Salvador López Pahua

Expediente 1191/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1191/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Salvador López Pahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguense únicamente para que obren como correspondan los números de oficios 1299/2021 y 1302/2021, ambos signados por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante los cuales devuelven sin diligenciar los despacho número 98/2021 (40/2021-D) y 516/2020 (195/2020-D), respectivamente; toda vez que por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, mismo que quedó firme en proveído de veintitrés de abril siguiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho provisto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicho proveído no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  3. Incidental

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintitrés de marzo dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio J-Vl-78/2019, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional el ocho de marzo del año en curso, remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas el cuatro de marzo de la presente anualidad, a las partes, en el juicio laboral de origen respecto de la resolución interlocutoria de sustitución patronal emitida el quince de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral *******. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo promovida por ********, por conducto de sus apoderados jurídicos, señalando como acto reclamado: "IV. ACTO U OMISIÓN RECLAMADO DE CADA AUTORIDAD. La omisión de emitir el acuerdo de pruebas y, por consecuencia de lo anterior, lo omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de sustitución patronal planteado por la parte actora presentado en fecha 07 siete de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del expediente ordinario laboral *******, y la omisión de turnar el expediente del cual emana el acto reclamado al actuario respectivo" En efecto, la parte quejosa reclama por esta vía Constitucional la omisión de emitir el acuerdo de pruebas, así como la omisión de dictar la resolución interlocutoria respecto del incidente de sustitución patronal planteado por la parte actora y su notificación dentro del juicio laboral ******. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este contexto, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, a través de sus oficios J-VI-321/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte y J-Vl-37/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, recibidos en oficialía de partes de este Juzgado Federal, el catorce de diciembre de dos mil veinte y el uno de marzo de dos mil veintiuno respectivamente; por medio del cual, remitió copia certificada del auto por el que recayó a las pruebas ofrecidas por la parte actora en el juicio laboral J-VI-679/2012 y la resolución interlocutoria de sustitución patronal emitida el quince de diciembre de dos mil veinte, y a través del oficio de cuenta remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas el cuatro de marzo de la presente anualidad, a las partes, en el juicio laboral de origen respecto de la resolución interlocutoria de sustitución patronal dictada en el controvertido de origen; constancias, que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, de dichas constancias, se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se emitió el acuerdo de pruebas en el juicio de origen, el cual remitió la responsable a través del oficio J-VI-321/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte, recibido en oficialía de partes de este Juzgado Federal, el catorce de diciembre de dos mil veinte. Del mismo modo, el quince de diciembre del dos mil veinte, se dictó la resolución interlocutoria de sustitución patronal dictada en el juicio natural, el cual remitió la responsable a través del oficio J-Vl-37/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, recibidos en oficialía de partes de este Juzgado Federal, el uno de marzo de dos mil veintiuno, resolución que fue notificada a las partes el cuatro del mes y año en curso, como se advierte de las constancias que acompaña la Junta responsable al oficio de cuenta. De lo anterior, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (trece horas con veintitrés minutos del cinco de abril de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio J-Vl-78/2019, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional el ocho de marzo del año en curso, remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas el cuatro de marzo de la presente anualidad, a las partes, en el juicio laboral de origen respecto de la resolución interlocutoria de sustitución patronal emitida el quince de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral *******. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo promovida por ********, por conducto de sus apoderados jurídicos, señalando como acto reclamado: "IV. ACTO U OMISIÓN RECLAMADO DE CADA AUTORIDAD. La omisión de emitir el acuerdo de pruebas y, por consecuencia de lo anterior, lo omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de sustitución patronal planteado por la parte actora presentado en fecha 07 siete de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del expediente ordinario laboral *******, y la omisión de turnar el expediente del cual emana el acto reclamado al actuario respectivo" En efecto, la parte quejosa reclama por esta vía Constitucional la omisión de emitir el acuerdo de pruebas, así como la omisión de dictar la resolución interlocutoria respecto del incidente de sustitución patronal planteado por la parte actora y su notificación dentro del juicio laboral ******. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este contexto, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, a través de sus oficios J-VI-321/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte y J-Vl-37/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, recibidos en oficialía de partes de este Juzgado Federal, el catorce de diciembre de dos mil veinte y el uno de marzo de dos mil veintiuno respectivamente; por medio del cual, remitió copia certificada del auto por el que recayó a las pruebas ofrecidas por la parte actora en el juicio laboral J-VI-679/2012 y la resolución interlocutoria de sustitución patronal emitida el quince de diciembre de dos mil veinte, y a través del oficio de cuenta remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas el cuatro de marzo de la presente anualidad, a las partes, en el juicio laboral de origen respecto de la resolución interlocutoria de sustitución patronal dictada en el controvertido de origen; constancias, que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, de dichas constancias, se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se emitió el acuerdo de pruebas en el juicio de origen, el cual remitió la responsable a través del oficio J-VI-321/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte, recibido en oficialía de partes de este Juzgado Federal, el catorce de diciembre de dos mil veinte. Del mismo modo, el quince de diciembre del dos mil veinte, se dictó la resolución interlocutoria de sustitución patronal dictada en el juicio natural, el cual remitió la responsable a través del oficio J-Vl-37/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, recibidos en oficialía de partes de este Juzgado Federal, el uno de marzo de dos mil veintiuno, resolución que fue notificada a las partes el cuatro del mes y año en curso, como se advierte de las constancias que acompaña la Junta responsable al oficio de cuenta. De lo anterior, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (trece horas con veintitrés minutos del cinco de abril de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente.

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