Salvador Alvarado Navarro

Expediente 1701/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1701/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Salvador Alvarado Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Informe. Agréguese a los autos, el informe justificado remitido por la autoridad responsable Director de Asuntos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila, en representación del Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio remitido por la autoridad responsable Oficial Encargado del Registro Público de la Propiedad, con residencia en Lerdo, Durango, mediante el cual informa que expidió las copias solicitadas por la parte quejosa, consistentes en copias certificadas de la escritura pública número 206, Volumen Noveno, de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público número 68 (sesenta y ocho), de la ciudad de Matamoros, Coahuila; mismas que acompaña a su oficio de cuenta; por tanto, agréguese a los autos para surtan los efectos legales conducentes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese sentido, considerando que la autoridad expidió las copias cuya omisión reclamó la parte quejosa, se advierte que tal hecho actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya aplicación resulta por analogía, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, se tiene que la parte quejosa reclama del Oficial Encargado del Registro Público de la Propiedad, con residencia en Lerdo, Durango, la omisión de expedir copias certificadas del poder inmerso en la escritura pública número 206, Volumen Noveno, de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte. Al respecto, de las constancias que se adjuntaron al oficio de cuenta, aparece que la citada autoridad expidió los documentos solicitados por la parte quejosa, consistentes en copias certificadas de la escritura pública número 206, Volumen Noveno, de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público número 68 (sesenta y ocho), de la ciudad de Matamoros, Coahuila; mismas que acompañó al referido oficio para que sean entregadas a la parte quejosa. Documentales las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de esta última en su artículo 2°, por tratarse de actuaciones expedidas y realizadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, al haberse expedido las copias cuya omisión reclamó la parte quejosa, tal hecho revela que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos que motivaron el amparo, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; de ahí que se le restituya en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, pues en el caso no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en tanto que la causa de sobreseimiento es notoria, manifiesta e indudable, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efecto. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del doce de diciembre de dos mil veintidós; asimismo, no será necesario el emplazamiento de los terceros interesados, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se pone a disposición. Finalmente, se dejan a disposición del quejoso las copias certificadas que le fueron expedidas por la autoridad responsable, a fin de que comparezca a recogerlas, previa toma de razón y entrega que se deje en autos para debida constancia. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 587/2020, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 271/2022, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a las consideraciones expuestas en el considerando tercero, apartado primero, de esta ejecutoria. SEGUNDO. Quedan firmes, por falta de impugnación, los sobreseimientos destacados en el considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO. En la materia de la revisión, se modifica, la sentencia impugnada. CUARTO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado en el considerando séptimo de este fallo. QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra los actos de las autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos que se indican en la parte final del último considerando de la resolución recurrida". Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario Sexto de Distrito, y Administrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "2, ambas con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que hayan quedado legalmente notificados del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Apercibimiento. Apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que se incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; ello, porque las sentencias ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; asimismo, se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la ley en la materia; esto es se abrirá el incidente de inejecución. Efectos de la concesión. En términos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo protector, son las siguientes: "a) Se deje insubsistente la multa impuesta al quejoso José Alfredo Luna Ulate, mediante acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio agrario 995/2010, por la cantidad de $896.20 (ochocientos noventa y seis pesos 20/100 moneda nacional); y b) Se deje sin efecto el cobro de dicha sanción y sus consecuencias. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución, atribuidos al actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, y Administrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "2", con residencia en esta ciudad, en virtud de que los actos atribuidos a dichas autoridades no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la hace depender de los actos reclamados a la autoridad ordenadora". Notifíquese.

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