Salvador Lopez Diaz y Otros.

Expediente 1029/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1029/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Salvador Lopez Diaz y Otros.
  • Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Integral y Justicia Restaurativa San Cristóbal de las Casas, Fiscalía Especializada en Justicia Indígena.
  • Salvador Lopez Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas manifestaran su inconformidad contra el proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho (fojas 285 a 290), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DISCOS COMPACTOS 5. Finalmente, devuélvase al Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de San Cristóbal, en funciones de Juez de Control de la Región Dos, Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los dos discos compactos que remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, Encargado del Despacho, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 194/2018, con orden 281/2018, del índice de este juzgado, girado a efecto de notificar a los quejosos ***, el auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector de treinta y uno de enero del presente año, dictado en el presente juicio. Acúsese el recibo de estilo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en San Cristóbal de las Casas Chiapas, por medio del cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 156/2018, orden 224/2018, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar el auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, a los quejosos Salvador López Díaz, Manuel López Díaz, Pascual López Díaz y Pascual Conejo Gómez. En ese sentido, dése de baja en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, el despacho devuelto por la autoridad de mérito. Acúsese recibo. Ahora, de las constancias que integran en cuadernillo de despacho devuelto, se advierte que no fue posible notificar el auto de veintidós de marzo del presente año, al quejoso Pascual López Díaz, en razón que éste ya no se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 5, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Atento a lo anterior, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento en razón que dicho auto fue notificado de manera personal al autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, (fojas 262). En consecuencia, se provee: Antecedentes: visto el estado procesal que guarda el presente expediente se desprende que: - El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 151 a 175), se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder el amparo y protección solicitado por la parte quejosa. - La resolución de mérito, causo ejecutoria mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, y se solicitó a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma (foja 224 a 225). - Por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (foja 242 a 243), el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de San Cristóbal, en funciones de Juez de Control de la Región Dos, Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió en versión escrita, así como en audio y video (dos discos compactos) la audiencia inicial de seis de marzo de dos mil dieciocho, así como de su continuación de doce del mismo mes y año (fojas 244 a 253). - Mediante proveído de veintidós de marzo y once de abril, ambos el año en curso (fojas 255 y 267 a 268), se ordenó dar vista a las partes con la determinación dictada por la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; término que se estableció en la certificación realizada por el secretario de acuerdos de este Juzgado. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, sin excesos, ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO. Efectos de la sentencia de amparo: Conforme al texto de la sentencia de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: [.] a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 77/2017, de su índice; b) Reponga el procedimiento en la audiencia inicial, y subsane las violaciones a derechos fundamentales destacadas en el presente fallo constitucional, esto es, que durante el desarrollo de la misma, el pedimento de vinculación a proceso, así como la exposición de datos de prueba y argumentos que lo sustenten, se efectué después de formulada la imputación y de que los imputados hayan tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que decidan si se acogen o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica; debiendo además, requerir de forma oficiosa y urgente a las instituciones registrales correspondientes, para que informen respecto al atestado de nacimiento del peticionario Pascual López Díaz; y, c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, con vista en los datos de prueba que arrojen los informes solicitados, salvo que exista algún impedimento material para su obtención, se pronuncie respecto a la competencia para conocer de las imputaciones efectuadas contra el quejoso Pascual López Díaz; y, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de la totalidad de los quejosos. [.] En la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo se determinó que la responsable había transgredido el derecho de defensa de los quejosos a conocer la imputación y probar a su favor, así como a lo atinente al derecho fundamental de seguridad jurídica para determinar si era competente o no, para conocer del asunto sometido a su jurisdicción por cuanto hace al quejoso Pascual López Díaz. SEGUNDO. Acto de la autoridad. Por su parte, el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de San Cristóbal, en funciones de Juez de Control de la Región Dos, Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por oficio 368/2018, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (foja 242), remitió la audiencia inicial de seis de marzo y su continuación de doce del mismo mes y año (fojas 244 a 253), con la que dio cumplimiento al fallo protector. TERCERO. Análisis de cumplimiento. Ahora, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que este órgano jurisdiccional señaló, haciendo el examen de la copia certificada de la determinación remitida por la autoridad responsable, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere que la autoridad responsable dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 77/2017, sí se llevó a cabo, pues la autoridad responsable en la audiencia inicial de seis de marzo del año en curso, dejó insubsistente dicho auto de vinculación (foja 251). Respecto a que repusiera el procedimiento en la audiencia inicial, y subsanara las violaciones a derechos fundamentales destacadas en el fallo constitucional, esto es, que durante el desarrollo de la misma, el pedimento de vinculación a proceso, así como la exposición de datos de prueba y argumentos que lo sustenten, se efectuara después de formulada la imputación y de que los imputados hayan tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que decidieran si se acogían o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que resolviera sobre su situación jurídica; debiendo requerir de forma oficiosa y urgente a las instituciones registrales correspondientes, para que informaran respecto al atestado de nacimiento del peticionario Pascual López Díaz. Se advierte que sí cumplió, en dichos términos, estos decir, repuso el procedimiento desde la audiencia inicial, en la que en uso de la voz el Fiscal del Ministerio Público, formuló imputación a Salvador López Díaz, Manuel López Díaz, Pascual Conejo Gómez y Pascual López Díaz, por el hecho que la Ley señala como delito de violación agravada previsto y sancionado por los artículos 233, 248, fracciones I y V, con relación al numeral 71 Bis, correlacionado con los ordinales 10, 14, fracción I, 15, párrafos primero y segundo, 19, fracción III, todos del Código Penal en el Estado de Chiapas, en agravio de la menor de iniciales R. L. G. Asimismo, previa declaración rendida por los inculpados, el Ministerio Público, solicitó su vinculación a proceso, procediendo a exponer los datos de prueba, posterior a ello se les hizo saber el derecho que tenían a que su situación jurídica se resolviera dentro de setenta y dos horas o que se duplicara dicho plazo a ciento cuarenta y cuatro, o bien, renunciar a esos plazos constitucionales y resolviera sobre la vinculación a proceso en esa misma audiencia, habiendo manifestado los imputados, previa consulta con su defensor, que su situación jurídica fuera resuelta en la ampliación del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas. Por lo que el doce de marzo del año en curso, en continuación a la audiencia inicial, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Salvador López Díaz, Manuel López Díaz, Pascual Conejo Gómez y del menor de identidad resguardada e iniciales P. L. D., por el hecho que la Ley señala como delito de violación agravada (fojas 244 a 248). De igual forma, con plenitud de jurisdicción, solicitó al Oficial del Registro Civil de San Juan Chamula, Chiapas, la certificación del acta de nacimiento del menor de iniciales P. L. D., y con vista del dato de prueba que arrojó el informe solicitado, se pronunció respecto a la competencia para conocer de las imputaciones efectuadas contra dicho menor; por lo que quedando acreditada la minoría de edad de éste, se declaró legalmente incompetente y dejó al citado menor a disposición del Ministerio Público, para que conforme a sus atribuciones determinará lo correspondiente, asimismo, ordenó informar al Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados, para que procediera a realizar la entrega de dicho inculpado. Pronunciamiento: La autoridad responsable dió cumplimiento a la sentencia de amparo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Manifestaciones: Mediante escrito registrado con el número 4419, el autorizado de la parte quejosa manifiesto que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, toda vez que observa violaciones a los derechos de sus patrocinados, consistentes en: "Se solicito la DECLARACIÓN DE LA MENOR APOLONIA LÓPEZ DÍAZ, misma que no fue autorizada por el Juzgado sin fundar ni motivar la circunstancia de la negativa de la declaración de la menor, cuando es testigo presencial de los hechos. Se hizo las observaciones que LA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, no tuvo datos suficientes e indicios razonables para poder vincular a proceso a mis patrocinados, ya que 1.- LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA, FUE DESPUÉS DE CINCO DÍAS DE REALIZADO LOS SUPUESTOS HECHOS. 2.- EL DICTAMEN MEDICO GINECOLOGICO, ESTABLECE QUE ESTA NO TIENE NINGUNA LESIÓN ESTERNA Y LA VULVA SE ENCUENTRA INTEGRA, SIN LESIÓN, CON DESFLORACIÓN ANTIGUA. 3.- LOS DICTAMENES PSICOLOGICOS Y VICTIMOLOGICOS, VISTOS Y ANALIZADOS QUE FUERON POR LA DEFENSA, SE OBSERVO QUE FUERON TOMADAS DEL FORMATO DE DECLARACIÓN DE LA MENOR, YA QUE OBRAN PUNTOS Y COMAS EXCATAS EN LAS ORACIONES QUE EXPRESO SUPUESTAMENTE LA MENOR. 4.- LA DETENCIÓN DE MIS PATROCINADOS FUE ILEGAL, YA QUE NO LA REALIZARON CONFORME A DERECHO, NO LES INFORMARON, NI MUCHO MENOS LES PROPORCIONARON COPIA ALGUNA DE LA SUPUESTA ORDEN DE APREHENSIÓN. 5.- EL MENOR PASCUAL LOPEZ DIAZ, FUE REMITIDO A LA FISCALIA DE MENORES INFRACTORES, CUANDO DE HABER SIDO REMITIDO A LA FISCALIA DE MENORES INFRACTORES, CUANDO DEBIA HABER SIDO REMITIDO AL TRIBUNAL DE MENORES INFRACTORES". En atención a lo anterior, deberá estarse a lo ordenado en líneas que anteceden de las que se advierte que la autoridad responsable, cumplió con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Siendo en su caso, materia de una diversa instancia, las alegaciones que hace para combatir el cumplimiento de la responsable o la forma en que lo hizo. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. NOTIFICACIÓN A LOS INTERNOS Ahora, en razón que los quejosos Salvador López Díaz, Manuel López Díaz y Pascual Conejo Gómez se encuentran privados de su libertad en el en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 5, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, gírese atento despacho al Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar personalmente a los quejosos el contenido íntegro del presente auto. Para lograr lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad requerida que deberá designar un traductor en lengua Tzotzil o de la que sea indispensable para practicar la diligencia; aunado a ello, dar a conocer a este órgano de control constitucional el nombre, especialidad y cargo de la persona que para tal efecto designe, y así estar en aptitud de proveer lo conducente, de estimarlo necesario. De igual manera, requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo establecido por el artículo 4, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá acudir en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. Finalmente, en razón que se desconoce si el quejoso Pascual López Díaz, se encuentra recluido o no, y en su caso el lugar de reclusión de éste, realícese la notificación del presente auto en el domicilio procesal que señaló para tal efecto. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QEUJOSA EL ACUERDO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en San Cristóbal de las Casas Chiapas, por medio del cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 156/2018, orden 224/2018, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar el auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, a los quejosos Salvador López Díaz, Manuel López Díaz, Pascual López Díaz y Pascual Conejo Gómez. En ese sentido, dése de baja en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, el despacho devuelto por la autoridad de mérito. Acúsese recibo. Ahora, de las constancias que integran en cuadernillo de despacho devuelto, se advierte que no fue posible notificar el auto de veintidós de marzo del presente año, al quejoso Pascual López Díaz, en razón que éste ya no se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 5, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Atento a lo anterior, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento en razón que dicho auto fue notificado de manera personal al autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, (fojas 262). En consecuencia, se provee: Antecedentes: visto el estado procesal que guarda el presente expediente se desprende que: - El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 151 a 175), se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder el amparo y protección solicitado por la parte quejosa. - La resolución de mérito, causo ejecutoria mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, y se solicitó a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma (foja 224 a 225). - Por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (foja 242 a 243), el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de San Cristóbal, en funciones de Juez de Control de la Región Dos, Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió en versión escrita, así como en audio y video (dos discos compactos) la audiencia inicial de seis de marzo de dos mil dieciocho, así como de su continuación de doce del mismo mes y año (fojas 244 a 253). - Mediante proveído de veintidós de marzo y once de abril, ambos el año en curso (fojas 255 y 267 a 268), se ordenó dar vista a las partes con la determinación dictada por la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; término que se estableció en la certificación realizada por el secretario de acuerdos de este Juzgado. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, sin excesos, ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO. Efectos de la sentencia de amparo: Conforme al texto de la sentencia de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: [.] a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 77/2017, de su índice; b) Reponga el procedimiento en la audiencia inicial, y subsane las violaciones a derechos fundamentales destacadas en el presente fallo constitucional, esto es, que durante el desarrollo de la misma, el pedimento de vinculación a proceso, así como la exposición de datos de prueba y argumentos que lo sustenten, se efectué después de formulada la imputación y de que los imputados hayan tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que decidan si se acogen o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica; debiendo además, requerir de forma oficiosa y urgente a las instituciones registrales correspondientes, para que informen respecto al atestado de nacimiento del peticionario Pascual López Díaz; y, c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, con vista en los datos de prueba que arrojen los informes solicitados, salvo que exista algún impedimento material para su obtención, se pronuncie respecto a la competencia para conocer de las imputaciones efectuadas contra el quejoso Pascual López Díaz; y, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de la totalidad de los quejosos. [.] En la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo se determinó que la responsable había transgredido el derecho de defensa de los quejosos a conocer la imputación y probar a su favor, así como a lo atinente al derecho fundamental de seguridad jurídica para determinar si era competente o no, para conocer del asunto sometido a su jurisdicción por cuanto hace al quejoso Pascual López Díaz. SEGUNDO. Acto de la autoridad. Por su parte, el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de San Cristóbal, en funciones de Juez de Control de la Región Dos, Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por oficio 368/2018, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (foja 242), remitió la audiencia inicial de seis de marzo y su continuación de doce del mismo mes y año (fojas 244 a 253), con la que dio cumplimiento al fallo protector. TERCERO. Análisis de cumplimiento. Ahora, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que este órgano jurisdiccional señaló, haciendo el examen de la copia certificada de la determinación remitida por la autoridad responsable, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere que la autoridad responsable dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 77/2017, sí se llevó a cabo, pues la autoridad responsable en la audiencia inicial de seis de marzo del año en curso, dejó insubsistente dicho auto de vinculación (foja 251). Respecto a que repusiera el procedimiento en la audiencia inicial, y subsanara las violaciones a derechos fundamentales destacadas en el fallo constitucional, esto es, que durante el desarrollo de la misma, el pedimento de vinculación a proceso, así como la exposición de datos de prueba y argumentos que lo sustenten, se efectuara después de formulada la imputación y de que los imputados hayan tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que decidieran si se acogían o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que resolviera sobre su situación jurídica; debiendo requerir de forma oficiosa y urgente a las instituciones registrales correspondientes, para que informaran respecto al atestado de nacimiento del peticionario Pascual López Díaz. Se advierte que sí cumplió, en dichos términos, estos decir, repuso el procedimiento desde la audiencia inicial, en la que en uso de la voz el Fiscal del Ministerio Público, formuló imputación a Salvador López Díaz, Manuel López Díaz, Pascual Conejo Gómez y Pascual López Díaz, por el hecho que la Ley señala como delito de violación agravada previsto y sancionado por los artículos 233, 248, fracciones I y V, con relación al numeral 71 Bis, correlacionado con los ordinales 10, 14, fracción I, 15, párrafos primero y segundo, 19, fracción III, todos del Código Penal en el Estado de Chiapas, en agravio de la menor de iniciales R. L. G. Asimismo, previa declaración rendida por los inculpados, el Ministerio Público, solicitó su vinculación a proceso, procediendo a exponer los datos de prueba, posterior a ello se les hizo saber el derecho que tenían a que su situación jurídica se resolviera dentro de setenta y dos horas o que se duplicara dicho plazo a ciento cuarenta y cuatro, o bien, renunciar a esos plazos constitucionales y resolviera sobre la vinculación a proceso en esa misma audiencia, habiendo manifestado los imputados, previa consulta con su defensor, que su situación jurídica fuera resuelta en la ampliación del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas. Por lo que el doce de marzo del año en curso, en continuación a la audiencia inicial, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Salvador López Díaz, Manuel López Díaz, Pascual Conejo Gómez y del menor de identidad resguardada e iniciales P. L. D., por el hecho que la Ley señala como delito de violación agravada (fojas 244 a 248). De igual forma, con plenitud de jurisdicción, solicitó al Oficial del Registro Civil de San Juan Chamula, Chiapas, la certificación del acta de nacimiento del menor de iniciales P. L. D., y con vista del dato de prueba que arrojó el informe solicitado, se pronunció respecto a la competencia para conocer de las imputaciones efectuadas contra dicho menor; por lo que quedando acreditada la minoría de edad de éste, se declaró legalmente incompetente y dejó al citado menor a disposición del Ministerio Público, para que conforme a sus atribuciones determinará lo correspondiente, asimismo, ordenó informar al Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados, para que procediera a realizar la entrega de dicho inculpado. Pronunciamiento: La autoridad responsable dió cumplimiento a la sentencia de amparo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Manifestaciones: Mediante escrito registrado con el número 4419, el autorizado de la parte quejosa manifiesto que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, toda vez que observa violaciones a los derechos de sus patrocinados, consistentes en: "Se solicito la DECLARACIÓN DE LA MENOR APOLONIA LÓPEZ DÍAZ, misma que no fue autorizada por el Juzgado sin fundar ni motivar la circunstancia de la negativa de la declaración de la menor, cuando es testigo presencial de los hechos. Se hizo las observaciones que LA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, no tuvo datos suficientes e indicios razonables para poder vincular a proceso a mis patrocinados, ya que 1.- LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA, FUE DESPUÉS DE CINCO DÍAS DE REALIZADO LOS SUPUESTOS HECHOS. 2.- EL DICTAMEN MEDICO GINECOLOGICO, ESTABLECE QUE ESTA NO TIENE NINGUNA LESIÓN ESTERNA Y LA VULVA SE ENCUENTRA INTEGRA, SIN LESIÓN, CON DESFLORACIÓN ANTIGUA. 3.- LOS DICTAMENES PSICOLOGICOS Y VICTIMOLOGICOS, VISTOS Y ANALIZADOS QUE FUERON POR LA DEFENSA, SE OBSERVO QUE FUERON TOMADAS DEL FORMATO DE DECLARACIÓN DE LA MENOR, YA QUE OBRAN PUNTOS Y COMAS EXCATAS EN LAS ORACIONES QUE EXPRESO SUPUESTAMENTE LA MENOR. 4.- LA DETENCIÓN DE MIS PATROCINADOS FUE ILEGAL, YA QUE NO LA REALIZARON CONFORME A DERECHO, NO LES INFORMARON, NI MUCHO MENOS LES PROPORCIONARON COPIA ALGUNA DE LA SUPUESTA ORDEN DE APREHENSIÓN. 5.- EL MENOR PASCUAL LOPEZ DIAZ, FUE REMITIDO A LA FISCALIA DE MENORES INFRACTORES, CUANDO DE HABER SIDO REMITIDO A LA FISCALIA DE MENORES INFRACTORES, CUANDO DEBIA HABER SIDO REMITIDO AL TRIBUNAL DE MENORES INFRACTORES". En atención a lo anterior, deberá estarse a lo ordenado en líneas que anteceden de las que se advierte que la autoridad responsable, cumplió con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Siendo en su caso, materia de una diversa instancia, las alegaciones que hace para combatir el cumplimiento de la responsable o la forma en que lo hizo. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. NOTIFICACIÓN A LOS INTERNOS Ahora, en razón que los quejosos Salvador López Díaz, Manuel López Díaz y Pascual Conejo Gómez se encuentran privados de su libertad en el en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 5, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, gírese atento despacho al Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar personalmente a los quejosos el contenido íntegro del presente auto. Para lograr lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad requerida que deberá designar un traductor en lengua Tzotzil o de la que sea indispensable para practicar la diligencia; aunado a ello, dar a conocer a este órgano de control constitucional el nombre, especialidad y cargo de la persona que para tal efecto designe, y así estar en aptitud de proveer lo conducente, de estimarlo necesario. De igual manera, requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo establecido por el artículo 4, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá acudir en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. Finalmente, en razón que se desconoce si el quejoso Pascual López Díaz, se encuentra recluido o no, y en su caso el lugar de reclusión de éste, realícese la notificación del presente auto en el domicilio procesal que señaló para tal efecto. Notifíquese.

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