Salvador Durán Rubio

Expediente 1183/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1183/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Salvador Durán Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1183/2023, promovido por Salvador Durán Rubio, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con la circunstancia de que las autoridades responsables DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, no rindieron sus informes previos en torno a los nuevos actos reclamados a pesar de habérselos solicitado legalmente; no obstante lo anterior, en el juicio de amparo principal sí obran los informes justificados. EL JUEZ: En términos de lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, como un hecho notorio, se invocan los contenidos de los informes justificados de referencia. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa y autoridades responsables ofrecieron como medios de prueba diversas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión X- 1183/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de septiembre de la presente anualidad, SALVADOR DURÁN RUBIO, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de doce de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la determinación contenida en los oficios 385/2023 y 386/2023, mediante los cuales se consideró que la compactación del sueldo base y la compensación mensual no se puede considerar para calcular el monto de las cantidades que corresponden para la obtención de jubilación, así como la ejecución de tales oficios, por parte del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través de la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés. Ahora bien, en auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo principal, se determinó lo siguiente: ". Finalmente, como de las constancias allegadas al sumario por la responsable, se advierte que las determinaciones reclamadas al Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en realidad se originaron en los oficios 500/2023 y 520/2023, emitidos por el Director de Pensiones Civiles del Estado, y no en los diversos 385/2023 y 386/2023 como se indicó en el escrito inicial de demanda. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifieste si desea ampliar su demanda para señalar como actos reclamados los oficios 500/2023 y 520/2023 emitidos por el Director de Pensiones Civiles del Estado; en el entendido de que, de no hacer manifestación alguna en el plazo concedido, se continuará con la secuela procesal en este juicio en los términos inicialmente planteados en el libelo." En proveído de dieciséis de octubre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo y solicitando la suspensión respecto de los nuevos actos. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en el juicio de amparo principal, se advierte la existencia de los oficios reclamados. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Debe precisarse que la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran, respecto de lo cual este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente. Así las cosas, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado Los actos reclamados se presumen ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y los documentos que anexó a su demanda. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que en relación a los oficios reclamados y su ejecución, las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Por su naturaleza, los actos reclamados en sus efectos, son susceptibles a la medida cautelar solicitada, ya que de ejecutarse se podrían afectar a la parte quejosa de los derechos de jubilación al no considerarse los conceptos que alude en su demanda, lo que implicaría un perjuicio económico para su subsistencia como jubilado de la dependencia del gobierno estatal para la cual labora. (iv) Interés jurídico o legítimo En el caso, se advierte que la promovente de este juicio acude en defensa de un interés jurídico al pretender defender los derechos humanos que pudieran afectarse derivado de la negativa de autorizar la compactación de su salario nominal y su compensación, de ahí que el acto reclamado puede causar una afectación directa a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 61/2016 (10a.)4, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público; en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de la parte quejosa. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ´SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO´, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, si no se ejecutaren los oficios reclamados, hasta este momento, no parece, a partir de un análisis preliminar, que pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada y continuarse con su trámite jubilatorio sin compactarse su salario nominal y su compensación, se podrían causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, al calcularse el monto que recibirá por tal concepto, tomando en consideración menores cantidades que las esperadas, lo cual implicaría un perjuicio económico para su subsistencia como jubilado de la dependencia de gobierno para la que labora, con lo que es posible que se le ocasione una afectación de sus derechos sustantivos. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que en relación con los efectos del acto reclamado, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo tienen vinculación con algunos derechos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Además de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. Siendo esto así, tomando en cuenta que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el diverso precepto 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Salvador Durán Rubio la medida cautelar que solicita, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, si a la fecha no se ha ejecutado la determinación del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que deriva de los oficios 500/2023 y 520/2023, y ya se había otorgado la pensión jubilatoria con base en la compactación del sueldo nominal y su compensación, no se realicen actos que tiendan a ello. Lo anterior hasta en tanto las responsables reciban notificación del auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, sin que se haga necesario fijar garantía a la parte quejosa, en atención a que, de momento no se advierte que exista tercero interesado, a quien pueda afectar la presente medida. La suspensión que se concede no surte efecto alguno si a la fecha aún no se determina a favor del quejoso su pensión jubilatoria y el monto que la integra, pues la medida cautelar en este punto, no puede constituir derechos que no tenía el quejoso antes de promover el amparo; tampoco opera la suspensión respecto pagos de jubilación o devoluciones de cantidades ya realizadas hasta este momento. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de que no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a SALVADOR DURÁN RUBIO, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1183/2023, promovido por Salvador Durán Rubio, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con la circunstancia de que las autoridades responsables DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, no rindieron sus informes previos en torno a los nuevos actos reclamados a pesar de habérselos solicitado legalmente; no obstante lo anterior, en el juicio de amparo principal sí obran los informes justificados. EL JUEZ: En términos de lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, como un hecho notorio, se invocan los contenidos de los informes justificados de referencia. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa y autoridades responsables ofrecieron como medios de prueba diversas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión X- 1183/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de septiembre de la presente anualidad, SALVADOR DURÁN RUBIO, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de doce de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la determinación contenida en los oficios 385/2023 y 386/2023, mediante los cuales se consideró que la compactación del sueldo base y la compensación mensual no se puede considerar para calcular el monto de las cantidades que corresponden para la obtención de jubilación, así como la ejecución de tales oficios, por parte del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través de la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés. Ahora bien, en auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo principal, se determinó lo siguiente: ". Finalmente, como de las constancias allegadas al sumario por la responsable, se advierte que las determinaciones reclamadas al Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en realidad se originaron en los oficios 500/2023 y 520/2023, emitidos por el Director de Pensiones Civiles del Estado, y no en los diversos 385/2023 y 386/2023 como se indicó en el escrito inicial de demanda. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifieste si desea ampliar su demanda para señalar como actos reclamados los oficios 500/2023 y 520/2023 emitidos por el Director de Pensiones Civiles del Estado; en el entendido de que, de no hacer manifestación alguna en el plazo concedido, se continuará con la secuela procesal en este juicio en los términos inicialmente planteados en el libelo." En proveído de dieciséis de octubre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo y solicitando la suspensión respecto de los nuevos actos. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en el juicio de amparo principal, se advierte la existencia de los oficios reclamados. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Debe precisarse que la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran, respecto de lo cual este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente. Así las cosas, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado Los actos reclamados se presumen ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y los documentos que anexó a su demanda. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que en relación a los oficios reclamados y su ejecución, las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Por su naturaleza, los actos reclamados en sus efectos, son susceptibles a la medida cautelar solicitada, ya que de ejecutarse se podrían afectar a la parte quejosa de los derechos de jubilación al no considerarse los conceptos que alude en su demanda, lo que implicaría un perjuicio económico para su subsistencia como jubilado de la dependencia del gobierno estatal para la cual labora. (iv) Interés jurídico o legítimo En el caso, se advierte que la promovente de este juicio acude en defensa de un interés jurídico al pretender defender los derechos humanos que pudieran afectarse derivado de la negativa de autorizar la compactación de su salario nominal y su compensación, de ahí que el acto reclamado puede causar una afectación directa a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 61/2016 (10a.)4, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público; en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de la parte quejosa. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ´SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO´, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, si no se ejecutaren los oficios reclamados, hasta este momento, no parece, a partir de un análisis preliminar, que pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada y continuarse con su trámite jubilatorio sin compactarse su salario nominal y su compensación, se podrían causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, al calcularse el monto que recibirá por tal concepto, tomando en consideración menores cantidades que las esperadas, lo cual implicaría un perjuicio económico para su subsistencia como jubilado de la dependencia de gobierno para la que labora, con lo que es posible que se le ocasione una afectación de sus derechos sustantivos. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que en relación con los efectos del acto reclamado, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo tienen vinculación con algunos derechos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Además de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. Siendo esto así, tomando en cuenta que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el diverso precepto 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Salvador Durán Rubio la medida cautelar que solicita, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, si a la fecha no se ha ejecutado la determinación del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que deriva de los oficios 500/2023 y 520/2023, y ya se había otorgado la pensión jubilatoria con base en la compactación del sueldo nominal y su compensación, no se realicen actos que tiendan a ello. Lo anterior hasta en tanto las responsables reciban notificación del auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, sin que se haga necesario fijar garantía a la parte quejosa, en atención a que, de momento no se advierte que exista tercero interesado, a quien pueda afectar la presente medida. La suspensión que se concede no surte efecto alguno si a la fecha aún no se determina a favor del quejoso su pensión jubilatoria y el monto que la integra, pues la medida cautelar en este punto, no puede constituir derechos que no tenía el quejoso antes de promover el amparo; tampoco opera la suspensión respecto pagos de jubilación o devoluciones de cantidades ya realizadas hasta este momento. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de que no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a SALVADOR DURÁN RUBIO, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. PRUEBA DOCUMENTAL Agréguese a los autos el escrito y anexo de cuenta y de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo la documental que exhibe con su ocurso de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de la misma en el acto de audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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