Salvador Cervantes Madrigal

Expediente 1391/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1391/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Salvador Cervantes Madrigal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de este órgano jurisdiccional, se otorgó la protección constitucional a ARMANDO CRUZ AGUILERA, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán. Inconforme con dicha resolución la parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el trece de julio de dos mil dieciocho, el juez responsable allegó copia certificada del acuerdo de veintiocho de mayo de ese año, dictado en el juicio ordinario civil número ********************. Asimismo, previos requerimientos e informes rendidos por la responsable sobre los trámites realizados a fin de lograr el emplazamiento de del demandado y aquí quejoso, por oficio presentado el doce de enero del año en curso, informó el estado que guardaba el juicio de origen. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "A) Dejen insubsistente el emplazamiento practicado en el juicio ordinario civil ********************, así como los actos posteriores; y B) Repongan el procedimiento, y emplacen legalmente al demandado ********************, a fin de que tenga la oportunidad plena de ser oído y vencido en el juicio ordinario civil ********************." El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil número ********************, realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente el emplazamiento practicado al quejoso ********************, dentro del citado juicio, así como los actos posteriores; II. Determinó reponer el procedimiento, autorizando a la actuaria de ese juzgado para se constituyera nuevamente en el domicilio del demandado y aquí quejoso ********************, con el objeto de emplazarlo a juicio conforme a los lineamientos precisados en el proveído de veintiséis de junio de dos mil doce y apegándose a lo establecido en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Cabe señalar que a través de diversos requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional, el juez responsable ha informado los trámites realizados a fin de llevar a cabo el emplazamiento del citado demandado, incluso enviado carta rogatoria al Consulados de México, en San Bernardino, Carlifornia, E.U.A., para lograr su emplazamiento, sin que lo haya logrado. Sin embargo, se estima que la verificación de la diligencia de emplazamiento ya no es materia de la concesión; lo anterior, debido a que del contenido integral de la ejecutoria de amparo, se evidencia que la protección constitucional otorgada sólo se concretó a ordenar al juez responsable que dejara insubsistente lo actuado a partir de la actuación viciada y repusiera el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, pero ello acorde a las leyes que lo rigen. Más aún que tratándose del emplazamiento, podrían existir diversas circunstancias fácticas que escapan directamente de las facultades del juzgado de origen para realizarlo a la brevedad, por ejemplo, las evasivas o mecanismos implementados por el reo para ser emplazado; o en su caso, la tardanza en la ejecución por el juez exhortado. Lo anterior, se robustece del propio contenido de la sentencia de amparo y de la emitida en la revisión, donde se advierte que no se estableció que se debería vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las fases o actuaciones del procedimiento de origen, pues el mismo quedaría sujeto a una supervisión a través de la fase ejecutiva del cumplimiento de la sentencia de amparo y no al trámite legal o recursos que la propia ley que rige el juicio contempla. Incluso, se desconocería que en ocasiones, ante la inactividad de las partes, procede la caducidad en el plazo legal respectivo. De no hacerlo así, significaría inobservar las disposiciones legales y principios que rigen en materia civil, así como los plazos y fases legales correspondientes, vulnerando la garantía de audiencia de las partes; circunstancia que no está autorizada por nuestro régimen constitucional, máxime que en materia civil impera con mayor rigor el principio de estricto derecho y en ciertas actuaciones se requiere el impulso procesal de la parte. Orienta a lo anterior, el siguiente criterio: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023166 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.55 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2466 Tipo: Aislada "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EN MATERIA CIVIL. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE ESTIMA ILEGAL, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SÓLO DEBE CONCRETARSE A ORDENAR AL JUEZ RESPONSABLE QUE DEJE INSUBSISTENTE LO ACTUADO A PARTIR DE LA ACTUACIÓN VICIADA Y REPONGA U ORDENE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIRLO HASTA SU CONCLUSIÓN, SEGÚN LAS LEYES QUE LO RIGEN. Hechos: El quejoso reclamó, en amparo indirecto, el emplazamiento que se le practicó en el juicio en materia civil; en la sentencia se concedió la protección constitucional y se vinculó al Juez de origen a dejar insubsistente todo lo actuado y ordenar al actuario de su adscripción practicar de nueva cuenta el emplazamiento, con el apercibimiento de la imposición de medidas de apremio al quejoso, en caso de advertirse evasivas por su parte que dificulten que la autoridad responsable pueda cumplir con el fallo protector; dicha resolución es la que constituye el acto reclamado en la revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que cuando se reclama en amparo indirecto el emplazamiento y, por ende, todo lo actuado en el juicio en materia civil, y el juzgador encuentra que esa diligencia no se ajustó a las formalidades legales para su validez, sólo debe conceder al quejoso la protección constitucional solicitada para que se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del emplazamiento y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, según las leyes que lo rigen. Justificación: Lo anterior, porque conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN.", y a la contradicción de tesis 451/2016, de la que derivó, cuando en la sentencia de amparo se estima que el emplazamiento a juicio es ilegal, los efectos del fallo protector de ninguna manera pueden vincular en forma expresa al Juez responsable a ordenar que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a la demandada al juicio de origen, y menos pretender vincular a la quejosa para que no entorpezca esta última actuación. Ello, pues la jurisdicción del juzgador de amparo cesa una vez que emite sentencia; de ahí que corresponderá al Juez responsable, en el ámbito de sus atribuciones, llevar a cabo el procedimiento encaminado a cumplir con el fallo protector. En congruencia con lo anterior, conforme a los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la jurisdicción del Juez de Distrito sólo se reactiva una vez que causa ejecutoria el fallo protector; empero, ésta sólo constriñe a la constatación del cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por virtud de ello, de oficio o a petición de parte, a emitir las medidas conducentes para garantizar el cabal cumplimiento del fallo protector. De todo lo expuesto se evidencia que: 1. En el fallo protector el juzgador federal no puede constreñir en forma alguna a la parte quejosa, pues la materia del juicio de amparo es el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional y no la conducta de la quejosa. 2. De encontrar el juzgador de amparo que el emplazamiento, como acto reclamado, es contrario al orden constitucional, debe limitarse a conceder la protección constitucional a la parte quejosa y vincular a la autoridad responsable a dejar insubsistente el emplazamiento reclamado, así como los actos posteriores, y restablezca u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según la legislación procesal que lo rige; y 3. Sólo hasta que cause ejecutoria el fallo protector es que el juzgador federal podrá supervisar su cabal cumplimiento y, en su caso, de oficio o a petición de parte, emitir las resoluciones que estime convenientes a fin de lograr el correcto y completo cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo. Además, es importante señalar que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en la jurisprudencia referida, señaló que los efectos de la protección constitucional cuando el acto reclamado es el emplazamiento y, por ende, todo lo actuado en un juicio de naturaleza civil, son que el Juez responsable "deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen", ello no puede entenderse necesariamente en el sentido de que el Juez responsable, inmediatamente después de que se le requiere el cumplimiento del fallo protector, deba ordenar que se lleve a cabo de nueva cuenta el emplazamiento al demandado, pues además de que en forma expresa no lo señaló así el Alto Tribunal en las citadas ejecutoria y jurisprudencia, es evidente que, conforme a la legislación procesal que rige el juicio de origen, el juzgador, previo a llevar a cabo el emplazamiento, deberá verificar si es o no conducente la continuación del procedimiento natural." Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo, la actuación desplegada por la autoridad judicial responsable y con la precisión sobre los efectos del fallo que ha sido apuntada, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte se negó y en otra, se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Se reitera la devolución de billete. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número ********************, valioso por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), mismo que fue exhibido por la parte quejosa a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida en autos, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.; en tal virtud, por resultar innecesaria su retención, se deja a disposición del quejoso, el billete de depósito y se hace de su conocimiento que cuenta con el plazo de dos años para recogerlo, a partir de la legal notificación del presente proveído, o prescribirá a favor del Fisco Federal, como lo establece el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-1391/2022, promovido por Salvador Cervantes Madrigal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el trece de ese mes y año, Salvador Cervantes Madrigal promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1°, 2, 7, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 112, 113, 114, 115, 117 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, previos diferimientos, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden penal circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I. La posible orden de aprehensión y/o presentación girada en su contra y su ejecución. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables anteriormente precisadas, negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Con relación al pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." CUARTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de ellas, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en la misma se contengan. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Salvador Cervantes Madrigal, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el considerando cuarto de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1391/2022, promovido por Salvador Cervantes Madrigal, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. JUEZA DE CONTROL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA. DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN REGIÓN MORELIA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FISCALÍA REGIONAL DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TANHUATO, MICHOACÁN. JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. DIRECTORA DE LITIGACIÓN EN AUSENCIA DEL FISCAL REGIONAL DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. Por otra parte, se hace constar que de las constancias que integran el presente incidente se advierte que la autoridad responsable denominada como: DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, no existe, y la parte quejosa nada manifestó al respecto en la oportunidad legal que se le dio para hacerlo. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba en esta incidencia. EL JUEZ: Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión V- 1391/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintidós, Salvador Cervantes Madrigal, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de catorce de diciembre de la pasada anualidad, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte que niegan la existencia del acto reclamado. En torno a la autoridad inexistente, se ordena cancelar todo tipo de comunicación legal con ella. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra de los referidos actos a las autoridades citadas, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia de los actos reclamados, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a las referidas autoridades, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a SALVADOR CERVANTES MADRIGAL, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos precisados en el considerando TERCERO de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO. Agréguese a los autos el oficio a través del cual la Fiscal Regional de la Piedad, Michoacán rinde el informe previo dentro de los autos que integran el presente juicio; sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento, pues ello se hizo en auto inmediato anterior, en el que se tuvo por recibido dicho informe y se proveyó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano