Salvador Flores Soto

Expediente 646/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
646/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Salvador Flores Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que elabore el Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    En razón de que la parte quejosa SALVADOR FLORES SOTO o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; el diez de diciembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve; queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Radicación y registro del expediente. Vista la demanda de amparo presentada por Salvador Flores Soto, por su propio derecho, contra actos que atribuyen al Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otra autoridad, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 646/2019. Desechamiento de la demanda de amparo. La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, pues en el caso se estima se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: *Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo*. Es así, porque del análisis de la demanda de garantías se advierte, la parte quejosa reclama del Juez y Actuaria responsable: *IV.-ACTOS RECLAMADOS.- Lo constituye la Orden de Cateo, Uso de Cerrajero y/o Rompimiento de cerraduras, con Auxilio de la Fuerza Pública, que a efecto de cumplimentar el Auto de Excequendum del cual ignoro su fecha, fue emitido por la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, dentro del Expediente número 538/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Licenciado Manuel Ramos Valle en cuanto endosatario en procuración de la Persona Moral denominada Libertad Servicios financieros, S.A. de C.V., frente al suscrito Salvador Flores Soto; así como el PROPIO AUTO DE EXCEQUENDUM.*. Ahora, del contenido íntegro de la demanda, específicamente de los antecedentes 3, se advierte que el quejoso señaló: *Ahora bien, en tiempo y forma, el suscrito quejoso di contestación a la improcedente demanda ejecutiva mercantil entablada en mi contra; oponiendo las excepciones y defensas que me son propias, o sea, ejerciendo mi derecho de audiencia; Pero es el caso, que en el juicio mercantil de donde emana el acto reclamado, aún se encuentra en trámite y no se ha dictado resolución en que el suscrito quejoso haya sido condenado al pago de las diversas prestaciones reclamadas, o en su caso exonerándome del cumplimiento de las mismas, por lo que considero que el mandamiento judicial que ordena me sean embargados bienes de mi propiedad para garantizar el cumplimiento de las prestaciones reclamadas, resulta inconstitucional por cuanto que aún no he sido vencido, ...* De lo anterior se advierte que el quejoso es parte en el juicio mercantil de origen, dado que como ha comparecido al mismo para dar contestación a la demanda iniciada en su contra. En ese sentido, al ser el quejoso parte en el juicio de origen, se encuentra obligados a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, deben impugnar el auto hoy reclamado mediante el recurso que al efecto prevé la legislación mercantil, -atendiendo al monto de la suerte principal-, esto es, ya sea el recurso de revocación o apelación. Se invocan al caso la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de nuestro más alto Tribunal, visible a página 979, Libro 30, Mayo 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, de rubro y texto siguientes: *JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente.* Así como la diversa emitida por la citada Sala, consultable a página 157, Tomo XXXII, Septiembre 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: *REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión *recurribles* fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación.* Sin que pase desapercibido para el suscrito, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: *AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo.* En efecto, pues en primer lugar debe tomarse en cuenta que al saber la parte quejosa la existencia de un juicio instaurado en su contra, se encuentra en condiciones de apersonarse al mismo para hacer valer sus derechos, lo que en efecto hizo, tal como el mismo lo precisó en los antecedentes de su demanda de amparo, sin que el presente juicio de amparo sea el medio idóneo para conocer en qué órgano jurisdiccional se encuentra radicado su asunto, ya que esa no es la finalidad de la presente instancia. En otro aspecto, si bien el último criterio jurisprudencial transcrito refiere que en contra de auto de exequendo procede el juicio de amparo por tratarse de un acto de imposible reparación, porque afecta de modo cierto e inmediato derechos sustantivos, consistentes en los bienes del deudor, no menos cierto es, que dicha circunstancia no exenta al quejoso de cumplir con el principio de definitividad, ya que el recurso a promover podría modificar, revocar o confirmar el auto hoy reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, Libro X, Julio 2012, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo.* De ahí que al no agotar la parte agraviada previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, ni encontrarse en los casos de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, incisos a, b y c, de la Ley de Amparo, se actualiza en la especie la causa de improcedencia invocada, y por ende, conlleva a desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, visible en página 902, Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: *AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Lo anterior se hace extensivo al acto que reclama en relación a la orden de cateo, uso de cerrajero y/o rompimiento de cerraduras con auxilio de la fuerza pública, pues los mismos los mismos los reclamada, derivados de auto de exequendo reclamado y que en este auto se desecho. En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Urtiz Maldonado, toda vez que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y que el acto reclamado es de naturaleza civil. Publicación de datos personales; capturas y anotaciones en el expediente. En términos de los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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