Salud Tonantzin Razo Villanueva y Otros.

Expediente 572/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
572/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Salud Tonantzin Razo Villanueva y Otros.
  • Salud Tonantzin Razo Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 6628/2022 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, al que anexa el testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual número treinta y seis de veinte de octubre de la presente anualidad en el conflicto competencial 26/2022, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, y el Juez Octavo de Distrito, con sede en Uruapan, derivado del juicio de amparo 1003/2022 del índice del primero de los mencionados. SEGUNDO. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es la autoridad legalmente competente para conocer del citado juicio de amparo, promovido por Salud Tonantzin, María Elena y Sandra, todas de apellidos Razo Villanueva, por las razones contenidas en la presente ejecutoria, por lo que se ordena regresar a la citada autoridad los autos respectivos." Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, visto lo actuado dentro del presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que como se advierte de los párrafos que anteceden, la superioridad, esto es, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, determinó que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver de la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente cuaderno, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece artículo 21, inciso b), del acuerdo que nos ocupa. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual se transcribe el proveído de once de octubre del año en curso, del que se advierte que dicho Tribunal se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; asimismo, se advierte que quedó registrado con el número 26/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE OFICIO Se tiene por recibido el oficio 21783/2022, que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el cual obra inserto el proveído de trece de septiembre del presente año, en el que el titular de dicho Órgano Jurisdiccional consideró que diverso Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad, es por razón de territorio competente para conocer la demanda de amparo que fue promovida por Rafael Humberto Medina Pacheco y Fernando Lara Ornelas quienes se ostentan como defensores públicos de María Elena, Salud Tonantzin y Sandra, todas de apellidos Razo Villanueva, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otra autoridad. A fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, se debe atener a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, respecto a la demanda de amparo que fue promovida por Rafael Humberto Medina Pacheco y Fernando Lara Ornelas quienes se ostentan como defensores públicos de María Elena, Salud Tonantzin y Sandra, todas de apellidos Razo Villanueva, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 572/2022. Esto es, las reglas de competencia, para conocer de una de manda de amparo, se ubican en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que refiere: ... El citado precepto legal, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo) a saber: Si el acto requiere ejecución material, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. O bien, cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez que hubiera prevenido en el conocimiento del asunto, por haberse presentado, ante él, la demanda de amparo. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de los supuestos indicados. En ese orden de ideas, la autoridad que declina competencia por territorio, lo efectúa, al partir de las siguientes consideraciones: Afirma que el acto reclamado, en esencia, se trata de la sentencia de Segunda Instancia dictada, el veintinueve de abril de dos mli veintidós, por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, en los autos del toca 57/2020, derivado de la causa penal 148/2018 del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, a través de la cual, concluyó que el ejercicio de la acción penal correspondientes a los hechos que la ley señala como delito de falsificación o alteración y uso de documento falso, atribuidos a las inculpadas, materia de la causa penal 148/2018, no ha prescrito, debido a que se interrumpió y, con posterioridad, reinició el cómputo, por lo que se encuentra vigente. Por tanto, a consideración de la autoridad declinante, al revocarse la resolución que determinó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total de la causa, pronunciada en audiencia de quince de octubre de dos mil veinte, en su opinión, advierte que se reclama un acto que debe tener ejecución material. Bajo esa premisa -ejecución material del acto reclamado- consideró que, no puede perderse de vista que el señalamiento de tal acto reclamado, constituye también un dato objetivo para finar competencia por territorio del Juez de Distrito que habrá de conocer de la demanda de amparo, ya que, de ser el caso, la ejecución material tendrá verificativo en el lugar del juicio de origen. En tales condiciones, consideró que, la sentencia reclamada tiene ejecución material, al sostener que, a través de la determinación en él contenida, los quejosos están vinculados a la causa penal 148/2018, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento, y, en su opinión, se actualiza la primera regla descrita por el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia de quien deba conocer del asunto, esto es, en el lugar en donde deba ejecutarse. Por lo tanto, consideró que es un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, el que debe conocer, y en su caso, resolver el presente juicio de amparo, al afirmar que el acto reclamado debe tener ejecución en esta circunscripción territorial que es donde se lleva a cabo la causa penal antes mencionada. Esto es, el suscrito Juez, considera que la competencia por territorio para conocer el presente juicio de amparo, en el presente caso, no se actualiza, partiendo del hecho de que, a consideración del suscrito Juez, el acto reclamado no conlleva ejecución material, porque, tal y como lo advirtió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en los autos del juicio de amparo directo 97/2022 en su sentencia dictada, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mi veintidós, de los antecedentes de la resolución reclamada, obtuvo lo siguiente: El once de enero de dos mil diecinueve, el juez de control dictó auto de no vinculación a proceso en la causa penal 148/2018. Posteriormente, a solicitud de la defensa pública de las investigadas [aquí quejosas] en audiencia de tutela de derechos celebrada, el quince de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable, consideró que la acción penal había prescrito, y por esa razón, con fundamento en el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció que sus efectos, serían los de una sentencia absolutoria. Dicha resolución -en la que se resolvió que la acción penal había prescrito- quedó sub judice, virtud al recurso de apelación que interpuso la víctima del delito por conducto de su asesor victimal, la cual fue confirmada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del toca XI-57/2020 por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Luego, frente a la determinación de la alzada que confirmó la que decretó la prescripción y el sobreseimiento de la causa [148/2018] se promovió diverso juicio de amparo directo 50/2021 del índice de la citada Superioridad, y el Pleno de dicho Tribunal otorgó el amparo y protección de la justicia federal, y en cumplimiento del fallo protector, la citada autoridad responsable, informó que había dejado sin efectos, el acto reclamado [resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno] y seguido el trámite correspondiente, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictó la nueva resolución, en la que consideró que la acción penal de origen, no estaba prescrita, por lo que, la resolución que determinó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total de la causa, pronunciada en audiencia de quince de octubre de dos mil veinte [en la causa penal 148/2018] había quedado sin efectos. Así, con dichos antecedentes, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, consideró que, la autoridad responsable, se ciñó a analizar si el ejercicio de la acción penal estaba prescrita o no, concluyendo que no había transcurrido el plazo de ley para ello y, por tanto, estaba vigente, de ahí que, señaló que, en la especie, inicialmente se dictó un auto de no vinculación a proceso, el cual quedó firme, y se determinó que la acción penal estaba vigente (no ha prescrito), lo que, precisó, no impide se continúe la investigación y, eventualmente, se formule nueva imputación. Con lo anterior, la superioridad consideró que, la resolución reclamada, tuvo como único efecto revocar aquella por la que se decretó la prescripción de la acción penal y establecer que está vigente; y, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, declinó competencia al Juzgado de Distrito, con residencia en la Ciudad de Morelia, en turno, para que conociera del juicio de amparo y, en su caso, resolviera lo que en derecho correspondiera, mas no a un Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. De manera que, a consideración del suscrito juez, tomando en cuenta el único efecto del acto reclamado, así advertido por la Superioridad, entonces, respetuosamente se considera, no conlleva ejecución material en los autos de la causa penal 148/2018 del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, porque, en realidad se trata de un acto con efectos meramente declarativos, dado que, únicamente señala que la prescripción de la acción penal que se intentó contra las quejosas, está vigente, determinación que ya no impacta en los autos de la citada causa penal con relación a las quejosas. Lo anterior es así, porque, como se indicó, en dicha causa penal, previo al dictado del acto reclamado, ya había quedado firme, el auto de no vinculación a proceso, es decir, dichas quejosas, ya no están vinculadas a la causa penal en comento; por tanto, la vigencia de la acción penal, solamente conlleva a que el órgano investigador, esté en posibilidad de continuar la investigación y posteriormente, formular nueva imputación. Por tanto, dichos efectos declarativos del acto reclamado, ya no pueden impactar, en el proceso penal 148/2018 dado que, a las quejosas se le dictó auto de no vinculación a proceso, por lo que, en todo caso, dichos efectos, únicamente, darían margen a la posible continuación de la investigación inicial por el Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán, a la espera, en su caso, de una nueva formulación de imputación, lo que, a consideración del suscrito juez, tampoco implica, ejecución material del acto reclamado, porque, si se recuerda, el único efecto del acto reclamado, así advertido por la Superioridad, consiste en establecer que la acción penal en contra de las quejosas está vigente, más no, que se ejecuten actos concretos de investigación por el citado Fiscal Regional con residencia en esta ciudad; de ahí que, respetuosamente el suscrito Juez no considera que el acto reclamado conlleve ejecución material. En tal sentido, no se acepta la competencia declinada, al tomar en consideración que el acto reclamado, no requiere ejecución material, por tanto, se estima que es la autoridad declinante, la competente para conocer de la presente demanda de amparo, toda vez que la misma fue presentada en el distrito judicial de Morelia, Michoacán, en donde ejerce jurisdicción en términos del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consecuentemente, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, el suscrito juez, respetuosamente, no se acepta la competencia declinada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, respecto al juicio de amparo 1003/2022 de su índice. En consecuencia, se ordena la devolución del juicio de amparo enviado, así como de las constancias consistentes en:... Previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme y de lo cual se solicita al Juez declinante acuse el recibo de estilo correspondiente. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

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