Salvador Diáz Zamora
Expediente 830/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Salvador Diáz Zamora
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA. Al haber trascurrido la temporalidad prevista en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya impugnado dicho proveído, se declara que el mismo ha causado ESTADO. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Salvador Díaz Zamora, contra actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto y Comisario General de la Agencia de Seguridad, ambos del Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número de orden 830/2021-II-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda, al advertirse, de manera manifiesta e indudable, una de las causales de improcedencia previstas en el diverso 61 de dicho ordenamiento legal. En efecto, la previsión legal invocada en segundo término, en su fracción XVIII, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Precisado lo anterior, esta autoridad resolutora considera que el auto de veinticinco de junio del año en curso, mediante el cual se autorizó el auxilio de la fuerza pública y se facultó al actuario adscrito al juzgado señalado como responsable a fin de se llevara a cabo la diligencia ordenada en auto de fecha diez del mes de septiembre del año pasado, es impugnable a través del recurso de revocación, de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio que a la letra dice lo siguiente: Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. En efecto, de su lectura de advierte que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de veinticinco de junio del año en curso, se autorizó el auxilio de la fuerza pública y se facultó al actuario adscrito al juzgado señalado como responsable a fin de se llevara a cabo la diligencia ordenada en auto de fecha diez del mes de septiembre del año pasado; de ahí que se considere que, el acto que aquí se reclama, si bien podría producir una ejecución de carácter irreparable, se estima procedente el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1334 del Código de Comercio, precisamente porque ese es el recurso idóneo contra actos de esa naturaleza. Es importante mencionar, que la causal de improcedencia invocada es notoria y manifiesta, porque bajo el contexto del corpus juris internacional, los recursos y medios de impugnación no pueden ser considerados una mera posibilidad que ponga en tela de juicio su procedencia, al grado de considerar que la existencia de recursos no es notoria y manifiesta. Esto es, lo notorio y manifiesto significa que se está frente a algo cierto, real y que necesariamente debe acontecer; así, se repite, bajo el contexto de los derechos humanos, las personas no tienen a su alcance una mera expectativa de la posibilidad de impugnar la resolución de las autoridades, sino que ese derecho, es decir, el de impugnación, es real y no puede estar supeditado a más condiciones que en los casos en que el legislador considere que la procedencia de un recurso puede afectar el orden público y el interés social. Conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, atento al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley, constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. De manera que, si en la especie el Código de Comercio prevé el recurso de revocación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación, el quejoso debe hacer valer dicho recurso, porque la ley no se lo prohíbe expresamente, por motivos de afectación del orden público y el interés social. Por el contrario, es un derecho humano que los quejosos sean escuchados por la autoridad competente, en este caso, el tribunal de apelación, siendo que el recurso de apelación es el idóneo, porque procede contra autos y resoluciones de ejecución irreparable o difícil reparación. Esto aunado a que la procedencia del recurso de revocación no tiene por qué ser expresa, ya que como se dijo, todas las personas tienen derecho a un recurso rápido y sencillo, siendo que la revocación procede contra autos que no son apelables, por así disponerlo la legislación. Cabe mencionar, que si bien es cierto, que la parte quejosa reclama el auto de veinticinco de junio del año en curso, mediante el cual se autorizó el auxilio de la fuerza pública y se facultó al actuario adscrito al juzgado señalado como responsable a fin de se llevara a cabo la diligencia ordenada en auto de fecha diez del mes de septiembre del año pasado, por considerar dicho acto como de aquellos cuya ejecución podría ser irreparable, esa circunstancia no significa que esté exentos de observar el principio de definitividad, pues aun cuando el amparo es procedente contra actos de esa naturaleza, ello será una vez que se agoten los recursos ordinarios. En esa tesitura, al contener el Código de Comercio, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para la inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.). Sin embargo, en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo, así como tampoco los supuestos previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. Empero, como ha quedado plasmado, del artículo 1334 del Código de Comercio, se desprende que dicha determinación puede ser reclamada mediante la interposición del recurso de revocación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales circunstancias, a lo que el juez, en su caso, tendrá la obligación de resolver si su proceder fue legal o no. En esas condiciones, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Salvador Díaz Zamora. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como tal el despacho jurídico JH MACRO ABOGADOS&CONTADORES, ubicado en calle 20, manzana 92, lote 22-B, colonia Ampliación Santa Julia en esta ciudad. Se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones a Manuel David Mendoza Pérez, Andrés Alberto Jarillo Mendoza y Jonathan Ramírez Santiago, toda vez que no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). ACUERDO SOBRE CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene al promovente proporcionando el siguiente: proactividadjuridica@gmail.com. En el entendido que dichos medios de comunicación no sustituyen el domicilio procesal, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Con fundamento en los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico, para su consulta, así como la realización de notificaciones electrónicas, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre usuario ManuelDavid. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo....II
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