Salvador Beltrán Alanís

Expediente 1821/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1821/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Salvador Beltrán Alanís

Actuaciones

  1. Principal

    Del análisis del sumario se advierte que en la sentencia emitida en los autos del juicio en que se actúa, los efectos son los siguientes: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, para efectos de que el Director de Catastro del Ayuntamiento de ********************, y el Registro Público de la Propiedad, ambos del Estado de Jalisco: a) El Catastro municipal, dejen insubsistente la rectificación de la cuenta catastral ********************, del predio rustico denominado "********************" ubicado en el municipio de ********************, Jalisco; con una superficie inicial de ******************** metros cuadrados a ******************** metros cuadrados, con base en la escritura ******************** de quince de enero de dos mil trece, emitida ante la fe del Notario Público ******************** de ********************, Jalisco. b) La autoridad registral, deje insubsistente la autorización y registro del trámite de transmisión de dominio del predio rustico denominado "********************", ubicado dentro de la municipalidad de ********************, Jalisco, a sesenta metros de la ********************, Jalisco, respecto a la rectificación de una superficie de ******************** metros cuadrados a ******************** metros cuadrados, con folio real ********************. c) En el ámbito de su competencia, aplique la autoridad catastral, el contenido del artículo 34 de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Jalisco, en relación al diverso 69 de su Reglamento; mientras que la autoridad registral, los diversos 121 a 124, de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco; a fin de otorgar la garantía de audiencia, al quejoso. d) Previo a resolver las solicitudes que realizó el tercero interesado ********************, respecto a la rectificación de la superficie del predio rustico denominado "********************", ubicado dentro del municipio de ********************, Jalisco; deberá otorgar a la parte quejosa la posibilidad de expresar su defensa en un procedimiento en el que se respeten las formalidades esenciales del mismo, es decir, en el que se le haga de su conocimiento cuáles son las causas por las que procede la rectificación de la superficie del predio del tercero, se le permita ofrecer pruebas y rendir alegatos para desvirtuar tales causas y se dicte la resolución que en derecho corresponda." Requerimiento En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgado federal que las sentencias amparadoras se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Director de Catastro del Ayuntamiento de ********************, ambos del Estado de Jalisco, para que en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector. Se le adjunta copia simple de la promoción que se recibe para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que los efectos de la sentencia amparadora quedaron precisados en líneas anteriores, por ende, deberá constreñirse a realizarlos como se dictaron en el fallo protector, el cual deberán cumplir cabalmente dentro del ámbito de sus facultades. Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Parte quejosa solicita se requiera a las autoridades responsables por el cumplimiento de sentencia Téngase por recibido el escrito signado por Ary Josué Ruiz Alcaraz autorizado en amplios términos de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, y en atención a su contenido, deberá estarse a lo acordado en líneas anteriores.

  2. Principal

    Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa el Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del oficio ********************, suscrito por el Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría de Seguridad del Estado Jalisco, con el que remite la captura del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), donde acredita que el folio ********************, fue retirado de la vida jurídica, encontrándose con el estatus del "NO ACTIVO" en dicho sistema. En otro contexto, se levanta la reserva contenida en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en que la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, allegó copia certificada, entre otras constancias, del contra-recibo número ******************** que ampara la cantidad $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional), expedido a favor de ********************, el cual se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la responsable oficiante, documentales con las que refiere dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Dese vista y córrase traslado En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    V I S T O S, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 558/2023, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito, ******************** promovió la ampliación de demanda de amparo en la que se solicitó la suspensión contra las autoridades y por los actos que señaló en su escrito. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. De conformidad a lo ordenado en proveído dictado el once de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 558/2023; se solicitó el informe previo a las autoridades responsables, se señaló fecha para resolver lo procedente respecto a la suspensión definitiva y se determinó sobre la suspensión provisional de los actos reclamados. Seguido el expediente por sus etapas legales, se inició la audiencia incidental en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 146, fracción I, de la ley de la materia, del estudio integral del escrito de demanda, así como a las constancias que obran en autos, se evidencia que los actos reclamados consisten en: La determinación de siete de octubre de dos mil veintidós, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de la pensión alimenticia en favor de sus hijas menores de edad y la que se ordenó girar oficio a la fuente laboral, a fin de que retuviera el porcentaje fijado en dicha determinación. Sin embargo, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar para los siguientes efectos: "CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN: Acorde a lo que disponen los artículos 122, 123, y demás dispositivos relativos y aplicables de la Ley de Amparo solicito se conceda la suspensión de los actos reclamados en la presente Ampliación de Demanda, esto para el efecto de que la ilegal determinación dictada por la Autoridad Responsable de siete de octubre de dos mil veintidós, que fijó la pensión alimenticia en favor de mis hijas menores de edad [.] No se ejecute, en tanto se resuelva el fondo el presente asunto." En el entendido que se analizará la procedencia de la suspensión definitiva independientemente de los efectos que se solicitan, ya que es obligación del órgano jurisdiccional precisar los efectos y consecuencias. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Consideraciones y fundamentos legales para resolver sobre la suspensión definitiva. De conformidad con el artículo 147 del mismo ordenamiento, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden, restableciendo provisionalmente al quejoso el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio principal. Ahora bien, a fin de proveer sobre la suspensión definitiva solicitada, se debe de tomar en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Así, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados son las razones por las cuales se justifica que en un proceso se pueda afectar a la parte demandada sin haberse dictado sentencia, conciliando la eficacia (tutela efectiva) y el debido proceso legal. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tal presupuesto es una valoración positiva, jurídicamente aceptable, de la posición del solicitante de la medida, constituye una estimación prima facie del derecho del promovente que no prejuzga sobre el fondo del asunto; cuando resulta evidente, es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar la protección solicitada en relación con ese derecho, hay por tanto un juicio de probabilidad y verosimilitud. Por lo que respecta al primer requisito de procedencia señalado en el artículo 128, fracción I, se colmó plenamente toda vez que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, en relación con el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar se causa perjuicio al interés social, toda vez que se impediría el pago de la pensión que se fijó mediante determinación de siete de octubre de dos mil veintidós y con ello se contravendría el orden público, lo que redundaría en un perjuicio del interés social, atento al siguiente razonamiento. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo prevé las hipótesis de carácter enunciativo en las que se considera que la concesión de la suspensión perjudica el interés social o contraviene disposiciones de orden público, lo que implica que existen otros supuestos que materialicen esas condiciones, a criterio del juez, mediante un ejercicio de ponderación. En ese contexto, adquiere un papel importante la apariencia del buen derecho prevista en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 138 de la Ley de Amparo, pues si el acto respecto del cual se solicita la medida cautelar puede suspenderse y no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder a la parte quejosa, para determinar si es o no factible conceder la suspensión, bajo el entendido de que no puede dejar a un lado el interés social y la observancia de las disposiciones que conforman el orden público, al buscar maximizar la efectividad de la medida suspensional. Conforme con la postura de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 113/2014, en aquellos asuntos en que el acto reclamado se vincule con el pago de alimentos, no se excluye el análisis de la apariencia del buen derecho. En esos casos, el juzgador está obligado a analizarlos y determinar si el acto impugnado por sí solo, actualiza el supuesto previsto en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo y las hipótesis restantes establecidas en ese precepto. De ser así, no cabe realizar ponderación de la apariencia del buen derecho. En cambio, si no se actualiza alguna de esas hipótesis, el juez está obligado a ponderar la apariencia del buen derecho. Uno de los aspectos que debe verificar al momento de ponderar es si se cobra una pensión excesiva que no se justifica con las necesidades de los acreedores alimentarios y que los efectos de la medida cautelar no los priven de recibir lo necesario para su subsistencia. Para ese efecto, el juez debe atender a los principios y a las condiciones que rigen la fijación de las pensiones alimenticias, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los principios de equidad y justicia; así como las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar como son el estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado; y a las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar (medio social en que se desenvuelven el acreedor y el deudor alimentario, las costumbres y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia). En ese marco, una pensión alimenticia no sólo se circunscribe a satisfacer las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también comprende lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente, acorde a la situación económico-social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle la familia de la que forma parte, de tal forma que tenga una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse. En lo concerniente a la pensión alimenticia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que constituye un derecho tendente a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento; en suma, su desarrollo integral, lo que por igualdad de razón sería aplicable un adulto acreedor alimenticio. Puntualizó que el contenido último del derecho de alimentos es económico, pues a través de una prestación patrimonial como es una pensión se busca garantizar ese desarrollo integral. Así lo sostuvo en la tesis 1a. LXXXV/2015 (10a.), que dice: "ALIMENTOS. EL DERECHO A PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE UN CONTENIDO ECONÓMICO. El derecho a percibir alimentos alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad. De ahí que los elementos de la obligación alimentaria deriven del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el hecho de que determine que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, implica delinear los elementos esenciales del derecho de alimentos que, además, tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores. Sin menoscabo de lo anterior, el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad; esto es, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista." Expuesto lo anterior, al analizar los hechos narrados en los antecedentes del acto reclamado por el quejoso de los cuales se advierte como motivo de disenso que la resolución reclamada es violatoria de los derechos humanos y garantías individuales. Cabe mencionar, que los actos de autoridades gozan de presunción de legalidad y para desvirtuarla es necesario presentar los medios de prueba conducentes; la sola manifestación de negar lisa y llanamente la legalidad del acto controvertido es insuficiente para desvirtuar el principio apuntado, ya que el solo dicho no es capaz de trasladar dicha carga probatoria a las responsables. De ahí que para quien aquí resuelve, se considera que no acredita con medio de convicción sus manifestaciones en el sentido de que la determinación combatida le deja en completo estado de indefensión. Por lo anterior, se considera que los elementos aportados por la parte quejosa resultan insuficientes para acreditar la apariencia del buen derecho. Por lo anterior, se actualiza por sí mismo el supuesto previsto en la fracción IX, del artículo 129 de la ley de la materia, pues de conceder la medida solicitada se causaría un mayor perjuicio a la acreedora a quien le fue decretada en su favor la resolución reclamada, pues se podría impedir el pago de alimentos que por derecho les corresponde. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 56/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de ocho de julio de dos mil quince, que dice: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir." Esto es así, toda vez que la sociedad está interesada en que se observen las disposiciones que rigen el orden público, en contra de las cuales, los intereses particulares que llegasen a resultar afectados con motivo de las determinaciones que le rigen, están por debajo de los intereses de la colectividad, por considerarse de mayor relevancia el interés general con respecto al interés particular. En virtud de lo anterior, resulta innecesario realizar el estudio del requisito previsto en el artículo 131, último párrafo, del cuerpo legal invocado, para conceder la medida cautelar. Lo anterior, no se contrapone al principio pro homine por cuanto a los requisitos para acreditar su interés jurídico en el presente incidente puesto que se cuida que los derechos humanos de los particulares sean protegidos, ya que una interpretación contraria a lo argumentado en esta resolución, al estar involucradas personas (partes) con intereses contrarios y velar únicamente por los derechos humanos de quien solicita su protección, tendría como consecuencia dejar en estado de indefensión a los terceros interesados. Es aplicable al caso la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS (PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU PROTECCIÓN. Congruente con la interpretación que del principio pro personae ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 659, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.", así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (fondo, reparaciones y costas, párrafo 106), se le identifica de forma genérica con la protección eficaz de la persona y se deriva del propio objetivo y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, en palabras de la propia Corte Interamericana, se inspira en valores comunes superiores, centrados en la protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una naturaleza especial, que la diferencia de los demás tratados. Por tanto, en los procedimientos o juicios en los que, además de los entes estatales, estén involucradas personas (partes) con intereses contrarios, como por ejemplo, el juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, la autoridad responsable y en la mayoría de los casos, existe un tercero perjudicado o tercero interesado, el principio pro personae debe aplicarse velando por que todos los derechos humanos de los particulares sean respetados y no solamente los de quien solicita su protección. Aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en la protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía colectiva." Por consiguiente, al no satisfacer el requisito exigido por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que no existe en favor del promovente una apariencia del buen derecho que justifique la concesión de la medida solicitada, este juzgador determina que debe negarse la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********************, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese.

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