Salvador Escobar Anaya

Expediente 482/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
482/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
29/05/2018

Partes del expediente

  • Salvador Escobar Anaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 482/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Director General del Centro Federal de Reinserción Social "Morelos", remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente asunto promovido por SALVADOR ESCOBAR ANAYA, contra los actos reclamado consistentes en la falta de atención médica general y suministro de medicamentos; así como la orden de aislamiento o reubicación. De acuerdo al artículo 63 de la actual Ley de Amparo, fracción V, si durante el juicio se advierte o sobreviene alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la ley de la materia, se deberá sobreseer el juicio. En ese sentido, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica general y suministro de medicamentos no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Lo anterior es así sin soslayar que si bien es cierto que las autoridades penitenciarias tienen formalmente un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; no menos verdadero es que la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución de las penas impuestas o que se estén compurgando de manera preventiva. En el caso, el acto combatido por quien tiene la condición de persona privada de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", se encuentra vinculado con la vida penitenciaria en dicho centro, por lo que con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, trae como consecuencia que todos los aspectos que se generen durante la ejecución de la pena de prisión o incluso de encontrarse en prisión preventiva, deben ser considerados como integrantes de la etapa de ejecución de la pena y que por ello deben ser supervisados por la autoridad judicial en materia penal correspondiente, con base en lo dispuesto en el arábigo 20 del Pacto Federal. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; que observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye, entre otros aspectos, la determinación de los lugares donde aquélla debe cumplirse, he incluso como se observa de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, todo lo relativo a las controversias que se susciten durante el tiempo que dure la prisión punitiva y preventiva de los justiciables, extendiéndose a los ámbitos inherentes a la ejecución de la pena en general. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Décima Época; Registro: 2001988; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: P./J. 17/2012 (10a.); Página: 18, cuyo rubro es "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011." En efecto, como resultado de la citada reforma constitucional, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria, limitando el legislador el inicio de la vigencia de ciertos artículos, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio. De las reglas contenidas en los artículos transitorios primero y segundo, se desprende lo siguiente: La Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Sólo de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, es que su vigencia depende de la emisión de una declaratoria, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Esto en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado, los artículos mencionados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley a más tardar el diecisiete de junio de diecisiete, o previa Declaratoria el treinta de noviembre de diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entrarán en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa Declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Por ello, la emisión de la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida Ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de la Época: Décima Época, Registro: 2015382, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Penal, Tesis: 2a. CLVII/2017 (10a.), Página: 1221 del siguiente rubro: ""COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL." En ese sentido, deben tenerse en consideración lo que la indicada legislación establece en sus artículos 1 y 2, por lo que de acuerdo a dichas normas, la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por:  Prisión preventiva,  Ejecución de penas y  Medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en la parte aquí conducente, que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la ley en cita en los artículos 107, 108, 09, 110, 111, 112, 114 y 115, establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente:  Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento.  Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación.  Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución.  Si la petición formulada no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución.  En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva.  Que los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Que para la procedencia de la controversia ante el Juez de Ejecución constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa, con excepción de los casos urgentes. En el caso, la parte inconforme SALVADOR ESCOBAR ANAYA, acude a reclamar en esta instancia constitucional, la falta de atención médica general y suministro de medicamentos. Sin embargo, no observó el procedimiento legalmente establecido a la luz de las reformas constitucionales invocadas, ya que la explicada omisión está inmersa en aquéllos actos u omisiones que afectan las condiciones de vida digna en la situación de internamiento en que se encuentra la peticionaria de amparo a virtud de un procedimiento de naturaleza penal y de ahí que se consideren como inherentes a la etapa de ejecución de pena, sin importar el estadio en que el proceso o procedimiento respectivo se encuentre, en tanto que tales omisiones, en razón del estándar constitucional reconocido (ejecución de pena) son susceptibles de ser solicitadas de manera previa y directa a las autoridades penitenciarias y en caso de no ser atendidas o ser negadas, u ostentar el carácter de urgentes, formular controversia ante el Juez de Ejecución. En efecto, el quejoso como interno en el aludido Centro de Reclusión, en primer término, está en aptitud de realizar la petición al Director del Centro, quien es el órgano competente para satisfacer las necesidades que, como interno presente, atendiendo los propios lineamientos de la institución, entre las que se halla la atención médica necesaria y proporcionarle los medicamentos o tratamientos necesarios y en caso de no ser atendida la petición, recibir respuesta en sentido negativo, o incluso ser omisa al respecto, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución; lo que en el particular no hizo. Reiterando que cuando se reclaman hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, suscitados en el marco del procedimiento de ejecución penal, se debe entender que los acontecimientos de hecho y de derecho que se suscitan durante la reclusión, forman parte del procedimiento de ejecución, que es de naturaleza formalmente jurisdiccional, tan es así que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su norma reglamentaria en la materia, establecieron que la autoridad judicial tomaría la facultad de vigilarlos y controlarlos. Además, si bien es cierto que las autoridades penitenciarias tienen formalmente un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; no menos verdadero es que la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución de penas en términos de los artículos 18 y 21 constitucionales. Lo anterior, porque en todo caso, compete a los Jueces de ejecución vigilar y controlar las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de su libertad y la autoridad penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada; y también, porque desde el inicio de su actuación, las autoridades penitenciarias están circunscritas a lo que se les haya ordenado en la sentencia definitiva, o bien, en el auto en que se imponga la medida precautoria de reclusión. En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares, lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación. Se apoya lo anterior, en la tesis de la Décima Época, Registro: 2016092, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: XVI.1o.P.16 P (10a.), Página: 2170, cuyo rubro se cita enseguida: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.". Queda en evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional -analizado en el presente apartado- como la omisión de atención médica con la subsecuente falta de suministro de medicamentos, que necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y que se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, no puede ser combatido en esta instancia constitucional, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede obtener la atención médica pedida mediante solicitud al Director del centro de reclusión y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el Juez de ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que como se evidenció su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es importante señalar que la condición de sentenciado o bien de persona sujeta a prisión preventiva, no marca ninguna diferencia para los efectos de la observancia del principio de definitividad, pues como se indicó, las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, por así disponerlo el artículo 2 de dicho cuerpo normativo que ya se ha citado; de ahí que no exista impedimento alguno para su aplicación en el caso que el quejoso se encontrare sujeta a proceso o ya sentenciada, pues la norma no establece distinción alguna. Asimismo, como se indicó el quejoso también reclama la orden de aislamiento o reubicación, en ese sentido, debe decirse que respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Ahora, como puede advertirse, la parte inconforme acude a reclamar en esta instancia constitucional, una orden de aislamiento o reubicación. Sin embargo, del informe justificado rendido por el Director del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, se desprende que se sancionó al quejoso con aislamiento temporal en el Centro de Observación y Clasificación mediante la Décima Primera Sesión Ordinaria bis celebrada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, y en contra de dicha sanción procede el medio de impugnación establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispositivo legal que señala lo siguiente: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio.". Del precepto legal transcrito se advierte que contra las resoluciones emitidas por el Comité Técnico del Centro Penitenciario procede el recurso de revisión, dejándose en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución resuelva en definitiva; de ahí que, en criterio del suscrito, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotarse dicho medio de impugnación. Lo anterior se estima así, ya que no existe alguna excepción al principio de definitividad, que conforme a la norma invocada, tenga aplicación en el presente asunto, atento a que la sanción combatida es una determinación dictada dentro de un procedimiento disciplinario realizado por las autoridades responsables, y dicho acto reclamado, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad del reo en el centro carcelario; de ahí que tal mandato de autoridad debe ser considerado jurídicamente como pronunciado en un procedimiento administrativo, en virtud de la autoridad que lo emite, seguido en forma de juicio y, por ende el quejoso debió observar el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo, tal y como lo consagra la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. La anterior consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2016 (10 a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 861, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013063, del rubro "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.". En la ejecutoria que originó la jurisprudencia invocada, se advierte que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país determinó, que el acta o resolución que emite el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación o Reinserción Social, que impone correctivos disciplinarios a un interno ante la comisión de infracciones a las reglas que rigen el orden y disciplina del centro carcelario, constituye un acto emitido dentro del procedimiento disciplinario, porque emana de ese procedimiento administrativo disciplinario formalmente establecido en los ordenamientos reglamentarios que rigen la organización, operación y administración de los centros federales de reclusión, en la cual no tiene intervención el juez del proceso (en caso de que el interno sancionado se encuentre recluido por motivo de la medida de prisión preventiva) o el juez encargado de ejecución de la pena (en caso de que el reo compurgue una sentencia ejecutoria). Y, si bien es cierto que la situación jurídica de privación de la libertad del interno en el centro carcelario deriva de la existencia del procedimiento penal (en su fase de juicio o de ejecución de sentencia), también lo es que, el procedimiento disciplinario referido, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad que da causa a la presencia del reo en el centro carcelario, pues se trata de un procedimiento autónomo al procedimiento penal, exclusivamente vinculado a la mantención del orden, disciplina y seguridad del centro de reclusión, lo cual atañe a las atribuciones de organización, operación y administración del centro de reclusión que conciernen al Ejecutivo, y cuyo conocimiento es reservado por la regulación aplicable, al órgano Consejo Técnico Interdisciplinario, no a la autoridad judicial; por lo que, ese procedimiento disciplinario, atento a su naturaleza y fines, corresponde al denominado "Derecho Administrativo Sancionador". De manera que la orden de aislamiento temporal y su consecuencia, constituyen actos dentro del procedimiento disciplinario, que formalmente cumplen con las exigencias mínimas del debido proceso para ser considerados como tal, en el específico contexto de un reo, pues se trata de un procedimiento en el que se prevé en favor del interno, la garantía de audiencia y defensa, previo a la determinación que decide sobre la actualización de la infracción y la procedencia de la sanción, se prevé su notificación formal al reo, incluso, ante la propia autoridad administrativa, tiene cabida el planteamiento de una inconformidad, que debe ser resuelta por la autoridad designada en la norma (artículo 48 Ley Nacional de Ejecución Penal), antes de proceder, en su caso, a la ejecución de la sanción disciplinaria; por tanto, aunque en forma básica, no se trata de un proceso jurisdiccional, sin embargo reúne las condiciones para ser considerado formalmente un "procedimiento". Con apoyo a las consideraciones anteriores, este Juzgador estima que, debido a que la orden de aislamiento temporal reclamada en el presente juicio de amparo, y que fue decretada por el Comité Técnico del Centro de reclusión de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, podía ser combatida mediante controversia ante el Juez de Ejecución, debido a que está establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ello tienen como consecuencia que previo a acudir al amparo debió agotar dicho recurso. En efecto, el quejoso tenía la obligación de agotar el mencionado medio ordinario de defensa, contra el acto reclamado en esta instancia constitucional previo a la interposición del juicio de garantías, ya que el acto señalado como reclamado podía ser modificado, revocado o nulificado, mediante controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, habida cuenta que, para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: A) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. B) Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. Y en el caso específico, la orden de reubicación o aislamiento (aislamiento temporal) y sus consecuencias, señalados como acto reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo, se imputa a autoridades penitenciarias; por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Además, el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que queda en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución lo resuelva en definitiva, lo que evidencia que con su interposición se suspenden los efectos de la medida disciplinaria, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, tal y como se lee del propio artículo citado. Concluyendo que tampoco se estima que se actualice la última de las excepciones al principio de definitividad, atento al principio que establece la presunción de legalidad de los actos de autoridad, a más que al observar que dicha sanción fue impuesta por la autoridad competente para ello en términos de la Ley Nacional de Ejecución, ello conduce a estimar que no carecía de fundamentación al sí estar previsto en una ley exactamente aplicable su imposición. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis III.2o.P.135 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016370, cuyo rubro es "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Por tanto, el quejoso se encuentra obligado a agotar los medios de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, cuya interposición priva de definitividad al acto reclamado, máxime que se trata de un acto que proviene de una autoridad formalmente administrativa, que no se sitúa en los casos de excepción al principio de definitividad. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL "MORELOS", mediante el cual remite el informe de veintiséis de abril del año en curso, por el cual se hizo constar que derivado de la revisión del expediente médico del impetrante de amparo no se encontró registro que indique que solicitó por escrito la atención médica; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes, las que serán tomadas en consideración en la celebración de la audiencia que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INTERNO. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, toda vez que el suscrito Juzgador está obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Centro Federal de Reinserción Social "Morelos", para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, remita a este Juzgado Federal copia certificada de la constancia en la que certificó que no se encontró registro de formato único de petición mediante la cual el impetrante de garantías haya solicitado atención médica; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, para facilitar el manejo del presente expediente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese el anexo I y anexo II, que integra las constancias descritas en su informe, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, para que se impongan de su contenido; en el entendido que se continuará actuando en el presente expediente. Notifíquese; y personalmente al quejoso en lugar donde se encuentra interno. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

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