Salvador Avelar Lozano
Expediente 378/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Salvador Avelar Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Zapopan, Jalisco, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia definitiva dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio, e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hubiera hecho; en consecuencia, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Destino expediente principal. Toda vez que en el presente sumario se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 378/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El catorce de febrero de dos mil veintitrés, Salvador Avelar Lozano, por derecho propio, ingresó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, demanda en la que solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º y 8º de la Constitución Federal, expresando los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda promovida, por lo cual solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; asimismo, se dio vista al representante social de la adscripción y, fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo, respecto de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco; por lo que al no haber desahogado el citado requerimiento, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, siguiéndose el presente juicio únicamente respecto de las autoridades y actos señalados en el escrito de demanda. Seguido el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama, de las autoridades responsables: - La omisión de registrar y supervisar la solicitud de incorporación al programa "Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores" estatal, presentada el treinta de abril de dos mil veintidós, con folio ********************. TERCERO. Inexistencia de las omisiones reclamadas. En principio, es preciso señalar que el quejoso reclama del titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, y de la Subsecretaría de Bienestar, dependiente de la precitada secretaría, diversas omisiones. Para estar en aptitud de precisar la certeza o inexistencia de los actos cuando se atribuyen omisiones a determinadas autoridades, se debe acudir en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si están obligadas a realizar esa conducta, es decir, antes de calificar sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en el sentido que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera calificada como cierta, soslayando la exigencia de que se debe obrar en determinado sentido. Bajo ese entendido, un acto omisivo de esta naturaleza será cierto o inexistente, independientemente de las manifestaciones de la responsable, en función de las obligaciones constitucionales o legales que ineludiblemente estaba constreñida a realizar, sean éstas en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada sin que tenga como presupuesto una condición, y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la tesis 1a. XXIV/98, integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 53, Tomo VII, Junio de 1998, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." En correlación al tópico, en la doctrina se ha definido que una omisión debe considerarse como una manifestación de la voluntad que se exterioriza en una conducta pasiva, en un "no hacer", así también se ha sostenido que sólo se puede omitir una conducta cuya presencia es probable, ya sea empírica o normativamente. Tiene apoya a lo anterior, la tesis VI.3o.23 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 775, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. NO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS ACTOS QUE EMITEN LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO." En el caso, el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, en representación del titular y subsecretario de la citada secretaría; al momento de rendir el informe de ley, negó la omisión de realizar el registro estatal de la solicitud presentada el treinta de abril de dos mil veintidós, con folio ********************, toda vez que de conformidad con las fracciones II, III y IV, del artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, es a las Delegaciones del Programa Estatales, llevar a cabo el registro y supervisión del programa. Negativa de la cual el promovente no aportó medios de prueba para acreditar lo contrario, aunado a que, de las constancias remitidas por las autoridades responsables no se advierte su existencia. Aunado, a que tampoco señaló como autoridad responsable a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, no obstante de que se dio vista para que, manifestara si era su deseo señalar a dicha autoridad en su carácter de responsable. Por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cierto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la interpretación gramatical del precepto legal en cita, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Así, como ya se adelantó, en el caso, las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, con lo que se actualiza la citada causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, en virtud de que la peticionaria de amparo no probó la existencia del acto reclamado, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, las jurisprudencias 310 y 1a./J. 81/2002, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. En consecuencia, como se adelantó lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades antes señalada. Ante ello y en razón de lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 1o, 63, 73 a 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones contenidas en el diverso tercero. Notifíquese.
- Principal
Informe justificado. Se tiene por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Se da vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Causales de improcedencia. Asimismo, se le tiene haciendo valer causales de improcedencia, las cuales, de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento procesal oportuno. Designación de delegados. Por otra parte, téngase como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley la materia a las personas que refiere en los comunicados de cuenta. Manifestaciones a manera de alegatos. Asimismo, formula manifestaciones que a manera de alegatos expresa, las cuales, acorde al numeral 124 de la Ley de Amparo, serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda.
- Principal
Síntesis: NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, a LA PARTE QUEJOSA, el auto de veintiseis de junio de dos mil veintitrés, el cual dice: Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de diez de abril del año en curso se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación de las autoridades responsables, informe del cual, se desprende una autoridad responsable diversa a las señaladas en el escrito inicial de demanda, esto es, la Delegación de Programas Para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, pues en el citado informe manifestó que los actos reclamados son atribuibles a dicha autoridad. Se requiere. En consecuencia, tomando en consideración lo anterior, en términos del artículo 111, con relación al 17, ambos de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, para que en el término de quince días contado a partir del siguiente a aquel en que le surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo, en atención al contenido del informe justificado de mérito, respecto de la diversa autoridad responsable Delegación de Programas Para el Desarrollo en el Estado de Jalisco. Tiene aplicación, por ser acorde a las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, conforme a su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia por contradicción, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 136/2011, visible en la página ochocientos uno, Libro VIII, mayo de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.". En el entendido de que, de ser el caso, deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, y anexar copias del respectivo escrito de ampliación para correr traslado a la totalidad de las partes. Lo anterior, en atención a las razones que informan, la jurisprudencia por reiteración de tesis número 2ª./J.30/96, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, página doscientos cincuenta, cuyo rubro es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Apercibido el quejoso que de no manifestarse, se le tendrá por desinteresado en ampliar su demanda. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.
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