Salvador Moguel Domínguez y Otros.

Expediente 764/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
764/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2017

Partes del expediente

  • Salvador Moguel Domínguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja 101/2017, así como copia certificada del juicio de amparo 764/2017, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo. Dicho tribunal declaró INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano por notoria improcedencia la demanda interpuesta; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se desechó de plano; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, glósese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por los quejosos ***, por medio del cual dan cumplimiento a la prevención de veinte de junio del año en curso (foja 29), exhibiendo para tal efecto dos juegos de copias simples del recurso de queja interpuesto. En atención a su contenido, téngase a los ocursantes dando cumplimiento al citado requerimiento, en el que interponen RECURSO DE QUEJA contra el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete (fojas 15 a 22), en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de catorce de junio de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por los quejosos ***, por medio del cual interponen RECURSO DE QUEJA contra el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete (fojas 15 a 22), en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. A efecto de proveer lo que corresponda, con fundamento el artículo 100 de la Ley de Amparo prevéngase a los ocursantes para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiban dos juegos de copias del escrito de interposición; toda vez que sólo anexaron el original del referido ocurso, por lo que resultan imprescindibles una para el expediente en que se actúa y una para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado de Circuito. Se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 764/20172-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Respecto de esta causa de improcedencia, que coincide en sus términos con la prevista en la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). En este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Mientras que el segundo supuesto, se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución), pues, la emisión de dicho acto en el juicio natural tiene como sustento el que se impugna en la instancia constitucional, y como tal, lo reemplaza en sus efectos. Ello, ya que al constituir el proceso una serie de actos concatenados y estrechamente relacionados entre sí, cada nuevo acto que encuentra su base en el que le precede, debido a la interdependencia que guardan lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Luego, sí el acto reclamado se hace consistir en una primer determinación de autoridad jurisdiccional, la que posteriormente fue objeto de recurso ante la potestad común, resulta inconcuso que el resultado del medio ordinario de defensa sustituye procesalmente a la resolución impugnada; razón por la que se considera que se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, respecto de éstos, ya que lo resuelto en dichos medios ordinarios de defensa sustituye al auto o resolución impugnada, al incidir en su vigencia y ejecutividad, pues la misma tendrá ejecutividad y firmeza una vez resuelto el medio de impugnación interpuesto. En el particular, los solicitantes de amparo señalan como acto reclamado la sentencia interlocutoria de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 400/2014, en la que se declaró la procedencia del incidente de liquidación de costas, empero, de lo narrado en el escrito inicial de demanda, se desprende que en contra de la resolución antes precisada el quejoso interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la autoridad responsable Juez Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismo que en auto de uno de junio de dos mil diecisiete, fue desechado por extemporáneo. En relatadas condiciones, es dable sostener que la resolución combatida en el presente juicio de amparo ha sido sustituida procesalmente por aquélla que desechó el recurso de apelación en el juicio natural, el cual resultaba ser el idóneo para modificar o revocar la resolución combatida, y por virtud de ésta última, la recurrida ha adquirido firmeza. En efecto, la resolución que declaró improcedente dicho recurso, deja intocada la determinación adoptada en un primer momento o instancia provocando la firmeza de ésta. En ese tenor, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicado en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Correspondiente a la Novena Época, del Apéndice Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN", que ante este juzgado federal se encuentra tramitando el diverso juicio de amparo 124/2017, del índice de este Juzgado, en el cual, se desprende que en el juicio ejecutivo mercantil de origen 400/2014, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los quejosos fueron condenados al pago de la cantidad de $687,458.20 (seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 20/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. De ahí que se considere que conforme a lo dispuesto por los artículos 1336 a 1343 del Código de Comercio, (normatividad que rige el procedimiento de donde emanan los actos de molestia), el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentra la sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos que expresamente dispone el Código y aquellos que causen un gravamen que no pueda repararse en la definitiva. Es en la categoría de sentencias interlocutorias en donde encuadra aquella resolución que decide el incidente de liquidación de costas, cuya impugnación a través del recurso de apelación de tramitación inmediata se encuentra expresamente prevista en el artículo 1348 del Código de Comercio. Sin embargo, el legislador limitó la procedencia de dicho medio de impugnación al valor del negocio, esto es, a la cuantía de las prestaciones exigidas, de forma tal que la apelación solamente es admisible en asuntos cuyo monto exceda de $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. De lo que se sigue, que la cuantía del juicio natural es superior al monto que estableció el legislador para la procedencia del recurso de apelación en controversias de índole mercantil, lo que llevaría a concluir que la sentencia interlocutoria combatida es susceptible de ser apelada por quienes figuraron como partes, entre ellos, los peticionarios. Por consiguiente, deviene inconcuso que el medio ordinario de defensa en comento, resultó ser el idóneo a agotar previo al ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis I.13o.C.41 C , sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. EN LOS JUICIOS INICIADOS CON POSTERIORIDAD A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN VIGOR A PARTIR DEL 17 DE JULIO DE 2008, SÓLO ES APELABLE CUANDO EL MONTO DE LA SUERTE PRINCIPAL RECLAMADA EN EL JUICIO SEA MAYOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación sistemática de los artículos 1339, 1340 y 1348 del Código de Comercio reformados el diecisiete de abril de dos mil ocho se concluye, que la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución de un incidente de liquidación depende directamente de la cuantía de la suerte principal del juicio cuya sentencia definitiva se pretende liquidar; es decir, aun cuando se trate de sentencia que ponga fin a un incidente de liquidación, debe atenderse al monto del negocio; por ende, si en un juicio ejecutivo mercantil se reclamó una cantidad menor a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin tomar en cuenta intereses y accesorios, la sentencia definitiva no será apelable y, en consecuencia, tampoco lo serán los autos ni interlocutorias que se dicten en el mismo. De no interpretarlo así, las resoluciones recaídas a los incidentes de liquidación de sentencia resultarían apelables en cualquier caso, lo cual nulificaría la intención del legislador al proscribir el recurso de mérito contra los autos, interlocutorias y sentencias dictadas en los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal no exceda de doscientos mil pesos. Lo anterior es aplicable siempre y cuando la demanda hubiera sido admitida después del diecisiete de julio de dos mil ocho, fecha en que entraron en vigor las citadas reformas al Código de Comercio." De tal forma, se estima que en el asunto que nos ocupa, este juzgador se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, máxime que el mismo ha sido materia de un medio ordinario de defensa que implica el agotamiento del principio de definitividad característico del presente medio de control constitucional, y de suyo, que sea precisamente el resultado del recurso intentado lo que deba combatirse vía juicio de amparo, no así el que presupuestó su existencia, mismo que ha sido sustituido procesalmente, por haber sido el recurso idóneo para combatir la resolución que aquí se combate. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 1a./J.77/2012 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841, noviembre de 2012, tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene por señalado como su domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito inicial de demanda, es decir, las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en relación al correo electrónico que proporcionan a efecto de que se les realicen las notificaciones en el mismo, dígase a los promoventes que, a efecto de autorizarle las notificaciones en los términos que refiere, deberá proporcionar el nombre de usuario que le otorga el sistema para la consulta de expedientes y notificaciones vía electrónica, a través del registro que deberá realizar en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, y una vez que cumpla con dicho requisito este órgano jurisdiccional acordará lo conducente Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a Julio César Reyes Ruiz, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. REPRESENTANTE COMÚN De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Salvador Moguel Domínguez. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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