Salvador González Guerrero
Expediente 1078/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Salvador González Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1078/2023-I-1; y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua y Director del Centro de Reinserción Social número Tres, ambas con residente en esta ciudad. Segundo. Tramitación del Incidente de suspensión. En auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitaron los informes previos a las autoridades responsables, se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades que tienen su residencia dentro del territorio en el que la suscrita ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión respecto de la imposición la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada el diecinueve de octubre del dos mil veintitrés, durante la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares, dentro de la causa penal 235/2023, del índice del juzgado de control, así como la ejecución de la misma. Entonces, para los efectos de la presente medida cautelar tal acto será materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe previo el Encargado del Despacho del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado. Asimismo, el Juez de Distrito Especializado en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, en su denominación correcta y con sede en esta ciudad, convino en la existencia del acto reclamado, en virtud de que en audiencia de revisión de la medida cautelar celebrada el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 235/2023, relativa a la medida cautelar impuesta al aquí quejoso ********************, ello en cumplimiento a la interlocutoria que declaro procedente la modificación de la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 700/2023, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en el que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, prevista en la fracción XIV, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, el Juez responsable, adjunto a su informe previo remitió el disco en formato DVD, debidamente certificado, que contiene la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 235/2023, instruida en contra del quejoso. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia Común, visible en la página 133, de registro 204855, con rubro y texto: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto que le fue reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia Común, visible en la página 133, de registro 204855, con rubro y texto: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Cuarto. Determinación sobre la suspensión definitiva. Pues bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, al efecto se precisa que el quejoso reclama la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada el diecinueve de octubre del dos mil veintitrés, durante la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares, dentro de la causa penal 235/2023, impuesta por el Juez de Distrito Especializado en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues estimó fundada la solicitud de la Fiscalía en ese sentido. Indicado lo anterior, se precisa que esta suspensión definitiva se resolverá conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad De México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Penal, Undécima Época, con registro digital 2026999, del contenido siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Es decir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, a la luz de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 147 de la Ley de Amparo y conforme a la metodología indicada expresamente en la ejecutoria relativa; suspensión definitiva que, de ser el caso, podrá tener efectos restitutorios, precisamente conforme a la jurisprudencia recién citada. En efecto, dicha jurisprudencia, deriva de la Contradicción de Criterios 36/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que en su parte conducente, consideró que el estudio relativo a la suspensión, en este caso, definitiva, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe realizarse en los siguientes términos: 193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos: - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido de que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida está lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. 195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio. 196. Siendo enunciativas las siguientes: - Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso. - Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo. - Exhibir garantía económica; - Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal. 197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin. 198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traducirá en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante. 199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Conforme a tales consideraciones y a los numerales citados, el Juez de amparo debe realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, de manera que se verifique que el Juez de proceso haya cumplido con los siguientes aspectos: 1.- Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas). 2.- La relación del quejoso con ese hecho (esto, en el entendido de que la verificación de dicha relación, por parte del Juez de amparo, no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, pues ello será decidido por el Juez de proceso correspondiente, en el momento en que se resuelva sobre el fondo del asunto -causa penal-). Asimismo, deberá realizarse test de proporcionalidad respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, pues deberá verificarse lo siguiente: 3.- Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. 4.- Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5.- Que sea necesaria, en la medida en que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6.- Que resulte estrictamente proporcional. 7.- Además, desde luego, dicha medida cautelar, deberá estar suficientemente motivada, de manera que el Juzgador de amparo pueda evaluar si se ajusta a todo lo anterior (apartados 1 al 6). A efecto de realizar dicho análisis, es necesario indicar los argumentos de cada una de las partes, esgrimidos en la audiencia de diecinueve de octubre del dos mil veintitrés, en la causa penal 235/2023: En principio, se realizara una transcripción de lo narrado por las partes en la citada audiencia: Minuto 00:00:53 En primer lugar, el agente del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita se le imponga al imputado la medida cautelar de prisión preventiva, ello tomando en consideración su Señoría de acuerdo a lo que refiere el artículo 156 del mismo ordenamiento y también tomando en consideración los delitos por medio los cuales se encuentra vinculado a proceso esta medida cautelar es proporcional precisamente a los delitos por los cuales estás sujeto a este procedimiento, aunado a ello su señoría es de tomarse en consideración que de las causas de procedencia para la imposición de la medida cautelar, esta Fiscalía considera que esta medida cautelar es necesaria para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento, así como también es de tomarse en consideración que precisamente el propio artículo 167 del Código Nacional establece que tratándose del delito de homicidio es precisamente necesario que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, ello también tomando en consideración su señoría que existe un riesgo de peligro de sustracción del imputado a efecto de que no se someta de manera voluntaria a todo el procedimiento de acuerdo a lo que establece la fracción segunda del artículo 168 por el máximo de la pena que en su caso pudiera llegarse a imponer ello es así su señoría tomando en cuenta que precisamente no solamente se encuentra sujeto a un solo delito, sino que también el delito por el cual esta Fiscalía está solicitando se sostenga la prisión preventiva es por los delitos de Homicidio y en este caso su señoría no más es un solo homicidio sino se le esta precisamente procesando por cuarenta homicidios, así como también de veinticinco lesionados, ello también tomando en consideración su señoría, precisamente a que existe este peligro de sustracción por la acumulación de las penas tomando en cuenta que se trata de concurso de delitos tanto por el de Homicidio, las lesiones y el ejercicio ilícito de sus funciones, es por ello que esta Fiscalía considera que no existe otra medida cautelar suficiente para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento, también tomando en consideración que ninguno de estos delitos sobretodo por el concurso de ellos, no cuenta con ninguna salida alterna en la cual el imputado pudiera llevar el procedimiento en libertad, tomando en cuenta incluso que la defensa, pueda con las documentales que nos acaba de correr traslado sustentar una conducta que el imputado ha estado llevando incluso en su vida laboral, esta Fiscalía no está tomando en consideración esas atribuciones que tiene el imputado de gozar precisamente de buena reputación sino que su Señoría considera esta Fiscalía que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la comparecencia del imputado por el monto de las penas que se le puedan llegar a imponer sin prejuzgar. Aunado a lo que acaba de referir mi homologa también debe tomarse en consideración su Señoría que de los registros que obran en la carpeta de investigación se advierte que el ahora imputado el señor Salvador ha tenido una constante movilidad en toda la república mexicana, toda vez que por lo menos se cuenta con el registro de que tiene antecedentes de tres domicilios en diferentes estados de la república, siendo estos en el Distrito Federal, otro en Guanajuato, en Hidalgo, inclusive su señoría tiene la posibilidad de salir del país toda vez que cuentan con registros de que en diversas ocasiones ha salido del país, dichas circunstancias hacen considerar a esta representación social que el señor Salvador tiene las posibilidades y tiene los medios para ocultarse en diferentes estados de la república derivado también que tiene redes de apoyo probablemente en el estado de Guanajuato, toda vez que su lugar de nacimiento fue en dicha localidad motivo por el cual, aunado a la penalidad y a los delitos que acaba de referir mi homologa es que se considera que existe un factor de riesgo para que esta persona se sustraiga de la acción de la justicia, incluso, pueda ocultarse durante el procedimiento que se sigue en su contra. Es cuanto su señoría. Minuto 00:06:15 Asesor de Víctimas de la Comisión de Víctimas Para efecto de no sonar tan redundante se coincide con lo manifestado por parte de la Fiscalía y también hacer enfásis que efectivamente no existe alguna otra medida cautelar establecida en el artículo 155 que garantice precisamente la presencia del imputado con independencia como ya lo refirió la Fiscalía de las constancias que refiere, puesto que no existe una certeza de residencia pro parte del imputado tomando en consideración lo que acaba de manifestar la fiscalía el hecho de que pueda contar con esa capacidad de movilidad dentro del territorio nacional, y, tomando en consideración que se trata de un asunto de importancia y de complejidad de carácter tanto jurídico como de impacto nacional, puesto que estamos hablando de la muerte de cuarenta personas y los lesionados que ya sabemos. Aunado a que también, si bien es cierto, no únicamente se está, este haciendo o se está solicitando esta medida cautelar de la prisión tomando en consideración nel hecho de la penalidad sino también hay que tomar en consideración que se trata de una excepción de una seguridad hacia la sociedad esto es importante señalar su señoría, tomando en consideración debido a la importancia del asunto, tomando en consideración debido a la importancia del asunto, y no podemos pasar por alto de igual manera que el hecho de que no se garantice la presencia del imputado en el proceso también se pudiera ver afectado lo referente a una reparación integran de las víctimas de poder tener garantizado precisamente esa presencia y por ende, también tener garantizado lo referente a la reparación del daño ya que evidentemente no podemos pasarlo por alto ya que estamos hablando de una reparación del daño integral que tiene que cubrir evidentemente todos los rubros que implican para esta reparación integral tanto de las personas que sobrevivieron como de las posibles víctimas indirectas que existen derivadas de las personas que fallecieron es por eso que se insiste que se establezca la medida cautelar consistente precisamente en la prisión justificada en este caso para efecto de poder continuar con el procedimiento sería cuanto su señoría. Minuto 00:08:57 Asesor Particular Si, su señoría nos adherimos a la solicitud de petición de parte de las fiscales de que se imponga la prisión preventiva justificada esto en atención a que existe peligro de sustracción del imputado en términos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya que existen facilidades para abandonar el lugar o en su caso permanecer oculto inclusive el riesgo de fuga, ello agregan en los datos de prueba que nos hicieron llegar hasta este momento inclusive un contrato de arrendamiento señoría, sin embargo, esto no puede ser una prueba o dato de prueba indubitable con el cual no se considere este riesgo de fuga por el contrario lo que llega a probar este dato de prueba es que el señor Salvador, pues no tiene un arraigo en el Estado de Chihuahua, inclusive que no tiene una propiedad en ciudad Juárez que le impida o le inhiba a salir del país, inclusive por el tema máxime que está en una zona fronteriza, su señoría, inclusive agregaron una constancia ahí de extravío del pasaporte que según se había entregado a sus familiares, primero a sus abogados y después a sus familiares, lo cual no prueba de manera indubitable que no existe este riesgo de fuga, como bien lo mencionaron también los fiscales aquí no está en tela de juicio la carrera militar en la armada, en la marina de México del señor Salvador o la conducta que haya tenido durante su estancia en la armada, en la marina armada de México, es el grueso de los datos de prueba que nos hicieron llegar respecto a esta solicitud que hicieron a la SEMARSO, a su vez no se debe de pasar desapercibido el tema de que no es un tema menor lo que se está ventilando en este proceso penal estamos hablando de cuarenta homicidios que se le están imputando al señor Salvador de personas migrantes, de veintisiete personas lesionadas por los hechos ocurridos el pasado veintisiete de marzo, en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, a su vez consideramos que en términos del artículo 169 existe peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación tanto por elementos de prueba que puede influir en coimputados, en testigos, inclusive pues intimidar o amenazar a los servidores públicos que están participando en esta investigación. Por otra parte, quisiéramos señalar el sentido en el cual se otorgó o del cual deviene pues esta solicitud del cambio de medida cautelar claramente en la resolución que se estableció de manera categórica la Jueza estableció que no se estaba hablando sobre el fondo del asunto y no se estaba resolviendo sobre la inconvencionalidad o inaplicación del artículo 19 constitucional y por ende, del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto, solamente se estaba dilusidando en el tema de la suspensión merced de los fallos de la Corte Interamericana que enseguida voy a hacerme referencia. El primero de ellos es una sentencia del siete de noviembre del dos mil veintidós, respecto a los hermanos Tzompaxtle y Gustavo Robles López, si nosotros vamos al apartado de la reparación del daño vemos que las medidas de reparación del daño vemos que las medidas de reparación en específico el inciso b) se refiere a adecuar el ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva. En el siguiente criterio que se define, que define la Corte Interamericana es el caso García Rodríguez y otros vs México, que es el más reciente del doce de abril de dos mil veintitrés, esa sentencia ahí ya suma el apartado del tema de prisión preventiva igual en el apartado de la reparación en el inciso e), es adecuar el ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa que quiere decir esto, la Corte Interamericana hace una sentencia contra todo el estado mexicano. El Poder Judicial es una de las ramas del estado jurídico mexicano pero de ninguna manera esta estableciendo ni da pauta para que, se inaplique el artículo 19 constitucional, hasta en tanto se hagan las adecuaciones tanto legislativas como jurisprudencialmente hablando en el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero permite el tema de la prisión preventiva justificada. Ahora bien, también la resolución se base en una sentencia de la Corte del Pleno de la Corte la 293/2011, que es la tesis que se cita del el Pleno Regional Centro Norte, con sede en la Ciudad de México, y por lo cual se otorga o se hace la interpretación porque es casi, casi lo mismo que se dice en la tesis de registro digital 2027280 respecto a conceder o se haga la revisión del cambio de la medida, se inhiba la aplicación de la prisión preventiva justificada, pero en su caso si es permisible aplicar la prisión preventiva justificada y se inhiba la oficiosa. Ahora bien, también derivado de esa interpretación que se hizo en el Pleno, existen tesis de la Suprema Corte que inclusive ha citado su señoría en una audiencia pasada respecto a que el parámetro del control de regularidad constitucional en aras de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos en su artículo 1º, 133 que establecen que la Constitución y los convenios en materia de Derechos Humanos, pues van a ser el parámetro de regularidad, también se estableció en la tesis de registro digital 26224 que cuando exista una restricción expresa al ejercicio de aquellos se debe estar establecido al texto constitucional a lo que se suma una tesis también del Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte que establece que precisamente los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte no pueden ser materia de constitucionalidad o de convencionalidad exoficio por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía en este caso, por este juzgado de control no podría aplicarse el control de regularidad ni de convencionalidad constitucional en contra de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, es por ella que consideramos que se encuentra justificada la aplicación de la medida estaría justificada la prisión preventiva en los términos solicitados. Es cuanto su señoría. Minuto 00:16:52 Defensa Esta defensa no comparte la postura de la Fiscalía respecto a la solicitud de que se imponga a mi defenso el señor Salvador, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo anterior, en el entendido de que la prisión preventiva, debe ser entendida con un carácter de excepcional y subsidiaria, en tanto que su posición no solo está delimitada para el cumplimiento de lo que viene siendo el objetivo procesal que marca precisamente la medida cautelar, que no es otro que es para garantizar la comparecencia del procesado al desarrollo de la investigación, o del procedimiento, así como la protección de la víctima, los testigos, y la propia comunidad. Asimismo, la Fiscalía al solicitar que se le aplique al señor Salvador, dicha medida restrictiva bajo un argumento de que en este proceso se cuenta con que la pena máxima es un precedente que nos permite delimitar que la prisión preventiva justificada, es el único es la única medida que puede garantizar tanto la presencia de mi defenso así como al presente proceso, así como garantizar que no va a representar un riesgo social, y un riesgo procesal, no es dable toda vez que hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante las cuales, se establece que la prisión preventiva como pena máxima como única razón para justificar su imposición como medida cautelar vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de la regla de trato procesal, contenido en los artículos 20 apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que se encuentra con registro digital s2018459, así como la jurisprudencia homóloga 2016746 mediante la cual, en el rubro, nos indica que la prisión preventiva justificada al imponer esta medida cautelar prevista en el artículo 19 constitucional bajo el único argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso imputado del acusado este podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, sin ponderar los aspectos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo es viola torio de la presunción de inocencia como regla de trato procesal, esto es importante de destacar toda vez de que este a mi defenso, así como a todos los mexicanos, nos asisten los derechos humanos y los principios que de ellos dimanan, como es el principio de progresividad, como es el principio pro persona, como también viene siendo este el debido proceso y que no es otra cosa que, es lo que más que se puede esperar de un Estado democrático y con Estado de Derecho. Asimismo es importante destacar que hay elementos objetivos de los cuales se puede desprender que el señor Salvador no representa un riesgo social, como tal un riesgo procesal y que tampoco va a intentar sustraerse de la acción de la justicia, o este solamente estar este pensando que la que la pena como situación este nos permite dar como un parámetro, de que la pena máxima va a ser este la situación por la que el señor Salvador va a intentar sustraerse de la acción de la justicia, toda vez que el señor Salvador antes de ser detenido, tuvo aproximadamente 3 semanas para poder haber intentado esa situación, y hasta la fecha no obra antecedente de que el señor Salvador haya intentado sustraerse de la acción de la justicia, y asimismo, tampoco hay un actuar precedente que nos permita delimitar que el señor Salvador haya cometido otros delitos este igual en carácter doloso, como también, bien lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y, asimismo, es importante señalar, que yo me voy a adentrar en respecto al riesgo de sustracción de la acción de la justicia que pudiera en cierto modo este no representar el señor Salvador, toda vez que el mismo no es un riesgo para ojos de esta defensa, ya que el señor Salvador ostenta primeramente con un arraigo domiciliario, y si bien es cierto que aquí este la contraparte de la asesoría de este víctimas y particular señalan que en este caso se cuentan con muchos domicilios, al igual que lo delimitó la Fiscalía, eso no es un parámetro como para decir que el señor Salvador, así como cualquier otro mexicano, tiene derecho de movilidad universal y puede inclusive residir en cualquier parte de la República, sin menoscabo de que las otras autoridades como lo vienen siendo las estatales a nivel federal de acuerdo al pacto Federal puedan en cierto momento llevar las medidas cautelares que el señor Salvador este, pudiera llegar usted a disponer su Señoría, en cualquiera de esas entidades, y no es una situación que por sí misma represente un riesgo y, en cuanto a que no hay un arraigo, porque si hay un arraigo, y hay un arraigo domiciliario en el sentido de que el señor Salvador desde el dos mil veintiuno, que se encuentra laborando en esta entidad, pues definitivamente tenía que tener un arraigo tanto laboral como domiciliario, mismo que está acreditado con el documento al que bien hace referencia, que es el contrato de arrendamiento de fecha primero de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual, el señor Henry Cruz Ruiz, dio en renta al señor Salvador el inmueble ubicado en la calle Alessandro, número 657, de la colonia Moretto Residencial II de esta ciudad Juárez y vaya no solamente, digamos está este contrato, y no solamente está este arraigo domiciliario, sino que también hay un arraigo laboral ya que el señor Salvador como a bien tuvieron indicar tanto el asesor este particular como la fiscalía, pues sí evidentemente este tiene un arraigo de la Secretaría de Marina, que no nada más esto le permite acceder a recursos, o a todas las situaciones que quisieron hacer valer, sino que también le permite obtener un sueldo, porque el señor Salvador es retirado, y, eso tenemos que ponerlo, y ponderarlo muy bien, ya es que el señor Salvador sea un contralmirante en el activo, sino que él ya se encuentra en situación de retiro y recibe un salario que a sus sesenta y cinco años de edad, le permite tener un modus vivendi como el que había tenido hasta el momento del que lamentablemente se dieron los hechos mediante los cuales fue sujeto al presente proceso, lo cual nos alcanza a delimitar que también cuenta con un modus vivendi y con un arraigo laboral, también tiene un arraigo laboral en esta ciudad, toda vez, que aquí es donde estaba trabajando hasta antes momento del funesto incidente. Asimismo es importante destacar, existe también un arraigo familiar, un arraigo que tiene al haber contraído matrimonio y al tener a dos hijas que dependen tanto afectiva como económicamente del señor Salvador y esto es lo acreditada esta defensa mediante el acta de matrimonio, expedida en favor de los ciudadanos señor Salvador y Nely Lugo Andablo, con identificador electrónico número 11014000120230012080 de fecha veintidós de abril de dos mil veintitrés, que se encuentra signada electrónicamente por el licenciado Juan Hinojosa Diéguez, de la entidad del registro del Estado de Guanajuato en el municipio de Dolores Hidalgo, con fecha de inscripción, de fecha diez de febrero de mil novecientos ochenta y nueve. Así como del acta de nacimiento expedida en favor de la C. Nancy González Lugo con identificador electrónico 09016000920230154735 de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, que se encuentra signada electrónicamente por la Licenciada Crystel Guadalupe Arellano Moreno, con entidad de registro de la ciudad de México, Miguel Hidalgo y con fecha de registro quince de febrero de mil novecientos noventa y uno, y del contenido del acta de nacimiento expedida en favor de la C. Brenda González Lugo, con identificador electrónico número 111400012023011812 de fecha diecinueve de abril de dos mil veintitrés, signada electrónicamente por el licenciado Juan Hinojosa Diéguez, con entidad de registro Guanajuato del municipio de Dolores Hidalgo y con fecha de registro dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y, aunado a lo antes expuesto su señoría, y a fin de robustecer lo que acabo de mencionar respecto al riesgo de sustracción de la justicia, si usted con su venia así lo permite, se pudiera dar ingreso a las dos peritos que nos permitieron hacer el peritaje materia de criminología de análisis de riesgo en favor del señor Salvador, y que nosotros este corrimos traslados a las partes, y, si es tan amable para llevar a cabo un interrogatorio de las mismas. Juez . ¿Son dos peritajes o es un solo peritaje? Defensa. Es un solo peritaje hecho por dos criminalísticas, perdón por dos expertas en ciencias criminalísticas. Juez. ¿Y considera necesario que las dos declaren?, le pregunto, si usted lo estima, yo no tengo otro problema con eso, pero pues en realidad, si nos van a declarar sobre lo mismo, sobre el mismo peritaje ¿cuál sería el objeto? como digo ustedes decidan. Pero déjame ver qué opina la fiscalía primero, señora fiscal la escucho. Juez. No sé si tenga apagado su micrófono señora fiscal, porque no lo escuchamos. Fiscalía. Sí, su Señoría, un segundo. Su Señoría con fundamento en lo que dispone el artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración de que en esta etapa las partes puede invocar datos, ofrecer medios de prueba para efecto de la medida cautelar, esta Fiscalía considera que al corrernos traslado precisamente con el medio de prueba el defensor puede hacer uso de la misma, sin necesidad de que se desahogue las testigos que acaba de hacer referencia, tomando en cuenta que tampoco ha cumplido con el ofrecimiento para tales efectos, por lo tanto, solicito nada más se tome en consideración lo que pueda manifestar el propio defensor. Juez. Señor asesor jurídico de atención a víctimas. Asesor Jurídico de la Comisión de atención a víctimas. La misma sintonía que la fiscalía su señoría. Juez. Y ahora sí señor asesor jurídico particular, lo escucho. Asesoría jurídica particular. En los mismos términos de la fiscalía y de la asesoría pública señor juez. Juez. Entonces debo decidir si se admite o no el testimonio de estas personas, miren, pues en términos generales, sería suficiente que me invocara lo que lo que contiene este certificado porque, pues estamos en una etapa donde no es necesario el desahogo de pruebas, necesario, pero si ustedes lo estiman pertinente, yo no veo la imposibilidad, si tienen la prueba y prefieren desahogar la prueba, y someterla a la contradicción, me parece que sería mejor para todos nosotros enterarnos de que se trata este testimonio, mi pregunta es: ¿si realmente requiere a las dos?, pero, si ustedes también lo desean, presentarlas a las dos, no tengo ningún problema las escucho a las dos testigos. Defensa. Está defensa estima que con la participación de la maestra Brisia Dolores Almeralla Acevedo es suficiente para desahogar el presidente medio de prueba. Juez. Nada más que quede claro que esa fue la decisión suya no mía. Ahora vamos a pasar al testigo por favor. Defensa. Sí. Ahora veremos el desahogo del testigo a cargo de la perito maestra Brisia Almeralla Acevedo. Juez. Entonces vamos a pasar al testigo por favor. Nos dice su nombre, por favor. Testigo. Buenos días. Juez. Buenos días. Testigo. Brisia Almeralla Acevedo Juez. ¿Brisia Dolores? Testigo. Brisia Almeralla Acevedo Juez. Brisia Almeralla Acevedo Testigo. Así es. Juez. ¿ Cómo quiere que manejemos estos datos personales en forma pública o reservada? Testigo. Reservada, por favor. Juez. Bien, tomo nota. ¿Cuál es su nacionalidad? Testigo. Mexicana. Juez. ¿Tiene algún problema para comunicarse en español? Testigo. Ninguno Juez. ¿Alguna relación de parentesco o amistad con el señor Salvador? Testigo. Ninguna. Juez. ¿Algún motivo de odio o rencor en su contra? Testigo. Ninguno. Juez. Bien señora Brisia. Usted ha sido señalada como testigo para declarar en este asunto en relación a un peritaje que se me dice que elaboró. Testigo. Así es. Juez. Entonces, en esos términos debo establecerle que en términos del artículo 247 bis, aquellos peritos que son interrogados ante una autoridad judicial y se conducen con falsedad u ocultan datos que pudieran ser relevantes para la investigación que estamos siguiendo pues pidieron hacerse o se harán acreedores a un proceso penal y que podría cuidar con la imposición de una pena que va de los cinco a los doce años de prisión, y, de trescientos a quinientos días de multa, ¿protesta usted conducirse con verdad en la presente audiencia.? Testigo. Protesto. Juez. Bien, a continuación le van a hacer algunas preguntas, primero sería la defensa posteriormente la fiscalía y los asesores jurídicos, si así lo estiman pertinente, requiero que mientras usted le hacen la pregunta y usted conteste la pregunta, mire a donde yo me encuentro, entiendo que resulta un poco complicado por la educación que nos han dado de voltear a mirar a las personas cuando nos hablan, sin embargo, las partes aquí presentes conocen ya el ejercicio y no se ofenden si no voltea a mirarlos cuando usted está hablando, esto es importante porque, la intención es que no puede pensarse que alguien le está sugiriendo las respuestas que usted me está dando, requiero que sus respuestas me las de al micrófono, procure escuchar su voz en las bocinas, si usted no escucha su voz en las bocinas, quiere decir que no está quedando registro de audio, y si no queda registro de audio eso podría anular podría dar lugar a una reposición del procedimiento, todo esto que estamos haciendo el día de hoy, por tanto sí es importante porque las partes puedan tomar, recurrir las decisiones que yo tome en esta audiencia y esas son analizadas por un superior jerárquico mío que debe enterarse de cada una de las cosas que se dijeron en esta sala de audiencias, ¿le quedaron claro las instrucciones? Testigo. Si, claro. Juez. Muy bien. Defensa. Señoría. Juez. Su testigo, perdón, me falta una instrucción. Eh, no requiero que usted espere que yo califique la pregunta, si es legal o no, usted puede contestar libremente, lo único que requiero de usted es que antes de que conteste, cuente mentalmente hasta cuatro y si escucha la palabra objeción, por favor, no conteste, espere que yo la califique, si le pido a quien hizo la pregunta que la replanteé o la reformule y usted no escucha la palabra objeción siéntase libre de contestar. Testigo. Ok. Juez. Su testigo señora defensora o defensor. Defensa. Muchas gracias su señoría este maestra ***sabe usted ¿cuál es el motivo de su presencia hoy en esta audiencia? Testigo. Así es. Fiscalía. Objeción su señoría, sugestiva. Juez. Señora fiscal yo no advierto que le esté sugiriendo la respuesta le voy a pedir por favor que las objeciones realmente sean útiles si no se trata solamente de estar entorpeciendo el desahogo de la prueba, pues se le está preguntando el motivo, de su presencia ¿en donde está la sugestión de la respuesta?, por favor. Testigo. Así es. Defensa. Maestra usted fue una de las peritos que signo el documento de peritaje? Testigo. Así es. Defensa. ** ¿nos puede explicar en qué consistió ese peritaje? y, es decir, la metodología de los procesos y las conclusiones a las que llegó de acuerdo a su expertiz. Testigo. Así es, sí claro. Fiscalía. Objeción su señoría, compuesta. Juez. Sí, por favor, vaya haciendo pregunta por preguntas. Defensa. Este, reformuló, maestra ** ¿nos puede explicar en que consistió su peritaje? Testigo. Si, claro de la defensa se me solicita realizar una entrevista criminológica al señor **, eh, que se encuentra eh privado de su libertad en el CERESO número tres, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, con la finalidad, de establecer sus características de personalidad, asimismo establecer los factores de riesgo, en tres áreas principalmente, las cuales son en su libre convivencia con la sociedad, eh, si existen factores de riesgo para la comisión de conductas antisociales y de evasión de la justicia, entonces el motivo que se realiza precisamente esta pericia se advierte en el cuerpo del dictamen, así como en las conclusiones que están manifestadas en el mismo, la metodología que se ocupa para realizar este tipo de pericia es a través del método inductivo, a través del método analítico y a través del método científico, se utiliza la técnica de campo y la técnica documental, esto es referente a que cuando hablamos de una técnica de campo lo establecemos con la observación, eh, directa con el objeto de estudio, que en este caso viene siendo la persona entrevistada y la técnica documental precisamente con los documentos que se me fueron puestos a la vista para realizar precisamente el estudio de análisis criminológico. Posteriormente, se procede precisamente a realizar esta entrevista, eh, me constituyó en el centro penitenciario en el CERESO número tres, que se encuentra ubicado aquí en la Ciudad de Juárez, Chihuahua, el día tres de octubre, aproximadamente a las catorce horas, nos dan ingreso para realizar esta entrevista, nos proporcionan un área, y se procede a realizar la entrevista en relación a diferentes áreas de su persona, esto, con el propósito de establecer las características de personalidad, y poder establecer el planteamiento del problema solicitado, mm, se realiza la entrevista a diferentes áreas, principalmente en lo que viene siendo el área laboral, el área familiar, el área social, interpersonal, el área emocional, el área familiar, el área social, interpersonal, el área emocional, el área del estado somático, el área de salud, mmm, en algunas partes; se enfatiza aquí, en este caso no fue necesario, el historial sexual también, y posteriormente se le preguntan previamente cosas en relación a los hechos, esto para establecer las respuestas ante los factores de riesgo. Una vez realizada la entrevista, también, eh, analizamos, cotejamos más bien, la información que se nos da a través de la entrevista que nos proporciona las respuestas del señor Salvador y posteriormente lo cotejamos con los documentos que se nos proporciona por parte de la defensa, que vienen siendo unos documentos en donde se establece, eh, los antecedentes de conducta del propio señor entrevistado y que obviamente al cotejarlo, vemos que es la misma información. Una vez que se hace este análisis, este cotejo, se toma en cuenta la entrevista y todo lo relacionado al estudio de la conducta desde una perspectiva social criminológica, entonces es cuando se procede a llevar a cabo precisamente las conclusiones que vienen siendo la respuesta precisamente al planteamiento del problema, características de personalidad y los factores de riesgo. Eh, cuando hablamos de características de personalidad por todo el estudio realizado, se puede determinar que el señor Salvador, es una persona que tiene esta apertura al debate, al desahogo, es una persona que tiene toma de decisiones sin permitir que lo intimiden bajo amenaza o algo que vaya en contra de sus principios, es muy notorio en él precisamente estos cimientos de valores éticos, de valores de moralidad, y sobre todo de lealtad y honestidad, es una figura que muestra mucho respeto en cuanto a sus funciones laborales y personales, en el área laboral muestra gran respeto a personas subordinadas, pero también a sus personas que considere figuras de autoridad, sabe acatar órdenes, siempre y cuando no sean órdenes que atenten contra un bien común o contra un principio de moralidad, es muy notorio en él cuando marca esta alegría, este entusiasmo, esta entrega a su área laboral principalmente y conectando desde la perspectiva personal y luego laboral pues se ven muy marcados estos cimientos de legalidad y honor, este, y, pues bueno, principalmente en el área de su aspecto emotivo es una persona que aunque no tiene miedo de expresar sus emociones, tiende a minimizarlas, a ocultarlas porque puede manifestarse o poder percibirse como una persona en cierto modo vulnerable, entonces tiende a separar lo que viene siendo la parte personal de la parte laboral. Posteriormente llegamos a las conclusiones, a lo que vienen siendo los factores de riesgo, cuando hablamos de factores de riesgo, nos solicitaron en tres áreas principalmente, si existen factores de riesgo en cuento a la libre convivencia con la sociedad, derivado de todo el estudio que se hace de su personalidad, no es notorio, o no se determinan factores de riesgo en su libre convivencia con la sociedad, principalmente por las características que ya di, es una persona que se conduce con respeto, es una persona con moralidad, con lealtad, con honestidad y sobre todo, algo que sí se detecta en él, es que existe un riesgo pero, incluso, para sí mismo, porque es una persona que gusta de su libertad y gusta precisamente, de convivir en libertad siempre y cuando no atente contra los demás, esto si lo tiene muy marcado, de que no es capaz él de hacer algo que pueda atentar en contra de otras personas, entonces al momento de permanecer en el encierro puede atentar o deteriorar un aspecto mora, un aspecto psicológico, emocional o incluso físico, por las condiciones de salud que presenta en cuanto a la diabetes que manifiesta diagnosticada. Posteriormente, tenemos lo que viene siendo en cuanto a la comisión de conductas antisociales, se entiende como conducta antisocial, toda aquella que agrede a la sociedad, que va en contra de una norma social o incluso jurídica, no se notan factores de riesgo en esta área precisamente por las características de personalidad y porque es una persona que denota, vaya esta preocupación este interés por el bien común, es una persona, que incluso no tiene esta noción de ejercer un daño en contra de otras personas. Por otro lado, tenemos en cuanto a evasión de la justicia se divide también en este rubro, esta sustracción del imputado, en este caso, bueno, no se detectan estos factores de riesgo, principalmente por la razón de que en primera es una persona que sabe confrontar y afrontar, y si él tiene la posibilidad sabe solucionar, es una persona que responde ante este tipo de situaciones que general algún tipo de problemática, siempre se conduce con legalidad, y esto, principalmente se nota en todos los antecedentes de conducta que fueron proporcionados por documentos incluso fueron emitidos por la Secretaría de Marina y documentos que fueron emitidos en cuanto a su buena conducta dentro del Centro Penitenciario. Por otro lado, desde el momento, él manifiesta en su entrevista que desde el momento en que ingresa privado de su libertad, el deja de tener ingreso económico lo cual obviamente dificulta que prácticamente esta como tal, movilidad y cuando hablamos de obstaculización de la o entorpecimiento de la investigación, no hay factores de riesgo también, por lo mismo de que es una persona que no tiene como este ingreso económico de movilidad y por otro lado, no hay este como riesgo de obstaculizar o de impedir la investigación, también porque, por parte la defensa se les notificó que el cierre de la investigación fenece el día veintidós de octubre, lo cual si la persona que está privada de su libertad saliera en condiciones para en otro tipo de medida cautelar, pues obviamente no tendría como la posibilidad en cuanto a tiempo, en cuanto a circunstancias para entorpecer, para manipular, o para ejercer alguna acción que pueda llevar a cabo este tipo de acciones, y, incluso, en esta parte de la entrevista en este rubro de obstaculización del procedimiento, el incluso manifestó de propia voz que se le hizo una pregunta por parte de la entrevistadora, en donde le pregunto, que si en dado caso, de que tuviera que torcer la ley fue la pregunta, o tuviera que quebrantar la Ley, para salir ¿lo haría? Su respuesta inmediata fue, no, cómo crees, si yo me dedico a esto, no lo haría y espero que no se me presente, porque no lo vaya hacer, entonces pues bueno, es una parte importante no porque no solamente es el dialogo, parte criminológica, como parte del análisis de la técnica de entrevista, no es solo lamente escuchar lo que dice, sino también ver como lo dice ver qué hace mientras lo dice, para así poder determinar si sus respuestas demuestran sinceridad. Por otro lado, cuando hablamos de los riesgos para la víctima o para testigos, o para alguna persona relacionada al hecho, pues bueno, no existe ningún riesgo principalmente por dos razones, la primera, porque tanto el nombre de víctimas que se establecen en este hecho, como los nombres, pues, se mantienen bajo resguardo, no se manifiestan a la libertad al público por así decirlo, por lo tanto, pues no habría como esta posibilidad de estar investigando a cada víctima, y por otro lado, la cual sus características de personalidad no es una persona que denote como rencor, venganza, odio hacia las personas involucradas en este acto, al momento en que él se manifestaban en la entrevista, e incluso, recuerdo muy bien que en la entrevista se le preguntó a él que si alguna vez había hecho algo por las personas migrantes, de acuerdo a su área, y él manifestó que sí, que incluso estaba en este proceso de que les pudiera dar un CURP, para que pudieran trabajar aquí en México, ya que, incluso cuando llegaban grupos de migrantes al lugar donde estaba, él les manifestaba de manera abierta, que tuvieran mucho cuidado con personas que eran abogados, en donde prácticamente los extorsionaban, los engañaban, los estafaban perdón, diciéndoles que por cierta cantidad les iban a agilizar su estancia aquí en México, entonces hay estos factores conductuales que nos llevan a estas conclusiones que acabo de verter. Juez. ¿Otra pregunta? Defensa. Maestra Brisia, nos quisiera decir, ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este tipo de dictámenes? Testigo. Catorce años, catorce años aproximadamente. Defensa. OK, de parte de esta defensa sería lo suficiente, sin embargo, quisiéramos preguntar básicamente, de acuerdo a sus conclusiones, si nos pudiera delimitar si el señor Salvador, este, cuando usted platicó con él, pudo notar si era una persona que estaba irascible, o, mejor dicho. Replanteo ¿Cuál vendría siendo la actitud que tomó el señor Salvador durante toda su entrevista? Testigo. Ok, hay un apartado en el dictamen pericial, donde se establece el modo en que se encuentra la persona, y su actitud durante la entrevista, cuando se llega, se encuentra orientado en tiempo, persona y circunstancia, elocuente, manifiesta sus respuestas de manera coherente y congruente, fue una persona voluntaria, vaya no se le forzó a ninguna respuesta, incluso se le dio la opción de que si alguna respuesta resultara incómoda no la respondiera, él desde el principio dijo no tengo nada que esconder pregúnteme lo quiera, fue voluntario y todas las respuestas tenían una coherencia entre lo que decía y lo que expresaba, por lo tanto, se consideraba como una respuesta sincera. Defensa. Por último, este, Maestra Brisia, nos puede manifestar por favor, ¿cuál es su formación académica, ya sean cursos o experiencia laboral? Testigo. Sí, tengo la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, tengo una maestría en Criminología, no recuerdo el número son doce diplomados al rededor en relación a la investigación criminal, en relación a la perfilación criminal, a los juicios orales, al análisis de la conducta criminal, análisis de asesinos seriales, análisis criminológico, fui la primer perito en ese entonces, en la procuraduría de ese entonces, del Estado de Morelos, en el año dos mil once, sí, en el año dos mil once. Soy la primer perito en realizar peritajes para el país de Perú, hasta este momento me parece que he sido la única y me dedico a ser perito particular, doy conferencias a nivel nacional e internacional, y soy docente a nivel licenciatura y maestría. Defensa. Sería por parte de esta defensoría lo conducente hasta el momento y nos guardamos el derecho a repreguntar en caso de lo que diga la Fiscalía. Juez. Señora Fiscal, ¿va a hacer alguna pregunta? Fiscalía. Sí, su señoría, gracias. Buenos días perito. Testigo. Buenos días. Fiscalía. Usted refiere que le realizó una entrevista al señor Salvador ¿cierto? Testigo. Así es. Fiscalía. De la entrevista le mencionó sobre datos de sus hijos, cierto. Testigo. Solo los nombres. Fiscalía. Esa información la puso en su dictamen, cierto. Testigo. Así es. Fiscalía ¿Y solamente colocó el nombre de las hijas del señor Salvador? Testigo. Nombre y edad. Fiscalía. ¿Cuáles son las edades de sus hijas? Testigo. Ah, recuerdo que una tenía veinticuatro me parece, si no mal recuerdo, la verdad no recuerdo con exactitud, creo que la otra tenía veintiocho. Fiscalía. Esa información usted la plasmo en su dictamen cierto. Testigo. Así es. Fiscalía. Si usted lo tuviera a la vista, ¿recordaría esa información? Testigo. Si. Fiscalía. Si me lo permite su Señoría, solicito poder hacer el ejercicio de refresco de memoria con la perito y si me puede auxiliar el secretario de sala, a efecto de ponerle a la vista el dictamen, pero si la defensa nos hace favor de prestar el dictamen que tienen ellos para poder hacer el ejercicio y refrescar memoria, únicamente por cuanto a las edades de las hijas del señor Salvador. Juez. Señoras fiscales, esos ejercicios se tienen que hacer en forma física, porque usted tiene que indicar qué es lo que quiere que se recuerde. Y el Auxiliar de Sala está aquí para auxiliarme a mí, pero y para ayudarme con ese tipo de ejercicios y pues él tiene que señalarlos, y él ¿cómo va a saber qué es lo que usted quiere señalar? Por eso les digo que ustedes asumen las consecuencias de no comparecer a las audiencias. Si ustedes van a hacer ejercicios de refresco, de memoria de contradicción, porque entonces la que tiene que señalar esas etapas o esos aspectos es la defensa. Y entonces el ejercicio pierde sentido, porque pues entonces ¿cómo va a saber usted que lo que está haciendo la defensa corresponde a lo que efectivamente se está plateando? ósea, no tengo oposición. Fiscalía. Únicamente se está solicitando hacer el refresco de la edad de las hijas, de lo que viene en el dictamen de la defensa. Juez. Eso lo entiendo, lo entiendo, pero el ejercicio de memoria del ejercicio refresco, memoria y todos los ejercicios requieren su presencia física, para que usted marque, y diga qué es lo que pretende que se recuerde, porque entonces quien está haciendo el ejercicio. Fiscalía.Puedo marcar, no es mucha Juez. Permítame por favor, permítame por favor, entonces el que lo está haciendo sería mi secretario, o mi Auxiliar de sala, y usted lo hace allá como la defensa puede verificar efectivamente se trata de lo que usted le va a mostrar, es que por esas razones son las que les digo que ustedes asumen, lo vaya permitir en esta ocasión, pero ya sí vamos a hablar de esa contradicción o algún tipo de otro ejercicio y que yo advierta que va más allá de lo que se puede hacer a través de la pantalla, no lo vaya permitir, porque entonces pues tengo que estar abandonando la sala para que ustedes verifiquen e identifiquen que si se trata de la misma información, es otra de las cosas que tengo que hablar con Fiscalía, que tienen que señalar un lugar donde recibir cuestiones físicas aquí en Juárez, si ustedes están en Ciudad de México ese es problema de ustedes, pero si el juicio se está llevando aquí en Juárez, pues ustedes tienen que tener un lugar dónde les presentan físicamente y les sellen de recibido tanto a la asesoría jurídica, como a la defensa. Para que vayan viendo esa circunstancia. Bien, por favor vaya con la defensa. ¿Tienen el dato señores defensores? Defensa. Si. Juez. Me parece que es un dato que no tiene gran relevancia, se puede hacer así. ¿Lo puede marcar por favor señora? ¿lo puede marcar con un marcatextos si no tiene inconveniente? ¿Lo comparte en pantalla para que vea la fiscalía si efectivamente corresponde a lo que se trata? En la pantalla para que lo vea, y por proyector para que lo vean y les comparte la pantalla. ¿Sí lo tiene a la vista? Fiscalía. Si, su señoría, en efecto esa es la información su señoría Juez. Bien, ¿la defensa está de acuerdo con ello? Defensa. Sí, estamos de acuerdo su señoría. Juez. Asesoría Jurídica ¿algún inconveniente?, atención a víctimas primero. Comisión de atención a víctimas. No, su señoría. Asesoría Jurídica Particular. Sin inconvenientes su señoría. Juez. Bien, ¿quiere dirigir el ejercicio, señora fiscal? Fiscalía. Gracias si, perito ¿qué documento tiene a la vista? Testigo. Mi dictamen pericial Fiscalía. ¿Cómo lo reconoce? Testigo. Por las firmas que tengo al calce de la hoja. Fiscalía. Perfecto podría leerlo solo para usted lo que está en la página cinco, que está marcado con el marcatextos, por favor, ¿ya recuerda las edades que le menciono el señor Salvador de sus hijas? Testigo. Sí. Fiscalía. ¿Cuáles son las edades? Testigo. Treinta y dos y veintiocho. Fiscalía. Perfecto, perito, usted también refiere en su dictamen que le hizo preguntas al señor Salvador respecto a su estado emocional ¿cierto? Testigo. Así es. Fiscalía. ¿Qué fue lo que le contestó el señor Salvador? Testigo. Pues que obviamente le preocupaba la situación jurídica, que le preocupa que hubiera ciertas tendencias, que le preocupaba que hubiera cierta situación que lo perjudicara a él. Fiscalía. ¿Tendencias de quien perito? Testigo. Tendencias del juzgado. Fiscalía. Muy bien perito. Usted refirió que de su dictamen emitió unas conclusiones ¿cierto? Testigo. Así es. Fiscalía. ¿qué fue lo que concluyó usted refiriéndose a que el señor Salvador se encuentra en prisión preventiva? Testigo. Lo vuelvo a repetir, manifesté que no existen riesgos o factores de riesgo que conlleven a que haya sustracción de esta persona principalmente porque es una persona que se conduce con honestidad, que se conduce con moral, con moral tiene bien cimentados sus valores y que, por otro lado, no hay en cuanto a la cuestión de ... ¿Si me preguntó de la sustracción del imputado verdad? No hay forma de que él tenga esta situación porque no existen los medios, incluso él manifestó en esta parte de que, pues incluso si él hubiera querido, se podría haber ido, porque tuvo semanas, tuvo tres semanas como para poderse escapar y sin embargo dijo, no, no lo hice, y aquí estoy. Fiscalía. Perito, usted en esa conclusión manifestó que el imputado no ha tenido un ingreso económico, ¿cierto? Testigo. Así es. Fiscalía. Ingreso económico laboral así lo manifestó. ¿cierto? Testigo. Así es. Fiscalía. Incluso usted concluyó que respecto a eso reduce las posibilidades de que el recurso económico para movimientos de escape ¿cierto? Testigo. No, solo con eso aunado a la conclusión que ya manifesté. Fiscalía. Entonces usted refiere que como no tiene un ingreso económico no se puede escapar, ¿cierto? Testigo. No manifesté eso, estoy manifestando que es uno de los factores que infieren precisamente a que no haya esta sustracción, no hay movilidad. Fiscalía. Usted lo manifestó como una reducción de posibilidad, ¿cierto? Testigo. No recuerdo si maneje esa palabra, no recuerdo haber manejado esa palabra en la conclusión. Fiscalía. Usted refirió que el señor Salvador le mencionó que disfrutaba mucho de su libertad, ¿cierto? Testigo. Así es. Fiscalía. ¿Y qué le manifestó respecto al encierro? Testigo. Que obviamente está, pues es algo para él que no le es un cambio que le hace. De hecho, esto no está como tal cimentada en un dictamen, pero cuando se entrevistó, me recuerdo que una de las cosas que si están ahí fue que le preocupaba, pues la situación y que incluso el tenía que estar haciendo actividades precisamente para poder tolerar en cierto modo, el estar privado de su libertad, incluso comentó que había una zona en donde el plantaba unas plantitas para distraerse, y que termino como esa área y que después incluso pues le quitaron la herramienta porque ya no había como para seguirle, y manifestó así como de pues ya no sé que hacer, entonces llega un momento en el que se puede notar como cierta preocupación, como cierta ansiedad, obviamente propia del encierro, de una privación de su libertad, entonces, pues obviamente en eso sí existe un riesgo para sí mismo porque es una persona que está acostumbrada a cierta cotidianidad, está acostumbrado a cierto ritmo de vida y que obviamente al estar privado de su libertad cambia y podría repercutir en un deterioro tanto emocional como físico, esto por las condiciones también de salud que manifiesta. Fiscalía. Perfecto, perito, entonces de lo que usted acaba de referir es lógico que si está en libertad ya no quisiera estar en el reclusorio. Defensa. Objeción su señoría, es una pregunta indicativa, y está indicando la respuesta antes de que mi testigo pueda decir alguna otra. Juez. Bueno primero deje que termine la pregunta, y luego se opone. Repita su pregunta, por favor, señora fiscal. Fiscalía. Perito, entonces es lógico que si está en libertad ya no quiera regresar al encierro, ¿cierto? Defensa. Objeción su señoría, está indicando que por el solo hecho de que al señor Salvador se le pudiera dar un hipotético de la libertad, lo va a hacer y que está indicándole a la testigo cuál es la respuesta, está induciéndola a que responda sobre una situación que ella está delimitando cual es el camino. Juez. Bien, estamos hablando un perito, ¿verdad? A los peritos se les pueden hacer preguntas hipotéticas ya estamos en contrainterrogatorio, será objeción de valoración Defensa. Sí. Testigo. ¿me podría repetir la pregunta por favor? Fiscalía. Si perito usted acaba de referir que entonces el señor Salvador que disfruta de su libertad, la pregunta es que, si disfruta de su libertad, entonces ya no quisiera regresar al encierro ¿cierto?. Testigo. Ahí tendríamos que hacer nuevamente una valoración determinando nuevamente las circunstancias, para mí no sería lógico. Fiscalía. Gracias, serían todas las preguntas. Juez. Señor, asesor jurídico de víctimas de la comisión ¿alguna pregunta? Comisión de víctimas. Sí, su señoría, solo una pregunta, buenos días perito. Testigo. Buenos días. Comisión de víctimas. Solamente nos refirió usted que le proporcionaba documentación por parte de la defensa ¿eso es cierto? Testigo. Así es. Comisión de víctimas. La documentación que le fue proporcionada perito ¿fue corroborada su autenticidad por parte de usted? Testigo. No entiendo la pregunta. Comisión de víctimas. Si la documentación, las documentales, o la documentación que le fueron proporcionadas, fue corroborada, la autenticidad, esto eso es, la información que ahí obraba en todas estas documentales, fue corroborada por usted. Defensa. Objeción, su señoría, se objeta. Comisión de víctimas. La existencia como las firmas de la misma. Defensa. Objeción su señoría. Juez. Escucho ¿Cuál es su objeción? Defensa. Se objeta con motivo de que la perito es este una experta en criminalística en este caso forense y no tiene la expertiz como para estar delimitando que si es una perito en documentoscopía o en alguna otra rama de la forensia y asimismo estano tenía porque hacer ese tipo de labores toda vez de que también se presume que su actuar es de buena fe. Juez. Esa parte me queda bastante clara, pero si se supone que parte de su pericial está versada o tiene su origen o base también en sus documentales, pues también me parece que la pregunta es adecuada, y tiene relación precisamente a la actividad que está relacionando, por tanto, la voy a permitir, conteste por favor. Testigo. Ok, bueno, para ello yo observé que venían los oficios con logos oficiales, así como sellos y firmas, entonces, pues eso se puede considerar como una autenticidad. En dado caso de que hubiera una información falseada bueno, entonces esto ya sería incluso por parte del Instituto de la Marina, y yo creo que esta instancia no correría el riesgo de emitir este tipo de documentos. Juez. ¿Alguna otra pregunta señor asesor jurídico? Comisión de Víctimas. Sí, nada más que responda sí o no, ¿entonces corroboró la información de la documentación que recibió? Testigo. Sí. Comisión de Victimas. ¿Cómo corroboró la autenticidad? Precisamente la autenticidad de esa información ¿lo confirmó con la propia autoridad? Testigo. Lo vuelvo a repetir, fue un documento emitido por parte de la defensa que vienen siendo también miembros de la Marina, y, los documentos venían con logos oficiales, así como sellos y firmas de autoridades. Obviamente. Comisión de Victimas. Perdón, solo conteste sí o no, entonces presume que efectivamente son documentos auténticos. Testigo. Sí. Comisión de Victimas. Sería cuanto su señoría. Juez. Señor, asesor jurídico particular. Asesor jurídico particular. Si, su señoría, perito, ¿me escucha? Testigo. Si claro. Asesor jurídico particular. Perito, es usted psicóloga Testigo. No. Asesor jurídico particular. ¿Es usted psiquiatra? Testigo. No. Asesor jurídico particular. Este dictamen lo hizo con algún apoyo psicológico. Testigo. No. Asesor jurídico particular. OK, muchas gracias, pasamos al segundo punto. Usted manifiesta que realizó una entrevista al señor Salvador ¿es correcto? Testigo. Entrevista criminológica. Asesor jurídico particular. Usted realizó sólo una entrevista, ¿es correcto? Testigo. Entrevista criminológica. Asesor jurídico particular. Pero fue solo una. Testigo. Fueron en varias ocasiones. Asesor jurídico particular. Ya veo, eh, perito, ¿qué probabilidad hay de que una persona mienta durante una entrevista? ¿es probable? Testigo. La probabilidad de que mienta, ok, en criminología no decimos mentir, hablamos de conducirse con veracidad o no, en este caso, no medimos porque la mentira no es medible, no es cuantificable, en la entrevista precisamente se basa en aspectos cualitativos y lo que observamos a través no solamente de lo que manifiesta, sino cómo se manifiesta, entonces determinamos si la persona se conduce con ... Asesor jurídico particular. Yo sé que todo lo que me tiene que decir es muy importante, sin embargo, me gustaría continuar con mi línea de preguntas. Manifiesta usted que aquí se califica si una persona se apega a la verdad. ¿Qué probabilidad hay de que una persona no se apegue a la verdad al cien por ciento durante una entrevista? Testigo. Siempre existe una probabilidad, pero no la puedo cuantificar. Asesor jurídico particular. Claro, pero siempre existe muchas gracias. Asesor jurídico particular. Eh, usted manifestó que realizó el dictamen con base en la información de la entrevista es correcto. Testigo. Y la técnica documental. Asesor jurídico particular. Y la documentación que le entregó la defensa ¿es correcto? Testigo. Así es. Asesor jurídico particular. ¿Usted se allegó a diversos documentos diferentes a los que le entregó la defensa? Testigo. No solamente los que me entrego la defensa. Asesor jurídico particular. Ya veo, manifiesta usted que el señor Salvador tiene una buena conducta ¿correcto? Testigo. Sí, de acuerdo a la pericia, si. Asesor jurídico particular. Y esto usted lo hace porque analiza un pues una carta de antecedentes no penales. Testigo. No sólo fue la carta de no antecedentes penales, fue todo un historial laboral. Asesor jurídico particular. Ya veo, disculpe perito ¿usted reviso si el señor Salvador tenía algunas denuncias en su contra? Testigo. Así es. Asesor jurídico particular. ¿Usted reviso si el señor tenía quejas en el órgano interno de control? Testigo. Así es. Asesor jurídico particular. Eh, ¿usted revisó las cuentas bancarias del señor Salvador? Testigo. No. Asesor jurídico particular. ¿Usted constato que el señor Salvador no recibiera ingresos actualmente? Testigo. No. Asesor jurídico particular. Ya veo, muchas gracias, toda la información que usted analizó para determinar sus conclusiones se encuentran en su dictamen, ¿es correcto? Testigo. Así es. Asesor jurídico particular. ¿Uno de los factores de riesgo que usted no analizó fue que él está vinculado a proceso por cuarenta homicidios? Testigo. En la carpeta bueno el delito que se me manifestó y que aparece en algún oficio que se me fue puesto a la vista solamente se manifiesta, el ejercicio ilícito del servidor público, homicidio y lesiones, no habla de cuantos ni cómo. Asesor jurídico particular. Ya veo, en su dictamen usted no analiza como factor de riesgo, que eran cuarenta homicidios. Testigo. No. Asesor jurídico particular. Usted no analiza tampoco como factor de riesgo que eran veintisiete lesionados. Testigo. Lo analizaría si fuera de manera directa, en este caso, no lo fue. Asesor jurídico particular. Usted no analizó como factor de riesgo el homicidio y lesiones. Testigo. No, porque no fue de manera directa. Asesor jurídico particular. Ninguna otra pregunta su señoría, es cuanto. Juez. Señora, señor defensor ¿alguna otra pregunta? Defensa. Si este, procedemos su señoría, maestra Brisia ¿nos podría decir si las privaciones de la libertad de las personas alteran sus emociones, porque se encuentran privadas de su libertad? Testigo. Si. Asesor jurídico particular. Objeción su señoría. Defensa. Ya contestó. Juez. Ya contestó, le voy a pedir de favor, que cuente, que espere a las objeciones, adelante. Defensa. Maestra Brisia ¿alguna persona podría querer estar en prisión? Asesor jurídico particular. Objeción. Fiscalía. Objeción su señoría. Juez. A ver el primero que habló fue el asesor de víctima, lo escucho. Asesor jurídico particular. La pregunta es sugestiva conclusiva, su señoría. Juez. Señora Fiscal. Fiscalía. No fue materia del tema del contrainterrogatorio. Juez. Exactamente, no fue materia del contrainterrogatorio. Defensa. Su señoría, con todo respeto, tanto la fiscalía como el asesor plantearon la situación de que posiblemente las personas puedan estarse alterando y que, si ellos no quieren estar en prisión, o que, si disfrutan estar en prisión, y eso fue una manifestación y por eso estamos contra preguntando. Juez. En realidad, considera, digo, sin manifestaron eso, pero en realidad no fue materia de la del debate y me parece que están perdiendo en yo no creo que del noventa y nueve por ciento de personas que están privadas de la libertad quieran estar ahí. Defensa. Si su señoría, sin embargo, esto es por la parte de las preguntas que hizo la fiscalía. Juez. No, no, si estoy de acuerdo con eso, pero es que mire, es que no fue realmente un tema central del debate, fue algo accesorio, pero bueno, conteste, por favor. Testigo. No, definitivamente no existe una persona que disfrute estar privada de su libertad. Defensa. Ok, por parte de esta defensa sería, este, todo, para liberar a la testigo. Juez. Alguna otra pregunta, señora fiscal Fiscalía. Ninguna su señoría. Juez. Señor asesor jurídico de víctimas Comisión de Víctimas. Ninguna su señoría. Juez. Señor asesor jurídico particular. Asesor jurídico particular. Tampoco su señoría. Juez. La defensa libera al testigo bien. Puede retirarse, gracias. Juez. Sigo escuchándolo. Defensa ¿puedo continuar su Señoría? Juez. Adelante. Defensa. Muchas gracias su señoría, este mire, asimismo de lo que veníamos señalando su señoría, respecto a este caso, el arraigo laboral, es importante destacar que el señor Salvador además de lo ya manifestado, tiene treinta y ocho años y nueve meses y veintiún días de servicio, y esto acredita mediante el oficio DJNNP/10720/23, de fecha seis de septiembre de dos mil vientitrés, que se encuentra firmado por el capitán en navío del Servicio de Justicia Naval, Alejandra Ortiz Soria, en la calidad que ostenta como Jefa de la Unidad Jurídica la Secretaria de Marina, y en la documental anexa a dicho oficio y en ese oficio se advierte en específico, el certificado específico de servicios de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, expedido por la Oficialía Mayor, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección del DETALL General, en sentido de que el señor Salvador ostentó el grado de Contraalmirante, Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, y que causó alta en dicha Fuerza Armada con fecha 10 de septiembre de dos mil novecientos setenta y nueve y causo baja de servicio activo de la Armada de México con fecha uno de julio de dos mil dieciocho, pasando a situación de retiro, por exceder la edad límite reglamentaria, y, en este punto es importante señalar que en dicho certificado de servicios, se encuentra claramente plasmado que el señor Salvador en todos sus treinta y ocho años nueve meses y veintiún días de servicio en esa noble institución armada, observó una conducta buena, y, ¿por qué hacemos referencia a que observó una conducta buena? porque la imposición de las medidas cautelares, un buen parámetro para delimitar las mismas, es la conducta de la persona que se encuentra procesada, ya la que se puede sujetar. Y, también es bueno recordar que está el criterio de mínima intervención, que también se rescata del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por si fuera poco su señoría, la Secretaría Armada de la cual el señor Salvador perteneció durante todos los años. meses y días que han sido ya plasmados, en el cuerpo del oficio 10 DJ/DP/1078023 de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, firmado por el Teniente de Navío Carlos Ben-Hur Ruelas Álvarez oficial de Guardia de la fecha en la unidad jurídica de la Secretaría de la Marina, está claro la Secretaria de Marina se encuentra en disposición de coadyuvar en este caso de que se pusiera una medida cautelar en la cual se tuviera que tener algunas ciertas cuestiones de vigilancia aparte de dicha noble institución la Secretaría de Marina está en indubitablemente disposición de si su señoría si tiene bien dictar que para poder cumplir con esa parte eso nos hace nos hace ver también que el señor Salvador no solamente por pertenecer a una secretaria de Estado como es la Secretaría de Marina ya es un parámetro como para decir que solo por eso ya es un riesgo social y ello por la por el grado que ostentó sino que también esa esa Secretaría de la cual tuvo un buen actuar durante toda su carrera militar está en este caso a favor de dar cumplimiento a las medidas cautelares a fin de que el señor Salvador no se sustraiga primeramente de la acción de la justicia ni tampoco entorpezca lo que viene siendo ni la investigación ni tenga contacto con las víctimas y todas esas cuestiones porque necesitaríamos ante una situación de vigilancia por parte de un ente de la seguridad nacional y coadyuvante de la seguridad interior del país ahora. Alguna respecto a lo que se mencionó anteriormente, de que el señor Salvador extravió el pasaporte evidentemente eso sí aconteció su señoría y el hecho de decir que hay un documento que dicen que se extravió, y que primero lo tenían los familiares y después los abogados con intenciones de restar la importancia o credibilidad a dicho documento es importante, señalar que dicho documento es un documento oficial y que no haya ahorita una prueba objetiva que permita delimitar que lo que lo que está plasmado en dicho documento que tienen número de registro 007586-NC de fecha veinticinco de abril de dos mil veintitrés, expedido por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, mediante el cual se hace constar que el señor Salvador sufrió el extravió de dicho documento, no aconteció, no hay una prueba objetiva que permita delimitar que eso es mentira y nosotros sí estamos ofreciendo un documento objetivo en el que precisamente se acredita que el señor Salvador si extravió ese documento y por si fuera poco, esta esta defensa en aras de robustecer el hecho de que el señor Salvador no se va a sustraer de la acción de la justicia como el bien tuvo a mencionar la fiscal en el sentido de que se puede sustraer hacia los Estados Unidos de América, pues esta defensa pone a disposición de esta en esta audiencia, lo que viene siendo la visa del señor Salvador como documento de garantía en que no se va a sustraer de la acción de la justicia hacia los Estados Unidos y respecto a la aseveración de que mi defenso tiene diferentes arraigos en este país, pues vaya como ya lo había mencionado antes no es un primeramente no está prohibido no es un delito y por si fuera poco es un derecho que nos asiste no solamente a las personas que se encuentran procesadas o mucho menos, sino a todos los mexicanos y es sobre sobre el derecho de movilidad universal que es para todos y también es un derecho humano vaya y ahora retomando el riesgo de la integridad de la víctima del ofendido de los testigos y de la propia este, comunidad es importante señalar que hay documentación objetiva que permite delimitar que el señor Salvador no es un riesgo como tal en ese sentido, toda vez de que esto se acredita mediante la constancia de antecedentes penales federales con número de folio CDAPF-23-251843 de fecha uno de septiembre de dos mil veintitrés, la cual se encuentra firmada digitalmente por la C. Maricela Magaña Suarez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Prevención y Readaptación Social mediante el cual se desprende que tras haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva en la base de datos del Archivo Nacional de sentencias y estadística en penitenciaria se advierte que al día de la fecha no existe el registro de sentencia condenatoria irrevocable de carácter penal del fuero federal pronunciada en contra el señor Salvador y mediante el contenido del oficio 4587/23 de fecha quince de septiembre de dos mil veintitrés que se encuentra signada por la licenciada Maribel Chávez García quien es la encargada del despacho de la dirección del centro de reinserción social estatal número 3 donde se encuentra actualmente recluido el señor Salvador mediante el cual remite un informe de conducta y disciplina asignado por dicha autoridad. Así como por el C. Nicolás Arrijos Sandoval en quien tiene la calidad de coordinador operativo de dicho centro de orientación social número 3 mediante dicha documental se refleja que la conducta observada por el señor Salvador dentro del centro con autoridad y, asimismo, la higiene tiene el personal es buena y que asimismo, refleja una relación que sirva con sus compañeros que es de camaradería y por todo lo anterior se clasifican su conducta en general, como buena y con todo esto hay que destacar una parte que es medular en este asunto y ahora tomando poco que esto se empareja con lo que platicamos respecto del riesgo y el arraigo laboral que en treinta y ocho años nueve meses y veintiún días el señor Salvador en la secretaria de Marina no tuvo ningún procedimiento de carácter penal ni sancionador y su conducta evidentemente todo ese tiempo en la institución que no es poca cosa más casi 39 años de servicio, pues está como buena yes un documento que fue despedido por la Secretaría de Marina y que es un dato objetivo que permite delimitar esa situación así como la documentación que ya ha hecho referencia en sentido de que el señor Salvador tiene esa documental como medio de prueba para soportar que si es un parámetro objetivo mediante el cual se le puede imponer una medida cautelar diversa a la prisión preventiva justificada en este caso toda vez que hay que recordar que la prisión preventiva justificada tiene un carácter de excepcionalidad es decir que no debe de ser tomada ni a la ligera máxime así cuando existen otras trece medidas cautelares que pueden ser impuestas en favor de las personas atendiendo al principio de mínima intervención como ya lo mencioné antes al derecho pro-persona y a una aplicación conforme, toda vez que, también es la última ratio que debe de ser, que debe de ser observada para el ejercicio de dicha medida y en este punto es importante destacar lo siguiente que si bien, es cierto que la señora fiscal hace una solicitud a su señoría en sentido de que se debe de imponer una medida cautelar y explica los motivos mediante los cuales porque esa solicitud es aplicable a la medida cautelar perseguida que no es otra que la justicia que en la prisión preventiva justificada bueno, es importante señalar que el artículo 167 en el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la prisión preventiva o resguardo domiciliario en este sentido el ministerio público puede solicitarlas cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio el desarrollo de la investigación la protección de víctima ofendido de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable en el en lo que demarca el Código Nacional de Procedimientos Penales y esta situación ya ha sido debidamente acotada por esta defensa en el sentido de que no hay un antecedente previo en el penal, ni doloso en contra del señor Salvador y es importante señalar el contenido de la tesis jurisprudencial con número de registro digital 2023411 del rubro prisión preventiva justificada la imposición de esta medida cautelar con base en apreciaciones subjetivas de juez de control es ilegal, aquí quiero hacer un paréntesis que no queremos, no queremos que verse solamente sobre este rubro sin embargo, en el contenido de dicha tesis está en una parte que es muy importante y medular que es una justificación en esta medida. En el siguiente tenor, lo anterior, porque la prisión preventiva es una medida excepcional como ya se manifestó y su imposición solo procede cuando no haya otras idóneas para lograr el fin buscado ya que es el Ministerio público es a quien le corresponde demostrar la necesidad de aplicarla, pues al tener el carácter de excepcional debe justificarse fehacientemente por una de las restantes medidas cautelares resulta insuficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, cuestión que esa Fiscalía no acreditó si bien es cierto, intentó acreditar porque era al señor Salvador se le debe imponer la prisión preventiva justificada jamás acreditó porque las otras trece medidas cautelares por sí mismas o en una combinación no son eficaces para dar cumplimiento a la finalidad del objetivo propio de las medidas cautelares yeso es muy importante destacar en ese sentido, asimismo, de todo lo que ya se ha advertido en esta presente de participación los queda el peligro en el desarrollo de la investigación y en el peligro del desarrollo de la investigación asimismo también esta defensa estima que no es dable a creer que existe ese riesgo en el desarrollo de la investigación máxime cuando estamos a días de cerrar el periodo de investigación y el señor Salvador se ha encontrado privado de su libertad, con la medida de prisión preventiva justificada y así mismo es importante destacar que el señor Salvador ya no cuenta con la titularidad que tenía de la representación en Chihuahua por parte del Instituto Nacional de Migración. Yeso, está debidamente acreditado mediante la lectura del comunicado 025/2023 de fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Instituto Nacional de Migración y además es un documento que es del dominio público y de consulta en fuentes abiertas mediante el cual comunican que el nuevo titular será el C. Manuel Alfonso Marín Salazar, y por ende, el señor Salvador ya no tiene el mismo poder jerárquico que tenía en esa institución y la Secretaria de Marina vuelvo a reiterar eso es un elemento que se encuentra en situación de retiro y aunque sí tenga ese grado jerárquico eso lo tiene en situación de retiro y no estable a creer que porque tiene ese grado en situación de retiro tiene los mismos medios como la misma calidad que tenía cuando estuvo en el activo en la Secretaría de Marina trabajando es importante destacar eso porque el señor Salvador sólo por el hecho de haber pertenecido a la secretaria de Marina y haber tenido la titularidad ahora no es un parámetro como para decir que eso es suficiente y objetivo para delimitar que por ende, se constituye un riesgo para el desarrollo de la investigación máxime cuando no hay un dato objetivo de que así lo haya querido realizar cabe recordar que el señor Salvador antes detenido estuvo, todavía esté laborando para el Instituto Nacional de migración y cuando se requirió documentación jamás se negó a darle la documentación tampoco destruyó documentación y también tan eso es cierto yes objetivo que la documentación versa en este día y a esta fecha en la carpeta de investigación correspondiente al presente asunto y esa es una situación que se es subjetiva y ese sí fue un buen parámetro para delimitar que el señor Salvador jamás intentó primeramente ni entorpecer la investigación, ni alterar datos de prueba ni mucho menos entorpecer las investigaciones de la fiscalía. Toda vez de que, cuando, repito, se le fue solicitada por parte de la fiscalía a mi defenso información que inclusive fue ocupada en su contra, él no se no se obvio para para remitir la misma y esa sí es un parámetro objetivo para delimitar que el señor Salvador no es un riesgo para la investigación, Ahora bien, en relación para un riesgo para la sociedad, para las víctimas o por la propia comunidad, tampoco es dable a creerse toda vez de que el señor Salvador en treinta y nueve años, que fue garante en la Secretaría de Marina de la Seguridad Nacional y coadyuvo en la seguridad Interior, como lo demarca la Ley Orgánica de la Armada de México, no tuvo una actuar que fuera sancionado y que mediante el cual se puede delimitar que el señor Salvador es un riesgo para la sociedad, al contrario, cuando ante casi cuarenta años de servicio, el señor Salvador estuvo en favor de ser garante del Estado de Derecho y de la seguridad de los de los mexicanos, lo cual sí es un dato objetivo toda vez de que hay documentación que ha sido en la que se corrió tratado que refleja precisamente eso, que el señor Salvador durante todo el tiempo que estuvo laborando para dicha institución. Jamás fue un peligro y para la sociedad. Ahora en cuestión de las víctimas, las víctimas se encuentran en este momento bajo el cuidado del CEA V, no es dable a creer que el señor Salvador va a movilizar medios, o se va a movilizar el mismo, o se va a materializar en otro país, cuando más de las víctimas y de los interesados, en ese caso los ofendidos, son de carácter extranjero, y muchos de ellos ya no se encuentran en este país entonces no es dable a creer que por eso mismo el señor Salvador por esa situación va a constituirse como un riesgo para esas partes no y creo que es muy importante también delimitar una cosa y esto es aún modo de cierre no de que la etapa de investigación concluye el veintitrés de octubre, estamos a días repito como para que para que determine y pues ya el señor Salvador pues ya no tiene ni poder ni el tiempo suficiente como para llevar a cabo actos en contra de ello y por todo lo antes se expuesto esta esta defensa estima que todos los racionamientos y medios de prueba objetivos que fueron introducidos en la intervención de esta defensa los invitan a sostener que el señor Salvador ha tenido una actitud de probar durante su carrera militar y personal asimismo no hay no hay una evidencia objetiva que permita afirmar que el señor Salvador haya cometido acciones que pongan en riesgo el desarrollo de la investigación como ya había mencionado o que vaya a intentar llevar a cabo acciones tenientes a impedir o a obstaculizar las labores de la fiscalía toda vez de que cuando tuvo otras semanas para hacerlo y no lo hizo también ya se destacó el hecho de que está próxima a finalizar la etapa de investigación y dicha etapa de investigación se encuentra en este momento a punto de fenecer y por eso su señoría pido amablemente que se tome en cuenta todo lo manifestado por su servidor, que actúa en representación del señor Salvador y que dicte una medida cautelar o una combinación de ellas que resulten menos lesivas en favor de mi defendido lo anterior es en inteligencia del principio pro-persona de la interpretación conforme y la progresividad de los derechos humanos que ya he citado, así como del criterio de mínima intervención de presunción de inocencia y de la excepcionalidad propia de la medida cautelar que debe ser siempre la última ratio. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la nación también se manifestó respecto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de lo dispuesto de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte ya que todo lo anterior opera en favor de los ciudadanos mexicanos con independencia de si estos están siendo juzgados o podrían ser juzgados en cualquier momento con lo cual Se estaría incumpliendo el contenido de la carta Magna de la legislación interna externa y lo anterior no es más que el piso mínimo de lo que se puede esperar de un estado democrática y de derecho como hace un momento, tuve a bien sostener a través de las últimas reformas constitucionales y la importante reforma del propio sistema penal que pasó de ser inquisitivo a ser oral, acusatorio persigue y qué es lo que persigue un ideal de Justicia de que los mexicanos contemos con un sistema garantista y que esto nos permita tener una protección cada vez más amplia que no es otra cosa que viene siendo la progresiva propia de los derechos humanos y también el hecho de que no se no se aplique esto estaría dejando el estado mexicano y a las autoridades que aplican en este caso la justicia en una en una situación y una postura meramente punitiva simplista y el hecho de que se pueda imponer medida cautelar que es la última ratio porque es la única que a ojos de la fiscalía puede garantizar que el señor Salvador se presente ante el proceso y que no representa un riesgo social, si en el espíritu de la norma el legislador hubiera querido que así fuese entonces hubiera obviado las otras trece medidas cautelares que dispone el artículo 155 y hubieran dejado solamente la última como la como la que es la más suficiente o la eficaz para dicho fin y no este tenor esta defensa estima que pueda haber en este caso una imposición de una de esas medidas o una combinación de las mismas y esta defensa ve con buenos ojos las medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales como lo pueden ser la presentación periódica ante el juez o cuanto autoridad distinta que aquel designe la prohibición de salir sin autorización del país de la localidad de acuerdo al que reside o del ámbito territorial que fije el juez el sometimiento al ciudadano a vigilancia de una persona o institución determinada como es el caso de la Secretaria de Marina que está se presta para llevar a cabo dicha coadyuvancia y la prohibición de convivir acercarse o comunicarse con determinadas personas con las personas víctimas, ofendidos, testigos que no se afecte el derecho de la defensa así como la colocación de localizadores electrónicos y el resguardo bien en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga y nosotros como defensa estimamos que cualquiera de estas medidas o una combinación de las mismas es un parámetro suficiente que permite garantizar mediante un test de proporcionalidad y mediante todo lo antes expuesto que el señor Salvador puede acogerse a este tipo de medidas cautelares y con ello se está cumpliendo la finalidad propia de la medida cautelar que habían tenido que poner o una combinación, una suerte de combinación de las mismas. Es cuánto. Minutos 01:22:36 Fiscalía. Sí su señoría muchas gracias, de manera concreta, su señoría esta Fiscalía considera que lo vertido por la defensa en diversas ocasiones son incluso contradictorias ello tomando en consideración que ha referido que la propia SEDENA quien se podría hacer cargo de la medida cautelar de vigilar al señor Salvador, sin embargo, del propio documento que el nos ha corrido traslado que es el número 11045 se establece y me gustaría dar lectura en el que refiere que la Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con facultades y/o atribuciones legales para coadyuvar en la vigilancia de la supervisión de las medidas cautelares que en un momento dado imponga la autoridad jurisdiccional al contraalmirante González Guerrero, toda vez que dicha actividad le corresponde a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso de la entidad federativa donde se les instruye su proceso al citado contraalmirante, es decir, a la policía eh su señoría también existe contradicción por parte del propio defensor toda vez que esta Fiscalía no ha hecho ningún argumento por cuanto al extravía del documento que en este caso fue de su pasaporte en dicha constancia su señoría efectivamente, se refiere a que es una constancia de extravío de documento en este caso que fue de su pasaporte en dicha constancia su señoría él se refierea que es una constancia de extravío de documento que en este caso es el pasaporte del señor Salvador en el cual manifiesta que el dieciséis de abril de dos mil veintitrés fue detenido por policía ministerial como resultado de una orden de aprehensión y que él le entregó a sus abogados defensores sus pertenencias entre ellas su pasaporte y que ellos las llevaron a su domicilio y que ahí se extravió ese documento, es decir, su señoría que todavía el defensor está haciendo manifestación que si bien es cierto no cuenta en este momento con ese documento, lo cierto es que donde esta extraviado dicho documento es en el propio domicilio del señor Salvador, aunado a ello su Señoría es de tomarse en consideración que la propia defensa incluso manifestó que el señor Salvador se sigue haciendo cargo de sus hijas, es decir, que cuenta con un arraigo familiar, así lo manifestó, sin embargo, de las propias documentales que son las actas de nacimiento, así como de la información obtenida a través de la perito se ha ´podido establecer que las hijas del señor Salvador tienen la edad de veintiocho y treinta y dos años, por lo tanto, ya no es una situación en la que el señor Salvador o que las hijas del señor Salvador dependan económicamente del imputado, aunado a ello su señoría y de lo propio vertido por la perito presentada por la defensa es de tomarse en consideración que incluso de la entrevista ella le realiza al imputado le preocupan ciertas tendencias de juzgado, es decir, su señoría que el imputado no está confiando en el proceso también es de tomarse en consideración que la perito incluso puso como conclusión dentro de las peligro de sustracción que el ingreso económico laboral que no tiene según ella el señor Salvador reduce las posibilidades de movimiento de escape, contrario a ello su señoría que lo que hemos escuchado de la propia defensa a hecho de manifiesto que el señor Salvador sigue recibiendo un ingreso económico mensual que incluso ello le ayuda precisado a sostenerse económicamente, es decir; su señoría, que lo que la propio perito establece de movimiento de escape, esta Fiscalía considera que la propia información vertida por la defensa hace establecer este peligro de sustracción del señor Salvador, aunado a ello la propia perito refirió que precisamente una persona que está en libertad y que ya estuvo en encierro pues es lógico que no quiera regresar al encierro, por lo tanto, señoría también se establece el peligro de sustracción del imputado. Por lo tanto su señoría esta fiscalía considera que precisamente no existe ninguna otra medida cautelar suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el procedimiento, toda vez, que de la propia información ha quedado establecido que si existe un riesgo de sustracción a la acción de la justicia del propio imputado por lo tanto, esta Fiscalía insiste en que se le imponga la prisión preventiva justificada su señoría. Es cuanto. Minutos 01:39:15 Asesor de Víctimas de la Comisión. Gracias su señoría, únicamente en el mismo sentido ya reiterado por parte de la Fiscalía y de igual manera una vez que se llevó a cabo el interrogatorio de la perito quedó evidenciado a preguntas que le fueron formuladas que el dictamen cuenta con un carácter de alguna forma subjetivo puesto que hace análisis y valoraciones que es más que evidente que son de carácter psicológico y es evidente que no cuenta con esa especialidad, así como también en su momento analizó única y exclusivamente la documentación sin tener la certeza que efectivamente fuera verídica la misma, entonces, es claro que no hay una certeza para poder establecer que efectivamente se garantiza con los planteamientos hechos por parte de la defensa su presencia en el proceso y se insiste que no se ha tomado en consideración por lo menos se puede hacer a un lado digo, se insiste en lo referente a una reparación que en relación a las víctimas pues no se puede hacer a un lado es por eso que se hace evidente que tratándose de 40 personas que fallecieron más los lesionados es obvio como lo refirió la perito que no lo tomó así en consideración pues es evidente que no se tiene esa certeza que pueda contar con él en un futuro durante el procedimiento, eso sería cuanto su señoría. Minutos 01:40:53 Asesor Jurídico Particular. Sí su señoría, igual de forma muy puntual, primero algo que pierde de vista el defensor es que este ha sido un caso calificado de graves violaciones a Derechos Humanos ello lo ha dicho así la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la recomendación IIIDG/2023 emitido el treinta de junio de dos mil veintitrés, del presente año el cual califica este caso como uno de los más graves, esto implica que el señor Salvador no solamente se le está procesando por los homicidios, sino además por un caso de impacto social por tanto esto es un elemento adicional que habrá que tomar en consideración. En segundo lugar, respecto al peligro de sustracción pues todos los elementos que ha vertido la defensa han sido de hecho contraproducentes pues acredita el peligro de sustracción, con el contrato de arrendamiento que ha referido, lo cierto es que este contrato de arrendamiento es del año dos mil vientidós y no exhibe un contrato previo por tanto podemos establecer que no existe un arraigo de un contrato que es extremadamente reciente y esto como bien se mencionó se acredita la facilidad que tiene el imputado de residir en diferentes lugares y pues justamente de crear contratos de prestación de arrendamiento de manera pues muy constantes en diferentes estados de la república, como bien ha referido la Fiscalía efectivamente el señor sigue recibiendo un sueldo aún y cuando inicialmente se mencionó que no aún y cuando la perito refirió que no lo cierto es que su propia defensa ha mencionado que si tiene un sueldo en razón de su anterior puesto, no hay que olvidar a demás su señoría que tiene un puesto de servidor público federal por tanto pues, esto incrementa las posibilidades de sustracción, si bien menciona la defensa que puede que no tiene pasaporte que puede entregar la visa, lo cierto es que las máximas de la experiencia nos dice que no se necesita en muchos de los casos estos documentos para poder moverse del país o para salir del mismo, por tanto, el hecho de la entrega de estos documentos no contrarresta el peligro de sustracción y establece un arraigo familiar, sin embargo, pues no un arraigo familiar no combate un peligro de sustracción y máxime que como bien se ha establecido pues sus hijas tienen treinta y dos y veintiocho años, lo cierto es que esto pues tampoco incrementa la ayuda pues a lo que establece la defensa, los documentos que los documentos que refiere habla específicamente de su conducta respecto a su anterior puesto de trabajo en este juicio no se está vinculando no se le está cuestionando su calidad moral en cuanto al tiempo que duro como servidor público, lo cierto es que sus condiciones laborales y personales y jurídicas han cambiado totalmente por tanto son documentos que no son vinculantes para el caso y que no se deben tomar en consideración. En segundo lugar respecto a la pericia perito Brisia Dolores que se presentó lo cierto es que ella refirió que no es psicóloga y que no lo hizo con auxilio de ninguna psicóloga, sin embargo, pese a ello realizó diversas observaciones en su dictamen respecto a cuestiones emocionales y psicológicas, propias esta pues, como bien refirió el asesor de la CEAV, no corroboró la información y solo se constriño a lo que estableció la defensa y el imputado, por tanto, pues se advierte que es un dictamen extremadamente parcial con base en la información que dolosamente hizo a beneficio del imputado que se le proporcionó y que obviamente ella misma menciono que ninguna persona se apega a la verdad al cien por ciento por tanto pues todo lo que le dijo el imputado pues carece de cierta credibilidad al cien por ciento pues existe la posibilidad de que le haya falseado en la información que le dijo y finalmente mencionar que le resulta extremadamente grave que una perito menciones que no hay riesgo alguno cuando no tome en consideración que este es un caso de graves lesiones a derechos humanos y que eran cuarenta homicidios y veintisiete lesionados ese es el mayor fallo que se advierte en cuanto al dictamen pericial pues claro pues si no adviertes que eran cuarenta homicidios por tanto pues su conclusión pues es diferente, pero si lo hubiera apreciado o lo hubiera tomado en cuenta la perito pues su conclusión evidentemente hubiera sido distinta y finalmente menciona que su señoría que en esta causa penal la 235/2023 el plazo de investigación complementaria se encuentra suspendido, no así la investigación, la investigación no se encuentra suspendida, el plazo de investigación si, ello en razón de la suspensión otorgada en el amparo 955/2023 presentado por mis representados, su señoría, y finalmente mencionar su señoría pues, se insiste en un peligro de obstaculización a la investigación en razón de que si bien ya no actualmente ya no se ostenta como el mismo cargo lo cierto es que pues sus nexos económicos personales y políticos aún subsisten por tanto este riesgo pues aún pues prevalece, su señoría, sería cuanto por parte de la asesoría jurídica. Minutos 01:46:07 Defensa. Primeramente el documento a que hace referencia la Fiscalía respecto a que la Secretaría de la Defensa Nacional es quien daría la vigilancia yo nunca dije en mi participación que fuera la Defensa Nacional, inclusive en el documento que nos les mandamos respecto al traslado jamás vino ese documento, el documento al que yo hice referencia es el 10780 yo lo dije muy bien que estaba firmado por el Teniente de Fragata Servicio de Justicia Naval licenciado en derecho oficial de guardia a la fecha Carlos Benjour Ruelas Álvarez en el sentido de que la Secretaría de Marina a la que hace referencia a que el señor Salvador perteneció casi cuarenta años, este estaba en disponibilidad de llevar a cabo dicha vigilancia y en ese sentido me remito decir y citar textualmente que lo que dice el documento que en términos de lo dispuesto por el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales corresponde a la autoridad jurisdiccional la imposición de las mismas así como su alcance, razón por la cual en caso de que se llegase a imponer una medida que implique obligaciones a cargo de esta la Secretaría del Estado indubitablemente se tendría que dar cumplimiento a lo que ordene el Juez de Control encargado del conocimiento del asunto, yo hice referencia a un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional en esta presente audiencia y también se corrió como tal traslado de dicho documento sino que yo hice referencia al documento de la Secretaría de Marina esto es por lo que hace a dicho aseveración. Ahora respecto a que las hijas del señor Salvador tengan veintiocho y treinta y dos años y por ello ya no dependan económicamente del señor Salvador porque no creo que esa Fiscalía cuenta con un documento que acredite efectivamente que eso acontece de esa forma yeso tampoco o eso dice de que el señor Salvador pudiera todavía seguir apoyando hasta inclusive en edades superiores a las hijas y también la Fiscalía obvia el hecho de que también se presentó aquí un acto de matrimonio mediante el cual está acreditado que el señor Salvador tiene una dependiente económica que no es otra que su esposa y vaya tal vez a la Fiscalía se le olvidó que también esa es una arraigo familiar y también respecto a que el señor Salvador no confíe en el proceso, pues no es un buen parámetro como para decir que eso va a ser por sí mismo un buen un parámetro para decir que, pues ya por esa situación, se va a suspender el procedimiento digo muchas personas en la vida civil desconfían de los policías y no por eso están cometiendo ilícitos o por eso van a cometer ilícitos o van a ser actitudes antisociales el hecho de que mi cliente y demás clientes desconfían de la justicia no es otra cosa que un grado de percepción que puede tener cualquier persona y ello no, eso no es indicativo de que permitan delimitar que solo por eso se va a intentar sustraer de la acción de la justicia ahora respecto al ingreso económico mensual, pues cabe señalar que es una jubilación que en ningún momento es un es un sueldo como el que tenía cuando estuvo en activo y vuelvo a reiterar, de él dependen de 3 mujeres que son un grupo vulnerable y el señor Salvador es su pilar principal y este mantiene a su señora esposa, entonces mucho de ese dinero, pues va este destinado a ello yeso sin demérito de que las hijas pueden tener veintiocho y treinta y dos años o más edad ya que eso no está cuantificado ni tampoco hay un dato que repito que permita delimitar que no lo está haciendo como tal y que mucho menos que ya no necesiten del apoyo tanto económico como afectivo porque también parte del arraigo familiar no solamente es económico también es afectivo el hecho de creer que el señor Salvador va a sustraerse de la acción de la justicia y también olvidaste de su familia para esconderse del presente proceso del cual es de señalar una vez más no se sustrajo cuando tuvo tres semanas para hacerlo y la Fiscalía no tiene datos en sentido de que intentar hacerlo también es un buen sí es un parámetro objetivo de que el señor Salvador evidentemente el arraigo familiar y el arraigo laboral y las cosas que también vertió en este caso la testigo la perito Brisia en el sentido de que el señor Salvador efectivamente tiene un alto grado de honorabilidad y de querer cumplir con las cosas que a él se le imponen y ella lo dijo aquí lo estamos viendo tuvo 3semanas para sustraerse de la acción de la justicia y no lo hizo, y además en el presente proceso hay que recordar una cosa cuando se menciona de forma que hay cuarenta homicidios y veintisiete lesionados y que es un asunto mediático, importante, bueno sí eso creo que no se escapa de la vista de ninguno de los aquí presentes y no creo que haya ninguno aquí que pueda decir que eso no aconteció sin embargo, no por ese hecho ya el señor Salvador significa que es culpable porque asumir eso de esa perspectiva es violatorio del principio de presunción de inocencia como lo dije hace un rato también en el grado de trato procesal porqué el hecho de asumir que el señor Salvador por el hecho de que hay cuarenta homicidios y veintisiete lesionados, pues ya se constituye solamente como un riesgo. Pues eso ya es como adelantar que hay condena y una pena, bueno, pues él es culpable de eso y recordemos que inclusive tampoco está acreditado ni hay una sentencia en firme que digan que es culpable como para decir que luego esto que se está vertiendo es lo que acontece que por esa gravedad y por esos homicidios, pues ya hay señor Salvador, pues ya es culpable y porque él se queda así mismo como muchas de las personas que se encuentran procesadas se perciba a sí mismo como inocente yeso se va a tener que demostrar en un juicio sucesivo no como juicio de valor en este momento o con aplicaciones medidamente subjetivas que no tienen ningún sustento como un dato de prueba objetivo, ahora es una parte importante del dictamen que mencionaron que en este caso que es un dictamen parcial, pues bueno es que los dictámenes como tal, este viene de ciertos modos y no podemos decir que sólo por eso que porque digan que el señor Salvador no representó riesgo, pues eso no indica que están hechos de forma parcial cabe señalar que la que la perito Brisia aquí nos dijo Cuál es la experiencia y creo que a todos nos quedó claro, cuál es el cuál es el currículum vitae de la maestra y no creo que durante tantos años de experiencia y con todos los diplomados que tiene y con toda la carga desde que tiene de dictámenes que seguramente ya ha hecho este pues ya hay dable querer entonces todos son parciales, porque no es así es sería como creer que el dictamen que presenta la Fiscalía por esta por esa forma también dijéramos que es que es parcial por el hecho de que no favorezcan los intereses en este caso de mi defenso y no es nuestra situación toda vez que también se presume la buena fe de esa Fiscalía. En el sentido de lo que nos ocupa es importante destacar ese dictamen está hecho por una profesional que esta debidamente acreditado y con mucha experiencia laboral y con mucha expertiz también es importante señalar otra cuestión que me parece muy importante es el hecho de que se señaló también en la participación que la perito Brisia no es psicóloga pues en algún momento dijo que era psicóloga y para hacer el tipo de dictamen pericial que ella hizo no se necesita ser psicólogo ahora bien también se mencionó que el hecho de que las manifestaciones tuvo el señor Salvador se basan sobre sobre elementos subjetivos de manifestaciones subjetivas, pues también la perito este Brisia manifestó que se basan sobre una metodología y sobre algo que sí es cuantificable también lo dijo y que se encuentran robustecido por una rama de la ciencia, entonces yo no sé dónde está su objetivo en ello es cuánto. Juez. Defensora ya conoce mi postura, bien la escucho. Defensa. Va a ser muy breve, mire respeto a lo que me refieren tanto a la Fiscalía como los asesores de víctimas de unos oficios que están signados aquí en el cuerpo del peritaje se nos hace un poco raro, no de la Fiscalía, pero de los asesores de víctimas que quiera tener desacreditar los oficios cuando esos oficios yo creo que deberían de ver en qué se tratan y aparte de eso son oficios que ya fueron requeridos tanto a por esta defensa en solicitudes de la semana pasada al propio Instituto Nacional de Migración y hasta ahorita, no han respondido también son oficios que se le solicitaron en diversas solicitudes a la Fiscalía y fueron también que no han ni siquiera acusado de recibido sé tuvo que mandar hasta la ciudad de México a una persona para que los presentara de forma física como usted lo bien mencionó hace rato y que tuvieran el sello para posteriormente poder pelear esa parte en dado caso de que tampoco contestara a la Fiscalía y este esos pues a eso quería hacer yo intervención de que si quieren desacreditar el peritaje por cuestiones de que no fueron esos oficios no se fijó la perito no verifico que fueran originales eso que sí tuvieron copia que no tuvieran copla o pues también es cierto de que ya se solicitaron de la forma que deben de solicitarse ahora sí que primeramente por producto de esta defensa y el segundo por conducto de la Fiscalía y no nos han aportado ni siquiera nos han dado contestación de que se sigue o no sigue este tema de que si proceden o no, el otro tema es respecto que habla el asesor de víctimas de que está suspendido el término o que está suspendida el término de la investigación que por un amparo sí pero en ese amparo nosotros como defensa presentamos una solicitud en el sentido de que se fijara una garantía además de $447,000 aproximadamente puesto que eso está dejando a mi defenso en un estado de que obviamente no tiene trabajo y no tienen los recursos necesarios y no la han pagado hasta ahorita, no han exhibido tal garantía ni el juzgado se ha pronunciado al respecto, hasta el día de ayer pues con toda esta problemática que existe de los paros, pues pensamos que se va alargar, pero no debería pues hacer un juicio adelantado, ya se suspendió, esta defensa ha metido los medios o las impugnaciones necesarias y pues hasta ahorita no se han resuelto, hasta ahí seria cuanto su señoría. Minutos 02:00:24 Juez. Muy bien, bien, vaya dar por terminado el debate y vaya proceder a dar mi resolución. Verán ustedes, en ningún momento se ha puesto en duda la honorabilidad del señor Salvador, el problema aquí no radica en lo que hizo, si no en lo que dejó de hacer, pueden inobservancia por inexperiencia o por lo que ustedes gusten que se tradujo en la muerte cuarenta personas y veintisiete personas que resultaron lesionadas la perito claramente sostiene bueno que es su parte de su conclusión cuando le preguntan sobre si valoro la existencia las cuarenta personas que perdieron la vida a las veintisiete lesionadas y dice que no, por qué no fue un delito de acción evidentemente todos estamos ciertos que no se le atribuye directamente una actividad que ocasiono o que tuviera la intención el señor Salvador de cometer estos homicidios o que fuera en ese sentido, vamos, no lo premeditó, simplemente la acción por omisión consiste en no tomar las medidas que están directamente encaminadas a prevenir que se produjera el resultado cuando esto es previsible. Esa es básicamente la conducta que se le atribuye, no es que él haya decidido matarlos o que haya decidido o que tuviera una intención más allá del su complimiento de su deber para efectos que se obtuviera este resultado de los homicidios, delito de acción por omisión, por no tomar las medidas, no obstante como ya lo señalé en la audiencia, no vaya ver aquí el juicio, esto es el punto, pero cómo lo señale o sea, es un nivel de cuidado cuando ya la propia oficina de migración o de Secretaría, migración, instituto nacional de migración ya tenía noticias de que me ha pasado algo similar y de hecho se habían tomado medidas para tratar de evitar que esto ocurriera, en ese sentido bueno, tampoco se me establecen datos suficientes para establecer que haya un riesgo para el proceso o para la autoridad que está encargada de los procesos, se habla bueno de una posibilidad que el señor, pues es un servidor público tiene conexiones que tiene alguna forma, trato con la milicia y con el Gobierno, por su calidad de contralmirante efectivamente eso el haber llegado a ese lugar, pues necesariamente tuvo que mostrar una conducta digna para la institución para poder lograr y obtener ese grado porque no creo que se los den a todos si no tendríamos un montón de contralmirantes este al igual que todos los puestos que implican un riesgo, bueno implican una gran responsabilidad porque a pesar de lo que ahora se dice en las noticias, yo este puesto que tengo nunca lo considerado como un privilegio es una gran responsabilidad la tengo, tengo muchas cosas que hacerme responsable de muchas cosas de mis decisiones y sobre todo que mis decisiones me permitan dormir tranquilo en las noches porque aunque no lo crean trato de hacer lo que está dentro de mi conocimiento el ser lo mejor para como dice el almirante para México porque necesitamos justicia en este país en el sentido yo no advierto de algún dato realmente relevante en cuanto fuera a atentar contra el procedimiento que fuera a atentar contra las víctimas no hay datos en ese sentido son apreciaciones subjetivas escuché con atención a la perito coincido con la defensa que se trata de apreciaciones subjetivas derivadas de la conducta precedente del señor Salvador y de la forma de actuar y una entrevista sobre el tema no tengo porque dudar lo que le dijo al señor Salvador que si es cierto o es falso es una situación completamente distinta respecto de si los documentos que se presentaron son falsos o son verdaderos bueno, pues eso está sujeto en su momento también a demostración, lo cierto es que la entrevista o lo que nos viene a indicar la perito tiene que ver con su apreciación subjetiva, que el señor Salvador es honorable es evidente si por esta donde está, que si el evento pasó y tuvo tres semanas para escapar, pues no sé si no midió los riesgos no sé si se sentía protegido por el amparo que tenía, desconozco las razones probablemente nadie imaginó que esto iba a culminar de esta manera con tantas personas involucradas, porque siguen involucrando más personas, lo digo desde el punto de vista jurídico porque siguen llegando asuntos relacionados o causas personas que están relacionadas con los eventos pero eso bueno, no me da una intención porque pues el señor Salvador no sabía que iba a pasar igual que ninguno a nosotros sabía cómo iba a resultar todo esto hasta que se fueron integrando las carpetas, fueron deliberando responsabilidades y eso no es parámetro objetivo que pueda permitir el parámetro que tengo que verificar yo en ese sentido, es la posibilidad de riesgo del riesgo en fuga que es realmente donde se centró la fiscalía y se centraron los asesores porque además solamente se trató sobre en cuestiones subjetivas de que puede hacer, pero no tengo ningún dato objetivo ningún dato objetivo se presentó para saber el señor Salvador hizo esto que puso a tal persona o el señor Salvador altero documentos, esto que pudiera justificar, establecer que si lo dejo en libertad pues va a atentar y va a continuar con estas conductas para obtener un resultado positivo, el tema aquí es el riesgo de fuga y derivado del arraigo domiciliario, ustedes me hablan que tiene un contrato de arrendamiento y que tiene una pensión y que tiene a una esposa y te tiene unas hijas y pues él es el obligado directamente con ellas, en ese sentido, yo no puedo y se me dice que tiene diversos domicilios o que residido diferentes lugares, pues es implicaría no necesariamente un delito, pues necesariamente esta Prisión Preventiva, porque también por cuestión de mi labor, pues estaba en distintos lugares y ha tenido diferentes residencias, eso no me parece que sea un dato objetivo relevante para poder considerar que el señor Salvador se va a sustraer de la acción de la justicia. El tema que no pudo dejar de lado, son las probables penas que se puedan imponer, pues existe alguna posibilidad de un elevado alto es una sanción, es algo que lo tengo que considerar sí o sí, no creo que ninguno en su sano juicio debería dejar de valorar eso y en cuanto a cuanto a la posibilidad de que la persona pueda intentar sustraerse de la acción de la justicia porque el riesgo es muy alto. Ninguno de nosotros aquí en esta sala de audiencias puede negar la existencia de los cadáveres, los 40 personas muertas ni de las 27 personas lesionadas porque hay un sin número y están los cuerpos y las autopsias, entonces que se hicieron a estos cuerpos y los certificados médicos estas personas y el resultado y las declaraciones de las personas que estaban en esa distancia, entonces para el arraigo me justifican que tiene un inmueble rentado en esta ciudad, eso solamente representa una obligación civil y mercantil y que se puede abandonar en el momento que sea eso no genera una convicción de que la persona permanecerá en el lugar tiene dos hijas ustedes dicen que dependen de él y una esposa que depende de él y que pues nos establece que tengan un vínculo con la ciudad o con algún lugar en específico donde puedan ser localizados entonces eso genera que no tengamos un arraigo, arraigo no significa tener un domicilio donde se reside o donde se va a vivir. Arraigo significa tener un lugar que mantiene en el espacio y que no te vas a ir porque el riesgo de irte es mayor al de permanecer en el lugar y en este caso yo no advierto la existencia de un arraigo de tal magnitud que permitiera establecer que el señor Salvador va a permanecer en el lugar si le concedo una Medida Cautelar diversa, entiendo que la perito nos dijo aquí que pues es honorable que tiene un alto apego a las leyes y el sentido del deber, todos lo tenemos, pero bueno, todos los que elaboramos en la administración pública o la mayor parte de los que trabajamos en la administración pública, pero pues no será el primer caso ninguna persona que a todos estos valores ante la amenaza de una sanción mayor es decide hacer una cosa diversa. Me parece que hasta este momento no tengo como acreditar un arraigo de tal magnitud que me permita establecer la sustracción de la justicia las que me propone el señor defensor todas están relacionas a la buena voluntad de la persona porque incluso en colocación de una dispositivo electrónico, la experiencia nos dicen que no tenemos la infraestructura para efectos de lograr que inmediatamente se detenga a la persona y se los digo por experiencia propia, ya instalamos estos a unas personas y se los quitaron y se retiraron, ya no fue posible localizarlo, digo tendría que poner una garantía muy alta y dice que no puede pagar $40,000 entonces o $47,000 me dijo creo. Ah, perdón bien, pues, una garantía tendría que ser bastante elevada y no hay algo que respalde esto entonces de los datos de prueba que ustedes me representan yo advierto que sí tienen datos de prueba que resultan buenos que muestran honorabilidad del señor de Salvador, pero que no son suficientes para justificar un arraigo, la asesoría de víctimas y la propia fiscalía me hablan de la Prisión Preventiva oficiosa de alguna manera y de la existencia de documentales o documentos que justifica y perdón de jurisprudencia que justificaría las de seguir imponiendo la Prisión Preventiva oficiosa, pero como lo dije en la primera audiencia, son los hombres de leyes los que estamos aquí y no nos regimos por la ley, pues la ley de amparo no admite que yo oponga excepciones a la suspensión yo tengo que cumplir la suspensión sí o sí, porque precisamente el juicio para deriva directamente la Constitución y los jueces son los que se encargan de imponer estas medidas y de resolverlo concerniente. Entonces también hicieron tribunal de amparo, ya me dijo, no impongas Medida Cautelar de Prisión Preventiva oficiosa. Y se abre el debate y ya que se abrió el debate y pues ahora emito mi resolución en ese sentido, que como no advierto un arraigo suficiente que permite establecer que el señor Salvador se quedaría en esta ciudad o haría frente al debate ante la existencia de cuarenta homicidios y veintisiete lesionados, pues vaya poner la medida cautelar de prisión preventiva justificada y esta se va a cumplir en esta donde está actualmente interno. Le voy a reducir la duración porque es necesario que se resuelva lo más rápido que se pueda este asunto. Entiendo que es un asunto complejo, por lo tanto, vaya imponerla por un año. Si en ese año no se ha podido celebrar la audiencia de juicio, señora fiscal, pues usted deberá justificar ante este órgano nuevamente las razones por las que se está prolongando más allá esta medida cautelar y de ser necesario alguna otra solicitud señora fiscal. [.] De lo expuesto en dicha audiencia se mencionaron diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas. Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: XIV. La prisión preventiva. Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; Feminicidio, previsto en el artículo 325 Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Pues bien, una vez referido el debate, así como la decisión del Juez de Control responsable, se procede a revisar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al aquí quejoso, conforme a la metodología indicada líneas arriba. En principio, se cumple con lo señalado en los numerales 1 y 2, pues en la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se refirió que en la causa penal 235/2023, de la que deriva el acto reclamado, se ventilan los hechos considerados por la ley como delitos de (homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público); además, se estableció la relación que el aquí quejoso, tiene con ese hecho (desde luego en grado de probabilidad), pues precisamente por el mismo, se le dictó auto de vinculación a proceso, en audiencia celebrada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Continuando con el test de proporcionalidad, de la argumentación expuesta por el Juez de Control responsable, sí se desprende que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es la de asegurar la presencia del imputado en el proceso (debido a las razones que más delante se indicarán), lo que es acorde con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además, es acorde con el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto prevé que nadie puede ser privado de la libertad personal, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, lo cual, a su vez, es acorde con el citado artículo 19, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el citado artículo 155, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que impuso el Juez de Control responsable al aquí quejoso, es la medida cautelar idónea para el fin que se persigue (asegurar su presencia en el procedimiento y que no impida su desarrollo, así como que no evada la acción de la Justicia) y además, en estrecha relación con su idoneidad, resulta necesaria; en efecto, tal como lo adujo el Juez responsable, sin pre juzgar y sin vulnerar en perjuicio del imputado el principio de presunción de inocencia, principio que le asiste durante todo el procedimiento hasta su culminación, sino como elemento para demostrar la idoneidad y la necesidad de la medida cautelar impuesta. Esto es, por una parte, los hechos que se ventilan en la causa penal, efectivamente son de tal gravedad que, en su caso, implicaría una pena muy gravosa para el aquí quejoso, pues tal y como lo preciso el Juez responsable, se trata del homicidio de cuarenta personas, veintisiete lesionados, así como que no se está poniendo en duda la integridad del quejoso, sino que se está obedeciendo a lo ordenado por la Jueza de este órgano jurisdiccional en la modificación a la suspensión, donde se dijo que no debía imponerse la prisión preventiva oficiosa, modificándola a la prisión preventiva justificada, y al no advertir un arraigo suficiente que permita establecer que el quejoso se quedaría en esta ciudad, o haría frente al debate ante la existencia de cuarenta homicidios y veintisiete lesionados; por lo que, efectivamente, es la privación de su libertad justificada, esto es, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, precisamente la medida cautelar que va a garantizar la obtención de los fines legítimos que se persiguen, a saber, que siga presente en el procedimiento y no impida su desarrollo, así como que no eluda la acción de la Justicia; sin que los medios de prueba que ofreció la parte quejosa en la audiencia que nos ocupa desvirtúen la obtención de esos fines, precisamente, con la medida cautelar de prisión preventiva, pues se refieren a la conducta del imputado, lo cual, tal y como lo expuso el Juez responsable, no se cuestiona, sino que, lo que debe atenderse es la posibilidad de que el quejoso se sustraiga del proceso debido a la magnitud de las posibles penas (sin prejuzgar) y a su falta de arraigo en esta ciudad. Ahora bien, también se estima que la medida cautelar de prisión preventiva que el Juez de Control responsable impuso al aquí quejoso, es estrictamente proporcional con el hecho que se ventila en la causa penal que se le sigue, pues como hace ver el Juez responsable, es un hecho de gravedad evidentemente relevante. Al respecto, se estima necesario indicar que si bien el quejoso, como cualquier persona imputada, en principio, tiene derecho a llevar el procedimiento en libertad, también lo es que ese derecho debe ponderarse en relación con la posible afectación al interés social, así como a garantizar la seguridad de la víctima directa, y de las personas que se vieron involucradas en el hecho, ello ya que la sociedad está interesada en que las personas que probablemente hayan participado en hechos aparentemente constitutivos de delito, sean efectivamente conducidas al proceso penal para decidir sobre su responsabilidad. Por lo tanto, al resultar constitucional y convencional, la medida de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, así como al ser la idónea para obtener la finalidad que se persigue, necesaria y proporcional, además de que, en un análisis preliminar de la decisión del Juez de Control en el sentido de imponer al quejoso dicha medida cautelar, se advierte que tal decisión está fundada y motivada, pero además, al ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, resultando de mayor relevancia éste último, lo procedente es negar la suspensión definitiva. En términos del artículo 163, en vinculación con el 166 de la Ley de Amparo, se establece que la suspensión para el único efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva al quejoso ********************, respecto del acto reclamado y autoridades responsables precisados en el considerando tercero. Segundo. Se concede la suspensión definitiva al quejoso ********************,, únicamente para el efecto precisado en la última parte del considerando cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista electrónica, vía juicio en línea a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo como antecedente Por otra parte, glósese a los autos el informe previo, rendido por el Encargado del Despacho del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad; únicamente para que obre como antecedente, toda vez que por auto de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad, se tuvo por recibido y se dio vista a las partes, de conformidad con el primer párrafo del artículo 140 de la Ley de Amparo. Informe previo Agréguese a los autos el informe previo, rendido por la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control (en su denominación correcta de Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua en funciones de Juez de Control), con sede en esta ciudad; con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Vista con disco Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Anotación denominación correcta Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la anotación correspondiente en el referido sistema en relación con la denominación correcta de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese por lista electrónica, vía juicio en línea al quejoso y personalmente al agente del Ministerio Público de la adscripción. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc/dmjv
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control (en su denominación correcta de Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua en funciones de Juez de Control), con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Vista con disco Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Anotación denominación correcta Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la anotación correspondiente en el referido sistema en relación con la denominación correcta de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Reconocimiento calidad terceros interesados En otro orden de ideas, del informe y constancias remitidas que se atienden en el presente acuerdo, se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, a las licenciadas ******************** y ******************** agentes del Ministerio Federal adscritas a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, que intervinieron en la causa penal ********************/2023, así como a los licenciados ******************** y ******************** asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, les reviste el carácter de terceros interesados. Emplazamiento tercero interesado En consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, realice el emplazamiento de las licenciadas ******************** y ******************** agentes del Ministerio Público Federal adscritas a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, que intervinieron en la causa penal ********************/2023, así como a los licenciados ********************, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para lo cual deberá remitirse copia simple de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, del auto admisorio de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, del informe justificado y el acuerdo que le recayó al mismo. Asimismo, le informe que en cuanto a los anexos que se remitieron con los informes, los mismos se encuentran a su disposición en este órgano jurisdiccional. Igualmente, deberá hacer del conocimiento de la referida representación social que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento domicilio terceros interesados Por otra parte, en virtud de que de las constancias remitidas por la Juez responsable no se desprende domicilio alguno en el que pueda ser emplazados los diversos asesores particulares de las siete víctimas sobrevivientes licenciados ******************** y ********************, gírese oficio al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, residente en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este juzgador el domicilio de los citados asesores, señalaron ante ese tribunal. Con el apercibimiento, que de no hacerlo o dejar de manifestar la imposibilidad que tenga para ello, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, previstas en el numeral 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00). Notifíquese por lista electrónica, vía juicio en línea al quejoso, personalmente al agente del Ministerio Público de la adscripción, por oficio a los terceros interesados precisados en el presente proveído. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo Agréguese a los autos el informe previo, rendido por el Encargado del Despacho del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad; con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Valor probatorio del informe Lo anterior, en el entendido de que el valor probatorio del informe previo rendido por la Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Bravos, con residencia en esta ciudad, recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno por las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro siguiente: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.CLL/Ymr/dmjv
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