Salvador Hernández Martínez
Expediente 97/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 46 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Salvador Hernández Martínez
- Secretario de Hacienda Y Crédito Público, En Representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, En Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
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Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica Delegacional con sede en Xalapa, Veracruz y un anexo; atento a su contenido, se advierte que reitera la información que se tuvo por recibida en este órgano jurisdiccional en proveído de veinticuatro de los corrientes. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; sin que por el momento se realice pronunciamiento alguno, pues en el acuerdo de referencia, se hizo el requerimiento respectivo a la autoridad oficiante. Notifíquese.FCG
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Boca del Río, Veracruz, veintBoca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el titular de la Unidad Jurídica Delegacional con sede en Xalapa, Veracruz y un anexo, por medio del cual informó que por comunicado 1.4.3.6047/2023, la Comisionada a la Subdelegación de Prestaciones le remitió el talón de pago correspondiente a la nómina del mes de noviembre, del quejoso, de la que relata se aprecia la cantidad de $200,705.82 (doscientos mil setecientos cinco pesos 82/100), por concepto de compatibilidad de pensión y, remite constancias para acreditarlo. No obstante, señaló que si bien por resolución administrativa 1.4.3.5028/2023, se determinó la suma total por los descuentos a la pensión del quejoso ascendía a $230,705.79 (doscientos treinta mil setecientos cinco pesos 79/100 moneda nacional), lo cierto es que la diferencia que existe entre lo establecido y lo transferido a la parte quejosa es por $29,999.97 (veintinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 97/100 moneda nacional), misma que le será pagada al quejoso en la nómina de diciembre, la cual resalta será depositada el treinta de noviembre del año en curso. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Sin embargo, es importante destacar que si bien la autoridad responsable informó sobre el pago realizado al aquí quejoso por concepto de los descuentos a su pensión, 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ 2 a su cuenta de nómina y que el remanente le será depositado en la misma vía; a la fecha no obran constancias suficientes para considerar que haya dado cabal cumplimiento a los efectos jurídicos trazados en la ejecutoria de amparo. Por tanto, requiérase nuevamente, vía telegráfica y ordinaria, a la autoridad responsable Encargada de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, para que dentro del término de cinco días, siguientes a que surta sus efectos la notificación del presente auto, informe de inmediato las gestiones efectuadas para el debido cumplimiento de la ejecutoria aquí dictada; remitiendo para ello, de manera íntegra y legible, las constancias con las cuales lo acredite, o informe la imposibilidad que tenga para ello, esto es: ? Remita el talón de pago correspondiente a la nómina del mes de diciembre del quejoso Salvador Hernández Martínez. Toda vez que del comprobante de pago que remitió la autoridad obligada, no se advierte que al quejoso, se le está depositando la pensión de viudez correspondiente: ? Remita las constancias o el desglose correspondiente de las cantidades a percibir por parte del quejoso de las pensiones de viudez y jubilación, a que tiene derecho. Es importante destacar que al tratarse de la autoridad obligada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo. 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ Juicio de amparo 97/2022 3 En el entendido, que de no dar cumplimiento al requerimiento que aquí se le ha formulado, en la fecha que se señala, o bien, manifieste su imposibilidad legal para ello, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa a cada una, de cien unidades de medida y actualización, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizar la conducta sancionada, pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos setenta y cuatro centavos), y se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la misma ley, que consiste en remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones de conformidad en los artículos 258, 262, fracción V, 267, fracción I, 269 y 271 de la Ley de Amparo, los cuales disponen las sanciones penales para el caso de no acatar la ejecutoria de amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad obligada, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable.
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Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Manuel Alejandro Navarro Alanis, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se advierte que realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que mediante oficio 1.4.3.5038/2023 de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable determinó, entre otras cuestiones, que la cantidad a pagar por los descuentos a la pensión del quejoso consistió en $230,705.79 (doscientos treinta mil setecientos cinco pesos 79/100 moneda nacional), misma que sería depositada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Sin embargo, aduce que tal circunstancia no aconteció así, ya que si bien el treinta y uno de octubre del presente año, se le depositó al quejoso la cantidad de $200,705.82 (doscientos mil setecientos cinco pesos 82/100 moneda nacional), esta resulta ser menor a la establecida en el oficio de referencia; lo que pretende acreditar con el comprobante de pago que acompaña al escrito de cuenta. Por lo que reitera, existe un faltante de $29,999.97 (veintinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 97/100 moneda nacional). En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia del escrito de cuenta, requiérase a la encargada de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, para que en el término de tres días, se pronuncie sobre las manifestaciones del ocursante; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se acordará lo procedente. Sin que por el momento sea necesario solicitar a la citada autoridad las gestiones efectuadas para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en virtud de que aún transcurre el término que le fue concedido en proveído de dieciocho de octubre pasado, esto es, para que desahogue el requerimiento que le fue formulado en el mismo. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable...
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Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica Delegacional con sede en Xalapa, Veracruz y un anexo; atento a su contenido, se advierte que la autoridad se encuentra realizando las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Lo anterior, en virtud de que la citada autoridad responsable remitió adjunto a su oficio de cuenta, el comunicado 1.4.3.5597/2023 de cuatro de octubre del año en curso, por el cual la Jefa de Departamento de la Dirección de Prestaciones Económicas Comisionada a la Subdelegación de Prestaciones, le informó al oficiante que el pago de las diferencias señaladas en la resolución administrativa 1.4.5038/2023 se encuentran programadas para la nómina de noviembre del presente año; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, dado que las personas juzgadoras que emiten las sentencias son los principales operadores jurídicos encargados de velar por su exacto cumplimiento como una cuestión de orden público, para cumplir con dicha finalidad deben desplegar todas las facultades encomendadas por la Ley de Amparo. En el entendido de que en la ejecutoria de mérito, se indicaron los efectos jurídicos a realizar por la autoridad responsable, mismos que a continuación se plasman: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 7 y 12, fracción III, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y no le sean aplicados en el presente ni en lo futuro. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Común, con número de registro 192846, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." 2. Deje sin efectos el oficio 1.4.3.0083/2021, de cinco de enero de dos mil veintidós, emitido por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, dependiente de la Delegación Estatal en Veracruz, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. Emita otra resolución, en la que, al responder la solicitud del quejoso contenida en su escrito de siete de octubre de dos mil veintiuno, las autoridades responsables prescindan de aplicar al quejoso los artículos 7 y 12, fracción III, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, en consecuencia: a) Pague al quejoso íntegramente las pensiones de viudez y jubilación a que tiene derecho, sin sujetarlo a los límites establecidos en los mencionados artículos. b) Le reintegre las cantidades que le hayan sido descontadas con base en las normas reclamadas desde la fecha en que se generó ese derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 947, Tomo I, Febrero de 2016, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2010990, de rubro y texto siguiente: "PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada sostuvo que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ Juicio de amparo 97/2022 3 Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, transgrede los principios de seguridad y previsión social, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley; lo que se traduce en el reconocimiento del derecho de los asegurados a solicitar la devolución de los descuentos realizados con fundamento en el artículo 51, segundo párrafo, referido, en los términos siguientes: 1) A partir de que es legalmente exigible la aplicación de la jurisprudencia mencionada, al ser este momento en el cual se reconoce el derecho a su devolución, por haberse desvirtuado la presunción de constitucionalidad que dicha norma gozaba en razón de la legitimidad de los órganos que la emitieron; y, 2) Con anterioridad a la publicación de la aludida jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que no se trate de descuentos respecto de los cuales se haya actualizado la prescripción. También, apoya por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1932, del Tomo II, Libro 71, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, con número de registro 2020857, de rubro y texto: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS. De acuerdo con el marco normativo que rige las pensiones otorgadas conforme al antiguo régimen conocido como de reparto o de beneficios definidos, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado efectuar los incrementos de las pensiones que prevé el artículo 57 de su legislación vigente hasta el 4 de enero de 1993, esto es, cuando aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en tanto que en términos de la legislación en vigor hasta el 31 de marzo de 2007, tal aumento debe aplicarlo anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del 1 de enero de cada año; sin que, por tanto, sea necesario que previamente lo solicite el pensionado. De ahí que cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado Instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia de la ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ 4 tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente." Por tanto, requiérase vía telegráfica y ordinaria, a la autoridad responsable Encargada de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, para que dentro del término de tres días, siguientes a que surta sus efectos la notificación del presente auto, informe de inmediato las gestiones efectuadas para el debido cumplimiento de la ejecutoria aquí dictada; remitiendo para ello, de manera íntegra y legible, las constancias con las cuales lo acredite, o informe la imposibilidad que tenga para ello, esto es: ? Acredite que al quejoso se le está pagando íntegramente las pensiones de viudez y jubilación a que tiene derecho. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada al cumplimiento en todas las etapas correspondientes. Apercibida la referida autoridad que de no acatar lo ya ordenado, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de julio de dos mil veintitrés, consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizar la conducta sancionada, pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos setenta y 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ Juicio de amparo 97/2022 5 cuatro centavos) con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo y, se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la misma ley, que consiste en remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones de conformidad en los artículos 258, 262, fracción V, 267, fracción I, 269 y 271 de la Ley de Amparo, los cuales disponen las sanciones penales para el caso de no acatar la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable.
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