Salvador Maldonado Gonzalez

Expediente 908/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
908/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Salvador Maldonado Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 20, fracción l del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Devuélvase a las autoridades respectivas las documentales que allegaron al presente asunto, mismas que obran en tres tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 908/2023, promovido por Salvador Maldonado González, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de julio de dos mil veintitrés (fojas 3-16), en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Salvador Maldonado González, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 908/2023, y en proveído de trece de julio del presente año, la admitió (foja 49); se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que se reclama una omisión y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por el quejoso a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, y Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, ambas, con sede en esta ciudad, consiste en: La resolución administrativa de siete de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente CIA/UAI/234/2021, en la que fue removido de su cargo. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, y Presidente de la citada Comisión, ambas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 59), aceptaron la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las documentales que adjuntaron tanto la quejosa como las citadas autoridades; las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Así, teniendo a la vista las actuaciones del diverso juicio de amparo 1129/2022, así como la presente demanda se puede afirmar que en la especie se actualizan, las causales previstas en las fracciones IX, y XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establecen textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, nos señala que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Por lo tanto, si se promueve una demanda de amparo donde el acto reclamado tenga vinculación con lo resuelto en otro diverso, se entiende que el segundo promovido resultaría improcedente. Dicha causal de improcedencia tiende a evitar que una misma cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produzca una proliferación de juicios sobre la misma materia, que impediría la firmeza de las resoluciones judiciales. La misma fue explicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió el amparo directo en revisión 7235/2016, en donde determinó lo siguiente: "50. El primero de ellos se actualiza cuando se deja libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para pronunciarse, bajo su libre arbitrio judicial, respecto a los tópicos especificados en la sentencia de amparo. En estos casos, lo que se resuelve en cumplimiento al amparo constituye un acto totalmente diferente al primero que fue señalado como reclamado, y esa nueva resolución es susceptible de combatirse a través de un nuevo juicio constitucional. 51. El otro supuesto se configura cuando el juzgador de amparo deja ceñidos los efectos de la sentencia de amparo y señala los fundamentos que debe observar la autoridad responsable para emitir su determinación, de manera que no pueda brindar una fundamentación y motivación distinta a la ya establecida por el órgano de control constitucional. 52. De este modo, cuando la responsable no cumple puntualmente los efectos, resultan procedentes los medios de defensa establecidos en la ley para combatir el desacato a la sentencia, pero no procede un nuevo juicio de amparo. 53. La fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo se refiere a la improcedencia del juicio constitucional en contra de las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de amparo, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a los efectos establecidos por el órgano de control constitucional. Así, en este supuesto, como ya se dijo, la autoridad responsable no emite consideraciones propias en plenitud de jurisdicción que ameriten un nuevo análisis por parte del Juez de amparo. 54. El nuevo juicio constitucional que se promueve en contra de una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, resulta improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. 55. Para dar respuesta al planteamiento de la quejosa, es necesario partir de lo dispuesto en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(29) que prevén el derecho de toda persona a contar con un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención. El recurso debe ser realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. 56. Así, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho de acceso a la justicia, ya que no siempre ni en cualquier caso los tribunales deben resolver el fondo del asunto que se les plantea. Importa verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL."(30) 57. Con base en esta lógica, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no contradice el derecho a contar con un recurso eficaz. Esta norma no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo en atención a razones de seguridad jurídica. Se generaría una cadena interminable de juicios de amparo si existiera autorización para combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial, sino en atención a lo ordenado por el propio Tribunal Colegiado que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta. Por ello, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al establecer que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas emitidas por la responsable en las que no tiene libertad de jurisdicción. 58. La improcedencia se justifica por el hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica". Dicha ejecutoria originó la jurisprudencia 1a./J. 57/2018, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Libro 60, Tomo I, página 829, de Noviembre de 2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018315, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración". Aunado a lo anterior, a la fecha no se ha declarado cumplida la ejecutoria dictada dentro del citado juicio 1129/2022, del índice de este Juzgado, del que se advierte lo siguiente: 1.- El veintiocho de abril de dos mil veintitrés, fue dictada la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al aquí quejoso; 2.- El veinticuatro de mayo siguiente causó ejecutoria la misma; 3.- El veintinueve de junio pasado se dio vista al quejoso con las constancias remitidas por la autoridad responsable para que manifestara lo que a su interés conviniera; 4.- El cinco de julio de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso promoviendo incidente de repetición del acto reclamado; 5.- El ocho de agosto siguiente se determinó que no se encontraba cumplida la ejecutoria, se requirió nuevamente su cumplimiento a la autoridad responsable y se desechó el incidente de repetición del acto reclamado; 6.- El quince de agosto posterior se tuvo al quejoso interponiendo recurso de queja contra el citado auto; y, 7.- El seis de septiembre actual se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, admitiendo a trámite el recurso de queja, el cual a la fecha se encuentra sub judice. Ahora, si bien en la ejecutoria dictada por este Juzgado dentro del diverso juicio 1129/2022, se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que no volviera a incurrir en las violaciones de falta de fundamentación y motivación del acto original que se estudiaron, porque de éstas es cosa juzgada; al analizar tanto la resolución reclamada en aquél juicio como el acto aquí reclamado, se aprecia que esta continua con los mismos vicios (falta de fundamentación y motivación), ya que los efectos de la ejecutoria lo fueron específicamente para que la autoridad responsable precisara con relación al artículo 133, fracción XVI, del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública cuál fue el delito o falta administrativa en que presuntamente incurrió el quejoso al haber cumplido con una orden, ya que la autoridad responsable fue omisa al respecto. Sin embargo, del estudio de la nueva resolución aquí reclamada, de fecha siete de junio de dos mil veintitrés, se advierte que la responsable de nueva cuenta incurrió en dicha omisión, ya que en su capítulo VIII, denominado "LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EQUIDAD, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA, QUE SIRVEN COMO SUSTENTO PROCESAL.", se limitó a transcribir diversas disposiciones normativas pero sin llegar a la conclusión que le fue señalada en la ejecutoria de referencia, es decir, omite señalar en términos del artículo 133, fracción XVI, cuál fue el delito o falta administrativa en que presuntamente incurrió el quejoso al haber cumplido con una orden. Lo anterior así se determinó también en auto de ocho de agosto pasado, dictado dentro del citado juicio 1129/2022, del índice de este juzgado, al señalar que no se encontraba cumplida la ejecutoria y volver a requerir a la autoridad responsable su debido cumplimiento, lo que a la fecha no ha ocurrido. Así, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, toda vez que las cuestiones que ahora plantea el quejoso en su demanda de amparo, no revisten autonomía propia que sea susceptible de análisis individual, sino que se trata de una consecuencia jurídica inmediata relacionada directamente la sentencia dictada por este Juzgado, dentro del diverso juicio de amparo 1129/2022. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración XXI.1o. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 2000, registro 192185, novena época, materia común, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, tal determinación no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efecto de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 Constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso el quejoso, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salvador Maldonado González, por los actos y razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    UDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 908/2023. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta al juez con las documentales exhibidas tanto por el quejoso como por la autoridad responsable. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. 06/10/23 13:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán Abierto el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la referida legislación, y tomando en consideración que las partes no los formularon, les precluye su derecho para realizarlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. José Ramón Rocha González. Maestro en Amparo. (Firmado electrónicamente) Secretario de Juzgado. Licenciado Leonardo Rojas Barragán. (Firmado electrónicamente)

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para cumplir con lo requerido en autos, esto es, para remitir la totalidad de constancias que integran la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001564/2021, ello, toda vez que refiere que el Ministerio Público Federal únicamente les envió las documentales con las que contaba en ese momento, las cuales refiere dieron origen a la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/234/2023 y arrojaron los elementos necesarios para acreditar la falta administrativa imputada en contra del quejoso, por ello no cuenta con éstas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I-2 Morelia en el Estado de Michoacán de Ocampo, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, remita copia certificada íntegra y perfectamente legible de la totalidad de constancias que integran la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001564/2021, o en su caso, informen la imposibilidad que tengan para ello. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, no informar el impedimento legal que tengan para ello, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumento que por esa causa recibe. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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