Salvador Mariscal Baheza
Expediente 960/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Salvador Mariscal Baheza
- Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente asunto no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Ahora, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaría de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, atento a su contenido, dígase a la autoridad oficiante que con esta fecha queda firme la sentencia dictada en los presentes autos. Por último, hágase la devolución de los anexos a la autoridad responsables, que remitió como complemento a su informe con justificación, sin que sea el caso de acusar de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Salvador Mariscal Baheza, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".lo constituye la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2020 emitida por la responsable Tercera Sala. dentro del toca civil 118/2020-18 relativa al recurso de apelación interpuesto en contra la resolución interlocutoria de 30 de octubre de 2019 por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial. dentro del expediente civil número 292/2006-1 acumulado al 38/2001-1 relativo al incidente de rendición de cuentas general del albaceazgo." SEGUNDO. El seis de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 960/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó a juicio al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitida en el toca civil 118/2020-18, que resuelve el recurso de apelación hecho valer contra la resolución de treinta de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el juez natural en el juicio 292/2006, que declara improcedente el incidente de objeción a las cuentas generales presentadas el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, por el albacea y coheredero, confirmando dicha determinación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas de constancias del toca civil 118/2020-8 y juicio 292/2006-1, que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Registro: 394261, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común; Página: 206, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así, como la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, es menester analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea porque las invoquen las partes o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano de control jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que no sean de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para ser calificados como irreparables, los actos necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo el Máximo Tribunal estableció que dicha interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), Décima Época, Registro: 2006589, Instancia: Pleno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Materia(s): Común; Página: 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, atendiendo a que el acto que por esta vía se reclama, tiene su origen en un juicio sucesorio testamentario, quien aquí resuelve, estima necesario puntualizar que la sucesión, constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose dicho procedimiento de cuatro etapas. Código Procesal familiar del Estado de Morelos. ARTÍCULO 701.- FORMACIÓN DE CUATRO SECCIONES EN LOS JUICIOS SUCESORIOS. En todo procedimiento sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello las secciones pueden tramitarse simultáneamente. Las secciones serán las siguientes: I. Sección Primera o de Sucesión, contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II. Sección Segunda o de Inventarios; contendrá: los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones; III. Sección Tercera o de Administración, contendrá: todo lo relativo a administración, cuentas, su glosa y calificación; y, IV. Sección Cuarta o de Partición; contendrá: el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición, los incidentes conexos y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios. Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeñe el cargo de albacea". I. Sección Primera o de Sucesión, contendrá, entre otras cosas, el testamento, las citaciones a los herederos; lo relativo al nombramiento, no aceptación o remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o de tutores; las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. II. Sección Segunda o de Inventarios; contendrá, entre otras cosas: el inventario provisional del interventor; el inventario y avalúo que forme el albacea; los incidentes que se promuevan; y la resolución sobre el inventario y avalúo. III. Sección Tercera o de Administración, contendrá, entre otras cosas: todo lo relativo a la administración; las cuentas, su glosa y calificación; la comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal. IV. Sección Cuarta o de Partición; contendrá: el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; el proyecto de partición de los bienes; los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; los arreglos relativos; las resoluciones sobre los proyectos mencionados; lo relativo a la aplicación de los bienes. Por tanto, es con la última sección con lo que finaliza el juicio, de manera que no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que, cada una de las referidas etapas, se decide por separado a través de la resolución respectiva. De ahí que, la irreparabilidad de la violación a derechos sustantivos que se irrogue, solamente se puede establecer mediante el análisis de la determinación con la que haya culminado la etapa o sección correspondiente del juicio sucesorio, o la que representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Las ideas expuestas en líneas precedentes, encuentran sustento en la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Registro 240224, del Semanario Judicial de la Federación; volumen 187-192, Cuarta Parte, Materia(s) Civil, Página: 231 cuyo título puntualiza: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO". La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal". Asimismo resulta ilustrativa, la tesis I.3o.C.439 C, de Registro 182385, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo Aislada; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, Enero de 2004; Página: 1546, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN". La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." En el caso, se advierte que la pretensión del aquí quejoso es acreditar la ilegalidad de la rendición general de cuentas exhibida por el aquí tercero interesado -dentro de la etapa de administración de la sucesión-, argumentando que resulta inverosímil señale que se adeuda la cantidad de un millón doscientos mil pesos, a la Receptoría de rentas del Municipio de Tétecala Morelos, a partir de dos mil cinco a dos mil diecisiete, en razón a que no está soportada con estado de cuenta, sino por un requerimiento efectuado en dos mil seis, así como es de explorado derecho que los créditos fiscales prescriben en cinco años, pago de honorarios de abogado mismo que debe finiquitarse al concluir el juicio, gastos de albacea, presunto gasto erogado para pagar al cuidador de los predios y otros que refirió en el escrito respectivo. Para lo cual, promovió incidente de objeción, impugnación y oposición a la rendición de cuentas general de administración, mismo que fue considerado improcedente por el Juez Civil de Primera Instancia, en razón a que el albacea de la sucesión en el informe general de rendición de cuentas únicamente se encuentra comunicando sobre los activos y pasivos generados por motivo de su administración de la sucesión, por lo que aún no se requiere de cobro, así como se está solicitando para proceder a la escrituración de los predios recuperados así como para gastos diversos que cada herederos aporte su parte proporcional, en cuanto al impuesto predial señala es una obligación de los propietarios de inmuebles como así se demuestra con la documental exhibida por la Receptoría de Rentas de Tetecala, Morelos, prueba ofrecida por la parte quejosa, además que el informe de rendición de cuentas únicamente es para conocimiento de los herederos que no decide ni se ha calificado su cobro.. Por lo que, el aquí quejoso, promovió recurso de apelación en su contra, argumentando que el Juez del conocimiento realizó una indebida valoración de las probanzas aportadas al incidente de mérito; medio de defensa que la superioridad confirmó el acto primigenio. De lo anterior se colige que en el caso que nos ocupa, no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar al acto que por esta vía se reclama como de imposible reparación, pues no afecta de manera directa, inmediata y actual alguno de los derechos sustantivos del aquí quejoso, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreversible la violación de derecho alguno, lo que hace improcedente esta instancia constitucional para analizar la resolución reclamada. Lo anterior, si se considera que aún no se resuelve en forma definitiva lo concerniente a la rendición de cuentas exhibida por el aquí tercero interesado, pues de las constancias de autos no se advierte que a la fecha de emisión de esta sentencia exista una resolución que apruebe o desapruebe la misma; de tal manera que la resolución reclamada sólo deriva en una cuestión adjetiva o procesal, que no es impugnable en esta instancia constitucional, ni aun cuando se estimare que se hayan lesionado derechos adjetivos en grado predominante o superior; pues en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no es razón suficiente para estimar procedente este juicio constitucional. Luego, si el acto reclamado solamente trata sobre una determinación intraprocesal, acaecida durante el trámite de etapa relativa a la administración de la herencia, en específico respecto a la rendición de cuentas exhibidas por el aquí tercero interesado, al que como albacea está obligado a rendir respecto a la administración del albaceazgo; entonces, los efectos que trajo consigo la resolución reclamada, únicamente son de índole adjetivo, que se reitera, no actualizan la procedencia de la presente vía constitucional, pues no se advierte que las consideraciones que sustentan al resolución reclamada, generen una afectación material a los derechos fundamentales del aquí quejoso, a tal grado que le impida ejercer un derecho en forma presente. Sin que tampoco pueda estimarse que la resolución reclamada sea autónoma, o se oponga a la resolución de la segunda sección del juicio testamentario de origen. Lo que evidencia que se trata de un mero acto de carácter intraprocesal, que no afecta de manera material los derechos sustantivos del aquí quejoso, pues únicamente tiene por efecto que se analice la rendición de las cuentas exhibidas por el aquí tercero interesado, en los términos que manifestó en el escrito correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis VI.3o. J/20, Registro 194833, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Enero de 1999, Página 789, que dice: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, se sobresee en el juicio de amparo promovido por el aquí quejoso en contra de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictada en los autos del toca civil 118/2020-18, que deriva del juicio sucesorio 292/2006-1. Sin que sea necesario analizar las diversas causales de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, en razón a que en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veinticinco de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito de la parte tercero interesada Jorge Francisco Mariscal Baheza, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Salvador Mariscal Saenz y Carmen Baheza Gascón, a través del cual se apersona al juicio de amparo, señala domicilio procesal y designa autorizados; al respecto, se provee lo siguiente: En términos de lo dispuesto por el dispositivo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada a la presente contienda constitucional a Jorge Francisco Mariscal Baheza, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Salvador Mariscal Saenz y Carmen Baheza Gascón, en su carácter de tercero interesada. Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, así como para los mismos efectos a las personas que cita y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista que indica. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 737/2019, así como testimonio de la ejecutoria dictada por la Superioridad el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del amparo en revisión 21/2020, en la cual en su único punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Juitepec, Morelos...". Sin que sea necesario acusar de recibido, comuníquese a las partes y glósese el cuaderno de antecedentes. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 60/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007912 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 7 Jurisprudencia (Común) Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I ".CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." ".En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Ahora bien, tomando en consideración la excesiva carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional; se faculta a los actuarios adscritos, para que realicen la presente notificación, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, quien actúa con el Secretario Jaime Cesar Pereyra Román, que autoriza. Doy fe.
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