Salvador García Martínez

Expediente 375/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
375/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Salvador García Martínez
  • D. O. M.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a quien le pudiera causar perjuicio (quejoso ***), haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se negó el amparo y protección de la justicia en el presente asunto. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, no histórico y no obran documentos originales. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que la sentencia dictada en el sumario constitucional en que se actúa, no ha sido notificada a las partes; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según disposición expresa de su numeral 2°, subsánese dicha cuestión y en acatamiento a lo dispuesto en los diversos numerales 26, 27 y 28 del cuerpo de leyes en aplicación, notifíquese a las mismas para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario y en cumplimiento al acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, se ordena notificar por lista a la parte quejosa de la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno que dice:Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. VISTO, para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cuatro de septiembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado en esa misma fecha a este juzgado, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y acto reclamado siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Es el Juez de Control ANTONIO COSS ARAUJO, para este distrito judicial bravos Chihuahua. IV. ACTO RECLAMADO: La ilegal Medida Cautelar de prisión preventiva impuesta el 14 de agosto del 2020, dentro de la causa ********************, impuesta en contra del quejoso, por la supuesta comisión del delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA." SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo con el registro estadístico ********************; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual se difirió en una ocasión e inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 63 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que la conducta se atribuye a autoridades residentes en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que el quejoso reclama: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en audiencia de catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en la causa penal ********************. En ese sentido, se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; de igual forma, en la tesis identificada con el número P. VI/2004, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Información que se corrobora con las constancias respectivas que el Juez responsable anexó a su informe, consistente en registro audiovisual compulsados en un disco DVD (disco digital versátil, por sus siglas en inglés), en el que se contiene video grabación de la audiencia de catorce de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal ********************, de su índice. Medio de prueba que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de registros audiovisuales, en formato DVD, considerados descubrimientos de la ciencia, en tanto que las documentales son públicas, por contener trascripciones certificadas, realizadas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la tesis por unificación de criterios número 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de la causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquellas que se adviertan, por ser una cuestión que debe analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y de oficio no se advierte que se actualice alguna de ellas, razón por la que procede el estudio de la litis constitucional planteada. QUINTO. Conceptos de violación. La parte impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal y en relación a lo dispuesto por la jurisprudencia 2°./J. 58/2010, materia común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mes de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados por una parte e inoperantes por otra los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo. Previo a analizar los conceptos de violación, es necesario resaltar que el quejoso reclama del juez responsable la audiencia de catorce de agosto de dos mil veinte, en la cual se le dictó como medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada en la causa penal ********************, la cual en lo conducente establece: ". Nos encontramos constituidos en la tercera sala de audiencia del Distrito Judicial Bravo, a efecto de celebrar audiencia de REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES dentro de la causa penal ********************, instruida en contra de ********************, por el delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, audiencia que será presidida por el LICENCIADO **********, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. JUEZ.- Muy amable, muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia pronunciada el ciudadano licenciado encargado de sala, para efecto de registro, se solicita por favor la individualización de los intervinientes; por parte de la Fiscalía quien comparece Licenciada. MINISTERIO PÚBLICO.- Si buenas tardes, **********, Agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya registrado en ese Tribunal. JUEZ.- Por parte de la defensa licenciado. DEFENSOR PARTICULAR.- buenas tardes señor juez, licenciado **********, defensor particular con datos y formas de notificación ya registrados ante el Tribunal. JUEZ.- Gracias defensor muy amable; por parte de la persona acusada me dice su nombre si es tan amable. ACUSADO.- ********************. JUEZ.- Gracias ******************** muy amable, fuimos convocados el día de hoy únicamente a efecto de llevar a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar, tiene el uso de la voz, señorita fiscal. MINISTERIO PÚBLICO.- Si su señoría, como antecedente su señoría se cuenta que el día doce de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo una salida alterna como lo es el procedimiento especial abreviado, donde quedó sentenciado el acusado ********************, en ese momento él tenía la cautelar con vencimiento el día siete de mayo de dos mil veinte, esta sentencia fue recurrida por la defensa y el día treinta de julio del año dos mil veinte, fue anulada esta resolución por el Magistrado, en esa anulación de la sentencia el Magistrado no se pronuncia en cuanto a la cautelar que tenía el acusado ********************, es por ello, su señoría, que con fundamento en los artículos 161 y 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la representación social solicita, que debe seguir vigente esa medida cautelar, su señoría, toda vez que no han variado, sigue subsistiendo las mismas circunstancias, por las cuales diverso Juez de Control las impuso el día siete de mayo de dos mil diecinueve, esto su señoría, se le solicitaría por un año más, toda vez que no ha sobrepasado los límites que establece el artículo 20 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional (sic) 165 perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es cuanto su señoría. JUEZ.- Gracias, traslado señor defensor. DEFENSOR PARTICULAR.- Sí señor juez, esta defensa se opone a la petición de la representación social, en virtud de los siguientes puntos. Primero.- carece de fundamentación y motivación, la solicitud que hace la representación social, en virtud de que dicha medida cautelar que se solicitó desde un inició del siete de mayo de dos mil diecinueve, al siete de mayo de dos mil veinte, ésta no se puede prorrogar, en virtud de que ya se venció, ya no existe, ya no está vigente como para que se pueda prorrogar. Número dos.- Se podrá solicitar una nueva medida cautelar en virtud de que, insisto la anterior ya feneció, y no se prorrogó en su tiempo ni en su momento, hace una manifestación la representación social de que se recurrió una sentencia, no se recurre la sentencia, se recurrió la negativa a un beneficio, lo cual se anuló por parte del Magistrado y el cual también se va a recurrir en su momento, en virtud de que no entró al fondo del agravio, y dicha medida cautelar, pues también hubo una audiencia la semana pasada del día seis de agosto (sic) en la cual se tuvo oportunidad de que se prorrogara dicha medida cautelar, para que pudiera hacer vigente en caso de ser, mas sin embargo, el artículo 180 tampoco es fundamento, en virtud de que dicha sentencia no ha causado estado, y si la representación social tiene conocimiento de que dicha se recurrió un beneficio ante un superior, esto pues no es una justificante para no haber solicitado la revisión en su momento e incluso dichas medidas cautelares se han estado llevando a cabo audiencias, de revisión de medidas cautelares, e incluso cuando estaban suspendidos los procesos, lo cual lo consideró que es una omisión bastantes grande por parte de la representación social y también del Tribunal, siendo que se viola el artículo 1º constitucional, 1 y 2 del Código Nacional, (sic) el 7º principio de continuidad y el 10º principio de igualdad ante la Ley, esto pues en virtud que no se puede prorrogar algo que ya se venció, se podrá solicitar una nueva medida cautelar, considero y existen bastantes para dar cumplimiento al artículo 153 que son solo tres circunstancias, asegurar la presente del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo o evitar la obstaculización del procedimiento, dicha medida cautelar tiene vencida, tres meses con siete días, la que se solicitó y la que pretende prorrogar la representación social está vencida, ahora hace manifestación que se recurrió a una sentencia y que se anuló la sentencia del treinta de julio de dos mil veinte, efectivamente, más sin embargo, tampoco causó estado se pudo haber prorrogado con tiempo e incluso posterior al conocimiento al treinta de julio, (sic) por lo cual considero que no es viable, no sería legal, y se violaría el principio del debido proceso, en virtud de que mi representado tiene ya tres meses siete días sin medida cautelar, y volverse a prorrogar dicha medida cautelar, pues estaría violando sus intereses de libertad, por lo cual existen otro tipo de medidas cautelares que se puedan solicitar y no la que ya se venció como lo hizo saber la representación social, sería cuanto. MINISTERIO PÚBLICO.- Si gracias su señoría, en cuanto a lo que refiere la defensa su señoría en primer lugar en el mes de marzo del presente año y hasta el primero de julio estuvieron suspendidos los plazos, su señoría, en cuanto a ésta, aparte estaba recurrida la presente sentencia, entonces la representación social considera, que puede seguir vigente esa medida cautelar por los plazos que estuvieron suspendidos hasta el uno de julio, su señoría, y en todo caso, que el resolutor considere que esta se encuentra ya vencida, pues en este momento solicito se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva, toda vez que en el delito de tentativa de violación es una (sic) cautelar de prisión oficiosa tal y como lo contempla el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual solicitó, su señoría, siguiera vigente la medida cautelar y en todo caso se le imponga. JUEZ.- Señor defensor se hace cargo. DEFENSOR PARTICULAR.- Si en relación a lo que manifiesta la representación social están suspendidos los plazos, efectivamente están suspendidos los plazos para el proceso mas no para la prisión preventiva, pues de ser así al momento de suspender también la prisión preventiva, pues hubiera mandado a mi representado a su domicilio, lo cual obvio no fue así, porque esa no se suspende, esa se queda vigente y tiene que darse una continuidad, la cual no se realizó en su debido momento y en virtud a que la solicita en este momento su señoría, insisto no se está solicitando, no se está prorrogando, que para eso fue esta audiencia para prorrogar no para volver a solicitar una nueva medida cautelar, por lo cual solicito, pues si va imponer una nueva, en virtud de que ya se venció la anterior y no se solicitó en tiempo conforme no lo exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues yo le solicitaría una diversa para estar en igualdad jurídica, pues el delito que, (sic) el fundamento que manifiesta presenta la representación social, de medidas cautelares no especifica cuál, no manifestó el artículo 167, lo cual no nos deja claro, en cuál fracción está fundamentado, el cual carece de motivación y fundamentación para hacer una nueva petición, en cuanto a la medida cautelar, sería cuanto. JUEZ.- Bien concluye el debate, en principio considero que le asiste la razón al señor defensor, efectivamente desde el siete de mayo de dos mil veinte, ha fenecido la medida cautelar de prisión, sin embargo atendiendo a los argumentos de la señorita fiscal, efectivamente hubo una sentencia el día doce de febrero de dos mil veinte, que fue recurrida y en su caso, también no aplicaría lo que dispone el numeral 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto atendiendo precisamente a lo resuelto y que fue revocada la sentencia; en este caso, la pena privativa de la libertad impuesta por diverso resolutor - el de la voz no advierte una intervención en este proceso- no pasa inadvertido lo que manifiesta el señor defensor, atendiendo a la fundamentación y motivación, sin embargo, ese proceso se encuentra vigente, y considera la señorita fiscal, que en ese sentido se debe prorrogar la medida cautelar; coincido con la defensa en términos de lo que se ha dispuesto en los numerales 161 y 180 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales si embargo en estos momento abro debate, para la imposición de la medida cautelar, toda vez que el de la voz no había tenido conocimiento a estos hechos. En cuando a que se encuentra vigente el proceso y que hay necesidad de imponer una medida cautelar, estoy totalmente de acuerdo con la fiscalía, abro nuevamente debate señorita fiscal. MINISTERIO PÚBLICO.- Su señoría en este momento solicitó se imponga la medida cautelar al señor ******************** la contemplada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción XIV, esta es la de prisión preventiva, tal y como lo establece el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría, cuando se trate, entre otros delitos, su señoría, como el delito de violación, el juez impondrá de oficio esa medida cautelar, es por ello, su señoría, que la representación social solicita se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva antes mencionada al señor ********************. JUEZ.- Gracias licenciada, traslado señor defensor. DEFENSOR PARTICULAR.- Si gracias, señor Juez, esta defensa insiste en que dicha medida cautelar no es proporcional en virtud de como lo acaba de hacer claramente la representación social, por el delito de VIOLACIÓN, es una tentativa, que no es consumó, por lo cual no existe VIOLACIÓN para esta defensa, no se configuran los elementos que exige la ley para la medida cautelar, pues estamos en un grado de tentativa que ni siquiera se realizó, de igual forma insisto no fundamenta la fracción, la cual solicita la representación social en virtud de que solo dice que el delito de VIOLACIÓN, pues sin embargo no especifica, cuál de las fracciones del 167, por lo cual lo deja en estado de indefensión y no, considero que no es aplicable dicha medida cautelar, existen otras los cuales, pues incluso es un delito el cual puede tener una terminación anticipada o una salida alterna, la cual se puede solucionar, puede ser una pena menor para obtener un beneficio y lo cual considero que pueden imponerse otras medidas cautelares, incluso hasta dos o tres medidas cautelares distintas a las que solicita la representación social, por lo cual solicito en término de consideración, dichos puntos retomando que también fue omisa la representación social en realizar dicha medida cautelar, revisión de medida cautelar en tiempo, por lo cual, considero que no está fundamentada su petición, ni motivada en cuanto nos encontramos en este momento procesal, sería cuanto. JUEZ.- señorita fiscal. MINISTERIO PÚBLICO.- Su señoría, es un delito de TENTATIVA DE VIOLACIÓN, su señoría, aparte también tal y como lo establece el artículo 168, su señoría, existe el peligro de sustracción del imputado por las penas que, sin prejuzgar pudieran llegar a imponérsele, como ya se mencionó es una TENTATIVA del delito de VIOLACIÓN, además, su señoría existe peligro de sustracción y aparte, tal como lo establece el artículo 170 el riesgo para la menor víctima y en cuanto a que el defensor, nos menciona que no especifique el artículos 167 en cuál párrafo, es en el tercer párrafo, el cual establece que cuando se trate, entre otros delitos, el delito de violación, el juez de control en el ámbito en su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente, pero aparte su señoría, el peligro de sustracción del imputado, pues este delito, el delito de violación contempla una pena que va de diez a treinta años de prisión, y en este caso, pues ya se dijo es una TENTATIVA del delito de VIOLACIÓN, es por ello, su señoría en que se insiste en que le imponga la medida cautelar antes solicitada y que lo establece el artículo 155 en la fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. JUEZ.- bien señor defensor. DEFENSOR PARTICULAR.- Si por último, que las últimas manifestaciones de la representación social dice que puede existir el peligro de sustracción, que la representación social ya está prejuzgando a mi representado, en virtud de que, de irse a un juicio oral, mi representado también, no olvidemos que puede obtener una sentencia absolutoria y no condenatoria como ella lo está predestinando, la representación social, ahora dice también que existe un riesgo también para la víctima, no motiva los datos o antecedentes de prueba como para decir que existe un riesgo para la víctima, en virtud de que también atendiendo a la lealtad de legitimidad del proceso, la victima ni siquiera vive en esta ciudad, lo cual ya se ha hecho mención en audiencias anteriores, por lo cual insisto se estaría violentando dicha situación en virtud de que el artículo 167 como ahora ya lo especifico en su fracción III, la representación social aquí nos habla de VIOLACIÓN, no de TENTATIVA, por lo cual considero que no es la medida cautelar adecuada ni proporcional para mi representado, por lo cual existen bastantes medidas cautelares, lo cual solicito las tome en consideración, su señoría. JUEZ.- Concluye debate, procedo a resolver. En términos de los artículos 153, 154 y 156, en el caso concreto al numeral 167 también, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en término del párrafo tercero del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso concreto no solo se formuló imputación, sino que también se ha dictado un auto de vinculación a proceso en contra de la persona aquí, incluso, efectivamente el magistrado ya ha considerado que se reponga el procedimientos y efectivamente la persona se encuentra privada de la libertad desde hace ya varios meses, desde el día siete de mayo de dos mil diecinueve; encontrando la solicitud que hace la señorita en cuanto a la imposición de medidas cautelares en término de los numerales 153, 154, efectivamente como mencioné ya está dictado el auto de vinculación a proceso por un hecho de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, el señor defensor efectivamente manifiesta que no es proporcional a los riesgos que se pretenden evitar en términos del numeral 153 que es garantizar la seguridad en este caso la presencia del imputado en juicio, garantizar la seguridad de la víctima y evitar la obstaculización del proceso, sin embargo, yo soy de la idea, que coincido con la señorita fiscal, que atendiendo a que como el artículo 167, en principio no dijo el párrafo tercero, que establece que el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa en los casos como el delito de VIOLACIÓN, no distingue si es o no en grado de tentativa, tampoco lo hace el párrafo segundo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es una opinión personal, que efectivamente en la TENTATIVA, existe la obligación de imponer la medida cautelar que solicita la señorita fiscal, las más gravosa, la prevista por la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, apreciación que es acorde a la disposición constitucional ya antes referida, por ende, independientemente de las diversas cuestiones a las que hace alusión el ciudadano defensor, es mi deber imponer a la persona ahora, incluso ya acusada, la medida cautelar que solicita la señorita fiscal únicamente por el lapso de seis meses a partir del día de hoy, gírese el oficio de estilo a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas, bueno al departamento de Ejecución de penas y al Director del Centro de Reinserción Social para Adultos Estatal 3 de esta localidad, alguna otra solicitud. MINISTERIO PÚBLICO únicamente una copia simple del audio y video de la presente audiencia. JUEZ.- señor defensor. DEFENSOR PARTICULAR. De igual forma copia por duplicado, copia certificada, JUEZ.- Claro que sí, expídanse las copias que solicitan los intervinientes. Alguna otra petición. MINISTERIO PÚBLICO. Sería cuanto. DEFENSOR PARTICULAR. Ninguna. JUEZ.- gracias, no habiendo más que hacer constar, siendo las catorce horas con nueve minutos, finaliza la presente audiencia, les agradezco, gracias." Ahora bien, refiere el quejoso que la resolución reclamada donde se dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, los razonamientos expuestos por el juez Constitucional carecen de lógica, legalidad y exhaustividad, ya que con su imposición se le vulneran los derechos humanos de libertad, de aplicación literal de la ley penal, los principios pro homine, pro persona, de mínima intervención y de proporcionalidad; pues el juez de Control, debió de atender a la literalidad del artículo 19 Constitucional y del artículo 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no está siendo investigado por el delito de violación, sino por el de tentativa de violación, por lo que de una recta interpretación se debe entender que sólo se debe aplicar oficiosamente cuando se investigue el delito consumado. Que en todo caso, el agente del Ministerio Público debió justificar porqué ameritaba la prisión preventiva, pero no imponerla de oficio, por lo que la responsable vulnera los artículos 1° y 14 de la Constitución, pues en todo caso existe la necesidad diversas medidas cautelares, pero no la restrictiva de la libertad. Dichos conceptos de violación se analizaran en forma conjunta por estar estrechamente vinculados entre sí, lo anterior en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. En primer término, resulta importante precisar que la privación de la libertad de una persona en forma preventiva, constituye una restricción a la libertad deambulatoria constitucional y convencionalmente legítima, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar; lo que es acorde con el artículo 7.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que en modo alguno prohíbe la prisión preventiva, siempre que, esa afectación al gobernado se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que los ordenamientos legales internos contemplan para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 1a. CCXV/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 557, del Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, décima época, registro 2003975, que dispone lo siguiente: "DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales)." Como se indicó anteriormente, dichos conceptos de violación son infundados, pues contrario a lo que alega las razones que expuso el juez responsable están apegadas a derecho y no le producen ningún agravio al quejoso. En efecto, como se observa de la resolución reclamada, el juez responsable mencionó que el marco jurídico aplicable eran los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, así como el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no solo se había formulado imputación al aquí quejoso, sino que también se dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el hecho considerado delito de violación en grado de tentativa, indicando que por tal motivo existe la obligación de imponerle la medida cautelar oficiosa solicitada, prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en los casos como el delito de violación, no distingue si es o no en grado de tentativa, tampoco lo hace el párrafo segundo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Determinación que le asiste razón al juez responsable, pues precisamente, el artículo 19 de la Constitución Federal en su segundo párrafo, dispone lo siguiente: "Artículo 19. . El ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. .". Como se advierte, tal numeral expresamente autoriza al juez a ordenar la prisión preventiva oficiosa, entre otros supuestos, cuando se trate del delito de violación, y en el caso específico, al quejoso se le atribuye el hecho que la ley denomina tentativa de violación, por lo que alega que se debe de interpretar en forma literal el párrafo segundo del artículos 19 de la Constitución Federal y el 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene similar disposición, ya que tal medida cautelar sólo debe aplicarse al ilícito consumado. Para dilucidar ese planteamiento, es conveniente traer los argumentos que expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis ********************, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, en lo que entre otras cosas dijo, que se entiende por tentativa la realización por parte de una persona de los actos ejecutivos encaminados a la realización de un delito, que sin embargo no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Dependiendo de que se realicen todos los actos de ejecución que deberían producir como resultado el delito, o sólo alguno de ellos, la doctrina distingue entre tentativa acabada e inacabada. Se expuso que la tentativa -en cualquiera de sus dos modalidades- consta, por ende, de tres elementos: a) un elemento subjetivo, consistente en la intención del agente dirigida a cometer un delito; b) uno objetivo, consistente en la realización, total o parcial, de los actos de ejecución del delito; y c) la falta de consecución del resultado típico deseado, por causas ajenas a la voluntad del agente. Entonces, la tentativa constituye un tipo penal dependiente, pero únicamente en cuanto a que la mayoría de sus elementos integrantes se encuentran referidos a algún delito consumado, por lo que no hay tentativa en sí, sino tentativa de un delito consumado. Sin embargo dijo que, haciendo abstracción de la técnica utilizada por el legislador para indicar algunos de sus componentes, debe considerarse que ésta constituye un delito autónomo, puesto que cuenta con sus elementos típicos particulares (entre ellos como se mencionó, la falta de consumación de ciertas consecuencias antijurídicas por causas ajenas a la voluntad del agente) y con sus sanciones también específicas. Lo que originó la Jurisprudencia 1ª/J. 57/2004, de la Novena Época, con registro 179160, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 282, que dice: "TENTATIVA DE DELITO CALIFICADO. PUNIBILIDAD. Si la ley penal prevé que la tentativa se castiga con sanción equivalente a una fracción de la correspondiente al delito consumado, resulta evidente que cuando el inculpado (como acontece en los artículos 63 y 78 del anterior y Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, respectivamente), entre los actos de ejecución de un delito calificado, realiza la conducta calificante, pero dicho ilícito no se consuma por causas ajenas a su voluntad, la pena deberá consistir en la suma de la aplicable al tipo básico más la de la conducta calificante, reducidas ambas en términos de la regla de la tentativa referida. En consecuencia, es inadmisible que el Juez únicamente reduzca la pena correspondiente al tipo básico y aplique en su integridad la relativa a la conducta calificante, por estimar que esta última sí llegó a consumarse, pues el dispositivo que contiene la calificativa constituye sólo un componente de la conducta típica sancionada por el orden jurídico. Por ende, su actualización, aisladamente considerada, no puede ser sancionada como si se tratara de un delito autónomo." De lo antes expuesto se advierte, que la tentativa constituye un tipo penal que depende del delito consumado, pero configura un delito autónomo por cuanto hace a la penalidad, puesto que cuenta con elementos típicos particulares y sanciones específicas, es decir, solamente se considera como una figura particular punible por el alcance material que logró el sujeto en la ejecución del evento delictivo, pero sigue vinculado al ilícito principal, ya que la conducta exteriorizada tenía como fin realizar el antijurídico que se persigue cometer, sólo que no se logra por causas ajenas a la voluntad del activo. En otras palabras, en los casos de tentativa no se comete otro delito, sino que, lo que persigue el activo es obtener la realización del que inicialmente se propuso realizar, sin embargo, no lo alcanza a consumar por causas ajenas a su voluntad, por lo que los actos ejecutivos encaminados a su consecución no tienen como objetivo lograr un ilícito diverso, sino el mismo, sólo que no agota su conclusión; por tanto, esa acción inconclusa se sanciona autónomamente ante el nivel de producción o ejecución que logró el autor, pues tales actos están dirigidos a causar una afectación o potencial deterioro en el bien jurídico protegido que se pretende lesionar, que ocasiona o justifica su punición. Bajo ese orden de ideas, la facultad que el legislador permanente le otorgó a los jueces de Control en el artículo 19 de la Constitución Federal, consistente en imponer la prisión preventiva oficiosa cuando se trate, entre otros, del delito de violación, también es aplicable cuando se configure en forma de tentativa, pues sigue siendo el mismo delito que se pretendía consumar. Además, el creador de la norma no excluyó a los actos tentados de esa disposición, ni hizo remisión alguna respecto de no imponerles la prisión preventiva oficiosa, cuando pudo haberlo hecho sin que lo hiciera, por lo que, se debe aplicar la misma disposición que para el delito consumado, principalmente, porque como lo concluyó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un tipo penal dependiente de aquel. Aunado a lo anterior, el listado de delitos por los que debe ordenarse oficiosamente la imposición de esta medida cautelar, prevista en el artículo 19 de la constitución federal, no limita las facultades legislativas de los estados o la federación para considerar aplicable esa medida cautelar a otros ilícitos. Consideraciones que se encuentran en la tesis aislada II.2o.P.64 P (10a.), de la Décima Época, con registro 2016873, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2741, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EL LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA CAUTELAR A OTROS ILÍCITOS. Si bien es cierto que el precepto constitucional mencionado hace un listado de delitos respecto de los cuales debe ordenarse forzosamente la prisión preventiva oficiosa, también lo es que ello no debe considerarse exclusivamente como un aspecto estrictamente limitativo, sino potencialmente ejemplificativo o enunciativo, es decir, que no se extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales que las respectivas legislaciones estatales o la Federación, siguiendo lo dispuesto constitucionalmente, consideren como de prisión preventiva justificada y que no estén textualmente en el listado inicial a que se refiere el artículo 19 mencionado, pues la prisión preventiva no está limitada a usarse únicamente en esos delitos; como ocurre -por ejemplo- con todos aquellos otros casos en que el Ministerio Público lo justifique, aun cuando el delito, en principio, no se prevea en ese catálogo, pero concurran razones para justificar también esa medida cautelar (por la naturaleza del delito y de la pena; comportamiento intraprocesal del imputado; o riesgos legalmente considerables respecto a la víctima o sociedad), sin que ello implique contrariar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su artículo 19 no establece limitativamente que sólo en los delitos ahí previstos podría hablarse de prisión preventiva, pues dicho precepto no está dirigido a limitar la facultad legislativa de las entidades de la República, o la Federación, en ese aspecto de regulación procesal secundaria que atañe a la gravedad y condiciones de política criminal que, en cada caso, pueden concurrir de manera justificada y circunstancialmente diferenciada en los diversos Estados de un País Federal como el nuestro, aunado a la existencia legal, se insiste, de todas las variantes que el propio sistema prevé para decidir y revisar lo relativo a las medidas cautelares." Asimismo, si bien conforme al nuevo sistema penal, el concepto de gravedad carece de aplicabilidad desde el punto de vista técnico, empero, las legislaciones secundarias naturalmente parten de esa consideración lógica para determinar los supuestos de excepción que justifican la prisión preventiva, siguiendo los lineamientos constitucionales; de modo que la gravedad constituye un aspecto potencialmente subyacente en la decisión legislativa de identificar razonadamente los supuestos de excepción aludidos, que ahora se traducen en la precisión textual de aquellos casos en que necesariamente habrá lugar a esa medida cautelar. Esto, con independencia de todos los demás casos en que el propio sistema prevé que aun tratándose de delitos no considerados de prisión preventiva oficiosa, podrá decretarse dicha medida a petición del Ministerio Público, en aquellos otros supuestos en que la ley así lo permite justificadamente. Argumentos entre otros, que se encuentran en la Tesis Aislada II.2o.P.63 P (10a.), de la Décima Época, con registro 2017191, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3222, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE TRATA DE DELITOS ANTERIORMENTE CLASIFICADOS COMO GRAVES, Y QUE LA LEGISLACIÓN ACTUAL HA ESTIMADO, EN PRINCIPIO, DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (COMO EL DE ROBO CON VIOLENCIA REGULADO EN EL ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO), ES IMPROCEDENTE CONCEDER DICHA MEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA (SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO). En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 36/2012, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió un aspecto relacionado con el catálogo de delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las reformas de 2008 y 2011, y concluyó que se trataba de una cuestión de vigencia de la ley y, por ende, que debía entenderse que a la luz de la vigencia plena del nuevo sistema, esos aspectos deberían atenderse en términos de la ley que resultara vigente y aplicable, según el caso. Ahora bien, conforme al nuevo sistema, el concepto de gravedad carece de aplicabilidad desde el punto de vista técnico; empero, las legislaciones secundarias naturalmente parten de esa consideración lógica para determinar los supuestos de excepción que justifican la prisión preventiva, siguiendo los lineamientos constitucionales; de modo que la gravedad constituye un aspecto potencialmente subyacente en la decisión legislativa de identificar razonadamente los supuestos de excepción aludidos, que ahora se traducen en la precisión textual de aquellos casos en que necesariamente habrá lugar a esa medida cautelar. Esto, con independencia de todos los demás casos en que el propio sistema prevé que aun tratándose de delitos no considerados de prisión preventiva oficiosa, podrá decretarse dicha medida a petición del Ministerio Público, en aquellos otros supuestos en que la ley así lo permite justificadamente, respecto de lo cual, por lo general, no tiene conocimiento el Juez constitucional en cada caso para efectos de resolver sobre la suspensión. Por tanto, si se trata de delitos anteriormente clasificados como graves, como el de robo con violencia, es improcedente conceder la suspensión definitiva en términos de la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo (que impide la eventual detención del imputado), pues con independencia de que el ilícito que en su carácter de probable se le atribuye al quejoso, de acuerdo con la información con que se cuenta para ese efecto y hasta ese momento, en términos del artículo 9 del Código Penal del Estado de México, aún es considerado como "grave", y que conforme a los artículos 194 del Código de Procedimientos Penales para la entidad (actualmente abrogado) y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se enmarca, en abstracto, como delito cometido por medios violentos (como el empleo de armas), es claro que siendo así, se trata entonces de uno de aquellos delitos a los que dichas legislaciones actualizadas y siguiendo los lineamientos del artículo 19 constitucional, en cuanto a la programatización del tratamiento excepcional de la prisión preventiva, al tratarse del nuevo sistema procesal penal, han estimado, en principio, de prisión preventiva oficiosa, y ello acarrea dicha consecuencia. Es decir, que la autoridad de amparo, para resolver sobre la suspensión, no puede suponer y prejuzgar apriorísticamente y en perjuicio del interés público, sino otorgarla, en su caso, de manera condicionada a la situación específica que corresponda al delito de acuerdo con la normatividad aplicable al caso concreto y la peculiaridad del asunto de que se trate.". En ese sentido, devienen infundados los motivos de disenso de la parte quejosa, habida cuenta que adverso a lo que menciona, la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal y en forma similar en el artículo 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede ser interpretada en forma literal y concluir que la prisión preventiva oficiosa solo puede imponerse cuando se trata del delito consumado; ya que los actos tentados siguen formando parte de la figura jurídica principal y por ende, no conforman un ilícito diverso, sino el mismo ilícito pero detenido en una etapa anterior a la consumación. Asimismo, tampoco el órgano acusador estaba obligado a justificar que el acto tentado ameritaba prisión preventiva, pues tratándose del hecho que la ley denomina delito de tentativa de violación, su imposición se debe hacer en forma oficiosa por el juez de Control; lo que lleva a desestimar que la autoridad responsable violara los artículos 1° y 14 de la Constitución Federal. Sumado a ello, de la revisión del disco que contiene la resolución reclamada, se advierte que el juez de Control, a pesar de que era una medida cautelar que la Constitución Federal le facultaba a dictar de oficio, antes de imponerla escuchó a las partes y posteriormente se pronunció sobre la misma, decretando la prisión preventiva se le debía aplicar en forma oficiosa, ya que la propia Constitución Federal así lo autoriza. Luego, ante la ineficacia de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin advertirse motivo alguno para que opere la suplencia de la queja deficiente, lo conducente es negar la protección constitucional demandada en el presente amparo. Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de la autoridad responsable y por el acto fijado en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario y en cumplimiento al acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, se ordena notificar por lista a la parte tercero interesada a de la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. VISTO, para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cuatro de septiembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado en esa misma fecha a este juzgado, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y acto reclamado siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Es el Juez de Control ANTONIO COSS ARAUJO, para este distrito judicial bravos Chihuahua. IV. ACTO RECLAMADO: La ilegal Medida Cautelar de prisión preventiva impuesta el 14 de agosto del 2020, dentro de la causa ********************, impuesta en contra del quejoso, por la supuesta comisión del delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA." SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo con el registro estadístico ********************; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual se difirió en una ocasión e inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 63 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que la conducta se atribuye a autoridades residentes en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que el quejoso reclama: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en audiencia de catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en la causa penal ********************. En ese sentido, se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; de igual forma, en la tesis identificada con el número P. VI/2004, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Información que se corrobora con las constancias respectivas que el Juez responsable anexó a su informe, consistente en registro audiovisual compulsados en un disco DVD (disco digital versátil, por sus siglas en inglés), en el que se contiene video grabación de la audiencia de catorce de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal ********************, de su índice. Medio de prueba que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de registros audiovisuales, en formato DVD, considerados descubrimientos de la ciencia, en tanto que las documentales son públicas, por contener trascripciones certificadas, realizadas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la tesis por unificación de criterios número 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de la causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquellas que se adviertan, por ser una cuestión que debe analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y de oficio no se advierte que se actualice alguna de ellas, razón por la que procede el estudio de la litis constitucional planteada. QUINTO. Conceptos de violación. La parte impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal y en relación a lo dispuesto por la jurisprudencia 2°./J. 58/2010, materia común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mes de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados por una parte e inoperantes por otra los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo. Previo a analizar los conceptos de violación, es necesario resaltar que el quejoso reclama del juez responsable la audiencia de catorce de agosto de dos mil veinte, en la cual se le dictó como medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada en la causa penal ********************, la cual en lo conducente establece: ". Nos encontramos constituidos en la tercera sala de audiencia del Distrito Judicial Bravo, a efecto de celebrar audiencia de REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES dentro de la causa penal ********************, instruida en contra de ********************, por el delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, audiencia que será presidida por el LICENCIADO **********, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. JUEZ.- Muy amable, muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia pronunciada el ciudadano licenciado encargado de sala, para efecto de registro, se solicita por favor la individualización de los intervinientes; por parte de la Fiscalía quien comparece Licenciada. MINISTERIO PÚBLICO.- Si buenas tardes, **********, Agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya registrado en ese Tribunal. JUEZ.- Por parte de la defensa licenciado. DEFENSOR PARTICULAR.- buenas tardes señor juez, licenciado **********, defensor particular con datos y formas de notificación ya registrados ante el Tribunal. JUEZ.- Gracias defensor muy amable; por parte de la persona acusada me dice su nombre si es tan amable. ACUSADO.- ********************. JUEZ.- Gracias ******************** muy amable, fuimos convocados el día de hoy únicamente a efecto de llevar a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar, tiene el uso de la voz, señorita fiscal. MINISTERIO PÚBLICO.- Si su señoría, como antecedente su señoría se cuenta que el día doce de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo una salida alterna como lo es el procedimiento especial abreviado, donde quedó sentenciado el acusado ********************, en ese momento él tenía la cautelar con vencimiento el día siete de mayo de dos mil veinte, esta sentencia fue recurrida por la defensa y el día treinta de julio del año dos mil veinte, fue anulada esta resolución por el Magistrado, en esa anulación de la sentencia el Magistrado no se pronuncia en cuanto a la cautelar que tenía el acusado ********************, es por ello, su señoría, que con fundamento en los artículos 161 y 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la representación social solicita, que debe seguir vigente esa medida cautelar, su señoría, toda vez que no han variado, sigue subsistiendo las mismas circunstancias, por las cuales diverso Juez de Control las impuso el día siete de mayo de dos mil diecinueve, esto su señoría, se le solicitaría por un año más, toda vez que no ha sobrepasado los límites que establece el artículo 20 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional (sic) 165 perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es cuanto su señoría. JUEZ.- Gracias, traslado señor defensor. DEFENSOR PARTICULAR.- Sí señor juez, esta defensa se opone a la petición de la representación social, en virtud de los siguientes puntos. Primero.- carece de fundamentación y motivación, la solicitud que hace la representación social, en virtud de que dicha medida cautelar que se solicitó desde un inició del siete de mayo de dos mil diecinueve, al siete de mayo de dos mil veinte, ésta no se puede prorrogar, en virtud de que ya se venció, ya no existe, ya no está vigente como para que se pueda prorrogar. Número dos.- Se podrá solicitar una nueva medida cautelar en virtud de que, insisto la anterior ya feneció, y no se prorrogó en su tiempo ni en su momento, hace una manifestación la representación social de que se recurrió una sentencia, no se recurre la sentencia, se recurrió la negativa a un beneficio, lo cual se anuló por parte del Magistrado y el cual también se va a recurrir en su momento, en virtud de que no entró al fondo del agravio, y dicha medida cautelar, pues también hubo una audiencia la semana pasada del día seis de agosto (sic) en la cual se tuvo oportunidad de que se prorrogara dicha medida cautelar, para que pudiera hacer vigente en caso de ser, mas sin embargo, el artículo 180 tampoco es fundamento, en virtud de que dicha sentencia no ha causado estado, y si la representación social tiene conocimiento de que dicha se recurrió un beneficio ante un superior, esto pues no es una justificante para no haber solicitado la revisión en su momento e incluso dichas medidas cautelares se han estado llevando a cabo audiencias, de revisión de medidas cautelares, e incluso cuando estaban suspendidos los procesos, lo cual lo consideró que es una omisión bastantes grande por parte de la representación social y también del Tribunal, siendo que se viola el artículo 1º constitucional, 1 y 2 del Código Nacional, (sic) el 7º principio de continuidad y el 10º principio de igualdad ante la Ley, esto pues en virtud que no se puede prorrogar algo que ya se venció, se podrá solicitar una nueva medida cautelar, considero y existen bastantes para dar cumplimiento al artículo 153 que son solo tres circunstancias, asegurar la presente del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo o evitar la obstaculización del procedimiento, dicha medida cautelar tiene vencida, tres meses con siete días, la que se solicitó y la que pretende prorrogar la representación social está vencida, ahora hace manifestación que se recurrió a una sentencia y que se anuló la sentencia del treinta de julio de dos mil veinte, efectivamente, más sin embargo, tampoco causó estado se pudo haber prorrogado con tiempo e incluso posterior al conocimiento al treinta de julio, (sic) por lo cual considero que no es viable, no sería legal, y se violaría el principio del debido proceso, en virtud de que mi representado tiene ya tres meses siete días sin medida cautelar, y volverse a prorrogar dicha medida cautelar, pues estaría violando sus intereses de libertad, por lo cual existen otro tipo de medidas cautelares que se puedan solicitar y no la que ya se venció como lo hizo saber la representación social, sería cuanto. MINISTERIO PÚBLICO.- Si gracias su señoría, en cuanto a lo que refiere la defensa su señoría en primer lugar en el mes de marzo del presente año y hasta el primero de julio estuvieron suspendidos los plazos, su señoría, en cuanto a ésta, aparte estaba recurrida la presente sentencia, entonces la representación social considera, que puede seguir vigente esa medida cautelar por los plazos que estuvieron suspendidos hasta el uno de julio, su señoría, y en todo caso, que el resolutor considere que esta se encuentra ya vencida, pues en este momento solicito se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva, toda vez que en el delito de tentativa de violación es una (sic) cautelar de prisión oficiosa tal y como lo contempla el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual solicitó, su señoría, siguiera vigente la medida cautelar y en todo caso se le imponga. JUEZ.- Señor defensor se hace cargo. DEFENSOR PARTICULAR.- Si en relación a lo que manifiesta la representación social están suspendidos los plazos, efectivamente están suspendidos los plazos para el proceso mas no para la prisión preventiva, pues de ser así al momento de suspender también la prisión preventiva, pues hubiera mandado a mi representado a su domicilio, lo cual obvio no fue así, porque esa no se suspende, esa se queda vigente y tiene que darse una continuidad, la cual no se realizó en su debido momento y en virtud a que la solicita en este momento su señoría, insisto no se está solicitando, no se está prorrogando, que para eso fue esta audiencia para prorrogar no para volver a solicitar una nueva medida cautelar, por lo cual solicito, pues si va imponer una nueva, en virtud de que ya se venció la anterior y no se solicitó en tiempo conforme no lo exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues yo le solicitaría una diversa para estar en igualdad jurídica, pues el delito que, (sic) el fundamento que manifiesta presenta la representación social, de medidas cautelares no especifica cuál, no manifestó el artículo 167, lo cual no nos deja claro, en cuál fracción está fundamentado, el cual carece de motivación y fundamentación para hacer una nueva petición, en cuanto a la medida cautelar, sería cuanto. JUEZ.- Bien concluye el debate, en principio considero que le asiste la razón al señor defensor, efectivamente desde el siete de mayo de dos mil veinte, ha fenecido la medida cautelar de prisión, sin embargo atendiendo a los argumentos de la señorita fiscal, efectivamente hubo una sentencia el día doce de febrero de dos mil veinte, que fue recurrida y en su caso, también no aplicaría lo que dispone el numeral 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto atendiendo precisamente a lo resuelto y que fue revocada la sentencia; en este caso, la pena privativa de la libertad impuesta por diverso resolutor - el de la voz no advierte una intervención en este proceso- no pasa inadvertido lo que manifiesta el señor defensor, atendiendo a la fundamentación y motivación, sin embargo, ese proceso se encuentra vigente, y considera la señorita fiscal, que en ese sentido se debe prorrogar la medida cautelar; coincido con la defensa en términos de lo que se ha dispuesto en los numerales 161 y 180 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales si embargo en estos momento abro debate, para la imposición de la medida cautelar, toda vez que el de la voz no había tenido conocimiento a estos hechos. En cuando a que se encuentra vigente el proceso y que hay necesidad de imponer una medida cautelar, estoy totalmente de acuerdo con la fiscalía, abro nuevamente debate señorita fiscal. MINISTERIO PÚBLICO.- Su señoría en este momento solicitó se imponga la medida cautelar al señor ******************** la contemplada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción XIV, esta es la de prisión preventiva, tal y como lo establece el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría, cuando se trate, entre otros delitos, su señoría, como el delito de violación, el juez impondrá de oficio esa medida cautelar, es por ello, su señoría, que la representación social solicita se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva antes mencionada al señor ********************. JUEZ.- Gracias licenciada, traslado señor defensor. DEFENSOR PARTICULAR.- Si gracias, señor Juez, esta defensa insiste en que dicha medida cautelar no es proporcional en virtud de como lo acaba de hacer claramente la representación social, por el delito de VIOLACIÓN, es una tentativa, que no es consumó, por lo cual no existe VIOLACIÓN para esta defensa, no se configuran los elementos que exige la ley para la medida cautelar, pues estamos en un grado de tentativa que ni siquiera se realizó, de igual forma insisto no fundamenta la fracción, la cual solicita la representación social en virtud de que solo dice que el delito de VIOLACIÓN, pues sin embargo no especifica, cuál de las fracciones del 167, por lo cual lo deja en estado de indefensión y no, considero que no es aplicable dicha medida cautelar, existen otras los cuales, pues incluso es un delito el cual puede tener una terminación anticipada o una salida alterna, la cual se puede solucionar, puede ser una pena menor para obtener un beneficio y lo cual considero que pueden imponerse otras medidas cautelares, incluso hasta dos o tres medidas cautelares distintas a las que solicita la representación social, por lo cual solicito en término de consideración, dichos puntos retomando que también fue omisa la representación social en realizar dicha medida cautelar, revisión de medida cautelar en tiempo, por lo cual, considero que no está fundamentada su petición, ni motivada en cuanto nos encontramos en este momento procesal, sería cuanto. JUEZ.- señorita fiscal. MINISTERIO PÚBLICO.- Su señoría, es un delito de TENTATIVA DE VIOLACIÓN, su señoría, aparte también tal y como lo establece el artículo 168, su señoría, existe el peligro de sustracción del imputado por las penas que, sin prejuzgar pudieran llegar a imponérsele, como ya se mencionó es una TENTATIVA del delito de VIOLACIÓN, además, su señoría existe peligro de sustracción y aparte, tal como lo establece el artículo 170 el riesgo para la menor víctima y en cuanto a que el defensor, nos menciona que no especifique el artículos 167 en cuál párrafo, es en el tercer párrafo, el cual establece que cuando se trate, entre otros delitos, el delito de violación, el juez de control en el ámbito en su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente, pero aparte su señoría, el peligro de sustracción del imputado, pues este delito, el delito de violación contempla una pena que va de diez a treinta años de prisión, y en este caso, pues ya se dijo es una TENTATIVA del delito de VIOLACIÓN, es por ello, su señoría en que se insiste en que le imponga la medida cautelar antes solicitada y que lo establece el artículo 155 en la fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. JUEZ.- bien señor defensor. DEFENSOR PARTICULAR.- Si por último, que las últimas manifestaciones de la representación social dice que puede existir el peligro de sustracción, que la representación social ya está prejuzgando a mi representado, en virtud de que, de irse a un juicio oral, mi representado también, no olvidemos que puede obtener una sentencia absolutoria y no condenatoria como ella lo está predestinando, la representación social, ahora dice también que existe un riesgo también para la víctima, no motiva los datos o antecedentes de prueba como para decir que existe un riesgo para la víctima, en virtud de que también atendiendo a la lealtad de legitimidad del proceso, la victima ni siquiera vive en esta ciudad, lo cual ya se ha hecho mención en audiencias anteriores, por lo cual insisto se estaría violentando dicha situación en virtud de que el artículo 167 como ahora ya lo especifico en su fracción III, la representación social aquí nos habla de VIOLACIÓN, no de TENTATIVA, por lo cual considero que no es la medida cautelar adecuada ni proporcional para mi representado, por lo cual existen bastantes medidas cautelares, lo cual solicito las tome en consideración, su señoría. JUEZ.- Concluye debate, procedo a resolver. En términos de los artículos 153, 154 y 156, en el caso concreto al numeral 167 también, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en término del párrafo tercero del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso concreto no solo se formuló imputación, sino que también se ha dictado un auto de vinculación a proceso en contra de la persona aquí, incluso, efectivamente el magistrado ya ha considerado que se reponga el procedimientos y efectivamente la persona se encuentra privada de la libertad desde hace ya varios meses, desde el día siete de mayo de dos mil diecinueve; encontrando la solicitud que hace la señorita en cuanto a la imposición de medidas cautelares en término de los numerales 153, 154, efectivamente como mencioné ya está dictado el auto de vinculación a proceso por un hecho de VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, el señor defensor efectivamente manifiesta que no es proporcional a los riesgos que se pretenden evitar en términos del numeral 153 que es garantizar la seguridad en este caso la presencia del imputado en juicio, garantizar la seguridad de la víctima y evitar la obstaculización del proceso, sin embargo, yo soy de la idea, que coincido con la señorita fiscal, que atendiendo a que como el artículo 167, en principio no dijo el párrafo tercero, que establece que el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa en los casos como el delito de VIOLACIÓN, no distingue si es o no en grado de tentativa, tampoco lo hace el párrafo segundo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es una opinión personal, que efectivamente en la TENTATIVA, existe la obligación de imponer la medida cautelar que solicita la señorita fiscal, las más gravosa, la prevista por la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, apreciación que es acorde a la disposición constitucional ya antes referida, por ende, independientemente de las diversas cuestiones a las que hace alusión el ciudadano defensor, es mi deber imponer a la persona ahora, incluso ya acusada, la medida cautelar que solicita la señorita fiscal únicamente por el lapso de seis meses a partir del día de hoy, gírese el oficio de estilo a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas, bueno al departamento de Ejecución de penas y al Director del Centro de Reinserción Social para Adultos Estatal 3 de esta localidad, alguna otra solicitud. MINISTERIO PÚBLICO únicamente una copia simple del audio y video de la presente audiencia. JUEZ.- señor defensor. DEFENSOR PARTICULAR. De igual forma copia por duplicado, copia certificada, JUEZ.- Claro que sí, expídanse las copias que solicitan los intervinientes. Alguna otra petición. MINISTERIO PÚBLICO. Sería cuanto. DEFENSOR PARTICULAR. Ninguna. JUEZ.- gracias, no habiendo más que hacer constar, siendo las catorce horas con nueve minutos, finaliza la presente audiencia, les agradezco, gracias." Ahora bien, refiere el quejoso que la resolución reclamada donde se dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, los razonamientos expuestos por el juez Constitucional carecen de lógica, legalidad y exhaustividad, ya que con su imposición se le vulneran los derechos humanos de libertad, de aplicación literal de la ley penal, los principios pro homine, pro persona, de mínima intervención y de proporcionalidad; pues el juez de Control, debió de atender a la literalidad del artículo 19 Constitucional y del artículo 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no está siendo investigado por el delito de violación, sino por el de tentativa de violación, por lo que de una recta interpretación se debe entender que sólo se debe aplicar oficiosamente cuando se investigue el delito consumado. Que en todo caso, el agente del Ministerio Público debió justificar porqué ameritaba la prisión preventiva, pero no imponerla de oficio, por lo que la responsable vulnera los artículos 1° y 14 de la Constitución, pues en todo caso existe la necesidad diversas medidas cautelares, pero no la restrictiva de la libertad. Dichos conceptos de violación se analizaran en forma conjunta por estar estrechamente vinculados entre sí, lo anterior en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. En primer término, resulta importante precisar que la privación de la libertad de una persona en forma preventiva, constituye una restricción a la libertad deambulatoria constitucional y convencionalmente legítima, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar; lo que es acorde con el artículo 7.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que en modo alguno prohíbe la prisión preventiva, siempre que, esa afectación al gobernado se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que los ordenamientos legales internos contemplan para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 1a. CCXV/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 557, del Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, décima época, registro 2003975, que dispone lo siguiente: "DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales)." Como se indicó anteriormente, dichos conceptos de violación son infundados, pues contrario a lo que alega las razones que expuso el juez responsable están apegadas a derecho y no le producen ningún agravio al quejoso. En efecto, como se observa de la resolución reclamada, el juez responsable mencionó que el marco jurídico aplicable eran los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, así como el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no solo se había formulado imputación al aquí quejoso, sino que también se dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el hecho considerado delito de violación en grado de tentativa, indicando que por tal motivo existe la obligación de imponerle la medida cautelar oficiosa solicitada, prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en los casos como el delito de violación, no distingue si es o no en grado de tentativa, tampoco lo hace el párrafo segundo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Determinación que le asiste razón al juez responsable, pues precisamente, el artículo 19 de la Constitución Federal en su segundo párrafo, dispone lo siguiente: "Artículo 19. . El ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. .". Como se advierte, tal numeral expresamente autoriza al juez a ordenar la prisión preventiva oficiosa, entre otros supuestos, cuando se trate del delito de violación, y en el caso específico, al quejoso se le atribuye el hecho que la ley denomina tentativa de violación, por lo que alega que se debe de interpretar en forma literal el párrafo segundo del artículos 19 de la Constitución Federal y el 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene similar disposición, ya que tal medida cautelar sólo debe aplicarse al ilícito consumado. Para dilucidar ese planteamiento, es conveniente traer los argumentos que expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis ********************, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, en lo que entre otras cosas dijo, que se entiende por tentativa la realización por parte de una persona de los actos ejecutivos encaminados a la realización de un delito, que sin embargo no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Dependiendo de que se realicen todos los actos de ejecución que deberían producir como resultado el delito, o sólo alguno de ellos, la doctrina distingue entre tentativa acabada e inacabada. Se expuso que la tentativa -en cualquiera de sus dos modalidades- consta, por ende, de tres elementos: a) un elemento subjetivo, consistente en la intención del agente dirigida a cometer un delito; b) uno objetivo, consistente en la realización, total o parcial, de los actos de ejecución del delito; y c) la falta de consecución del resultado típico deseado, por causas ajenas a la voluntad del agente. Entonces, la tentativa constituye un tipo penal dependiente, pero únicamente en cuanto a que la mayoría de sus elementos integrantes se encuentran referidos a algún delito consumado, por lo que no hay tentativa en sí, sino tentativa de un delito consumado. Sin embargo dijo que, haciendo abstracción de la técnica utilizada por el legislador para indicar algunos de sus componentes, debe considerarse que ésta constituye un delito autónomo, puesto que cuenta con sus elementos típicos particulares (entre ellos como se mencionó, la falta de consumación de ciertas consecuencias antijurídicas por causas ajenas a la voluntad del agente) y con sus sanciones también específicas. Lo que originó la Jurisprudencia 1ª/J. 57/2004, de la Novena Época, con registro 179160, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 282, que dice: "TENTATIVA DE DELITO CALIFICADO. PUNIBILIDAD. Si la ley penal prevé que la tentativa se castiga con sanción equivalente a una fracción de la correspondiente al delito consumado, resulta evidente que cuando el inculpado (como acontece en los artículos 63 y 78 del anterior y Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, respectivamente), entre los actos de ejecución de un delito calificado, realiza la conducta calificante, pero dicho ilícito no se consuma por causas ajenas a su voluntad, la pena deberá consistir en la suma de la aplicable al tipo básico más la de la conducta calificante, reducidas ambas en términos de la regla de la tentativa referida. En consecuencia, es inadmisible que el Juez únicamente reduzca la pena correspondiente al tipo básico y aplique en su integridad la relativa a la conducta calificante, por estimar que esta última sí llegó a consumarse, pues el dispositivo que contiene la calificativa constituye sólo un componente de la conducta típica sancionada por el orden jurídico. Por ende, su actualización, aisladamente considerada, no puede ser sancionada como si se tratara de un delito autónomo." De lo antes expuesto se advierte, que la tentativa constituye un tipo penal que depende del delito consumado, pero configura un delito autónomo por cuanto hace a la penalidad, puesto que cuenta con elementos típicos particulares y sanciones específicas, es decir, solamente se considera como una figura particular punible por el alcance material que logró el sujeto en la ejecución del evento delictivo, pero sigue vinculado al ilícito principal, ya que la conducta exteriorizada tenía como fin realizar el antijurídico que se persigue cometer, sólo que no se logra por causas ajenas a la voluntad del activo. En otras palabras, en los casos de tentativa no se comete otro delito, sino que, lo que persigue el activo es obtener la realización del que inicialmente se propuso realizar, sin embargo, no lo alcanza a consumar por causas ajenas a su voluntad, por lo que los actos ejecutivos encaminados a su consecución no tienen como objetivo lograr un ilícito diverso, sino el mismo, sólo que no agota su conclusión; por tanto, esa acción inconclusa se sanciona autónomamente ante el nivel de producción o ejecución que logró el autor, pues tales actos están dirigidos a causar una afectación o potencial deterioro en el bien jurídico protegido que se pretende lesionar, que ocasiona o justifica su punición. Bajo ese orden de ideas, la facultad que el legislador permanente le otorgó a los jueces de Control en el artículo 19 de la Constitución Federal, consistente en imponer la prisión preventiva oficiosa cuando se trate, entre otros, del delito de violación, también es aplicable cuando se configure en forma de tentativa, pues sigue siendo el mismo delito que se pretendía consumar. Además, el creador de la norma no excluyó a los actos tentados de esa disposición, ni hizo remisión alguna respecto de no imponerles la prisión preventiva oficiosa, cuando pudo haberlo hecho sin que lo hiciera, por lo que, se debe aplicar la misma disposición que para el delito consumado, principalmente, porque como lo concluyó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un tipo penal dependiente de aquel. Aunado a lo anterior, el listado de delitos por los que debe ordenarse oficiosamente la imposición de esta medida cautelar, prevista en el artículo 19 de la constitución federal, no limita las facultades legislativas de los estados o la federación para considerar aplicable esa medida cautelar a otros ilícitos. Consideraciones que se encuentran en la tesis aislada II.2o.P.64 P (10a.), de la Décima Época, con registro 2016873, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2741, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EL LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA CAUTELAR A OTROS ILÍCITOS. Si bien es cierto que el precepto constitucional mencionado hace un listado de delitos respecto de los cuales debe ordenarse forzosamente la prisión preventiva oficiosa, también lo es que ello no debe considerarse exclusivamente como un aspecto estrictamente limitativo, sino potencialmente ejemplificativo o enunciativo, es decir, que no se extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales que las respectivas legislaciones estatales o la Federación, siguiendo lo dispuesto constitucionalmente, consideren como de prisión preventiva justificada y que no estén textualmente en el listado inicial a que se refiere el artículo 19 mencionado, pues la prisión preventiva no está limitada a usarse únicamente en esos delitos; como ocurre -por ejemplo- con todos aquellos otros casos en que el Ministerio Público lo justifique, aun cuando el delito, en principio, no se prevea en ese catálogo, pero concurran razones para justificar también esa medida cautelar (por la naturaleza del delito y de la pena; comportamiento intraprocesal del imputado; o riesgos legalmente considerables respecto a la víctima o sociedad), sin que ello implique contrariar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su artículo 19 no establece limitativamente que sólo en los delitos ahí previstos podría hablarse de prisión preventiva, pues dicho precepto no está dirigido a limitar la facultad legislativa de las entidades de la República, o la Federación, en ese aspecto de regulación procesal secundaria que atañe a la gravedad y condiciones de política criminal que, en cada caso, pueden concurrir de manera justificada y circunstancialmente diferenciada en los diversos Estados de un País Federal como el nuestro, aunado a la existencia legal, se insiste, de todas las variantes que el propio sistema prevé para decidir y revisar lo relativo a las medidas cautelares." Asimismo, si bien conforme al nuevo sistema penal, el concepto de gravedad carece de aplicabilidad desde el punto de vista técnico, empero, las legislaciones secundarias naturalmente parten de esa consideración lógica para determinar los supuestos de excepción que justifican la prisión preventiva, siguiendo los lineamientos constitucionales; de modo que la gravedad constituye un aspecto potencialmente subyacente en la decisión legislativa de identificar razonadamente los supuestos de excepción aludidos, que ahora se traducen en la precisión textual de aquellos casos en que necesariamente habrá lugar a esa medida cautelar. Esto, con independencia de todos los demás casos en que el propio sistema prevé que aun tratándose de delitos no considerados de prisión preventiva oficiosa, podrá decretarse dicha medida a petición del Ministerio Público, en aquellos otros supuestos en que la ley así lo permite justificadamente. Argumentos entre otros, que se encuentran en la Tesis Aislada II.2o.P.63 P (10a.), de la Décima Época, con registro 2017191, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3222, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE TRATA DE DELITOS ANTERIORMENTE CLASIFICADOS COMO GRAVES, Y QUE LA LEGISLACIÓN ACTUAL HA ESTIMADO, EN PRINCIPIO, DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (COMO EL DE ROBO CON VIOLENCIA REGULADO EN EL ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO), ES IMPROCEDENTE CONCEDER DICHA MEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA (SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO). En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 36/2012, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió un aspecto relacionado con el catálogo de delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las reformas de 2008 y 2011, y concluyó que se trataba de una cuestión de vigencia de la ley y, por ende, que debía entenderse que a la luz de la vigencia plena del nuevo sistema, esos aspectos deberían atenderse en términos de la ley que resultara vigente y aplicable, según el caso. Ahora bien, conforme al nuevo sistema, el concepto de gravedad carece de aplicabilidad desde el punto de vista técnico; empero, las legislaciones secundarias naturalmente parten de esa consideración lógica para determinar los supuestos de excepción que justifican la prisión preventiva, siguiendo los lineamientos constitucionales; de modo que la gravedad constituye un aspecto potencialmente subyacente en la decisión legislativa de identificar razonadamente los supuestos de excepción aludidos, que ahora se traducen en la precisión textual de aquellos casos en que necesariamente habrá lugar a esa medida cautelar. Esto, con independencia de todos los demás casos en que el propio sistema prevé que aun tratándose de delitos no considerados de prisión preventiva oficiosa, podrá decretarse dicha medida a petición del Ministerio Público, en aquellos otros supuestos en que la ley así lo permite justificadamente, respecto de lo cual, por lo general, no tiene conocimiento el Juez constitucional en cada caso para efectos de resolver sobre la suspensión. Por tanto, si se trata de delitos anteriormente clasificados como graves, como el de robo con violencia, es improcedente conceder la suspensión definitiva en términos de la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo (que impide la eventual detención del imputado), pues con independencia de que el ilícito que en su carácter de probable se le atribuye al quejoso, de acuerdo con la información con que se cuenta para ese efecto y hasta ese momento, en términos del artículo 9 del Código Penal del Estado de México, aún es considerado como "grave", y que conforme a los artículos 194 del Código de Procedimientos Penales para la entidad (actualmente abrogado) y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se enmarca, en abstracto, como delito cometido por medios violentos (como el empleo de armas), es claro que siendo así, se trata entonces de uno de aquellos delitos a los que dichas legislaciones actualizadas y siguiendo los lineamientos del artículo 19 constitucional, en cuanto a la programatización del tratamiento excepcional de la prisión preventiva, al tratarse del nuevo sistema procesal penal, han estimado, en principio, de prisión preventiva oficiosa, y ello acarrea dicha consecuencia. Es decir, que la autoridad de amparo, para resolver sobre la suspensión, no puede suponer y prejuzgar apriorísticamente y en perjuicio del interés público, sino otorgarla, en su caso, de manera condicionada a la situación específica que corresponda al delito de acuerdo con la normatividad aplicable al caso concreto y la peculiaridad del asunto de que se trate.". En ese sentido, devienen infundados los motivos de disenso de la parte quejosa, habida cuenta que adverso a lo que menciona, la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal y en forma similar en el artículo 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede ser interpretada en forma literal y concluir que la prisión preventiva oficiosa solo puede imponerse cuando se trata del delito consumado; ya que los actos tentados siguen formando parte de la figura jurídica principal y por ende, no conforman un ilícito diverso, sino el mismo ilícito pero detenido en una etapa anterior a la consumación. Asimismo, tampoco el órgano acusador estaba obligado a justificar que el acto tentado ameritaba prisión preventiva, pues tratándose del hecho que la ley denomina delito de tentativa de violación, su imposición se debe hacer en forma oficiosa por el juez de Control; lo que lleva a desestimar que la autoridad responsable violara los artículos 1° y 14 de la Constitución Federal. Sumado a ello, de la revisión del disco que contiene la resolución reclamada, se advierte que el juez de Control, a pesar de que era una medida cautelar que la Constitución Federal le facultaba a dictar de oficio, antes de imponerla escuchó a las partes y posteriormente se pronunció sobre la misma, decretando la prisión preventiva se le debía aplicar en forma oficiosa, ya que la propia Constitución Federal así lo autoriza. Luego, ante la ineficacia de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin advertirse motivo alguno para que opere la suplencia de la queja deficiente, lo conducente es negar la protección constitucional demandada en el presente amparo. Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de la autoridad responsable y por el acto fijado en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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