Salvador Dominguez Berumen
Expediente 481/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Salvador Dominguez Berumen
- José Luis López López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: ".En las relacionadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a SALVADOR DOMÍNGUEZ BERUMEN, para que la Junta responsable deje insubsistente la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada en el juico 01/1598/08 y, siguiendo los lineamientos de este fallo, determine que la carga probatoria corresponde a la presunta sustituta patronal, hecho lo anterior con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda. ." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, en caso de que la autoridad a la que se gira oficio en vía de notificación, se encuentre gozando del segundo periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ, CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ALTA TEGNOLOGIA EN SISTEMAS DE COPIADO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y RAÚL CASTAÑEDA MEJÍA, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE.. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 481/2019-V, promovido por SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el ocho de abril de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida al día siguiente en este juzgado, SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN, por derecho propio solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve se radicó la demanda, se registró bajo el expediente 481/2019-V y, una vez que desahogó la prevención, el treinta de abril del año en curso se admitió la demanda, se solicitó el informe a la autoridad responsable, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo de la audiencia constitucional que se inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, que establece, en lo conducente, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, así como el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; lugar donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve en el expediente 01/1598/08, por la cual declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido en dicho juicio laboral. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, puesto que así lo manifestó al rendir el informe justificado, lo que se corrobora además con la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/1598/08. Constancias que ameritan pleno valor probatorio al tratarse de documentales expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Legislación laboral aplicable. Antes de abordar lo concerniente a la constitucionalidad del acto reclamado, es oportuno destacar que el treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo Décimo Primero Transitorio, se estableció que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a esa reforma debían concluirse de conformidad con ellas. En el particular, se advierte que el juicio laboral de origen inició en el año dos mil ocho, puesto que le correspondió el número 01/1598/08, entonces le son aplicables las disposiciones anteriores al Decreto indicado, por lo que la cita de los preceptos respectivos corresponderá a los vigentes con anterioridad a la reforma de mérito. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer ni que se advierta de oficio alguna, se procede al análisis de fondo de la cuestión planteada. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, aunque para hacerlo haya que suplir la queja deficiente al tratarse de la parte trabajadora quien acude a solicitar el amparo en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. Para ese fin, se relacionan los antecedentes directos de la resolución reclamada, los cuales se obtienen de las actuaciones atinentes al juicio laboral 01/1598/08, valoradas con anterioridad: 1. El dieciocho de julio de dos mil ocho, SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN demandó a la negociación denominada Altatec, S.A. de C.V. y/o Alta Tecnología en Sistemas de Copiado S.A. de C.V. y/o José Luis López López y/o Raúl Castañeda Mejía el pago de diversas prestaciones, juicio que quedó registrado en la Junta Especial Número Tres de le Local de Conciliación y Arbitraje del Estado bajo el expediente 01/1598/08. 2. Seguido que fue el juicio, el once de enero de dos mil once la responsable dictó laudo condenando a Altatec, S.A. de C.V. y Alta Tecnología en Sistemas de Copiado S.A. de C.V. y absolviendo a las personas físicas José Luis López López y Raúl Castañeda Mejía, una vez que quedó firme se inició el procedimiento de ejecución. 3. El cinco de diciembre de dos mil catorce la parte trabajadora promovió incidente de sustitución patronal respecto a Centro de Negocios Hayu, S.A. de C.V. y José Luis López López a lo que recayó acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil quince, por el que se admitió la incidencia planteada y se ordenó notificar a las parte patronal. 4. El trece de septiembre de dos mil dieciocho se verificó la audiencia incidental y hasta el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve la junta responsable emitió la resolución por la que declaró improcedente la sustitución patronal promovida. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Es fundado el concepto de violación donde se aduce que la resolución interlocutoria reclamada resulta ser ilegal, al decretar improcedente la acción incidental de sustitución patronal, por no haberse demostrado lo pretendido, cuando el quejoso asegura que la carga de la prueba de demostrar que no se está en la hipótesis de ser el patrón sustituto correspondió a la persona moral sustituta. En efecto, asiste razón a la quejosa cuando aduce que la Junta laboral viola en su perjuicio los principios de legalidad y congruencia, que marca la Constitución, toda vez que hace una incongruente interpretación de la incidencia planteada y su proceso al imponer una carga probatoria que resulta ser improcedente. Para evidenciar dicho aserto, conviene destacar los artículos 41, 784, 836, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, legislación en su texto vigente en el año, que establecen: "Artículo 41. La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores". "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: I. Fecha de ingreso del trabajador; II. Antigüedad del trabajador; III. Faltas de asistencia del trabajador; IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta Ley; VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de despido; VII. El contrato de trabajo; VIII. Jornada de trabajo ordinaria o extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales; IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo; X. Disfrute y pago de las vacaciones; XI. Pago de las primeas dominical, vacacional y de antigüedad; XII. Monto y pago de salario; XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y XIV. Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro. La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros medios". Del primer precepto transcrito se advierte que para que exista la figura de patrón sustituto deben actualizarse diversos factores, a saber: Cuando una persona adquiere la totalidad o casi la totalidad de los elementos funcionales propios de la sustituida, como unidad económico-jurídica. Ante la transmisión de los bienes esenciales afectos a la explotación con el ánimo de continuarla ininterrumpidamente, esto es, que las funciones sean inherentes al negocio y exista una íntima relación entre el área de trabajo y el patrón, sin interrupción de las labores de producción o servicios y el patrón sustituto siga el desarrollo de las actividades del anterior, dentro del centro de labores, empleando la misma maquinaria y herramientas, ocupando ese local, manteniendo igual giro comercial, sosteniendo exacta productividad y siempre que no exista paralización de labores. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.T.19 L. que aparece publicada en la página 786 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Junio de 1997, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena Época, registro 198603, del rubro: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. CUÁNDO OPERA.". Ahora bien, al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la que solamente participan el patrón sustituto y sustituido, partiendo de la hipotética situación que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrón, esto es, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa el trabajador; por tanto, conforme a lo dispuesto en el numeral 784 de la legislación laboral en consulta, debe considerarse obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desvirtuar tal circunstancia. Por tanto, corresponde al patrón a quien se atribuye haber sustituido al anterior en sus obligaciones laborales, demostrar que no se dan los elementos de la figura en comento, pues aun cuando por regla general en materia laboral la carga de la prueba incumbe al que afirma, por las particularidades que presenta la figura jurídica en examen y porque la negación efectuada en torno a la actualización de la sustitución envuelve una afirmación, corresponde al demandado acreditar los hechos en que apoya sus excepciones; máxime que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto, requerirá al patrón que exhiba los documentos que de acuerdo con la ley tiene la obligación legal de conservar en la empresa y, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto de los elementos esenciales de la relación de trabajo. Lo anterior es así, ya que la carga de la prueba es la necesidad que tienen las partes para acreditar la verdad de los hechos controvertidos a fin de obtener una resolución favorable, esto es, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al que lo soporta. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 28/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 261 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008, correspondiente a la Novena Época, registro 170002 del rubro: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.". En consecuencia, de acuerdo con el numeral 41 de la legislación laboral, la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en el que los trabajadores no tienen intervención legal alguna, pues se realiza únicamente entre el transmisor y el adquirente de dicha entidad, entonces, cuando se alega una sustitución patronal y la persona física o moral, en su calidad de patrón sustituto, a esta última corresponderá la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en indefensión. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en la jurisprudencia 2a./J. 28/2008, se exija que la parte patronal hubiere negado la sustitución solicitada para que se revierta la carga de la prueba mencionada; empero, de la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, se advierte que también dicha carga corresponde a la parte patronal y no al trabajador, al carecer de intervención legal el personal obrero en la citada sustitución, por lo que se colige que no cuentan con los medios para demostrar lo pretendido y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en estado de indefensión. Además, de dicha ejecutoria se advierte que se eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto se requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar, lo cual en el caso acontece. Lo anterior se advierte de la ejecutoria aludida, cuya parte conducente se transcribe: "Una vez establecidos los elementos que constituyen la sustitución patronal, debe determinarse a quién le corresponde la obligación procesal de probar -en caso de actualizarse- la existencia o no de esa figura jurídica, sobre todo cuando haya controversia al respecto. Al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la cual participan solamente dos entes, a saber: patrón sustituto y patrón sustituido, y partiendo de la hipótesis que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrono, es decir, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa en ningún momento ni aspecto el trabajador, debe considerarse como obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desacreditar tal circunstancia. Lo anterior es así, ya que la carga de la prueba es la necesidad que tienen las partes para acreditar la verdad de los hechos controvertidos a fin de poder obtener una resolución favorable, es decir, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al litigante que lo soporta. En torno al tema, es pertinente establecer que en los juicios en materia laboral, conforme a los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, la actividad probatoria de las partes debe circunscribirse a los hechos controvertidos, por tanto, es menester analizar a quién corresponde probarlos. Se atribuye a cada una de las partes según los hechos que sustenten sus pretensiones, normalmente de conformidad con las siguientes reglas: a) La carga de probar incumbe al que afirma; b) Corresponde al demandado acreditar los hechos en los que apoya sus excepciones; y, c) Quien hace una negación que envuelve una afirmación tiene la carga de la prueba. Estos principios no operan de manera automática en materia laboral, pues en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo se establece lo siguiente: "La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador." Como se puede advertir, en dicho precepto se prevé la remisión a reglas específicas dado que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar. En tal orden de ideas, si al instituirse en dicho precepto la remisión a reglas específicas, dado que la autoridad liberará al trabajador de dicha carga cuando pueda conocer los hechos a través de otros medios, debe estimarse que en lo relativo a la carga de la prueba existen tres hipótesis, que son: a) La aplicación de las reglas generales. b) Las reglas específicas que prevé el artículo 784 en sus diversas fracciones; y, c) Diversas reglas previstas en la Ley Federal del Trabajo o en otras leyes que hagan remisión a la primera parte del artículo 784 de la ley en mención. En esa perspectiva, si de acuerdo con el numeral 41 de la ley laboral la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en el cual los trabajadores no tienen intervención legal alguna -pues se realiza únicamente entre el transmisor y el adquirente de dicha entidad- es válido concluir que cuando se alega una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niega tal carácter, a esta última le corresponde la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en estado de indefensión.". Sin embargo, en el caso a estudio la autoridad del conocimiento no aplicó en ese sentido los artículos transcritos en el presente considerando, ya que en la interlocutoria de sustitución patronal de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en lo conducente, determinó lo siguiente: ".Luego entonces al haber establecido los supuestos que deben darse en una sustitución patronal, es obligación de la parte ACTORA principal, acreditar ante esta autoridad, que en el caso que nos ocupa se dan todos y cada uno de los mencionados, empero, la solicitante no exhibio documento alguno con el cual acreditara su aseveración. Luego entonces con base a todo lo anterior, este mando puede advertir que la parte actora incidentista, no acredito en su totalidad las hipótesis que se establecen, para que se de la figura de la sustitución patronal, ya que esta no allego a esta autoridad las pruebas necesarias para tal efecto, por lo que al no satisfacer la parte actora principal todos los supuestos mencionados para que opere la sustitución es de resolverse y se [.] RESUELVE [.] se declara IMPROCEDENTE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL PROMOVIDA por la parte actora en el principal.". (sic). De lo anterior se advierte que la Junta responsable incorrectamente estableció que por deficiencia probatoria de la actora incidentista para acreditar su incidencia se decretó improcedente. Determinando de manera errónea que la parte actora incidentista no acreditó los extremos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, y que por ende era menester declarar improcedente el incidente de mérito; no obstante que su estudio debió constreñirse a la ponderación y análisis del material probatorio ofrecido por la parte patronal, a fin de establecer si con éste se acreditó que en el caso no se actualizaban los elementos de la sustitución patronal que se le atribuye; y no como lo hizo, esto es, determinar la improcedencia de la aludida sustitución con base en que era al actor a quien recaía la carga de la prueba para demostrar la procedencia del incidente planteado. Se afirma lo anterior, toda vez que así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de contradicción de tesis transcrita con antelación, que dio origen a la jurisprudencia precisada, de la que se desprende que la junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar, lo cual en el caso acontece; con lo que se desvirtúa lo considerado por la junta responsable, al argumentar que no existe presunción a favor del operario y que es necesario demostrar la procedencia de la incidencia planteada. En las relacionadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a SALVADOR DOMÍNGUEZ BERUMEN, para que la Junta responsable deje insubsistente la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada en el juico 01/1598/08 y, siguiendo los lineamientos de este fallo, determine que la carga probatoria corresponde a la presunta sustituta patronal, hecho lo anterior con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de diciembre de dos mil diecinueve , que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 481/2019-V, promovido por SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el ocho de abril de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida al día siguiente en este juzgado, SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN, por derecho propio solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve se radicó la demanda, se registró bajo el expediente 481/2019-V y, una vez que desahogó la prevención, el treinta de abril del año en curso se admitió la demanda, se solicitó el informe a la autoridad responsable, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo de la audiencia constitucional que se inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, que establece, en lo conducente, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, así como el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; lugar donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve en el expediente 01/1598/08, por la cual declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido en dicho juicio laboral. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, puesto que así lo manifestó al rendir el informe justificado, lo que se corrobora además con la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/1598/08. Constancias que ameritan pleno valor probatorio al tratarse de documentales expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Legislación laboral aplicable. Antes de abordar lo concerniente a la constitucionalidad del acto reclamado, es oportuno destacar que el treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo Décimo Primero Transitorio, se estableció que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a esa reforma debían concluirse de conformidad con ellas. En el particular, se advierte que el juicio laboral de origen inició en el año dos mil ocho, puesto que le correspondió el número 01/1598/08, entonces le son aplicables las disposiciones anteriores al Decreto indicado, por lo que la cita de los preceptos respectivos corresponderá a los vigentes con anterioridad a la reforma de mérito. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer ni que se advierta de oficio alguna, se procede al análisis de fondo de la cuestión planteada. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, aunque para hacerlo haya que suplir la queja deficiente al tratarse de la parte trabajadora quien acude a solicitar el amparo en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. Para ese fin, se relacionan los antecedentes directos de la resolución reclamada, los cuales se obtienen de las actuaciones atinentes al juicio laboral 01/1598/08, valoradas con anterioridad: 1. El dieciocho de julio de dos mil ocho, SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN demandó a la negociación denominada Altatec, S.A. de C.V. y/o Alta Tecnología en Sistemas de Copiado S.A. de C.V. y/o José Luis López López y/o Raúl Castañeda Mejía el pago de diversas prestaciones, juicio que quedó registrado en la Junta Especial Número Tres de le Local de Conciliación y Arbitraje del Estado bajo el expediente 01/1598/08. 2. Seguido que fue el juicio, el once de enero de dos mil once la responsable dictó laudo condenando a Altatec, S.A. de C.V. y Alta Tecnología en Sistemas de Copiado S.A. de C.V. y absolviendo a las personas físicas José Luis López López y Raúl Castañeda Mejía, una vez que quedó firme se inició el procedimiento de ejecución. 3. El cinco de diciembre de dos mil catorce la parte trabajadora promovió incidente de sustitución patronal respecto a Centro de Negocios Hayu, S.A. de C.V. y José Luis López López a lo que recayó acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil quince, por el que se admitió la incidencia planteada y se ordenó notificar a las parte patronal. 4. El trece de septiembre de dos mil dieciocho se verificó la audiencia incidental y hasta el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve la junta responsable emitió la resolución por la que declaró improcedente la sustitución patronal promovida. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Es fundado el concepto de violación donde se aduce que la resolución interlocutoria reclamada resulta ser ilegal, al decretar improcedente la acción incidental de sustitución patronal, por no haberse demostrado lo pretendido, cuando el quejoso asegura que la carga de la prueba de demostrar que no se está en la hipótesis de ser el patrón sustituto correspondió a la persona moral sustituta. En efecto, asiste razón a la quejosa cuando aduce que la Junta laboral viola en su perjuicio los principios de legalidad y congruencia, que marca la Constitución, toda vez que hace una incongruente interpretación de la incidencia planteada y su proceso al imponer una carga probatoria que resulta ser improcedente. Para evidenciar dicho aserto, conviene destacar los artículos 41, 784, 836, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, legislación en su texto vigente en el año, que establecen: "Artículo 41. La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores". "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: Fecha de ingreso del trabajador; Antigüedad del trabajador; Faltas de asistencia del trabajador; Causa de rescisión de la relación de trabajo; Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta Ley; Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de despido; El contrato de trabajo; Jornada de trabajo ordinaria o extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales; Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo; Disfrute y pago de las vacaciones; Pago de las primeas dominical, vacacional y de antigüedad; Monto y pago de salario; Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro. La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros medios". Del primer precepto transcrito se advierte que para que exista la figura de patrón sustituto deben actualizarse diversos factores, a saber: Cuando una persona adquiere la totalidad o casi la totalidad de los elementos funcionales propios de la sustituida, como unidad económico-jurídica. Ante la transmisión de los bienes esenciales afectos a la explotación con el ánimo de continuarla ininterrumpidamente, esto es, que las funciones sean inherentes al negocio y exista una íntima relación entre el área de trabajo y el patrón, sin interrupción de las labores de producción o servicios y el patrón sustituto siga el desarrollo de las actividades del anterior, dentro del centro de labores, empleando la misma maquinaria y herramientas, ocupando ese local, manteniendo igual giro comercial, sosteniendo exacta productividad y siempre que no exista paralización de labores. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.T.19 L. que aparece publicada en la página 786 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Junio de 1997, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena Época, registro 198603, del rubro: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. CUÁNDO OPERA.". Ahora bien, al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la que solamente participan el patrón sustituto y sustituido, partiendo de la hipotética situación que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrón, esto es, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa el trabajador; por tanto, conforme a lo dispuesto en el numeral 784 de la legislación laboral en consulta, debe considerarse obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desvirtuar tal circunstancia. Por tanto, corresponde al patrón a quien se atribuye haber sustituido al anterior en sus obligaciones laborales, demostrar que no se dan los elementos de la figura en comento, pues aun cuando por regla general en materia laboral la carga de la prueba incumbe al que afirma, por las particularidades que presenta la figura jurídica en examen y porque la negación efectuada en torno a la actualización de la sustitución envuelve una afirmación, corresponde al demandado acreditar los hechos en que apoya sus excepciones; máxime que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto, requerirá al patrón que exhiba los documentos que de acuerdo con la ley tiene la obligación legal de conservar en la empresa y, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto de los elementos esenciales de la relación de trabajo. Lo anterior es así, ya que la carga de la prueba es la necesidad que tienen las partes para acreditar la verdad de los hechos controvertidos a fin de obtener una resolución favorable, esto es, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al que lo soporta. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 28/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 261 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008, correspondiente a la Novena Época, registro 170002 del rubro: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.". En consecuencia, de acuerdo con el numeral 41 de la legislación laboral, la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en el que los trabajadores no tienen intervención legal alguna, pues se realiza únicamente entre el transmisor y el adquirente de dicha entidad, entonces, cuando se alega una sustitución patronal y la persona física o moral, en su calidad de patrón sustituto, a esta última corresponderá la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en indefensión. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en la jurisprudencia 2a./J. 28/2008, se exija que la parte patronal hubiere negado la sustitución solicitada para que se revierta la carga de la prueba mencionada; empero, de la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, se advierte que también dicha carga corresponde a la parte patronal y no al trabajador, al carecer de intervención legal el personal obrero en la citada sustitución, por lo que se colige que no cuentan con los medios para demostrar lo pretendido y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en estado de indefensión. Además, de dicha ejecutoria se advierte que se eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto se requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar, lo cual en el caso acontece. Lo anterior se advierte de la ejecutoria aludida, cuya parte conducente se transcribe: "Una vez establecidos los elementos que constituyen la sustitución patronal, debe determinarse a quién le corresponde la obligación procesal de probar -en caso de actualizarse- la existencia o no de esa figura jurídica, sobre todo cuando haya controversia al respecto. Al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la cual participan solamente dos entes, a saber: patrón sustituto y patrón sustituido, y partiendo de la hipótesis que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrono, es decir, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa en ningún momento ni aspecto el trabajador, debe considerarse como obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desacreditar tal circunstancia. Lo anterior es así, ya que la carga de la prueba es la necesidad que tienen las partes para acreditar la verdad de los hechos controvertidos a fin de poder obtener una resolución favorable, es decir, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al litigante que lo soporta. En torno al tema, es pertinente establecer que en los juicios en materia laboral, conforme a los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, la actividad probatoria de las partes debe circunscribirse a los hechos controvertidos, por tanto, es menester analizar a quién corresponde probarlos. Se atribuye a cada una de las partes según los hechos que sustenten sus pretensiones, normalmente de conformidad con las siguientes reglas: a) La carga de probar incumbe al que afirma; b) Corresponde al demandado acreditar los hechos en los que apoya sus excepciones; y, c) Quien hace una negación que envuelve una afirmación tiene la carga de la prueba. Estos principios no operan de manera automática en materia laboral, pues en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo se establece lo siguiente: "La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador." Como se puede advertir, en dicho precepto se prevé la remisión a reglas específicas dado que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar. En tal orden de ideas, si al instituirse en dicho precepto la remisión a reglas específicas, dado que la autoridad liberará al trabajador de dicha carga cuando pueda conocer los hechos a través de otros medios, debe estimarse que en lo relativo a la carga de la prueba existen tres hipótesis, que son: a) La aplicación de las reglas generales. b) Las reglas específicas que prevé el artículo 784 en sus diversas fracciones; y, c) Diversas reglas previstas en la Ley Federal del Trabajo o en otras leyes que hagan remisión a la primera parte del artículo 784 de la ley en mención. En esa perspectiva, si de acuerdo con el numeral 41 de la ley laboral la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en el cual los trabajadores no tienen intervención legal alguna -pues se realiza únicamente entre el transmisor y el adquirente de dicha entidad- es válido concluir que cuando se alega una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niega tal carácter, a esta última le corresponde la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en estado de indefensión.". Sin embargo, en el caso a estudio la autoridad del conocimiento no aplicó en ese sentido los artículos transcritos en el presente considerando, ya que en la interlocutoria de sustitución patronal de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en lo conducente, determinó lo siguiente: ".Luego entonces al haber establecido los supuestos que deben darse en una sustitución patronal, es obligación de la parte ACTORA principal, acreditar ante esta autoridad, que en el caso que nos ocupa se dan todos y cada uno de los mencionados, empero, la solicitante no exhibio documento alguno con el cual acreditara su aseveración. Luego entonces con base a todo lo anterior, este mando puede advertir que la parte actora incidentista, no acredito en su totalidad las hipótesis que se establecen, para que se de la figura de la sustitución patronal, ya que esta no allego a esta autoridad las pruebas necesarias para tal efecto, por lo que al no satisfacer la parte actora principal todos los supuestos mencionados para que opere la sustitución es de resolverse y se [.] RESUELVE [.] se declara IMPROCEDENTE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL PROMOVIDA por la parte actora en el principal.". (sic). De lo anterior se advierte que la Junta responsable incorrectamente estableció que por deficiencia probatoria de la actora incidentista para acreditar su incidencia se decretó improcedente. Determinando de manera errónea que la parte actora incidentista no acreditó los extremos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, y que por ende era menester declarar improcedente el incidente de mérito; no obstante que su estudio debió constreñirse a la ponderación y análisis del material probatorio ofrecido por la parte patronal, a fin de establecer si con éste se acreditó que en el caso no se actualizaban los elementos de la sustitución patronal que se le atribuye; y no como lo hizo, esto es, determinar la improcedencia de la aludida sustitución con base en que era al actor a quien recaía la carga de la prueba para demostrar la procedencia del incidente planteado. Se afirma lo anterior, toda vez que así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de contradicción de tesis transcrita con antelación, que dio origen a la jurisprudencia precisada, de la que se desprende que la junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar, lo cual en el caso acontece; con lo que se desvirtúa lo considerado por la junta responsable, al argumentar que no existe presunción a favor del operario y que es necesario demostrar la procedencia de la incidencia planteada. En las relacionadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a SALVADOR DOMÍNGUEZ BERUMEN, para que la Junta responsable deje insubsistente la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada en el juico 01/1598/08 y, siguiendo los lineamientos de este fallo, determine que la carga probatoria corresponde a la presunta sustituta patronal, hecho lo anterior con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de diciembre de dos mil diecinueve , que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 481/2019-V, promovido por SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el ocho de abril de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida al día siguiente en este juzgado, SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN, por derecho propio solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve se radicó la demanda, se registró bajo el expediente 481/2019-V y, una vez que desahogó la prevención, el treinta de abril del año en curso se admitió la demanda, se solicitó el informe a la autoridad responsable, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo de la audiencia constitucional que se inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, que establece, en lo conducente, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, así como el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; lugar donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve en el expediente 01/1598/08, por la cual declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido en dicho juicio laboral. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, puesto que así lo manifestó al rendir el informe justificado, lo que se corrobora además con la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/1598/08. Constancias que ameritan pleno valor probatorio al tratarse de documentales expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Legislación laboral aplicable. Antes de abordar lo concerniente a la constitucionalidad del acto reclamado, es oportuno destacar que el treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo Décimo Primero Transitorio, se estableció que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a esa reforma debían concluirse de conformidad con ellas. En el particular, se advierte que el juicio laboral de origen inició en el año dos mil ocho, puesto que le correspondió el número 01/1598/08, entonces le son aplicables las disposiciones anteriores al Decreto indicado, por lo que la cita de los preceptos respectivos corresponderá a los vigentes con anterioridad a la reforma de mérito. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer ni que se advierta de oficio alguna, se procede al análisis de fondo de la cuestión planteada. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, aunque para hacerlo haya que suplir la queja deficiente al tratarse de la parte trabajadora quien acude a solicitar el amparo en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. Para ese fin, se relacionan los antecedentes directos de la resolución reclamada, los cuales se obtienen de las actuaciones atinentes al juicio laboral 01/1598/08, valoradas con anterioridad: 1. El dieciocho de julio de dos mil ocho, SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN demandó a la negociación denominada Altatec, S.A. de C.V. y/o Alta Tecnología en Sistemas de Copiado S.A. de C.V. y/o José Luis López López y/o Raúl Castañeda Mejía el pago de diversas prestaciones, juicio que quedó registrado en la Junta Especial Número Tres de le Local de Conciliación y Arbitraje del Estado bajo el expediente 01/1598/08. 2. Seguido que fue el juicio, el once de enero de dos mil once la responsable dictó laudo condenando a Altatec, S.A. de C.V. y Alta Tecnología en Sistemas de Copiado S.A. de C.V. y absolviendo a las personas físicas José Luis López López y Raúl Castañeda Mejía, una vez que quedó firme se inició el procedimiento de ejecución. 3. El cinco de diciembre de dos mil catorce la parte trabajadora promovió incidente de sustitución patronal respecto a Centro de Negocios Hayu, S.A. de C.V. y José Luis López López a lo que recayó acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil quince, por el que se admitió la incidencia planteada y se ordenó notificar a las parte patronal. 4. El trece de septiembre de dos mil dieciocho se verificó la audiencia incidental y hasta el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve la junta responsable emitió la resolución por la que declaró improcedente la sustitución patronal promovida. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Es fundado el concepto de violación donde se aduce que la resolución interlocutoria reclamada resulta ser ilegal, al decretar improcedente la acción incidental de sustitución patronal, por no haberse demostrado lo pretendido, cuando el quejoso asegura que la carga de la prueba de demostrar que no se está en la hipótesis de ser el patrón sustituto correspondió a la persona moral sustituta. En efecto, asiste razón a la quejosa cuando aduce que la Junta laboral viola en su perjuicio los principios de legalidad y congruencia, que marca la Constitución, toda vez que hace una incongruente interpretación de la incidencia planteada y su proceso al imponer una carga probatoria que resulta ser improcedente. Para evidenciar dicho aserto, conviene destacar los artículos 41, 784, 836, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, legislación en su texto vigente en el año, que establecen: "Artículo 41. La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores". "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: Fecha de ingreso del trabajador; Antigüedad del trabajador; Faltas de asistencia del trabajador; Causa de rescisión de la relación de trabajo; Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta Ley; Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de despido; El contrato de trabajo; Jornada de trabajo ordinaria o extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales; Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo; Disfrute y pago de las vacaciones; Pago de las primeas dominical, vacacional y de antigüedad; Monto y pago de salario; Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro. La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros medios". Del primer precepto transcrito se advierte que para que exista la figura de patrón sustituto deben actualizarse diversos factores, a saber: Cuando una persona adquiere la totalidad o casi la totalidad de los elementos funcionales propios de la sustituida, como unidad económico-jurídica. Ante la transmisión de los bienes esenciales afectos a la explotación con el ánimo de continuarla ininterrumpidamente, esto es, que las funciones sean inherentes al negocio y exista una íntima relación entre el área de trabajo y el patrón, sin interrupción de las labores de producción o servicios y el patrón sustituto siga el desarrollo de las actividades del anterior, dentro del centro de labores, empleando la misma maquinaria y herramientas, ocupando ese local, manteniendo igual giro comercial, sosteniendo exacta productividad y siempre que no exista paralización de labores. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.T.19 L. que aparece publicada en la página 786 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Junio de 1997, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena Época, registro 198603, del rubro: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. CUÁNDO OPERA.". Ahora bien, al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la que solamente participan el patrón sustituto y sustituido, partiendo de la hipotética situación que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrón, esto es, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa el trabajador; por tanto, conforme a lo dispuesto en el numeral 784 de la legislación laboral en consulta, debe considerarse obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desvirtuar tal circunstancia. Por tanto, corresponde al patrón a quien se atribuye haber sustituido al anterior en sus obligaciones laborales, demostrar que no se dan los elementos de la figura en comento, pues aun cuando por regla general en materia laboral la carga de la prueba incumbe al que afirma, por las particularidades que presenta la figura jurídica en examen y porque la negación efectuada en torno a la actualización de la sustitución envuelve una afirmación, corresponde al demandado acreditar los hechos en que apoya sus excepciones; máxime que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto, requerirá al patrón que exhiba los documentos que de acuerdo con la ley tiene la obligación legal de conservar en la empresa y, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto de los elementos esenciales de la relación de trabajo. Lo anterior es así, ya que la carga de la prueba es la necesidad que tienen las partes para acreditar la verdad de los hechos controvertidos a fin de obtener una resolución favorable, esto es, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al que lo soporta. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 28/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 261 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008, correspondiente a la Novena Época, registro 170002 del rubro: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.". En consecuencia, de acuerdo con el numeral 41 de la legislación laboral, la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en el que los trabajadores no tienen intervención legal alguna, pues se realiza únicamente entre el transmisor y el adquirente de dicha entidad, entonces, cuando se alega una sustitución patronal y la persona física o moral, en su calidad de patrón sustituto, a esta última corresponderá la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en indefensión. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en la jurisprudencia 2a./J. 28/2008, se exija que la parte patronal hubiere negado la sustitución solicitada para que se revierta la carga de la prueba mencionada; empero, de la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, se advierte que también dicha carga corresponde a la parte patronal y no al trabajador, al carecer de intervención legal el personal obrero en la citada sustitución, por lo que se colige que no cuentan con los medios para demostrar lo pretendido y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en estado de indefensión. Además, de dicha ejecutoria se advierte que se eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto se requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar, lo cual en el caso acontece. Lo anterior se advierte de la ejecutoria aludida, cuya parte conducente se transcribe: "Una vez establecidos los elementos que constituyen la sustitución patronal, debe determinarse a quién le corresponde la obligación procesal de probar -en caso de actualizarse- la existencia o no de esa figura jurídica, sobre todo cuando haya controversia al respecto. Al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la cual participan solamente dos entes, a saber: patrón sustituto y patrón sustituido, y partiendo de la hipótesis que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrono, es decir, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa en ningún momento ni aspecto el trabajador, debe considerarse como obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desacreditar tal circunstancia. Lo anterior es así, ya que la carga de la prueba es la necesidad que tienen las partes para acreditar la verdad de los hechos controvertidos a fin de poder obtener una resolución favorable, es decir, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al litigante que lo soporta. En torno al tema, es pertinente establecer que en los juicios en materia laboral, conforme a los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, la actividad probatoria de las partes debe circunscribirse a los hechos controvertidos, por tanto, es menester analizar a quién corresponde probarlos. Se atribuye a cada una de las partes según los hechos que sustenten sus pretensiones, normalmente de conformidad con las siguientes reglas: a) La carga de probar incumbe al que afirma; b) Corresponde al demandado acreditar los hechos en los que apoya sus excepciones; y, c) Quien hace una negación que envuelve una afirmación tiene la carga de la prueba. Estos principios no operan de manera automática en materia laboral, pues en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo se establece lo siguiente: "La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador." Como se puede advertir, en dicho precepto se prevé la remisión a reglas específicas dado que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar. En tal orden de ideas, si al instituirse en dicho precepto la remisión a reglas específicas, dado que la autoridad liberará al trabajador de dicha carga cuando pueda conocer los hechos a través de otros medios, debe estimarse que en lo relativo a la carga de la prueba existen tres hipótesis, que son: a) La aplicación de las reglas generales. b) Las reglas específicas que prevé el artículo 784 en sus diversas fracciones; y, c) Diversas reglas previstas en la Ley Federal del Trabajo o en otras leyes que hagan remisión a la primera parte del artículo 784 de la ley en mención. En esa perspectiva, si de acuerdo con el numeral 41 de la ley laboral la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en el cual los trabajadores no tienen intervención legal alguna -pues se realiza únicamente entre el transmisor y el adquirente de dicha entidad- es válido concluir que cuando se alega una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niega tal carácter, a esta última le corresponde la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en estado de indefensión.". Sin embargo, en el caso a estudio la autoridad del conocimiento no aplicó en ese sentido los artículos transcritos en el presente considerando, ya que en la interlocutoria de sustitución patronal de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en lo conducente, determinó lo siguiente: ".Luego entonces al haber establecido los supuestos que deben darse en una sustitución patronal, es obligación de la parte ACTORA principal, acreditar ante esta autoridad, que en el caso que nos ocupa se dan todos y cada uno de los mencionados, empero, la solicitante no exhibio documento alguno con el cual acreditara su aseveración. Luego entonces con base a todo lo anterior, este mando puede advertir que la parte actora incidentista, no acredito en su totalidad las hipótesis que se establecen, para que se de la figura de la sustitución patronal, ya que esta no allego a esta autoridad las pruebas necesarias para tal efecto, por lo que al no satisfacer la parte actora principal todos los supuestos mencionados para que opere la sustitución es de resolverse y se [.] RESUELVE [.] se declara IMPROCEDENTE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL PROMOVIDA por la parte actora en el principal.". (sic). De lo anterior se advierte que la Junta responsable incorrectamente estableció que por deficiencia probatoria de la actora incidentista para acreditar su incidencia se decretó improcedente. Determinando de manera errónea que la parte actora incidentista no acreditó los extremos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, y que por ende era menester declarar improcedente el incidente de mérito; no obstante que su estudio debió constreñirse a la ponderación y análisis del material probatorio ofrecido por la parte patronal, a fin de establecer si con éste se acreditó que en el caso no se actualizaban los elementos de la sustitución patronal que se le atribuye; y no como lo hizo, esto es, determinar la improcedencia de la aludida sustitución con base en que era al actor a quien recaía la carga de la prueba para demostrar la procedencia del incidente planteado. Se afirma lo anterior, toda vez que así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de contradicción de tesis transcrita con antelación, que dio origen a la jurisprudencia precisada, de la que se desprende que la junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar, lo cual en el caso acontece; con lo que se desvirtúa lo considerado por la junta responsable, al argumentar que no existe presunción a favor del operario y que es necesario demostrar la procedencia de la incidencia planteada. En las relacionadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a SALVADOR DOMÍNGUEZ BERUMEN, para que la Junta responsable deje insubsistente la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada en el juico 01/1598/08 y, siguiendo los lineamientos de este fallo, determine que la carga probatoria corresponde a la presunta sustituta patronal, hecho lo anterior con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a SALVADOR DOMÍNGUEZ BERÚMEN, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de diciembre de dos mil diecinueve , que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
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