Salvador Herrera Alfaro

Expediente 1133/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1133/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Salvador Herrera Alfaro
  • Salvador Herrera Alfaro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1133/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales y discos compactos que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, anexó a su informe justificado. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se declara precluído el derecho de las partes para formular alegatos. R E S U L T A N D O: Primero. Mediante oficio recibido el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por el Segundo Periodo Vacacional del Titular adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, remitió la demanda de amparo presenta en dicho juzgado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, promovida por Jorge Alfredo Correa Cervantes en cuanto defensor de Salvador Herrera Amparo y/o Salvador Herrera Alfaro y Oscar Jesús Amezcua Aguilar, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, y, 2. Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Actos reclamados: -. La orden de detención en contra de los quejosos y su ejecución. Toda vez que mediante auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por el Segundo Periodo Vacacional del Titular adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, tuvo por recibida la demanda únicamente como autoridad auxiliar en términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, razón por la que ordenó remitirla al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno. Segunda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 1133/2019, se admitió mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho; se dio vista a las partes con los informe justificados rendidos por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán y por el Director de Litigación de la Fiscalía de Zamora; asimismo, se otorgó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos atribuidos a las autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: -. La orden de detención en contra de los quejosos y su ejecución Tercera. Al momento de rendir su informe justificado la totalidad de las autoridades responsables manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues los actos reclamados son de caracter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tales negativas. No se pierde de vista que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zamora, Michoacán, que el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa 346/2018, se libró orden de aprehensión en contra de los quejosos Salvador Herrera Amparo y/o Salvador Herrera Alfaro y Oscar Jesús Amezcua Aguilar, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Atento a lo anterior, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda -veinte de diciembre de dos mil dieciocho- no existía orden vigente de aprehensión contra los quejosos, ya que al tratarse de un acto de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo a la fecha en que se presentó la demanda. Sustenta a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a/J.36/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Asimismo, no obstante que los quejosos hubieran sido detenidos desde la fecha de presentación de la demanda, posteriormente el Juez responsable informó que el trece de enero de dos mil diecinueve dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Salvador Herrera Amparo y/o Salvador Herrera Alfaro, y que el veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictó auto de vinculación a proceso a Oscar Jesús Amezcua Aguilar, por lo que tampoco sería posible analizar la detención de los quejosos sin afectar su nueva situación jurídica. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Alfredo Correa Cervantes en cuanto defensor de Salvador Herrera Amparo y/o Salvador Herrera Alfaro y Oscar Jesús Amezcua Aguilar por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento de Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de veintiocho de febrero del año en curso, remite las constancias del auto de no vinculación a proceso a favor del quejoso Salvador Herrera Alfara; así como el auto de vinculación a proceso del imputado Oscar Jesús Amezcua Aguilar. En tal virtud, se tiene a la autoridad en cita, cumpliendo el requerimiento formulado en autos, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que anexa en apoyo la autoridad responsable, por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental que anexa la autoridad responsable en cita, por su propia y especial naturaleza, consistente en copia de las audiencias orales de la causa penal ZAM/346/2018, con fundamento en dicho precepto, en relación con los diversos artículos 93, fracción VII, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en comento, se tiene por admitido dicho medio de prueba. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el citado disco compacto, para los efectos legales conducentes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Hágase nueva relación de lo anterior al momento de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, tiene por recibido el oficio remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 90/2019 del índice de este juzgado, enviado a efecto de emplazar al tercero interesado Ramón Martínez Villanueva. Dése de baja la aludida comunicación y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora, mediante el cual informa que el trece de enero de dos mil diecinueve, se resolvió no vincular a proceso al quejoso Salvador Herrera Alfaro y/o Salvador Herrera Amparo y el veinte de febrero del año en curso, se dictó auto de vinculación a proceso al diverso quejoso Oscar Jesús Amezcua Aguilar, toda vez que mediante auto de veintiséis de febrero se acordó lo conducente. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero del año en curso, se requirió al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora a efecto de que remita las constancias con lo que acredite lo mencionado en el párrafo anterior; sin que a la fecha se hayan recibido las constancias que acrediten el cumplimiento a lo requerido en autos. Por otra parte, al ingresar a la página electrónica de la empresa de mensajería "ESTAFETA" y solicitar el rastreo de las guía 2530745634 en la cual se remitió el oficio 4395 dirigido a la autoridad responsable, se advierte la leyenda de que fue entregado y recibido el cinco de marzo de dos mil diecinueve. Por tanto, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinticuatro horas concedido a la autoridad responsable a efecto de que cumpla con el requerimiento de veintiocho de febrero del año en curso. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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