Salvador Chávez Osorio

Expediente 918/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
918/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
03/02/2017

Partes del expediente

  • Salvador Chávez Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado del quejoso; en atención a su contenido, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que la documental de la cual solicita copia, fue devuelta a la autoridad responsable en cumplimiento a lo acordado el veinticinco de enero pasado.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y la certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, al no ser necesaria la retención del anexo remitido por la agente del Ministerio Público responsable en apoyo a su informe de ley, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Decimotercero de Distrito, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las omisiones de la autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes de las omisiones reclamadas, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se violan en su perjuicio los artículos 1°, 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En la fecha citada, se admitió a trámite la demanda, registrándose con el orden 918/2016; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. El veinticinco de octubre pasado, se tuvo por ampliada la demanda, en relación al acto reclamado por el quejoso respecto al acuerdo dictado por la responsable el seis de junio de dos mil dieciséis, en la averiguación previa FCH/CUH-5/T3/07480/15-12; finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de la omisión reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo, así como la ampliación a la misma y de las constancias de autos, se precisa que lo que se reclama es: 1. La omisión de girar la orden de presentación contra Samia Moreno Fabela en la averiguación previa FCH/CUH-5/T3/07480/15-12; 2. La omisión de acordar la prueba ofrecida mediante escrito de veintitrés de febrero del año pasado, consistente en la pericial en materia de medicina forense, con especialidad en oftalmología, que deberían realizar los peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad en la citada averiguación previa; 3. La omisión de acordar las pruebas ofrecidas mediante escrito de siete de abril del año anterior, en la indagatoria referida; 4. La omisión de ordenar se realice el dictamen en materia de medicina forense en la rendida averiguación; 5. El acuerdo dictado por la responsable el seis de junio de dos mil dieciséis, en la citada averiguación previa. Actos atribuidos al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Agencia Investigadora CUH5- en la Unidad de Investigación número 3 Sin Detenido del Segundo Turno de esta ciudad. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados de la autoridad citada, respecto de los numerales 1, 2, 3 y 4, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con la copia certificada de la averiguación previa que anexó; documentales que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de la copia certificada de la averiguación previa que anexó la autoridad responsable, se advierte que el veintisiete de julio del dos mil dieciséis, se giró orden de presentación contra Samia Moreno Fabela (foja 381); asimismo, mediante oficio de once de agosto pasado, el agente ministerial solicitó la intervención de peritos en materia de medicina forense. (foja 388) En tales condiciones, si la demanda que dio origen al presente controvertido se presentó en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cinco de octubre de dos mil dieciséis, es evidente que no existen las omisiones reclamadas por el amparista, pues previo a instar la acción constitucional, ya se habían acordado las promociones relativas a dichas omisiones. En ese sentido, debido a la inexistencia de las omisiones antes citadas, atribuidas a la autoridad responsable, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. Es cierto el restante acto reclamado, consistente en el acuerdo dictado el seis de junio de dos mil dieciséis, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en el cual expresó que dejó insubsistente el acuerdo aludido y en su lugar emitió otro, remitiendo las constancias respectivas. No obstante la certeza del citado acto reclamado, en la especie se actualiza una causal de improcedencia que es de orden preferente al fondo del asunto y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 262 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA. Así es, este órgano de control constitucional considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho dispositivo se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Ahora, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el primer caso, se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad, esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva resolución, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin éste y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto en principio combatido. Ese primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce, siendo esta nota distintiva la que hace inaplicable a esa clase de actos la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". El criterio recién citado, que sustenta y define el segundo supuesto precisado previamente, derivó de asuntos en los cuales se analizaron exclusivamente actos administrativos que por regla general, no se emiten a partir de procedimientos con las formalidades que exige el actuar de una autoridad judicial, sino que generalmente constituyen determinaciones unilaterales del imperio estatal, que no exigen un acto posterior que sustituya o modifique el estatus generado por el acto reclamado, porque no son más que expresiones de las diversas atribuciones del Poder Ejecutivo cuya finalidad es regular el comportamiento de los gobernados o exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones, a diferencia de la función jurisdiccional que tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a las partes que acuden a litigar ante los tribunales. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos de la determinación controvertida consistente en el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación indicada, porque como se dijo, la responsable dejó insubsistente tal acuerdo y, el nueve de noviembre siguiente emitió otro. En atención a lo anterior, es indudable que a partir de ese momento dejó de producir efecto alguno el acto reclamado, con lo cual se hace patente que cesó en sus efectos, pues la autoridad responsable emitió un nuevo acuerdo, durante la tramitación del juicio en que se actúa. Por tanto, en la especie se actualiza la sustitución procesal del acto reclamado por otro diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se hubieran cometido en aquel acto, sin afectar el nuevo contexto generado por el posterior, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica de aquél ya no se determina por el acto reclamado consistente en el acuerdo de seis de junio pasado, sino por el diverso de nueve de noviembre mencionado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, cuya literalidad expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción IV, de la citada ley. Sin que en el caso resulte válido analizar el acuerdo último en cita, porque no obstante que por proveído de seis de diciembre anterior, se requirió al quejoso manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el referido acuerdo, no desahogó tal requerimiento. R E S U E L V E : ÚNICO. Por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salvador Chavez Osorio, contra los actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Agencia Investigadora CUH5- en la Unidad de Investigación número 3 Sin Detenido del Segundo Turno de esta ciudad, consistentes en la omisión de girar orden de presentación contra Samia Moreno Fabela en la averiguación previa FCH/CUH-5/T3/07480/15-12; omisión de acordar la prueba ofrecida mediante escrito de veintitrés de febrero del año pasado, consistente en la pericial en materia de medicina forense, con especialidad en oftalmología, que deberían realizar los peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad en la citada averiguación previa; omisión de acordar las pruebas ofrecidas mediante escrito de siete de abril del año anterior, en la indagatoria referida; omisión de ordenar se realice el dictamen en materia de medicina forense en la rendida averiguación y el acuerdo dictado por la responsable el seis de junio de dos mil dieciséis, en la citada averiguación previa.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dos de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días concedido al quejoso en proveído de seis de diciembre pasado, para que manifestara si era su deseo señalar como diverso acto el acuerdo de nueve de noviembre anterior, transcurrió del doce al treinta de diciembre pasado, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en dicho acuerdo y se tiene por precluido su derecho por lo cual se resolverá únicamente por el acto que se precisó en el auto admisorio...

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