Salvador Millan López
Expediente 244/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Salvador Millan López
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción II del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 20 del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintitrés Agréguese a los autos para que surta sus efectos a los que haya lugar el escrito signado por Salvador Millán López, mediante el cual desahoga el requerimiento ordenado el pasado veintidós de febrero. Atento a lo anterior, se tiene a Salvador Millán López, por propio derecho y en calidad de representante legal de la negociación comercial y socialmente conocida como HELEN PASTELERIA, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Procurador Federal del Consumidor y otras autoridades contra actos del Juez del Primer Tribunal en Materia Laboral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Desechamiento de la demanda Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que de su estudio integral, este juzgado de distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Ello en términos de la fracción XXI, del ordinal 61, de la Ley en comento, que indica que el juicio de amparo es improcedente cuando durante la tramitación de esté, cesan los efectos del acto que se reclama, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Conforme a lo anterior, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Precisado lo anterior, se aprecia que la causa de improcedencia invocada aparece en este juicio en atención a los siguientes antecedentes: En el escrito de demanda la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez del Primer Tribunal en Materia Laboral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al que le reclamo: ".Por omitir dictar y APROBAR EL ACUERDO QUE FIJA LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos de suspender las laboras de la negociación comercial socialmente conocida como HELEN PASTELERÍA, con motivo domicilio ubicado en CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES NÚMERO 9 ESQUINA ALVARO OBREGON, COLONIA CLUB DE GOLF, CUERNAVACA, MORELOS, como motivo de estallamiento de huelga.". La parte quejosa mediante escrito de esta misma fecha, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informó que en el expediente número HUELGA 1T-06/2022, el treinta de enero de dos mil veintitrés, las partes llegaron a un convenio para dar por concluido el conflicto colectivo, así como el estallamiento de huelga, el cual se aprobó en sus términos y se declaró sin materia dicho procedimiento. En la comparecencia que se aprobó el convenio referido, se ordenó al Sindicato emplazante a levantar la huelga y reanudar las actividades en el establecimiento emplazado; adjuntando al escrito de cuenta para acreditar su dicho copia certificada de dicha comparecencia. En ese contexto, se afirma la existencia de la causal de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la omisión reclamada quedó superada con motivo del convenio aprobado por la autoridad judicial, lo que se acredita con las copias certificadas exhibidas; por tanto, resulta innecesario examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo de conformidad en lo previsto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que, con la cesación de los efectos se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban las cosas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Notifíquese por lista y personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistido de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, el inciso b), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintitrés Agréguese a los autos para que surta sus efectos a los que haya lugar el escrito signado por Salvador Millán López, mediante el cual desahoga el requerimiento ordenado el pasado veintidós de febrero. Atento a lo anterior, se tiene a Salvador Millán López, por propio derecho y en calidad de representante legal de la negociación comercial y socialmente conocida como HELEN PASTELERIA, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Procurador Federal del Consumidor y otras autoridades contra actos del Juez del Primer Tribunal en Materia Laboral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Desechamiento de la demanda Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que de su estudio integral, este juzgado de distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Ello en términos de la fracción XXI, del ordinal 61, de la Ley en comento, que indica que el juicio de amparo es improcedente cuando durante la tramitación de esté, cesan los efectos del acto que se reclama, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Conforme a lo anterior, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Precisado lo anterior, se aprecia que la causa de improcedencia invocada aparece en este juicio en atención a los siguientes antecedentes: En el escrito de demanda la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez del Primer Tribunal en Materia Laboral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al que le reclamo: "Por omitir dictar y APROBAR EL ACUERDO QUE FIJA LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos de suspender las laboras de la negociación comercial socialmente conocida como HELEN PASTELERÍA, con motivo domicilio ubicado en CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES NÚMERO 9 ESQUINA ALVARO OBREGON, COLONIA CLUB DE GOLF, CUERNAVACA, MORELOS, como motivo de estallamiento de huelga". La parte quejosa mediante escrito de esta misma fecha, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informó que en el expediente número HUELGA 1T-06/2022, el treinta de enero de dos mil veintitrés, las partes llegaron a un convenio para dar por concluido el conflicto colectivo, así como el estallamiento de huelga, el cual se aprobó en sus términos y se declaró sin materia dicho procedimiento. En la comparecencia que se aprobó el convenio referido, se ordenó al Sindicato emplazante a levantar la huelga y reanudar las actividades en el establecimiento emplazado; adjuntando al escrito de cuenta para acreditar su dicho copia certificada de dicha comparecencia. En ese contexto, se afirma la existencia de la causal de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la omisión reclamada quedó superada con motivo del convenio aprobado por la autoridad judicial, lo que se acredita con las copias certificadas exhibidas; por tanto, resulta innecesario examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo de conformidad en lo previsto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que, con la cesación de los efectos se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban las cosas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Notifíquese por lista y personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistido de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a sus interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 28/07/24 14:15:07 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.51.fc Jacobo Jaimes Brito ? Tomando en consideración la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental de liquidación de laudo (ocho de noviembre de dos mil veintidós) y la fecha de la emisión de la presente sentencia, en nada benéfico resultaría requerir dejarla sin efectos y señalar una fecha diversa, sin que ello deslinde a la autoridad de preparar la misma notificando debidamente a las partes, para llevarla a cabo; asimismo, en etapa de ejecución de sentencia deberá: ? Informar y acreditar el desahogo de la audiencia incidental de liquidación de laudo, señalada para las once horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, ordenada en el juicio laboral 01/112/14, de su índice y hecho que sea lo anterior, se pronuncie sobre la resolución al incidente de liquidación y lo notifique a las partes intervinientes en dicho procedimiento. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Al respecto, la autoridad responsable a través del oficio 165/2023 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés y 236/2023 de uno de febrero de dos mil veintitrés, por el cual adjuntó copia certificada de la resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés dictada en el incidente de liquidación de laudo en el juicio laboral 01/112/2014, procediendo a notificar de manera personal dicha determinación a las partes el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; constancias con las cuales se ordenó correr traslado y dar vista a la aquí quejosa. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés dictó la resolución correspondiente en el incidente de liquidación de laudo del juicio laboral 01/112/2014, procediendo a notificar de manera personal dicha determinación a las partes el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. 28/07/24 14:15:07 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.51.fc Jacobo Jaimes Brito Amparo indirecto 1107/2022 Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable acredite el desahogo de la audiencia incidental de liquidación de laudo, señalada para las once horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, ordenada en el juicio laboral 01/112/14, de su índice y hecho que sea lo anterior, se pronuncie sobre la resolución al incidente de liquidación y lo notifique a las partes intervinientes en dicho procedimiento. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditar que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés dictó la resolución correspondiente en el incidente de liquidación de laudo del juicio laboral 01/112/2014, procediendo a notificar de manera personal dicha determinación a las partes el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de 28/07/24 14:15:07 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.51.fc Jacobo Jaimes Brito la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las 28/07/24 14:15:07 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.51.fc Jacobo Jaimes Brito Amparo indirecto 1107/2022 oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a sus interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". ( Tomando en consideración la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental de liquidación de laudo (ocho de noviembre de dos mil veintidós) y la fecha de la emisión de la presente sentencia, en nada benéfico resultaría requerir dejarla sin efectos y señalar una fecha diversa, sin que ello deslinde a la autoridad de preparar la misma notificando debidamente a las partes, para llevarla a cabo; asimismo, en etapa de ejecución de sentencia deberá: ( Informar y acreditar el desahogo de la audiencia incidental de liquidación de laudo, señalada para las once horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, ordenada en el juicio laboral 01/112/14, de su índice y hecho que sea lo anterior, se pronuncie sobre la resolución al incidente de liquidación y lo notifique a las partes intervinientes en dicho procedimiento. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Al respecto, la autoridad responsable a través del oficio 165/2023 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés y 236/2023 de uno de febrero de dos mil veintitrés, por el cual adjuntó copia certificada de la resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés dictada en el incidente de liquidación de laudo en el juicio laboral 01/112/2014, procediendo a notificar de manera personal dicha determinación a las partes el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; constancias con las cuales se ordenó correr traslado y dar vista a la aquí quejosa. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés dictó la resolución correspondiente en el incidente de liquidación de laudo del juicio laboral 01/112/2014, procediendo a notificar de manera personal dicha determinación a las partes el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable acredite el desahogo de la audiencia incidental de liquidación de laudo, señalada para las once horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, ordenada en el juicio laboral 01/112/14, de su índice y hecho que sea lo anterior, se pronuncie sobre la resolución al incidente de liquidación y lo notifique a las partes intervinientes en dicho procedimiento. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditar que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés dictó la resolución correspondiente en el incidente de liquidación de laudo del juicio laboral 01/112/2014, procediendo a notificar de manera personal dicha determinación a las partes el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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