esta determinación para efectos de su emplazamiento. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Por lo que respecta al Informe relativo a la suspensión de plano remitido por el Director de Seguridad Pública y Vialidad, con sede en Santa Lucía del Camino, Oaxaca y anexo que acompaña, se ordena agregarlo para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele rindiendo el informe solicitado con motivo del otorgamiento de la suspensión de plano otorgada a favor de la parte quejosa y por hechas las manifestaciones que formula. NOTIFÍQUESE.

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