Salvador Alejandro Cisneros de León

Expediente 955/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
955/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Salvador Alejandro Cisneros de León
  • Ada Lesli Gabriela de la Rosa Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en contra de la resolución dictada en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO LOS RESOLUTIVOS:Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Salvador Alejandro Cisneros de León, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de noviembre de dos mil veintidós. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Salvador Alejandro Cisneros de León, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de las autoridades y los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO ORDENADORA: El C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, con domicilio ampliamente conocido en avenida Morelos Número 326 nte, Zona Centro en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. IV. ACTOS RECLAMADOS: a).- De la autoridad responsable: De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha 09 de Junio del presente año en la cual resuelve la IMPROCEDENCIA AL RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por el suscrito en contra del auto de fecha 18 de marzo del presente año dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil el cual está radicado bajo el expediente 721/2021, promovido por el suscrito, la cual me fue notificado el día 14 del mes de junio por el C. Actuario Adscrito a la autoridad responsable. La sentencia interlocutoria de fecha 09 de junio del presente año que se impugna mediante el presente juicio de garantías y el cual se señala como acto reclamado por la indebida resolución que se realizó al negar la revocación interpuesto por el suscrito al auto de fecha 18 de marzo del presente año; por ser incongruente, infundado e inmotivado" En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 955/2022, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se dio vista al Ministerio Público de la Federación; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un juicio de amparo indirecto que corresponde a la competencia territorial de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: La sentencia interlocutoria de diez de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo mercantil 721/2021. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Gómez Palacio, Durango, pues así lo confiesa dicha autoridad al rendir su informe justificado. Lo que además se corrobora con las documentales que allegó el juez responsable, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 721/2021; documental que goza de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Decisión judicial. Son INOPERANTES los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Sustancialmente el quejoso sostiene que la autoridad responsable trasgrede el contenido de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el juez responsable: a) Dejó de aplicar el principio de obligación que establece que el deudor responderá con todo su patrimonio las deudas de carácter civil o mercantil, siendo el sueldo parte de dicho patrimonio. b) Que no obstante que el artículo 435 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece la forma en que deberá ser aplicado el embargo al sueldo y emolumentos de servidores públicos, dicho ordenamiento fue creado en el año mil novecientos cuarenta y dos, donde las cantidades que se establecían, eran cantidades asequibles a ese año, por lo que resulta absurdo aplicar literalmente dicho numeral, pero que, no obstante ello, el juzgador puede establecer el porcentaje que se deberá de embargar el sueldo de servidores públicos, ya que es facultad del mismo hacerlo. c) Que el juez responsable toma el sueldo líquido como sueldo íntegro, pero que en ninguna parte del Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles y la jurisprudencia, indican que el sueldo líquido se podrá embargar para garantizar lo adeudado. d) Refiere también que las deducciones del sueldo consistentes en aportación complementaria afore, fondo de ayuda sindical por defunción, recuperación cláusula 97, descuento crédito infonavit, pases de salida, retardos, cuota sindical, caja de ahorro, préstamo y caja de ahorro, no pueden estar por encima o ser preferentes al embargo del sueldo, toda vez que fueron aceptadas por la deudora. Sintetizado lo anterior, cabe decir que por lo que hace a los conceptos de violación marcados con los incisos a), b) y d), son INOPERANTES, toda vez que, lejos de atacar las consideraciones en las que el juez responsable sustentó la resolución que se combate en el presente juicio de amparo, el quejoso únicamente se limita a reiterar y abundar sobre los agravios esgrimidos en el recurso de revocación por el interpuesto, sin que se ocupe de combatir los argumentos torales en que la responsable apoyó su resolución de diez de junio de dos mil veintidós. Se dice lo anterior ya que el quejoso substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el juzgado responsable, los cuales ya fueron objeto de análisis y pronunciamiento por la autoridad responsable al resolver el recurso de revocación promovido por el accionante de amparo, y se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, es decir, atacar el hecho de que el juez responsable consideró que sus argumentos son improcedentes porque el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós combatido, sí se encuentra debidamente fundado en el artículo 435 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 499 del Código de Procedimientos Civiles, así como que las deducciones que se realizan a la demandada en su trabajo y que se ven reflejadas dentro de su salario, fueron anteriores al embargo del sueldo de ésta, y por lo tanto al ser anteriores a su derecho personal de cobro, por ser de fecha anterior tienen preferencia sobre el mismo, dado que de descontarse la cantidad que reclama el quejoso, se pondría en insolvencia a la trabajadora al descontarse en primer término la cantidad que solicita y posteriormente las demás deducciones previamente contraídas, lo que consideró resultaría fuera de toda lógica, citando al efecto la tesis "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCENTE.". En efecto, en el escrito de recurso de revocación el quejoso hizo valer como agravios los siguientes: Por su parte, en el escrito de demanda de amparo, la parte quejosa manifestó: Debe entonces concluirse que dichos conceptos de violación son inoperantes, toda vez que por tratarse de un juicio de amparo de estricto derecho en el que no opera la suplencia de la queja, el estudio de la inconstitucionalidad de la resolución reclamada debe limitarse a los conceptos de violación que se hacen valer, los cuales deben estar encaminados a atacar los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, por lo que, si el quejoso no esgrime argumento alguno que controvierta los que el juez responsable tomó como fundamento para el dictado de la resolución de fecha diez de junio de dos mil veintidós, éstos resultan inoperantes. Tiene aplicación la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 109/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida." Asimismo, la tesis de jurisprudencia II.2o.C. J/11, consultable en la página 845, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." De igual manera, sirve de sustento a lo anterior la tesis 702, localizable en la página 472, Tomo VI, Parte TCC, Apéndice de 1995, Octava Época, que a la letra establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el quejoso expresó ciertos agravios ante la autoridad responsable, ésta los estudió y declaró infundados, resultan inoperantes los conceptos de violación en que aquél se limita a repetir tales agravios, sin aducir razonamiento alguno tendiente a desvirtuar las consideraciones que dicha responsable hizo para llegar a la conclusión apuntada." También, la tesis de jurisprudencia número V.2o. J/18, localizable en la Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: IX, Febrero de 1992, Página: 77, Materia (s): Común, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta." Por otro lado, por lo que hace al diverso argumento sintetizado en el inciso c), es también INOPERANTE, toda vez que la inoperancia radica en que dichos argumentos no fueron hechos valer ante el juez responsable a título de agravios en el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, lo anterior es así, dado que no es jurídicamente posible abordar el estudio de dichos aspectos, aun cuando pudieran tener relación directa con el acto combatido, ya que sostener lo contrario, sería tanto como aceptar que a través del juicio de amparo es posible variar el acto reclamado, al introducir para su estudio el análisis de aspectos novedosos, respecto de los cuales no se ocupó la autoridad responsable al emitir el acto que se le reclama, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, en la revocación, el tribunal responsable no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis jurisprudencial VI.2o.A. J/7, visible en la página 1137, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra versa: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." Asimismo, sirve de sustento el criterio I.6o.C. J/7, localizable en la página 35, Tomo 55, Julio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI LO ADUCIDO EN ELLOS NO FUE MATERIA DE LA APELACION. Los conceptos de violación, son inoperantes si lo sustentado en ellos, no fue hecho valer como agravio en la apelación, siendo antijurídico declarar inconstitucional una sentencia por virtud de aseveraciones no sometidas a la consideración de la autoridad responsable." Por otro lado, de acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que la causa de pedir no implica que los quejosos pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, para definir lo anterior, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento); lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. Entonces, cuando se resuelve un asunto bajo el principio de estricto derecho como el de la especie, al no haber realizado la parte quejosa razonamiento alguno ligado a algún fundamento, claro está, sin exigir silogismo específico para ello, no es suficiente para que este órgano jurisdiccional proceda al estudio oficioso del acto reclamado, lo cual, sin lugar a dudas, sería contrariar al principio de seguridad jurídica y legalidad reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese sentido y ante lo inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, procede negar la Protección Constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Salvador Alejandro Cisneros de León, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano