Salvador Díaz Zamora

Expediente 777/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
777/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Salvador Díaz Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Agréguese a los autos el escrito signado por Fernando Ramírez Godínez, autorizado de la tercera interesada Joanna Karina Paz Carrasco; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita y ténganse como autorizados para recibirlas a Salvador Calva Ramírez, Gabriel Alejandro Valdez Gallegos y Juan Diego Oropeza Rodríguez. Ahora bien, para la entrega de las copias solicitadas debe considerarse que el promovente o sus autorizados deben acudir a las oficinas que ocupa este juzgado a fin de gestionar la reproducción de copias, realizar el pago correspondiente en el centro de fotocopiado y firmar la comparecencia en la que se haga constar la entrega. Sin embargo, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, el ingreso de justiciables a las oficinas que ocupa este Juzgado Federal sólo podrá realizarse previa cita que se agende vía electrónica, y la permanencia solo podrá ser de media hora. Por tanto, corresponde a la promovente de copias solicitar la cita para el ingreso a estas oficinas, tomando en consideración que si dado el volumen de las fotocopias o las labores de este juzgado, imposibilitan que éstas puedan ser entregadas en la misma fecha que acuda, deberá agendar una nueva cita para culminar el trámite; en el entendido que el servicio de fotocopiado actualmente se encuentra laborando a partir de las diez horas. GENERACIÓN DE CITAS. Ahora bien, a fin de que la citada parte pueda acudir a este juzgado federal por las copias solicitadas, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, deberá programar la cita correspondiente a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que puede consultarse en la página electrónica que se inserta a continuación: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/ home. De esa manera, dicha plataforma digital otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código Qr, el cual permitirá que él y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional. MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBEN OBSERVARSE AL COMPARECER AL ÓRGANO JURISDICCIONAL. En atención a lo dispuesto por el artículo 7 del acuerdo general citado en párrafos precedentes, las personas que acudan a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y áreas destinadas para la espera y atención), evitar permanecer en zonas de tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Asimismo, deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional a fin de respetar las reglas de sana distancia. La diligencia de entrega se realizará bajo el más estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social necesarias, de manera que no se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de quien comparezca. DEVOLUCIÓN AL ARCHIVO. Por otra parte, una vez satisfecho el motivo por el cual se sustrajo este expediente del archivo devuélvase al mismo para su guarda y custodia..-. M-IV

  2. Principal

    CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de autos del que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio, sin que las partes hayan intentado recurso alguno en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, así como del conocimiento de las autoridades responsables la circunstancia anterior. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En otro orden de ideas, se ordena devolver a la autoridad responsable Jueza Primera Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, la documental consistente en copia certificada del expediente 1097/2017, que remitió en apoyo a su informe con justificación; sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, en virtud de que, para tal efecto, bastara la constancia que recabe el actuario de esta adscripción DESTINO DE LOS EXPEDIENTES. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio, así como los cuadernos incidentales. DESTRUCCIÓN. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14. 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se sobreseyó en el presente asunto, así como el duplicado del cuaderno incidental al tenerse el cuaderno original. DESTINO DEL CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. De conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo, se hace constar que esta pieza de autos es susceptible de depuración, toda vez que se concedió de manera provisional y definitiva la medida cautelar solicitada...M-IV

  3. Principal

    En la ciudad de Pachuca de soto, Hidalgo, siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa con el secretario Sergio Sánchez Mejorada Nájera, sin la asistencia de las partes o de persona alguna que las represente; situación que no les depara perjuicio, ya que de conformidad con la circular SECNO/10/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por el diverso Acuerdo General 37/2020, se establece el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias para el desahogo de la presente audiencia; a fin de no retardar la pronta impartición de justicia, en cumplimiento a lo estatuido por el artículo 17 constitucional, se considera procedente la celebración de la presente de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de la partes en la presente audiencia, y de realizarse de manera remota, ocasionaría la dilación en su resolución, se declara abierta la audiencia. Relación de constancias y pruebas. Acto seguido, el secretario hace una relación de las constancias destacadas de autos entre las que se encuentran el escrito de demanda, informes justificados remitidos por las autoridades responsables, así como el emplazamiento de la parte tercero interesada. La jueza acordó: ténganse por relacionadas las constancias de este juicio para los efectos legales conducentes. Etapa de alegatos. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes procesales formuló los que les correspondían. Sentencia. Relacionadas las constancias, recibidas las pruebas y sin alegatos, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 777/2020-IV-A, promovido por Salvador Díaz Zamora, contra actos que reclamó de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Jueza Primera Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios del Distrito Judicial de Pachuca de Soto (en su denominación correcta), Secretario de Seguridad Pública, Comisario de la Agencia de Seguridad Estatal y Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Zempoala, todos del Estado de Hidalgo. ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Dicho escrito fue promovido por Salvador Díaz Zamora, el trece de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo. SEGUNDO. Trámite del juicio. El quince de octubre de dos mil veinte se formó el expediente al que se asignó el número 777/2020-IV-A; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PRIMERA. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello, porque los actos reclamados se ejecutan en el territorio donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, al analizar la demanda de amparo y las constancias que integran el presente expediente se desprende que el quejoso Salvador Díaz Zamora reclama * El auto de diez de septiembre de dos mil veinte, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1097/2017, en el que se ordena poner a disposición de la parte actora el bien adjudicado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, sobre el cual se tiró escritura, haciéndose extensivo para aquellas partes terceros que aducen tener el bien en posesión y no tuvieren un contrato para acreditar la misma, apercibidos que de no entregar la posesión se procederá al lanzamiento a costa de la parte demanda, y se autorizara el auxilio de la fuerza pública, con el rompimiento de chapas y cerraduras. TERCERA. Sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado, y el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha manifestación. En este sentido, es suficiente la negativa de los actos que se le atribuyen para no tenerlos por acreditados, pues en tal supuesto, la suscrita no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éstos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata, y luego, aquellos encaminados a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. En tales condiciones, debe sobreseerse en el presente juicio de derechos fundamentales respecto dicha autoridad responsable, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y CUARTA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman de la Jueza Primera Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, y actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios del mismo Distrito Judicial (en su denominación correcta), ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Misma determinación debe tenerse respecto de los actos atribuidos al Secretario de Seguridad Pública, Comisario de la Agencia de Seguridad Estatal y Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Zempoala, todos del Estado de Hidalgo, no obstante que al rendir sus informes justificados negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman, ya que al existir el acto de ordenamiento, los de ejecución cobran vida jurídica; por tanto, podrían llevarlos a cabo en cualquier momento. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1097/2017, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, que remitió la jueza responsable en apoyo a su informe, mismas que, al contener actuaciones realizadas en una causa penal, se consideran como documentos públicos y, por tanto, merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por mandato de su numeral 2. QUINTA. Actualización de una causal de improcedencia respecto del acto de ordenamiento reclamado. Establecida la existencia del citado acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, quien ahora resuelve estima que respecto del acto reclamado consistente en el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1097/2017, del índice del juzgado responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no observó el principio de definitividad al no agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 1336 del Código de Comercio, por virtud del cual la resolución reclamada puede ser revocada o modificada. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del dispositivo legal en comento se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa dentro del procedimiento que puedan tener como consecuencia su modificación, revocación o nulificación, es necesario que previamente se agoten todos y cada uno de dichos recursos o medios ordinarios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Ley Suprema. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1097/2017, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el que se ordenó poner a disposición de la parte actora el bien inmueble adjudicado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, sobre el cual se tiró escritura, y haciendo dicho requerimiento extensivo para aquellas partes que aducen tener el bien en posesión y no tuvieren un contrato para acreditar la misma; apercibiéndolos que, de no entregar la posesión se procederá al lanzamiento a costa de la parte demanda, y se autorizará el auxilio de la fuerza pública con el rompimiento de chapas y cerraduras. Acto que, la suscrita afirma, es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 1336, 1339, 1340, 1341 y 1356, todos del Código de Comercio vigente en la época de los hechos, aplicables al caso concreto, en atención al contenido íntegro de la demanda de amparo, que stablecen: "Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los rtículos siguientes." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes e noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Artículo 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo." De los numerales transcritos, se desprende que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, modifique o revoque las resoluciones que dicte su inferior. De la misma manera, se aprecia que el referido medio de impugnación, es procedente, entre otras, respecto de sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término al juicio, y que, tratándose de juicios mercantiles, procede la apelación cuando su suerte principal exceda de la cantidad de $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.), en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. A razón de ello, acorde al citado artículo 1341 del Código de Comercio cuando el acto reclamado se hace consistir en una determinación que ordena la entrega inmediata de un bien inmueble en favor del actor en un juicio ejecutivo mercantil, es necesario agotar el recurso de apelación de tramitación inmediata, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. En efecto, en la especie, de los antecedentes que expresó el quejoso en su demanda, así como de los anexos que adjuntó se aprecia que el monto a que la parte demandada fue condenada en el juicio de origen, asciende a la cantidad de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. En tal virtud, contra el proveído que ordenó la entrega de un bien inmueble dictada en un juicio ejecutivo mercantil, procede el recurso de apelación, dado que el artículo 1340 del Código de Comercio excluye la procedencia de dicho medio ordinario de defensa legal en asuntos cuyo valor del negocio sea inferior a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.), lo que en el caso no acontece, pues como ha quedado evidenciado, la condena en el juicio natural del que emana el acto que reclama el quejoso, supera dicho monto. En otras palabras, si en el caso, la parte quejosa reclama la resolución que ordena la entrega de un bien inmueble en favor de la parte actora, emitida en un juicio ejecutivo mercantil que es apelable por razón de la cuantía, es inconcuso que de acuerdo con el multicitado artículo 1340, en relación con los diversos 1341 y 1356, todos del Código de Comercio, en su contra procede el recurso de apelación. Por tanto, es inobjetable que la suma reclamada en la contienda natural rebasa la cantidad de $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) a que alude el numeral 1339 del Código de Comercio, por lo que resulta inconcuso que la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió promover el recurso de apelación, y al no haber agotado dicho medio de impugnación, actualizó la causa de improcedencia a estudio. Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/190, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página 1019, del Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y contenido: "ADJUDICACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA APRUEBA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. El auto que aprueba la adjudicación, esto es, que declara fincado el remate a favor del acreedor, causa un gravamen que lógicamente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva; por tanto, el agraviado, previamente a la proposición del juicio de garantías, debe agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio o el de revocación contemplado en el artículo 1334 de esa misma legislación, según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad". De manera que, si en la especie el Código de Comercio prevé el recurso de apelación contra autos en asuntos que, por razón de la cuantía, sean apelables, la parte quejosa puede acudir a hacer valer dicho recurso, porque la ley no se lo prohíbe expresamente. En esa tesitura, al contener el Código de Comercio el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para el inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que por la materia del asunto de origen no se actualizan. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Carácter que no le asiste a la quejosa por ser parte en sentido material en el juicio del que derivan los actos reclamados. En consecuencia, al estar actualizadas de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, que establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento. (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Salvador Díaz Zamora, en términos de lo dispuesto en las consideraciones jurídicas tercera y quinta de esta sentencia

  4. Incidental

    SUSPENSIÓN SIN EFECTO. Vista la certificación secretarial que antecede y toda vez que ha transcurrido el término legal concedido al quejoso en resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, para el efecto de que exhibiera la garantía que le fue fijada para gozar de la suspensión definitiva, sin que hasta el momento lo hubiese hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria de referencia; por tanto, la medida cautelar concedida ha dejado de surtir efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para ejecutar los actos reclamados, ello con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo. La anterior circunstancia hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar...-MIV

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