Salvador de Luna Santes
Expediente 69/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 18/04/2018
Partes del expediente
- Salvador de Luna Santes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales.
- Principal
V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 69/2018, promovido por Salvador de Luna Santes, contra los actos del Primer Juez Militar de Control de la Primera Región Militar en la Ciudad de México (en su denominación correcta) y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgreden sus derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 69/2018, por lo que se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se tuvo como tercero interesado al representante social adscrito al juzgado responsable, quien fue emplazado; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que la orden de aprehensión reclamada pretendió ejecutarse en la jurisdicción que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo y de constancias del expediente, se precisa que los actos reclamados son: - La resolución de diez de julio de dos mil diecisiete emitida por el Primer Juez Militar de Control de la Primera Región Militar, en la causa penal 1447/2017, en que se giró orden de aprehensión contra el quejoso, así como su ejecución que se atribuye al Fiscal General de Justicia Militar, ambos en esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos que se reclaman de las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que acompañó a su informe de ley el juez responsable, entre cuyas constancias se advierte la orden de aprehensión reclamada, documental que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, en el caso se considera innecesario precisar los conceptos de violación formulados por el quejoso en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, acorde con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Previo a exponer las razones de lo anterior, es necesario mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que al emitirse una orden de aprehensión es posible que se violen derechos fundamentales distintos a los previstos en el artículo 16 constitucional. Dicho argumento se encuentra plasmado en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, intitulada: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL". Del contenido de dicha jurisprudencia es notable que si bien es cierto que el artículo 16 constitucional dispone lo referente al libramiento de una orden de aprehensión, no menos acertado es que en ninguna parte del mismo precepto se ordena que para librar cualquier orden de aprehensión únicamente debe atenderse a lo establecido en dicho numeral. En un caso como el que se analiza, en que se reclamó una orden de aprehensión, se concluyó que no había que descartar la posibilidad jurídica de que se pudieran violar los derechos fundamentales del gobernado que prevé el artículo 14 constitucional, ya que los derechos tutelados por la Carta Magna, no pueden restringirse para determinados actos de molestia, sino que su protección y aplicabilidad debe realizarse de manera armónica con todas las disposiciones que los contengan. De ahí que sea válido sustentar la aplicabilidad del artículo 14 constitucional, cuando se reclama el libramiento de una orden de aprehensión, pues ese acto privativo de libertad -molestia- puede vulnerar distintos derechos fundamentales consagrados en diversos artículos de la Carta Fundamental, y de adoptar un criterio limitativo, sería tanto como desconocer el mínimo de prerrogativas que tiene el gobernado, las cuales son la base jurídica y legal sobre las que descansa el sistema jurídico mexicano. Expuesto lo anterior, se precisa que en el caso no se ha transgredido dicho precepto constitucional, porque el derecho de audiencia no está comprendido como requisito que deba satisfacer la emisión de un mandamiento de esta naturaleza; por tanto, es infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso en ese sentido. Al efecto es aplicable el criterio aislado emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página 1824 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, del rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA". Además de que al librarse la orden de aprehensión reclamada no se aplicó una ley retroactivamente en perjuicio del inconforme. Así, procede analizar la constitucionalidad de la orden de captura reclamada, en cuanto a los requisitos de forma y fondo que debe reunir, para lo cual es menester remitirse al artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 140, 141 y 142 del Código Militar de Procedimientos Penales, los cuales son del siguiente tenor: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". "Artículo 140. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial. II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna. III. Orden de aprehensión en contra de un militar cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. El Órgano jurisdiccional militar declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia y será declarado prófugo de la justicia. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 173, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". "Artículo 141. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control". "Artículo 142. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". De los numerales transcritos se obtiene que una orden de aprehensión debe contener los requisitos siguientes: a) Dictarse por autoridad judicial competente; b) Existir denuncia de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; y c) Existir datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Previo a verificar si en la especie se encuentran satisfechos tales requisitos, debe precisarse que el juez responsable consideró pertinente emitir la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público, al considerar justificada la necesidad de cautela, dado que el ilícito por el que se solicitó su aprehensión se encuentra sancionado con pena privativa de libertad, aunado al hecho de que el imputado exteriorizó su desinterés de asumir las consecuencias de su conducta, al no cumplir con sus obligaciones, máxime que no se tiene certeza de su paradero ni domicilio donde pueda ser localizado a fin de ser conducido al juicio mediante citación, ni puede ser citado por conducto de su comandante. Ahora bien, respecto del requisito identificado con el inciso a), se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por autoridad judicial competente, como lo es el Primer Juez Militar de Control de la Primera Región Militar en la Ciudad de México. En relación con el apartado b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, ya que la causa penal que se inició contra el quejoso, es por la comisión del ilícito de deserción no estando en servicio, el cual se encuentra sancionado por el artículo 256 del Código de Justicia Militar, con sanción pena privativa de libertad. Establecido lo anterior, enseguida se analizará lo relativo a si en el caso existió un hecho que la ley señale como delito y lo concerniente a la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, relacionados en el apartado c). En la orden de captura reclamada, el hecho que la ley señale como delito se clasificó como deserción no estando en servicio, previsto en el numeral 255, fracción II de dicho ordenamiento, que señala lo siguiente: "Artículo 255. La deserción de los individuos de tropa que no estuvieren en servicio, se entenderá realizada, a falta de cualquier otro hecho que la demuestre: . II.- cuando faltaren sin impedimento justificado por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenezcan o a las dependencias de que formen parte.". Para tal determinación se tomó en consideración el hecho relevante consistente en: ".Los hechos que advierte este Órgano Jurisdiccional consisten en que: '.El imputado perteneciente al 3/o. Batallón de Policía Militar (Campo Militar No. 1-A, Cd. Méx.), Falto a sus labores y a las listas de diana y retreta los días antes señalados, sin que se tenga conocimiento hasta la fecha de que exista algún motivo o causa que justifique su falta a sus labores en la referida unidad, con tales hechos, se considera que es probables responsable en la comisión del DELITO DE DESERCIÓN NO ESTANDO EN SERVICIO.". Desde esa perspectiva, el análisis íntegro de la orden de aprehensión reclamada revela que al analizarse el hecho delictuoso de deserción no estando en servicio, se precisaron los elementos que lo integran, se estudiaron los datos de prueba, para después asignarles la idoneidad y pertinencia que merecían; luego, se estableció una relación o vinculación entre los elementos, que permitieron llegar a la comprobación de los elementos que integran el hecho delictivo de deserción no estando en servicio, los cuales son: a) El sujeto activo ostente jerarquía de tropa; b) Que el activo no esté en servicio; y c) Faltare por tres días consecutivos, sin impedimento justificado a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenezca. En ese orden de ideas, en el acto reclamado se consideró que el primero de los elementos se acreditó con lo expuesto por el fiscal militar en el sentido de que existe el contrato de reclutamiento celebrado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el imputado, del que se obtuvo que ostenta el cargo de soldado. En relación con el segundo de los elementos se tuvo por satisfecho con lo expuesto por el fiscal en cita, quien dijo que en su carpeta de investigación obra el certificado de circunstancias en que se estableció que el quejoso al momento de cometer el hecho que se le imputa se encontraba franco. En torno al último de los elementos se tuvo por demostrado con las entrevistas realizadas al Sargento Segundo Policía Militar Elifelet Ramos Tovilla y el Cabo Policía Militar Yesmani Álvarez Camacho, quienes pertenecen al Tercer Batallón de la Policía Militar con sede en el Campo Militar Número 1-A en esta ciudad y a decir del fiscal militar, refirieron que el imputado no estuvo presente en sus listas de diana y retreta los días veintiséis, veintisiete y veintiocho de junio de dos mil diecisiete, sin que a la fecha en que se solicitó la orden de aprehensión reclamada se hubiera presentado a justificar sus inasistencias. La ponderación de tales datos, adminiculados entre sí, permitieron a dicho juzgador advertir que son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para tener por acreditada la existencia del hecho con apariencia de delito de deserción no estando en servicio, haciendo probable la participación del imputado, toda vez que por la naturaleza de la conducta exigida es necesario que este se valga de su corporeidad para cometerlo. Por otra parte, fue correcta la determinación del juez responsable, al concluir que en el caso no se actualiza en favor del justiciable alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Además, es importante destacar, que el artículo 16 constitucional establece la probabilidad de que el indiciado cometa o participe en la comisión del hecho delictivo, lo que implica que los datos recabados hasta la etapa procedimental sólo deben reunir el estándar probatorio necesario para satisfacer tal extremo, pues no debe perderse de vista que la orden de aprehensión tiene como principal objetivo el que en audiencia formal se haga del conocimiento del indiciado la imputación en su contra, para que eventualmente esté en posibilidad de ejercer su derecho de defensa adecuada. Con base en lo expuesto, contrario a lo que afirma el quejoso en sus conceptos de violación, este órgano de control constitucional estima que se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 16 constitucional, para la emisión de la orden de aprehensión reclamada, ya que los datos de prueba, como estableció el juez responsable, son suficientes hasta este momento, para establecer que se ha cometido un hecho configurativo del delito de deserción no estando en servicio y existe probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado del Fiscal General de Justicia Militar en esta ciudad, pues al haberse negado el amparo respecto a la resolución de la autoridad ordenadora, lo mismo debe decirse de su ejecución, ya que no se reclama por vicios propios. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 72, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, del rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". Finalmente, no se soslaya que en la resolución reclamada el juez responsable indicó que se inició la causa penal número 1347/2017, sin embargo, ello se considera sólo un error, toda vez que el juez militar precisó que la causa iniciada contra el amparista es la 1447/2017. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Salvador de Luna Santes, contra la resolución de diez de julio de dos mil diecisiete emitida por el Primer Juez Militar de Control de la Primera Región Militar, en la causa penal 1447/2017, en que se giró orden de aprehensión en su contra, así como su ejecución que se atribuye al Fiscal General de Justicia Militar, ambos en esta ciudad.
- Incidental
Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese en autos el oficio de cuenta, proveniente del Primer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar. En atención a sus términos, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce del mes en curso, toda vez que informa que el quejoso no compareció ante él a fin de continuar con el proceso penal que se sigue en su contra. Ahora, en virtud que el quejoso no compareció en el juzgado responsable, además de que no exhibió la garantía que le fue solicitada, resulta evidente que no cumplió con las medidas impuestas en la interlocutoria de doce de febrero pasado. Al respecto, el artículo 166 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable" (lo subrayado no es de origen). Por su parte, el numeral 167 del ordenamiento legal en cita, dispone: "Artículo 167. La libertad otorgada al quejoso con motivo de una resolución suspensional podrá ser revocada cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por el órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del procedimiento penal respectivo" (lo subrayado no es de origen). De los preceptos transcritos, se advierte que el Juzgado de Distrito goza de la más amplia facultad para fijar las medidas de aseguramiento que considere pertinentes cuando conceda la suspensión, además, si el acto reclamado deriva de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, como en el caso, que se hace consistir en la orden de aprehensión, conforme al artículo 150 de la ley reglamentaria, el procedimiento, por tratarse de orden público, no es susceptible de suspenderse; asimismo, que dicha medida tiene como finalidad que el accionante sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo y para que no se sustraiga a la acción de la justicia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". De igual manera, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 472 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, de título: "SUSPENSION. ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO". En consecuencia, tomando en consideración que el quejoso incumplió con las medidas impuestas en la referida interlocutoria, pues no exhibió la garantía que se le exigió, ni se presentó en el Primer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar para ponerse a su disposición a efecto de la continuación del proceso penal respectivo, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que con fundamento en los artículos 166 y 167, ambos de la Ley de Amparo, se revoca la suspensión definitiva concedida respecto del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión emitida en la causa penal 1447/2017, encontrándose expedita la jurisdicción de las autoridades responsables por quienes se concedió la misma, para la ejecución de tal acto, lo que se deberá hacer de su conocimiento.
- Incidental
Ciudad de México, a doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, requiérase al Primer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar, para que en el término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional si el quejoso en cumplimiento a una de las medidas impuestas en interlocutoria de doce de febrero pasado, compareció en ese juzgado para la continuación del proceso penal que se sigue en su contra, en el entendido que de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento con que se le conminó en dicha interlocutoria.
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