Salvador Herrera Peña

Expediente 332/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
332/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Salvador Herrera Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 850/2023, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, remite las constancias de notificación al quejoso ********************, por tanto téngasele debidamente diligenciado el despacho número ********************, por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, le notificara el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene debidamente notificada a la parte quejosa del auto antes mencionado; ahora, como de la diligencia realizada por el actuario de su adscripción, se advierte que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, con apoyo en los numerales 27, fracción II y 29 de la ley de la Materia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, por tanto, las subsecuentes notificaciones se ordena practicarlas por medio de lista, en tanto designe domicilio en esta ciudad. Por su parte, como en la constancia levantada por el Actuario adscrito al Juzgado auxiliar el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que el quejoso ********************, manifestó ante la presencia del fedatario que desiste total y completamente del presente juicio de amparo; así como de la demanda presentada en el auto inicial, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 63, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Dichos artículos refieren lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio". Bajo ese orden de ideas y atento a que el desistimiento de la acción constitucional, constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; por consiguiente, el desistimiento manifestado ante un fedatario público, actualiza la causal de improcedencia prevista en el fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al anterior criterio la Tesis Jurisprudencial número 2a./J.33/2000, visible en la Página 147, Segundo Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Por las razones que contiene, sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. CCXLIII/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 414, con registro digital 2015721, que dice: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE ES ADMISIBLE SU RATIFICACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO. De los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad del promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. En ese sentido, como la ley prevé que el tribunal de amparo ordenará la ratificación del escrito de desistimiento, ordinariamente se entiende que dicho acto tiene lugar ante ese tribunal, por ser el que requiere y ante quien se presenta el escrito respectivo; circunstancia que genera certeza en dicho órgano sobre la voluntad del compareciente. Sin embargo, hay casos en que la comparecencia ante el tribunal de amparo por la parte que desiste resulta difícil o gravosa, como cuando, a pesar de haber señalado algún domicilio para recibir notificaciones ante dicho órgano jurisdiccional, esa parte es plural y cada uno de los sujetos tiene su domicilio en lugares distantes entre sí y también respecto del lugar de residencia del tribunal, por lo que para lograr la comparecencia ante la autoridad judicial sería necesario el envío de comunicación a diversos órganos jurisdiccionales del país, o incluso carta rogatoria a algún juez extranjero. Para casos como ése, podría resultar admisible, excepcionalmente, alguna otra forma de ratificación que genere suficiente certeza sobre la voluntad de desistimiento, sin forzar a las partes a acudir ante el órgano jurisdiccional, como sería la que se hiciera ante un notario público que goza de fe pública cuya actuación, por tanto, se tiene por cierta, salvo prueba en contrario". También se cita la diversa tesis aislada XIX.1o.1 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 1758, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES INNECESARIA SU RATIFICACIÓN CUANDO QUEDA ACREDITADO ANTE EL SECRETARIO DE LA JUNTA RESPONSABLE LA VOLUNTAD DEL QUEJOSO EN ESE SENTIDO, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS CON APOYO EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA. En virtud de que el objeto de la ratificación del desistimiento es constatar que es voluntad auténtica y libre del quejoso terminar la tramitación del juicio de amparo en el estado en que se encuentre por así convenir a sus intereses, debe considerarse que tanto su voluntad de desistir, como la libertad con la que lo manifiesta, quedan acreditadas al expresar en su comparecencia ante un funcionario investido de fe pública como lo es el secretario de la Junta responsable, su intención de desistir de la demanda de amparo, sin necesidad de ratificación, por lo que debe sobreseerse en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia, la demanda de amparo se DESECHA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, dado el desechamiento de la demanda, se estima innecesario hacer mayor pronunciamiento en relación con la solicitud elevada al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, quien fue omiso en atender los requerimientos realizados por este órgano jurisdiccional, en relación a proporcionar a algún profesional del derecho para que asesore al quejoso ********************. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 756/2023, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual informa los trámites que está realizando a fin de llevar a cabo la diligencia que se le encomendó por despacho número 201/2013 (112/2023-D), lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se advierte que el ********************, fue omiso en atender el requerimiento realizado en auto de veintidós de marzo del año en curso, relativo a proporcionar a algún profesional del derecho para que asesore al quejoso ********************; por tanto, requiérasele por última ocasión para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente auto, cumpla con lo anterior, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello; en la inteligencia que en el oficio 5627/2023 se le acompañó copia de la demanda de amparo. Apercibido que de no dar cumplimiento se le impondrá una multa de cincuenta a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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