Salvador Jerónimo Borjon Zárate
Expediente 458/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Salvador Jerónimo Borjon Zárate
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo V-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 458/2018. En cuanto a la admisibilidad de la demanda, este órgano de control constitucional, procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, dado no se opone a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, que aparece bajo el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio . En ese tenor, este resolutor estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracciones VII y XII de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.] "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. En la especie, la promovente del amparo, en el capítulo acto reclamado, manifiesta: (.)De la autoridad Ordenadora Reclamo.- El auto admisorio de demanda de fecha quince de diciembre del dos mil diecisiete acordado por el Juez Cuarto Familiar de la Ciudad de Oaxaca, en el Expediente 804/2017, segunda secretaría, interpuesto en mi contra por DENNIS VIOLETA ZARATE HERNÁNDEZ, que ordena girar oficios de informe precisando en los mismos que dicha información le es requerida con motivo de un JUICIO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, en el que no es así, ya que en el mismo también se promueve juicio de reconocimiento de paternidad, y la calidad de PADRE, no ha sido demostrado aun, entonces es improcedente ACEPTAR LAS PRUEBAS DE INFORME y solicitar las mismas, sin haberse demostrado la paternidad y filiación para proceder acordar lo procedente a los ALIMENTOS, violándose mi derecho de privacidad, dado que la demanda inicial se debió haber admitido respecto de cuestiones de paternidad y no de alimentos, tendientes primero a demostrar la primera y acredita esta , entrar a la procedencia de la segunda.(.) Así, del contexto integral de la demanda, se evidencia que el acto reclamado, es el auto admisorio de demanda de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, en el expediente familiar 804/2017, mediante el cual se solicitó diversos informes para dar trámite a una pensión alimenticia a cargo del quejoso. Determinación que señala el quejoso, le causa agravios a su persona porque no debió admitirse la prueba de informes, sin que antes se decretara a su cargo la paternidad de la menor. Esa determinación, no afecta derechos sustantivos públicos de la parte agraviada quien tiene el carácter de demandado en la instancia de origen, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino, más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del expediente 804/2017. En efecto, de lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se advierte que la vía de amparo directo, por regla general es idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales agrarios, que afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Así mismo, del artículo 107, fracción III, del inciso b), constitucional y 107, fracción V, de su ley reglamentaria, se desprende que la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito se encuentra supeditada al hecho de que los actos en juicio que se reclamen tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en que México sea parte; distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales y sólo afectan derechos adjetivos, pues éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, estableciendo así los lineamientos básicos que han de tenerse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, cabe hacer notar que no todas las violaciones adjetivas o procesales dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida, produciéndose un resultado contrario al espíritu del artículo 17 constitucional, lo que motivó la restricción del amparo indirecto por violaciones cometidas dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas. De ahí que las violaciones procesales o adjetivas sean combatibles en amparo indirecto sólo de modo excepcional, cuando solo afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, es decir, aquellas que tengan un grado excepcional de afectación. A partir de las consideraciones anteriores, debe precisarse que los informes solicitados por el juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente 804/2017, que el quejoso afirma es para fijarle una pensión alimenticia sin que se haya reconocido su paternidad, no es un acto que conforme al artículo 107, fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, de imposible reparación, y por tal motivo no podría ser sujeto al inmediato análisis constitucional, toda vez que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y en todo caso inciden en el posicionamiento de las partes dentro del juicio familiar 804/2017 y por lo tanto, son susceptibles de repararse en primer término si se no se le fija la pensión que alude pretende fijársele; de fijársele, mediante el recurso idóneo; o en su caso, si obtiene sentencia favorable, contrario a ello, será procedente la vía directa contra este último. De ahí que en las relatadas circunstancias deba concluirse que el acto reclamado no contraviene derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende no puede considerarse como actos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; por lo cual, no es posible por el momento fijar una regla a priori para determinar que existe una violación procesal determinante, toda vez que dicha consecuencia jurídica debe estar estrechamente vinculada con el grado de afectación real al derecho de defensa adecuada de la persona durante el proceso. De ahí, que sea hasta que se estime que trascendió tal derecho de la parte demandada en la sentencia que se llegue a dictar, cuando se analice: a) si la admisión de las probanzas que refiere el quejoso trascendió o no al resultado del fallo. Esta apreciación debe descansar en una consideración basada en constancias, actuaciones y conductas procesales que muestren una evidente falta de comunicación o entendimiento, y a partir de las que se advierta la necesidad de corregir el proceso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en la defensa de las partes. Entonces, a partir de tales componentes, el juez debe fundar y motivar si existió una afectación al derecho de defensa adecuada de la persona que tenga la fuerza suficiente para reponer el procedimiento. Por tanto, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61 y con el artículo 107, fracción IV, y demás preceptos mencionados de la propia ley. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para tal efecto a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA)
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