Salvador Leal Guevara

Expediente 760/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
760/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Salvador Leal Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido... Notifíquese personalmente...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido, para que surta los efectos legales procedentes el escrito firmado electrónicamente por Salvador Leal Guevara y anexo que acompaña; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 760/2022. Sentado lo anterior, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y aclaratorio, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. En ese tenor, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En la tesis en cita, el más alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de derechos fundamentales en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional; en otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda de amparo es un todo que debe interpretarse de manera integral. Teniendo en cuenta lo señalado, del completo análisis de la demanda de amparo, se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." En el caso, el que suscribe estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (Lo destacado es propio) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados estos, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclama o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efecto, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado a la parte quejosa la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las dos restantes, se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la ley que rige la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". En ese sentido, es necesario precisar que Salvador Leal Guevara manifestó como actos reclamados los siguientes: "Del Comandante de la Primera Zona Naval reclamo: a) La resolución contenida en el oficio 1579/2022 de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se me comunica la baja del servicio activo de la Armada de México por incapacidad para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al servicio. b) La instauración, resolución y ejecución del procedimiento administrativo de baja en contra del quejoso; y c) La aplicación de los artículos 87, fracción VII de la Ley Orgánica de la Armada de México. Del Congreso de la Unión, así como del Presidente de la República, impugno la expedición, discusión, sanción aprobación y emisión del artículo 87, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Armada de México, por contener disposiciones contrarias a la Constitución, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículo 1, 4 y 5 de la Constitución, al ser discriminatorias contra las personas, en relación con sus condiciones de salud, lo que hace nugatorio el derecho al trabajo... Del Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Director General del Banco Nacional del Ejército, Fuera Aérea y armada, Director General de Recursos Humanos y Dirección General Adjunta de Control de Personal, éstos últimos pertenecientes a la Secretaría de Marina-Armada de México, impugno la ejecución de la baja del servicio activo del suscrito." Asimismo, manifiesta en el numeral 3 del capítulo de hechos lo siguiente: 3. Que el 25 de julio de 2022, bajo protesta de decir verdad, estando en mi domicilio, personal de la Secretaría de Marina Armada de México, me notificó el oficio 1579/2022 de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se me comunica la baja del servicio activo de la Armada de México por incapacidad para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al servicio, lo que me causa perjuicio y me deja en completo estado de indefensión al privarme de mi trabajo remunerado que me permite solventar mis necesidades más básicas debido al estado de salud en el que me encuentro." Lo que se concatena con las documentales anexas a su escrito de demanda, de la cuales destaca la cédula de notificación con la persona interesada, que contiene la notificación personal que se practicó al aquí quejoso el veinticinco de julio del año en curso, por la notificadora teniente de corbeta Katia Olivia Toledano Tortolero. Así, en términos de lo dispuesto por el numeral 17 de la ley de la materia, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo se computó a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación realizada al promovente de la resolución contenida en el oficio 1579/2022 de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado, en términos de lo que señala el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece lo siguiente: Artículo 38. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezaran a correr a partir del día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos la notificación. Por tanto, si se encuentra demostrado que la notificación que le fue practicada de la citada resolución, en la que además le fue aplicada la norma que reclama en su carácter de heteroaplicativa, esto es, por su primer acto de aplicación, surtió efectos el veinticinco de julio de dos mil veintidós, de ahí que, su presentación se hizo fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues estos transcurrieron del veintiséis de julio al quince de agosto de este año, descontándose el treinta y treinta y uno de julio, seis, siete, trece y catorce de agosto del presente año, por ser sábados y domingos, y la demanda de amparo fue presentada en línea el dieciséis de agosto de dos mil veintidós a las 00:01:22, como se puede advertir de la evidencia criptográfica que a continuación se inserta: Lo que además se corrobora con la boleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, de la cual se advierte que dicha demanda fue presentada electrónicamente el dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Por ello, es claro que la demanda de amparo, al presentarse hasta el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, como se advierte de la fecha contenida en la evidencia criptográfica de la demanda presentada en línea y en la boleta de turno antes indicada, se hizo en forma extemporánea; de ahí que, el acto que se reclama, se considera tácitamente consentido al no presentarse la demanda dentro del plazo genérico de quince días siguientes a la fecha en que surtió efectos la notificación de la resolución que constituye el acto reclamado; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Destacándose que la parte quejosa también señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 87, fracción VII de la Ley Orgánica de la Armada de México, que fueron aplicados en la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente 153/2021, de la Secretaría de Marina Armada de México, Primera Región Naval, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ahora bien, resulta necesario señalar que de conformidad con los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra normas generales que transgreden los derechos humanos reconocidos en el Pacto Federal, así como en los tratados internacionales en los que México sea parte. En ese contexto, es preciso indicar que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir, necesariamente, del examen de la naturaleza de éstas para así determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse; así, de una lectura a la fracción I del numeral 107 de la Ley de Amparo, se puede establecer que una legislación causa un perjuicio desde que entra en vigor o con motivo del primer acto de aplicación. En esa temática, las normas generales pueden ser de carácter autoaplicativo o heteroaplicativo; los efectos de las primeras ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Así, para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que la disposición cuestionada ocasiona a la persona un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone la parte agraviada para ejercer la acción constitucional. De lo antes precisado, se desprende que lo que permite efectuar la distinción de las normas para efectos de su impugnación, es el concepto de individualización, ya que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o condicionada. Así, cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: 1. Son consustanciales a la disposición legal desde que entran en vigor. 2. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. 3. Nacen con ella misma. 4. No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: 1. Requieren la realización de algún acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede ser de la autoridad o del particular, para situarlo en la hipótesis legal (condición). 2. No surgen de manera automática con la sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. 3. Se hallan sometidos a la realización o aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto. En ese orden, las disposiciones contenidas en el acuerdo reclamado son de naturaleza heteroaplicativa, pues requieren la realización de algún acto necesario para que éste adquiera individualización, en el caso, dicho acto se llevó a cabo con el oficio de cinco de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 153/2021, de la Secretaría de Marina Armada de México, Primera Región Naval, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, en el que se le comunica la baja del servicio activo de la Armada de México y de la Compañía Independiente Infantería de Marina Número 11. Precisado lo anterior, debe destacarse que de acuerdo con la técnica de elaboración de sentencias en el juicio de amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.71/2000 estableció que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Por tanto, el juzgador debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así (es decir, si el juicio es improcedente contra el acto de aplicación), se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. La Jurisprudencia señalada número 2a./J.71/2000, registro 191311, se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 235, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". En el caso particular, la parte quejosa como anteriormente indicó señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 87, fracción VII de la Ley Orgánica de la Armada de México, que fueron aplicados en la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente 153/2021, de la Secretaría de Marina Armada de México, Primera Región Naval, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas. En ese tenor, el que suscribe estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de la Materia. Lo anterior es así, en virtud de que el motivo de inconformidad, previamente apuntado, deriva de la aplicación del artículo 87, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Armada de México, en la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente 153/2021, de la Secretaría de Marina Armada de México, Primera Región Naval, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, Entonces, no se puede desvincular el estudio de la ley del correspondiente análisis a su acto de aplicación, por lo que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley, tal y como acontece en el acto concreto. Esta afirmación encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, página 251, de número de registro digital 232361, con rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Por lo que, no se debe desvincular el estudio de las disposiciones normativas reclamadas del análisis relativo al acto de aplicación; de ahí que, al resultar improcedente el amparo en cuanto a la aplicación concreta de las disposiciones normativa reclamada, y tomando en consideración la técnica de este medio de control constitucional conlleva a estudiar primero la improcedencia del juicio por cuanto al primer acto concreto de aplicación y, de ser improcedente por éste, es improcedente la demanda respecto de la norma reclamada. En tales condiciones, al no haber presentado su demanda de amparo Salvador Leal Guevara dentro del término señalado en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es incuestionable su improcedencia, conforme con el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la ley en consulta, razón por la cual con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Así como la jurisprudencia número 4, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados que para tal efecto designa, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los oficiales administrativos que ahí menciona, por así solicitarlo expresamente De igual forma, como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza para que realice la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa; por tanto, se instruye a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario ifdp.mgs, para que pueda acceder y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo 760/2022-3. Asimismo, con fundamento en el artículo 1, 14, 34, 39, 55 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, como lo solicita, se ordena habilitar al referido usuario, para que se le notifique vía electrónica de los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx señalando como clave de usuario ifdp.mgs. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente.

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